- La Corte Interamericana de Derechos Humanos informó a Mongabay Latam cuál es el estado de las sentencias a favor de pueblos indígenas.
- Ante este escenario, representantes indígenas y tribales de Latinoamérica se reunieron en el Pueblo Indígena de Sarayaku, en el centro de la Amazonía ecuatoriana, para repasar los casos que demuestran que las sentencias llegan tarde y no son cumplidas por los Estados miembros de la OEA.
- Además, conformaron una coalición regional para perfeccionar las estrategias legales ante el tribunal internacional.
- Mongabay también consultó a expertos en materia de Justicia internacional para explicar por qué los Estados no cumplen las sentencias y dialogó con los líderes de los pueblos afectados.
Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias para los Estados. Sin embargo, muchas veces su cumplimiento es parcial, lento o inexistente. Pueblos indígenas de toda América Latina han esperado durante casi dos décadas que los gobiernos implementen las reparaciones ordenadas por este tribunal. Son 24 los casos a favor de pueblos indígenas que están en supervisión de cumplimiento por sentencias que no están siendo acatadas o son cumplidas parcialmente por los Estados, según informó el tribunal a Mongabay Latam.
Frente a esta indiferencia, líderes indígenas de siete países se reunieron en mayo en Sarayaku, en el corazón de la Amazonía ecuatoriana, para exigir en conjunto el cumplimiento efectivo de estas decisiones. Mongabay Latam cubrió este encuentro inédito.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es uno de los tres tribunales regionales de protección de los derechos humanos en el mundo. Su objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos y resolver los casos presentados por individuos y colectivos contra los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA). Entre sus funciones, además, debe supervisar el cumplimiento de sus propias sentencias en los países. Es la instancia a la que acuden los americanos cuando los tribunales de sus propios países han ignorado sus planteos o han fallado en contra de ellos.
Mongabay Latam consultó a las autoridades de Surinam, Colombia y Ecuador sobre el avance del cumplimiento de las sentencias y medidas provisionales a favor de los pueblos Saramaka, U’wa, Kankuamo, Sarayaku y los pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV) Tagaeri y Taromenane, casos presentados en el encuentro en Sarayaku, pero desde Colombia y Surinam no respondieron al cierre del artículo.
El Estado ecuatoriano ha avanzado parcialmente en el cumplimiento de la sentencia del caso Sarayaku, según detalló el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Aunque en 2012 la Corte ordenó el retiro de los explosivos enterrados en el territorio indígena para la prospección petrolera, hasta el momento esto no se ha cumplido. El tribunal también ordenó construir mecanismos de consulta previa, libre e informada. El gobierno de Daniel Noboa anunció que está trabajando en un nuevo decreto, mientras que en la Asamblea Nacional se tramitan proyectos de ley.
Sí se cumplió el acto público de reconocimiento de responsabilidad estatal, realizado en 2014 en Sarayaku, y el pago de la indemnización económica de 90 000 dólares por daños materiales y 1.25 millones de dólares por daños inmateriales.
Sobre el caso Tagaeri y Taromenane ha habido menos avances, pues la Corte notificó la sentencia a Ecuador en marzo de 2025. Hasta el momento, de acuerdo con el Ministerio, se están coordinando acciones con diferentes instituciones para cumplir con las medidas de reparación dispuestas en la sentencia.
No hay sanciones para el incumplimiento
La Corte respondió a Mongabay Latam, vía correo electrónico, que en 2015 entró en funcionamiento la Unidad de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias. Además, en 2022 se establecieron jueces o juezas relatores por países que realizan visitas en terreno, audiencias y reuniones para facilitar un seguimiento más constante del cumplimiento de las medidas ordenadas por el tribunal.
Si bien no existen sanciones para los Estados que no cumplen las sentencias, algo que sí sucede en los tribunales de arbitraje internacional, el artículo 65 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que la Corte IDH debe incluir en su informe anual una lista de los Estados que no han cumplido con sus fallos. El informe se presenta a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Hay 24 casos bajo aplicación del artículo 65 de la Convención Americana: dos casos de Haití, tres casos de Nicaragua, dos casos de Trinidad y Tobago y 17 casos de Venezuela. Además, 24 casos a favor de pueblos indígenas están en supervisión de cumplimiento de sentencia, debido a que están pendientes de cumplimiento o parcialmente cumplidas, con dos o más medidas de reparación ordenadas por la Corte.
El ecuatoriano Daniel Noroña, experto en el funcionamiento del Sistema Interamericano, dice que en en la falta de cumplimiento juegan la capacidad presupuestaria del tribunal para hacer el seguimiento y la voluntad política de los estados para hacer reformas estructurales con el fin de cumplir con las medidas de reparación ordenadas.
