- El país está atravesado por presiones de privados y del propio Gobierno para incrementar inversiones y garantizar el crecimiento de la economía, mientras ambientalistas reclaman que se contemple una mirada sustentable en los territorios afectados por las actividades extractivas.
- El caso emblemático de los salmoneros en la Patagonia: las divisiones entre quienes quieren dejar una Patagonia prístina para las próximas generaciones y quienes quieren desarrollarla completamente.
- La restauración de los ecosistemas, otro desafío que Chile arrastra de los últimos años.
- La necesidad de desarrollarse en energías renovables, en el contexto de las contradicciones del litio y el hidrógeno verde.
En materia ambiental, 2024 estuvo marcado por las presiones tanto del sector empresarial como del propio Gobierno por reactivar la economía y expertos estiman que esa tendencia se mantendrá durante 2025. El bajo crecimiento económico del país ha sido atribuido a un estancamiento de las inversiones, dado, en gran medida, por lo que se considera una excesiva burocracia en la obtención de autorizaciones y permisos, incluidos los ambientales, para la ejecución de proyectos. Es por eso que para hacer frente al escenario económico, el gobierno de Gabriel Boric impulsa distintos proyectos de ley que están siendo debatidos en el Congreso y que buscan atender la llamada “permisología”, término acuñado por el sector privado para referirse a la tramitación de autorizaciones.
El desafío en 2025 será responder a esas necesidades para impulsar la inversión, procurando no flexibilizar las evaluaciones ambientales de tal manera que la naturaleza siga, al menos, resguardada al nivel que está actualmente.
Para lograrlo, serán claves los acuerdos a los que se llegue respecto del proyecto de ley que busca modificar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que evalúa los impactos de los proyectos para que se establezcan medidas de mitigación y compensación adecuadas. Hasta ahora, la propuesta mantiene alerta a los ambientalistas, quienes temen que se flexibilicen los controles ambientales.
Uno de los sectores que ha alzado la voz para referirse a la permisología es el salmonero. Las tensiones entre esta industria y el Gobierno permanecen y se avizoran como un obstáculo para que Chile pueda avanzar hacia la creación de una ley de acuicultura, tal como lo ha propuesto el Ejecutivo. Mientras tanto, los impactos ambientales de la producción de salmones continúan y el compromiso de la administración de Boric de sacar la salmonicultura de las áreas protegidas parece diluirse cada vez más. Expertos alertan sobre la urgencia de llegar a consensos sobre qué es lo que se espera para los mares de la Patagonia chilena. “Las tensiones no se van a acabar si no tenemos una mesa de discusión del más alto nivel, convocada por el Estado, para ver cómo vamos a avanzar”, dice Ricardo Bosshard, director de WWF Chile.
Pasar a la acción en la restauración de ecosistemas sigue siendo un pendiente para 2025 dado los escasos avances durante el año pasado. Así mismo, se espera que Chile logre dar pasos decisivos en materia de almacenamiento de energías renovables no convencionales para lograr descarbonizar su matriz energética.
En esa línea, expertos refuerzan la importancia de atender los desafíos asociados a la producción de hidrógeno verde y extracción de litio, dos industrias en auge dada la necesidad global de transitar hacia la carbono neutralidad, pero que acarrean serios riesgos para la biodiversidad.
1. Lograr consensos entre salmoneros y ambientalistas
Chile comenzó en 2024 a dar los primeros pasos para crear, por primera vez, una ley exclusiva de acuicultura, separada de la pesca. “Para el Gobierno es prioritario avanzar de manera concreta hacia una acuicultura sustentable, con un irrestricto respeto al medioambiente y en un marco de transparencia”, indicó el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas. “Creemos que el diálogo, la transparencia y el respeto al medioambiente deben servir de base para construir una buena ley”, agregó.
Para comenzar a levantar propuestas, el Gobierno inició talleres regionales en los que participan los diferentes actores involucrados. Sin embargo, como era de esperar, las opiniones han estado divididas.
