- Desde 2022, el Gobierno boliviano impulsa la producción de palma africana para biodiesel, con el fin de reducir al menos el 50 % de las importaciones de combustible. Se seleccionaron 28 municipios en cinco departamentos, entre ellos, los ubicados en la Amazonía del norte de La Paz.
- A pesar del anuncio de sembrar 60 000 hectáreas, un estudio advierte sobre un posible aumento en la deforestación y cuestiona la viabilidad económica del proyecto. Los indígenas tacanas rechazan que se siembre palma en su territorio debido a la falta de consulta previa.
- Un equipo periodístico de La Brava y Mongabay Latam viajó hasta la zona y comprobó que se instalaron viveros de plantines en tres comunidades indígenas.
Fidel Chao tiene un paso veloz. El intenso calor, que cada año se vuelve más agobiante en la Amazonía paceña, no le impide caminar rápido. Mientras avanza, señala los pequeños plantines de palma africana, o palma aceitera, que se imponen en medio del bosque de la comunidad Santa Rosa de Maravilla, en territorio indígena Tacana.
Este lugar alberga el tercer vivero del municipio de Ixiamas, ubicado en el departamento de La Paz, y el más grande que actualmente existe en Bolivia de esta especie nativa del oeste de África. Cuenta con 60 mil plántulas de palma africana que crecen protegidas por una malla sombra. Cerca de ellas, otras 1 000 ya están al aire libre y tienen más tiempo de crecimiento.
“Yo, al menos, no tengo nada de información sobre la palma aceitera. Es la primera vez que llega a la comunidad; o sea, al 100 % no sabemos qué beneficios tiene”, relata Fidel Chao, vecino y corregidor (autoridad local) de la comunidad desde enero de 2024.
Las semillas llegaron a Santa Rosa de Maravilla a mediados de 2023, por iniciativa del Gobierno nacional, a través del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF). Esta institución le solicitó a la comunidad la cesión de cinco hectáreas de su territorio; de estas, tres ya estaban habilitadas –antes producían arroz– mientras que dos tuvieron que ser deforestadas para el nuevo cultivo.
Este vivero se sumó a los dos primeros de Ixiamas, que fueron inaugurados a finales de 2022 en la comunidad campesina Flor de Mayo y en el semillero oficial, ubicado en la zona de Nueva Esperanza. Cada uno tiene 30 000 plantines y forman parte de los 20 viveros habilitados hasta diciembre de 2023 en toda Bolivia, según datos oficiales. Su objetivo es atemperar a las palmeras, para que luego sean trasplantadas definitivamente.
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Alternativa a la importación de combustible
La palma africana (Elaeis guineensis) es el principal cultivo que el Gobierno boliviano planea utilizar para la producción de biodiesel, complementado por la jatropha (Jatropha curcas) y el macororó (Ricinus communis).
El principal interés gubernamental de generar biodiésel es el de abastecer la demanda interna de combustibles para sustituir la subvención de la importación de diésel y gasolina, la cual, a diciembre de 2023, costó casi 3 000 millones de dólares al Estado boliviano, según cifras del Ministerio de Hidrocarburos y Energías.
Para ello, se planea producir 1 500 barriles por día (bpd) de biodiésel en la Planta Biodiésel 1, en la ciudad de Santa Cruz, utilizando aceites de jatropha, macororó y, de manera inicial, soya. Además, se proyecta producir 1 500 bpd con aceite de palma en la Planta de Biodiesel II y Derivados, que estará en funcionamiento a finales de 2024 en el municipio de El Alto. Con esta capacidad de producción, se espera cubrir hasta el 50 % de la demanda de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Para lograr parte de esta meta, el Programa de Fomento a la Producción de Especies Oleíferas –encargado de ejecutar el proyecto gubernamental– planificó la producción de 60 462 hectáreas de palma aceitera en cinco años, en 28 municipios tropicales de los departamentos de La Paz, Beni, Pando, Santa Cruz y Cochabamba.
