- La mayoría de estudios considerados por las direcciones evaluadoras de pesticidas en el Estado provienen del fabricante interesado en obtener el registro. ¿Quiénes están en esos puestos claves? Hallamos un supervisor que trabajó antes para Syngenta y otras dos empresas de pesticidas.
En Perú, la ruta de evaluación de un pesticida y el tiempo que dura el permiso de aprobación para su venta y uso en los campos de cultivo tienen grandes diferencias con las de Chile, Costa Rica y la Unión Europea. Mientras que en nuestro país, la vigencia del registro y autorización de un agroquímico es indefinida, en el resto dura hasta 10 años y, antes de que se venza el plazo, los fabricantes deben solicitar la renovación de su registro. Este es un proceso que requerirá una nueva evaluación con estudios científicos más recientes sobre los posibles riesgos del agroquímico para las personas, animales y el medio ambiente.
Por ejemplo, con esta forma de evaluación, la Unión Europea ha retirado por lo menos 119 agroquímicos en sus países miembros durante los últimos 10 años. Mientras que en Perú sólo se han prohibido 9 sustancias en ese mismo periodo y sólo a raíz de actualizaciones normativas cuando el país tuvo que adaptarse a los estándares solicitados por la Comunidad Andina (CAN).
Para Mariano Castro, director de Unidos por los Bosques de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, el uso de pesticidas con una vigencia definida en la regulación europea es recomendable, porque va a permitir reevaluarlos con nuevas evidencias científicas que muestren situaciones de riesgo para el ambiente y la salud. “Perú tiene autonomía para cambiar la vigencia indefinida de los plaguicidas. Junto con la temporalidad de la autorización, hay que determinar también qué productos están siendo autorizados en Perú y cuáles no están permitidos en países desarrollados o países vecinos”, añade.
Otra gran diferencia que hallamos entre el sistema de evaluación de pesticidas peruano y el europeo está en el mecanismo de transparencia de los datos. En Perú no son públicas las fuentes y estudios con que se pretende solicitar el registro de un agroquímico, mientras que en la Unión Europea se publican todos los datos -desde el proceso de evaluación- en la página web de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) para que cualquier persona pueda revisarlos y enviar observaciones o comentarios.
Por eso, ante la opacidad de los registros de autorizaciones, la investigación que publicamos utilizó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para conseguir que las direcciones de los ministerios de Desarrollo Agrario y Salud nos entreguen los informes con los que dieron luz verde a pesticidas registrados en Perú.
Un evaluador que trabajó en empresas de pesticidas
A un poco transparente sistema evaluador, se suma el problema de las puertas giratorias en las direcciones de los ministerios que participan en la evaluación de los pesticidas en Perú. Una puerta giratoria ocurre cuando funcionarios en puestos clave en el Estado han trabajado en empresas vinculadas al rubro en el que se desempeñan ahora, o viceversa, como sucede en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).
Este es el caso del ingeniero agrónomo Juan Carlos Arévalo Rengifo, quien trabaja desde diciembre de 2018 en el Midagri. Desde la Dirección de Gestión Ambiental Agraria (DGAA), un área del ministerio encargada de las evaluaciones de impacto ambiental para el registro de plaguicidas agrícolas, Arévalo redactó informes como especialista ambiental, varios de ellos favorables para Syngenta, donde laboró como representante agrícola entre abril de 2014 y septiembre de 2016.
En ese período, mientras trabajó para Syngenta, este ingeniero agrónomo brindó asistencia técnica sobre el uso de plaguicidas en cultivos agroindustriales y tradicionales, capacitó a agricultores sobre el manejo seguro de agroquímicos y también comercializó estas sustancias. Luego, Arévalo realizó labores similares en las empresas Novagro y Neoagrum hasta antes de llegar al Midagri.
Para los abogados Ricardo Valderrama y Carlos Caro, esta situación representaría un conflicto de interés al tratarse de un funcionario que ha trabajado en una empresa y luego ha evaluado solicitudes de la misma. “Como regla general, en base a la Ley del Código de Ética de la Función Pública, los funcionarios deben evitar conflictos de interés y, ante situaciones como estas, abstenerse de participar del proceso”, dijo Caro. Además, precisó que la incompatibilidad para evaluar a la empresa en la que trabajó antes es permanente. “Si no se ha abstenido y se determina que hay un conflicto de interés, podría ser hasta vacado”, añadió Valderrama.
Cuando le consultamos al ingeniero Arévalo por qué no se abstuvo de evaluar los plaguicidas de Syngenta ante un posible conflicto de interés, dijo que no había razones para hacerlo porque él trabajó en esa empresa en el área de ventas y no en temas de registros, que es lo que evalúa el Midagri. Y añadió: “Los informes son revisados también por el especialista legal y el director [de la DGAA] justamente para evitar algún favorecimiento. Al no tener relación familiar, amistad o de negocios con las empresas, mi objetividad, buena fe y mi criterio no fueron afectados al momento de mi trabajo”. Le solicitamos información sobre este caso al Midagri mediante el área de prensa, pero sus voceros nos dijeron que sólo nos responderían por escrito. Un mes después de enviar el cuestionario, no recibimos respuesta alguna.