“Hay una tensión muy fuerte entre el movimiento ambiental de proteger la Patagonia y un movimiento muy fuerte de la industria salmonera junto con sus trabajadores que busca desarrollarla. Esa tensión nos preocupa”, dice Bosshard.
Por un lado, explica director de WWF Chile, están quienes quieren dejar una Patagonia prístina para las próximas generaciones y, por otro, quienes quieren desarrollarla en su totalidad. Ese tipo de discusiones, opinó el experto, “sólo se pueden subsanar si el Estado convoca a una discusión para tener una visión compartida de qué vamos a hacer con el maritorio de la Patagonia. A nivel terrestre tenemos un acuerdo de que queremos protegerla. Hoy casi el 50 % de la Patagonia está protegida, pero en el mar no estamos de acuerdo y eso ha generado muchas tensiones que no se van a acabar si no tenemos una mesa de discusión del más alto nivel, convocada por el Estado, para ver cómo vamos a avanzar”.
El experto planteó que tener esa discusión es uno de los principales desafíos que Chile debe enfrentar en 2025. “Estamos tratando una ley de acuicultura, pero nos trabamos porque no tenemos una visión compartida”, explicó.
De hecho, desde el sector salmonero han pedido que no se avance en la nueva ley hasta que no se modifique primero la Ley Lafkenche, otro de los temas controversiales que Chile tiene pendiente resolver.
Esta ley creó en 2008 los Espacio Costero Marítimo de Pueblos Originarios (ECMPO), una figura de protección que reconoce los derechos territoriales de los pueblos indígenas caracterizados por el uso ancestral de los recursos marinos. Sin embargo, las solicitudes de ECMPO realizadas por las comunidades son vistas por la industria salmonera como una amenaza.
De acuerdo con la ley Lafkenche, una vez que se admite una solicitud de ECMPO no se puede otorgar ninguna otra concesión en ese espacio hasta que se complete su tramitación. Por ello, “la amenaza que la industria salmonera reconoce en esta Ley tiene que ver con los efectos suspensivos que tiene los ECMPO que les impide solicitar nuevas concesiones en nuevos espacios y seguir ampliando la industria”, explicó a Mongabay Latam la abogada de la ONG FIMA Macarena Martinic. A ello se suma que el proceso de tramitación de ECMPO puede tardar, en promedio, siete años.
Es por eso que en 2024, hubo intentos por modificar la Ley Lafquenche. “Si se entregan estos territorios, pequeñas y medianas empresas proveedoras de esta industria podrían ver paralizadas sus actividades”, dice Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional que reúne a distintos actores productivos. Desde la industria, también han sostenido que los pescadores artesanales no podrán acceder a esos espacios. Esos argumentos, no obstante, han sido desmentidos por organizaciones civiles y de derechos humanos que afirman que la industria del salmón realiza un discurso del miedo con el fin de desinformar sobre las solicitudes.
“La ley no excluye a los pescadores artesanales del territorio ni impide que sigan realizando sus actividades productivas”, aclaró el abogado Alejandro Correa, director de la Fundación Refugia, una organización que tiene como objetivo brindar soluciones socio-ecológicas integrales y quien ha seguido de cerca la Ley Lafkenche. De hecho, la ley tampoco impide que las concesiones salmoneras ya otorgadas sigan operando.
Las tensiones, sin embargo, han escalado. Incluso, diputados de oposición intentan introducir modificaciones a la normativa en la Ley de Presupuestos de 2025. Ante esto, el Gobierno, senadores y diputados oficialistas presentaron requerimientos al Tribunal Constitucional denunciando violaciones a la Constitución, derechos indígenas y compromisos internacionales. “La Ley de Presupuestos no puede ser utilizada para alterar derechos establecidos en normativas permanentes”, señala el documento que presentó el Ejecutivo. Permitirlo, afectaría el equilibrio institucional y sentaría un precedente negativo para la formación de leyes permanentes, aseguran desde el Gobierno.