La mayor parte de los municipios priorizados por el Gobierno están en la Amazonía boliviana, una de las regiones más biodiversas del país y de Sudamérica. En el caso del norte de La Paz, se potencia el cultivo en los municipios de Ixiamas, San Buenaventura y Alto Beni. En los dos primeros ya existen viveros.
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Una amenaza más para la Amazonía
Recorrer los bosques que se extienden entre San Buenaventura e Ixiamas es sumergirse en el bullicio de las aves, los primates, los anfibios y los insectos que los habitan. A pesar de que miles de estos animales perdieron la vida durante los incendios que azotaron la zona a finales de 2023, aún abunda la vida silvestre.
“El gran problema es que esa zona es justo la que menos se ha explorado y, por otro lado, es la que más está amenazada por la actividad humana”, explica Alfredo Fuentes, investigador asociado del Jardín Botánico de Missouri y del Herbario Nacional de Bolivia.
Los especialistas en la materia explican que al tratarse de un piedemonte amazónico, este ecosistema alberga una gran concentración de plantas endémicas o nativas y es cuna de árboles de unos 400 años de vida, que dan refugio y comida a millones de animales.
Por ello, la producción de palma africana en la Amazonía boliviana generó alarma entre activistas, biólogos, indígenas y algunas autoridades, quienes han advertido sobre los posibles desequilibrios ambientales y sociales que se pueden generar. Este temor no solo se fundamenta en los riesgos de introducir una especie exótica en un entorno con especies endémicas, sino también en el desmonte que se podría desencadenar.
Si bien la palma africana es la especie más usada mundialmente para producir biodiésel, también es la responsable de generar importantes impactos ambientales en las zonas donde se introduce. Una de las afectaciones más significativas es la deforestación que provoca. Por ejemplo, en Colombia –el país con la mayor producción de esta especie en Latinoamérica y el cuarto en el mundo– se quemaron 23 311 hectáreas entre 2021 y 2022, según el estudio Descubriendo la cadena de suministro: el aceite de palma de Colombia a la UE.
Por esta razón se emitieron alertas internacionales. Una de ellas proviene del Parlamento de la Unión Europea, que aprobó en 2023 una ley que prohíbe las importaciones provenientes de bosques deforestados o relacionados con la deforestación. El aceite de palma figura entre los 16 productos mencionados en la ley.
Las comunidades donde se piensa instalar este cultivo en Bolivia aseguran que las posibles afectaciones ambientales no son comunicadas por el Gobierno. A través de la Petición de Informe Escrito Legislativo, el senador Fernando Vaca, del partido opositor Comunidad Ciudadana, le preguntó al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras por qué el Ejecutivo no divulga los impactos negativos de la palma en otros países. Sin embargo, en el documento de respuesta no se resuelve esa duda. Es más, el excoordinador del Programa de Fomento a la Producción de Especies Oleíferas, Javier Mamani, afirmó hace un año, en una entrevista a una radio estatal, que varios países en Latinoamérica producen palma y que “ninguno de estos ha tenido una data histórica de afectación hacia el medio ambiente“.
A pesar de los cuestionamientos, los viveros se implementan en la Amazonía. La Brava y Mongabay Latam visitaron San Buenaventura e Ixiamas, en el norte de La Paz, donde existen al menos siete de estos sitios, según el cruce de datos del Gobierno y la visita de campo.
Las autoridades aseguran que, en el caso de La Paz, la palma se producirá en lugares que ya están habilitados por distintos motivos, que no implica tala de vegetación natural y que esta palmera reforestará tierras erosionadas. Incluso, el exministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales aseguró que en el norte de La Paz “existen unas 415 000 hectáreas para producir diferentes alimentos, de las cuales se requerirán entre 10 000 y 15 000 hectáreas para la palma”.