Salud con lupa identificó por lo menos cuatro informes de impacto ambiental elaborados en 2019 por el ingeniero Arévalo que fueron favorables para el registro de plaguicidas de Syngenta que contienen los plaguicidas atrazina, brodifacoum, ciproconazol y profenofos. Los documentos tuvieron como base principal información proporcionada por la empresa e incluyeron algunas advertencias como estas: “las sustancias analizadas representan riesgos para ciertos organismos (truchas y abejas) debido a su toxicidad”. El Midagri le dio luz verde a Syngenta para que comercialice sus químicos y le pidió implementar un plan de manejo ambiental para disminuir los riesgos, como evitar que los agricultores fumiguen a cinco metros a la redonda de las fuentes de agua, se trabaje en planes de manejo de envases vacíos de pesticidas y en más capacitaciones a los trabajadores del campo.
Evaluaciones con información de la industria
La Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), el área encargada de la evaluación toxicológica en el Ministerio de Salud, nos entregó 13 informes que sirvieron para la aprobación de pesticidas de Syngenta entre el 2016 y el 2019. En ellos observamos un patrón: las conclusiones de los químicos farmacéuticos e ingenieros químicos que firman los informes se basan principalmente en datos que proporciona Syngenta a pesar de sus antecedentes de ocultar información para no perjudicar sus negocios. Por ejemplo, esta corporación conocía desde hace décadas que el paraquat -ingrediente de su herbicida Gramoxone- estaba vinculado con casos de la enfermedad del Parkinson, pero sólo se conoció esta información en 2022 tras una filtración.
Las empresas que solicitan la evaluación de un plaguicida con una sustancia que se busca registrar por primera vez en Perú deben presentar un dossier con información clave, como estudios de toxicidad aguda en conejos y otros mamíferos por ingesta, inhalación y contacto físico; toxicidad crónica en roedores; es decir, las consecuencias por una exposición a largo plazo; efectos sobre la reproducción; entre otros datos. Estos estudios suelen ser encargados por la misma empresa que solicita su inscripción y no son tan actuales. Por ejemplo, en la evaluación de 2014 que realizó la Digesa para el registro del herbicida diquat de Syngenta -vendido en Perú bajo la marca Reglone- los estudios tenían una antigüedad de por lo menos 40 años.
Las normas peruanas establecen también que durante las evaluaciones de los plaguicidas las instituciones a cargo de esta labor pueden recurrir a otra información disponible, pero son mínimos los datos de otras fuentes que aparecen en los documentos, como por ejemplo si han sido catalogados como posibles carcinógenos o disruptores endocrinos. En parte, nuevamente, porque la información técnica es antigua.
Al consultarle a la Digesa, por qué no considera estudios científicos independientes o advertencias de entidades regulatorias de la Unión Europea, señaló que «la información que se utilice en los procedimientos de evaluación y clasificación será la que genere la industria durante el desarrollo de la molécula», como recomienda el manual para el registro de pesticidas de la Comunidad Andina.
Para el exviceministro de Gestión Ambiental, Mariano Castro, es importante que se incluya no sólo la información del fabricante de pesticidas, sino también de expertos y organizaciones independientes al momento de evaluar los productos. “La participación de especialistas puede ser valiosa para generar información suficiente en materia ambiental, seguridad alimentaria y seguridad en salud, más aún si es que la decisión va a significar eventualmente costos para la salud de las personas”, explicó.
Un sistema al servicio del mercado
Fernando Bejarano, director de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM), dice que Perú -como Ecuador, Argentina y varios otros países de América Latina- tiene un sistema de registro de plaguicidas que prioriza su ingreso rápido al mercado, que no exige la actualización de evidencia y trabaja con cuerpos técnicos debilitados. El modelo de registro indefinido “hace que sea muy difícil retirar del mercado pesticidas, a pesar de haberse comprobado científicamente sus efectos negativos para la salud y el ambiente”, añade Raúl Terrile, magíster en agroecología y coordinador del Programa Cinturón Verde de la Municipalidad de Rosario, en Argentina.
El estándar es mucho más bajo que los procesos que exige la Unión Europea para mantener un plaguicida en uso. Una empresa que quiere registrar una nueva sustancia debe presentar ante un Estado Miembro Ponente (EMP) una solicitud que incluye un expediente completo y otro resumido con los ensayos clínicos y estudios relacionados al plaguicida. El Estado Miembro Ponente evalúa la solicitud y, para entonces, el expediente resumido, que excluye datos confidenciales de las empresas, es publicado en la página web de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).
En el plazo de un año, el Estado Miembro Ponente presenta a la Comisión Europea y a la EFSA el proyecto de informe de evaluación en el que detalla si la sustancia activa cumple los criterios de aprobación en base a la información que ha revisado de la empresa y otras consultas que ha realizado. La EFSA toma este informe -que también ha sido compartido con los demás Estados miembros de la Unión Europea- y, en base a consultas a expertos, revisión bibliográfica de otros estudios realizados e información adicional que solicita a las empresas de agroquímicos, determina si el producto es seguro para la salud humana y animal, y si representa un riesgo para el ambiente.
Con la información de la EFSA y del Estado Miembro en el que se inició la solicitud de registro de plaguicida, la Comisión Europea elabora un informe de revisión y lo presenta a su Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos, que determinará si se aprueba o no el registro de la sustancia. Todo este proceso no está libre de la intervención de las empresas de agroquímicos que suelen hacer lobby para que sus productos sigan en el mercado. Sin embargo, se consideran más referencias al momento de decidir el registro de un plaguicida y es mucho más transparente que en Perú.
*Este reportaje es publicado como parte de una alianza periodística entre Mongabay Latam y Salud con Lupa.
Imagen destacada: Los registros de plaguicidas en Perú se evalúan con estudios de antaño proporcionados por las empresas fabricantes de las sustancias. Ilustración: Héctor Huamán
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