A pesar de los desencuentros, Bosshard asegura estar convencido de que sí es posible lograr una visión conjunta sobre el futuro del mar de la Patagonia. “Yo espero que podamos compatibilizar que haya cierto desarrollo humano, pero respetando un ecosistema que es tan importante a nivel mundial”, sostiene.
2. Pasar a la acción en la restauración de ecosistemas
La restauración de ecosistemas sigue siendo uno de los principales pendientes ambientales de Chile, aseguran los expertos.
Los incendios forestales son una amenaza cada vez más frecuente. De hecho, durante el verano de 2024 Chile sufrió una de sus mayores tragedias con 136 personas fallecidas. Aunque la fiscalía identificó que el fuego fue iniciado intencionalmente por una organización de personas, al menos cuatro vinculadas a instituciones encargadas de prevenir y combatir los incendios como la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y Bomberos, las condiciones climáticas cada vez más favorables para la propagación del fuego es una realidad que preocupa a las autoridades y expertos.
“Aunque la inversión en prevención y combate ha aumentado y mejorado, el impacto sobre los ecosistemas naturales sigue siendo significativo”, asegura Ingrid Espinoza, directora de Conservación de la Fundación Rewilding Chile.
Una medida que los especialistas han identificado como necesaria para poder controlar los incendios es diversificar los paisajes, es decir, evitar las enormes extensiones de plantaciones de pinos y eucaliptos que son proclives a quemarse. Aunque el planteamiento lleva años sobre la mesa, avanzar hacia esa dirección sigue siendo un pendiente no resuelto en el país.
Espinoza agrega que, además de la pérdida directa de biodiversidad que dejan los incendios, existen otros impactos asociados que perjudican a los ecosistemas. “La pérdida de bosques facilita el avance de especies exóticas invasoras, que desplazan a las nativas y alteran el hábitat de muchas especies”, explica.
En ese sentido, “un desafío crucial es desarrollar una política nacional efectiva para controlar estas especies invasoras y fomentar la restauración de los ecosistemas con plantas nativas”, dijo la experta. “Por estas razones, la restauración no sólo es una acción indispensable, sino que debe ser abordada de manera conjunta por el Estado y los actores privados. Asimismo, implementar medidas de control efectivas para mitigar amenazas de fauna invasora como perros, jabalíes, visones y ciervos rojos es esencial para permitir la recuperación de las poblaciones de fauna nativa”.
Chile se comprometió a restaurar para 2030 un millón de hectáreas a lo largo del país, pero eso va a un ritmo muy bajo, aseguraron los expertos. “Seguimos con intenciones y no hemos logrado pasar a la restauración”, afirmó Bosshard.
El director de WWF recuerda que si bien 2024 fue un año lluvioso en comparación a los anteriores, “el mayor problema que tiene Chile con el cambio climático sigue siendo la escasez de agua. Tuvimos 12 años de sequía y aunque tuvimos un 2024 bueno, la sequía va a volver”. En su opinión, la restauración debe también avanzar en terrenos privados, principalmente agrícolas. Sin embargo, “el mundo agrícola no tiene los fondos para financiar la restauración. ¿De dónde va a venir el dinero? ¿Cómo lo financiamos? Esa es la gran discusión”, aseguró.
Un segundo debate que a su juicio Chile tiene pendiente para poder avanzar es preguntarse “dónde vivimos, dónde producimos los alimentos, dónde restauramos”, agregó Bosshard. “Esa es una discusión que todavía no instalamos a nivel sistémico y tenemos que tenerla si queremos ver despegar la restauración. Saber cómo vamos a conectar los territorios, cómo vamos a proteger los cauces de ríos, cómo conectar los humedales de la Cordillera, para efectivamente tener los servicios ambientales que el ser humano necesita para poder vivir”, sostuvo.
3. Avanzar hacia una matriz de energía limpia
En la última década, Chile ha se ha destacado por integrar exitosamente las Energías Renovables No Convencionales (ERNC), principalmente la solar y la eólica. “De hecho, las ERNC representan alrededor del 40 % de la generación eléctrica del país”, aseguró Felipe Gallardo, director de estudios de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA).