La cantidad de áreas a producir en la región aún es confusa. Por ejemplo, el alcalde de Ixiamas, Félix Laime, promotor de este proyecto, resalta que, según un folleto del que no dio mayores detalles, se necesitarán 47 000 hectáreas de palma africana para alimentar la planta extractora de aceite que se instalará en ese municipio. Esa cantidad de hectáreas es mayor que la mencionada por González para todo el norte paceño. Laime también afirma que la zona cuenta con tierras disponibles, pero al preguntarle cuáles son esas tierras y dónde están ubicadas, no brindó información.
Ixiamas tiene amplia extensión boscosa, según la información de cobertura vegetal de este municipio en el documento Caracterización de desarrollo productivo del departamento de La Paz – 2023, elaborado por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. En este se detalla que Ixiamas cuenta con 2 830 574 hectáreas de bosque denso, de las cuales solo 11 120 están destinadas a la agricultura y 828 672 a la ganadería. En el caso de San Buenaventura, el bosque denso ocupa 254 562 hectáreas, de las cuales 14 460 están destinadas a la agricultura y 828 672 a la ganadería. Ambos municipios tienen entre sus límites al Parque Nacional Madidi, una de las áreas protegidas más biodiversas del mundo.
El agroecólogo y docente universitario de conservación en Future Generations University, Daniel Robison, advierte que la deforestación para la palma aceitera superará las 60 000 hectáreas proyectadas por el Programa de Fomento a la Producción de Especies Oleíferas para toda Bolivia. Su análisis en el estudio Factibilidad y eficiencia de especies oleíferas como materia prima para biodiesel en Bolivia, del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), estima que el desmonte podría alcanzar las 200 000 hectáreas si la palma fuera la principal materia prima para el biodiésel, ya que el Gobierno no está fomentando el cultivo de jatropha y macororó.
Este dato proviene del cálculo de la capacidad de las tres procesadoras de biodiésel –incluyendo la procesadora de aceites vegetales “hidrotratados” (HVO), que cuenta con tecnología más moderna que las procesadoras de Santa Cruz y El Alto– que es de 734 millones de litros de aceite por año.
El excoordinador Mamani adelantó, en 2023, que con esta cantidad tan solo se cubriría el 40 % de la demanda de YPFB, por lo que se analizaban otros modos de producción.
“Si realmente entran con la palma, el impacto ambiental va a ser más de lo que piensan. Habrá por lo menos 200 000 hectáreas de deforestación, puede que sea directa o indirecta. La gente que tiene ganado va a sembrar (la palma) en potreros degradados y van a deforestar para nuevos potreros, porque ellos saben que con la ganadería se gana, mientras que con la palma africana no saben”, precisa Robison.
Para el alcalde Laime, no es cierto que la palma aceitera degrade el suelo. “Han hablado mal de la palma aceitera, que vuelve como desierto la tierra. No es así”.
Similar versión manejan los sectores interesados en participar en la producción de palma. Sabina Cordero, representante de la Federación Sindical de Productores Agropecuarios de la Provincia Abel Iturralde (FESPAI), cree que no habrá consecuencias ambientales, pero sí considera que falta información por parte del INIAF sobre las afectaciones.
Hasta el momento no se conoce el estudio de impacto ambiental de la producción de palma proyectada. Para este reportaje se solicitaron entrevistas con el INIAF y con el Programa de Fomento a la Producción de Especies Oleaginosas, para consultar sobre las afectaciones ambientales y las condiciones de participación de los comunarios. A pesar del compromiso inicial para proporcionarlas, hasta el cierre de esta edición dichas entrevistas no se concretaron.
En el Informe de Petición Escrita —documento dentro de la fase inicial del Proceso de Fiscalización que realizan los asambleístas en los que piden informes al Ejecutivo—, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras anunció que el Programa elabora un reglamento operativo de transferencias de palmera aceitera, que determinará que los productores beneficiarios “deberán contar con predios ya establecidos y no así con habilitación de predios nuevos”. Asimismo, dijo que se garantizará “la regeneración de las zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra”.