Sin embargo, todo este potencial se ha desarrollado en muy poco tiempo, en los últimos 10 años principalmente, precisó Gallardo, generando una serie de desafíos relativos a la operación del sistema.
En concreto, aunque la cantidad de energía solar y eólica producida ya superó a la de carbón, buena parte de esa energía limpia está siendo desperdiciada puesto que no están habilitadas las condiciones para que el sistema eléctrico pueda dejar de depender de las energías fósiles.
“Las líneas de transmisión, al igual que ocurre con una carretera, tienen una capacidad limitada. Por un tema técnico, pueden transmitir un determinado nivel de energía. Si ese nivel se aumenta, en la línea se produce un efecto térmico y se quema”, explicó Gallardo.
¿Por qué entonces simplemente no se retira parte de la energía fósil del sistema y se reemplaza por renovable? Sucede que por requerimientos técnicos, hay determinadas centrales, como las termoeléctricas, que tienen que estar encendidas dado que tienen restricciones de encendido o toma de carga. “Hay requerimientos técnicos asociados a la forma en que opera la central”. Al igual como se prende un horno y hay que esperar que éste se caliente, una central termoeléctrica aumenta su generación de energía a una determinada tasa, ejemplifica el experto.
Dado que la energía eólica y solar son variables y fluctúan dependiendo de si hay sol o hay viento, el sistema no puede depender de ellas. De hacerlo, cuando llegue la tarde y el sol se esconda, por ejemplo, las centrales no tendrían la capacidad de reemplazar a tiempo la energía solar que se dejó de generar. En resumen, “las centrales no se pueden simplemente apagar y en su lugar colocar renovables”, dijo Gallardo.
Para avanzar hacia la real descarbonización de la matriz energética es necesario avanzar en un sistema que permita almacenar la ERNC. De esa manera, por ejemplo, el excedente de la energía solar producida durante el día podría ser utilizada en la noche.
Sin embargo, todavía está pendiente elaborar los reglamentos del sistema de almacenamiento que, entre otras cosas, son claves para entregar mayores certezas económicas a las empresas para que puedan invertir. Actualmente hay un reglamento que se está revisando, aseguró Gallardo, y que es muy relevante para el arbitraje, una de las principales vías de ingreso para las empresas. “El arbitraje es el negocio que consiste en retirar energía a un precio determinado y luego inyectarla en otro momento a ese precio más algo elevado. Ese diferencial es el ingreso que tiene la empresa”, explicó el experto.
Dado que aún no están claras las reglas en relación a esos precios, no es posible prever cuáles serán los ingresos. En ese sentido, uno de los principales desafíos que Chile debe atender es poder cerrar el marco regulatorio para lograr un mayor nivel de certeza.
Lograr asegurar prontamente el sistema de almacenamiento es también clave para cumplir con los compromisos que Chile estableció en sus Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), los compromisos de los países para hacer frente al cambio climático. En ellos se dispone que en 2025 se alcanzará el pico de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), explicó Sara Larraín, “y que después tiene que haber una baja brutal para lograr la carbono neutralidad que está en la ley de cambio climático y que es vinculante a 2050, pero el Gobierno no ha logrado avanzar en asegurar el almacenamiento y no sabemos si vamos a poder cumplir el compromiso”.
4. Proteger los territorios de la producción de litio e hidrógeno verde
La Estrategia Nacional del Litio puesta en marcha por el gobierno de Boric sigue trayendo importantes desafíos para asegurar que la salud de los salares no se vea perjudicada a raíz de este plan que busca transformar al país en el principal productor de litio del mundo.
Actualmente solo el salar de Atacama tiene faenas mineras para la extracción de litio, pero el Consejo de Ministros anunció que seis salares más quedaron bajo la clasificación de “estratégicos”. El Estado tendrá una participación mayoritaria en el desarrollo de proyectos de explotación de litio. Además, otros 16 salares quedaron abiertos a la inversión privada.