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Sin condiciones óptimas
El Gobierno escogió a la Amazonía boliviana para producir la palma de aceite “porque esta zona tiene bastante humedad”. Sin embargo, los expertos aseguran que las características ecosistémicas y climáticas no son las ideales para este cultivo que crece en los bosques tropicales ecuatoriales.
Ariely Palabral, bióloga con experiencia en educación para la conservación e integrante del Colegio de Biólogos de La Paz, explica que el norte paceño tiene épocas marcadas de humedad y sequía. Además, afirma que cada año la temporada seca es más larga debido al cambio climático y a la deforestación en la zona.
Estas condiciones podrían evitar que la palma crezca como el Gobierno espera. Se prevé una producción de hasta 24 toneladas por hectárea; sin embargo, la cifra es cuestionable ya que en zonas óptimas de Colombia y Brasil, la producción de palma aceitera alcanza un promedio de 15 toneladas por hectárea, según lo investigado por Robison. El experto explica que las condiciones ideales son lugares tropicales de la línea del Ecuador, hasta 10 grados Norte y Sur y que no cuenten con una larga época seca. Aún así, los expertos destacan los riesgos de llegar con este monocultivo a cualquier parte del bioma amazónico.
Las condiciones climáticas también pueden afectar el tiempo de crecimiento de la palma. La producción de esta especie tiene plazos y condiciones estrictas para que rinda fruto. Robison explica que en Colombia, en condiciones adecuadas, la fruta nace a partir del quinto año, pero en la Amazonía boliviana podría tardar muchos años más.
Este factor no fue tomado en cuenta por el Estado. Según un boletín del Ministerio de Economía y Finanzas, el Gobierno planea producir 5 301 541 toneladas de frutos de palma africana hasta 2026 y estimaba comenzar la cosecha en 2023, lo que no sucedió. De acuerdo con lo que La Brava y Mongabay Latam pudieron constatar en terreno, los plantines aún no han sido plantados en tierra.
“Lo peor es que sí habrá deforestación y será para un cultivo que no va a producir como espera el Gobierno, porque no es su zona óptima”, afirma Robison.
Tanto él, como el senador Vaca, cuestionan que el Gobierno promueva una alternativa productiva ajena al ecosistema, en lugar de considerar las palmeras nativas que existen en el país, como el cusi, el motacú y el totaí, que también producen aceite.
Sin reglas claras
A dos años y cinco meses de la inauguración del primer vivero de palma aceitera en Ixiamas, los plantines que están al aire libre ya alcanzaron más de un metro de altura y están listos para la distribución a los beneficiarios, explica el alcalde de este municipio, Félix Laime, en su visita al semillero oficial.
La intención gubernamental es que las comunidades indígenas, campesinas o interculturales (indígenas provenientes de la parte Andina) sean las que cultiven las palmeras en sus predios.
Esta producción ha generado expectativas principalmente en los interculturales, afiliados en FESPAI, pero también en las comunidades indígenas. Por ello, muchas de ellas se anotaron tanto para albergar a los viveros como para producir las palmeras.
Lo que les resulta atractivo es el potencial de ganancias, aunque no tienen mayor detalle sobre el beneficio económico. Según el alcalde Laime, se estima que el costo de un plantín será de 10 bolivianos (1,44 dólares). Se proyecta que los rendimientos comiencen en el segundo año, alcanzando los 2000 bolivianos (alrededor de 230 dólares), y para el cuarto año, las ganancias anuales podrían llegar a los 7100 (aproximadamente 810 dólares).
Sin embargo, los productores de comunidades campesinas e indígenas no tienen información de la inversión que implica la palma aceitera, ni los cuidados que necesita.
Según un estudio citado por Robison, en el caso de Colombia, para una hectárea de palma africana se requieren 4 325 dólares durante los primeros tres años, período en el que no se generan ingresos, y luego 1 382 dólares durante los siguientes cuatro años, lo que suma una inversión total aproximada de 10 000 dólares.
Por este motivo, el especialista comenta que serán pocos los productores bolivianos que quieran cosechar palma africana, pues no tendrán la rentabilidad necesaria para hacerlo.
Rechazo de los tacanas
Los árboles quemados por los incendios forestales entre septiembre y diciembre de 2023 rodean los viveros de palma africana en la comunidad Buenavista, del Territorio Indígena Tacana, en San Buenaventura. Estos fueron instalados por el INIAF después de que cesaron las quemas, que dejaron al menos 50 000 hectáreas de tierras siniestradas solo en este municipio, según cifras de la Alcaldía.
“Ellos han dicho que van a dar trabajo a la gente de acá, pero ya están embolsando y nos han dicho que ha venido gente de otro lado”, explica Mayra Cartagena, habitante del lugar.
Debido a las promesas, los comunarios cedieron cinco hectáreas al INIAF, cantidad que esta entidad gubernamental requiere para habilitar los viveros en cada comunidad. De estas, la institución habilitó una hectárea para construir dos viveros y en los próximos meses tiene planificado desmontar cuatro hectáreas, según lo informado por los técnicos de la zona.
Lo mismo pasó en Capaina Bajo, otra comunidad tacana del sector, que recibió con mucha emoción esta posibilidad y destinó las hectáreas solicitadas en parcelas habilitadas anteriormente para maíz.
“Estábamos muy animados. Como ha habido el incendio y nos hemos quedado sin nada, sin los chacos (parcelas), entonces esa era una fuente de trabajo”, cuenta la corregidora del lugar, Jhaneth Álvarez.
Pero lo prometido no se cumplió en las condiciones que los comunarios esperaban. Rodolfo Yuamona, exdirigente de Capiana Bajo, detalla que los habitantes no fueron convocados a trabajos como la limpieza del área o el posteado del vivero. Además, el INIAF solo quería pagar 15 centavos de boliviano por el embolsado de cada plantín. Con este monto, según los cálculos de los indígenas, al día no llegarían a ganar ni siquiera un jornal, que oscila entre 100 y 120 bolivianos (entre 14 y 17 dólares).
Por ello, pidieron un convenio donde se establezcan los beneficios para la comunidad, pero como éste no llega desde finales del año pasado, decidieron paralizar las actividades del INIAF y recurrieron al Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA).
CIPTA, la organización matriz tacana, cuestionó que el INIAF haya coordinado directamente con las comunidades indígenas la producción de la palma. Además, pidió informar los detalles del proyecto y expresó su molestia porque no se llevó a cabo una consulta previa, libre e informada, conforme a normativas nacionales e internacionales.
Por eso, el 7 y 8 de marzo de 2024, la organización convocó al Primer Consejo de Corregidores de 2023, donde se resolvió “rechazar al Programa de Palma Aceitera Africana y su paralización en todas las comunidades” de su territorio, debido a las denuncias de problemas y conflictos con los técnicos del programa en las comunidades tacanas.
Como consecuencia, los corregidores de las tres comunidades donde están los viveros le informaron a los técnicos que no podrán continuar con sus operaciones. Según fuentes extraoficiales, esta decisión causó malestar en el INIAF.
A pesar de la fuerte oposición de los indígenas tacanas, el gobierno continúa adelante con su plan de introducir la palma africana en la Amazonía boliviana. Según los expertos consultados para este reportaje, tampoco oye sus alertas sobre las posibles consecuencias de introducir esta especie foránea en el ecosistema amazónico. Por ahora, lo cierto es que el Gobierno avanza con la polémica iniciativa de incentivar la producción de aceite de palma con la que pretende reducir a la mitad las importaciones de combustible en Bolivia.
*Este reportaje es resultado de una alianza periodística entre Mongabay Latam y Revista La Brava de Bolivia.
**Imagen principal: Vivero de palma de aceite en la comunidad de Nueva Esperanza, Amazonía boliviana. Foto: William Ojopi-La Brava.
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