Cristina Dorador, científica especializada en el estudio de salares, confirmó que ya se dieron los primeros pasos para iniciar estudios de líneas bases de los salares estratégicos, donde se describen de manera detallada todos los elementos del medio ambiente. Se trata de información clave para diseñar proyectos de explotación de litio que no dañen la salud ecológica de los salares. Esos estudios “van en la línea de generar información para tomar mejores decisiones respecto a la explotación”, confirmó Dorador.
Sin embargo, agregó la investigadora, hasta ahora “no se ha hecho lo mismo para los otros salares [los 16 abiertos a inversión privada]”.
Otro asunto que inquieta a Dorador es el desconocimiento científico que aún existe sobre los posibles impactos que pueda tener la tecnología de extracción directa del litio. Según las empresas, esta técnica reduciría los daños ambientales sobre los salares. Sin embargo, científicos de todos los países del triángulo del litio (Chile, Argentina y Bolivia) advierten que no aún existe información para garantizar la inocuidad del proceso.
“No tenemos mayores antecedentes sobre su funcionamiento y sus posibles impactos a nivel ecosistémico”, insistió Dorador. Por lo mismo, uno de los grandes desafíos del país sigue siendo invertir en ciencia para tener información oportuna sobre cómo funcionan estos ecosistemas y cuáles son los impactos de las tecnologías que extraen el litio.
Por otra parte, los planes de generación de hidrógeno verde también preocupan a los ambientalistas. Es considerado por muchos “la energía del futuro”. El Gobierno, es su página web, explica que “el gran valor del hidrógeno verde en la lucha contra el cambio climático radica en su capacidad de sustituir a los combustibles fósiles en aquellos sectores y usos que hasta ahora eran más difíciles de descarbonizar, además de su potencial como sistema de almacenamiento de energía”. Luego, agrega que “el hidrógeno es una oportunidad que tiene Chile para cambiar el actual modelo de desarrollo”.
Sin embargo, a ojos de Sara Larraín, directora de la ONG Chile Sustentable, la producción de hidrógeno verde es compleja dado que “implica una intervención brutal sobre el territorio”.
El hidrógeno verde es un gas que se produce a través de hidrólisis, es decir, de un proceso que separa la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno. Para lograrlo, se requiere de grandes cantidades de agua dulce y de energías renovables como la solar o eólica.
En las regiones de Antofagasta y Magallanes, donde se busca desarrollar estos proyectos, no hay mucha agua superficial y por lo tanto la hidrólisis va a tener que ser sobre agua desalada proveniente del mar, explicó la experta. “¿Qué van a hacer con la salmuera que se obtenga del proceso de desalación? ¿Harán tranques de relave? ¿La depositarán tal cuál en el desierto?”, se pregunta Larrain.
Además, la experta advierte que para producir en el sur la energía necesaria para generar hidrógeno verde se requieren de extensos parques eólicos que tendrán impactos, por ejemplo, sobre las aves migratorias. “Si estamos proyectando para 2030-2040 reemplazar el carbón y gas, requerimos duplicar la infraestructura de energías renovables no convencionales, solares y eólicas principalmente. Si vamos hacia una industria del hidrógeno como la que se está pensado necesitaríamos triplicar la matriz instalada de energía renovables variables. En un país pequeño como Chile, imagínate el impacto territorial que eso significa”, afirmó.
Para Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, los planes de Chile respecto del hidrógeno verde están “sobredimensionados” respecto de la realidad del país. Para trasladar el hidrógeno verde “necesitas puertos, necesitas embarcaciones especiales, necesitas rutas de navegación”, enumeró. Nada de eso está siendo considerado, aseguró. “Hay una serie de cosas que se requieren y que Chile ni siquiera está pensando”.
Imagen destacada: Salmonicultura en Los Lagos, en el sur de Chile. Foto: Mauricio Altamirano
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