“No es solo en caso de pueblos y nacionalidades, pero hay un efecto diferenciado por la discriminación histórica y los obstáculos que han sufrido en nuestro continente”, asegura el profesor de la Universidad de George Washington. Reconoce, además, que los pueblos indígenas se enfrentan a intereses económicos y extractivos que buscan que sentencias relacionadas, por ejemplo, con la consulta previa, no sean aplicadas.
La colombiana Juliana Bravo, abogada y directora para la oficina de América Latina de Earthrights International, explica que tras las sentencias, el tribunal pide informes de seguimiento a los Estados, además de las audiencias y las visitas. “No habiendo medidas coercitivas mayores, es un desafío para la propia Corte el cumplimiento. Probablemente, ese es un factor por el que los Estados no cumplen”, reflexiona.
Bravo plantea el diseño de un sistema que obligue a los Estados a cumplir lo que manda el tribunal, aunque reconoce que es una discusión compleja porque no se trata, por ejemplo, de imponer multas económicas, sino de que los Estados garanticen los derechos.
Cumbre en Sarayaku
Todo en el bosque amazónico está interconectado y tiene consciencia. Desde el ser más diminuto hasta el más imponente forman parte del Kawsak Sacha o Selva Viviente. Este entramado incluye a los seres del mundo animal, vegetal, mineral, espiritual y cósmico. Los humanos no están separados, son parte de la interrelación con el entorno y dependen del equilibrio del bosque para sostener su vida física y espiritual.
José Gualinga, líder del Pueblo Kichwa de Sarayaku, explicó esta cosmovisión para dar inicio al Encuentro Regional de Pueblos Indígenas, realizado del 21 al 25 de mayo en Sarayaku, en el centro de la Amazonía ecuatoriana. “El Kawsak Sacha es una propuesta que nace del territorio, el Kawsak Sacha es el poder de la vida”, agregó Gualinga.
Delegaciones de los pueblos indígenas y tribales Purépecha, de México; Saramaka, de Surinam; Kankuamo, de Colombia; Kukama, de Perú; Terena, de Brasil; y Mapuche, de Chile, llegaron a Ecuador para debatir y buscar soluciones a la falta de cumplimiento de decisiones judiciales nacionales o internacionales que han reconocido los derechos de los pueblos indígenas y de la naturaleza.
A ellos se unieron representantes de los pueblos indígenas ecuatorianos A’i Kofán de Sinangoe, Waorani y Kichwa de Santa Clara. Juntos navegaron por el río Bobonaza para llegar al Pueblo del Medio Día, como también es conocido Sarayaku. Se reunieron en la Casa del Medio, un espacio asambleario construido de manera tradicional, con bambú en la estructura y hojas tejidas en el techo, y ubicada en el centro comunitario, donde otras construcciones tradicionales rodean una cancha de tierra.
Tras dos días de discusiones, el 24 de mayo de 2025 y mientras Daniel Noboa era posesionado como presidente de Ecuador, los representantes de los pueblos indígenas anunciaron la creación de la Coalición Regional por la Exigencia, Garantía e Implementación de las Decisiones Judiciales que protegen los Derechos de los Pueblos Indígenas. También emitieron un manifiesto en el que se comprometen a fortalecer la unidad y solidaridad entre los pueblos indígenas del mundo que defienden los derechos humanos y de la naturaleza.
Las delegaciones consultarán con sus equipos legales la conveniencia de solicitar en conjunto una audiencia a la Corte IDH para la revisión de todos los casos que tienen que ver con pueblos indígenas. Además, conformarán una escuela en la que los pueblos que ya han ganado casos ante el tribunal intercambien experiencias con los pueblos que quieren llevar sus procesos a esa instancia.
“Es exactamente el resultado que esperábamos”, dijo a Mongabay Latam Hugo Jabini, director de las asociaciones de las comunidades Saramaka, un pueblo afrodescendiente tribal que habita en la Amazonía surinamesa.
Un concepto radical para el derecho
El encuentro se ideó tras identificar la necesidad de crear un espacio para intercambiar conocimientos acerca de la implementación de las cosmovisiones y el conocimiento ancestral, con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de los pueblos indígenas y de sus territorios, explica Carlos Andrés Baquero, director de investigaciones del programa Terra de la Universidad de Nueva York (NYU).
Baquero también es parte del proyecto Moth (More than Human o Más que Humano), del Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la Facultad de Derecho de la NYU, que coorganizó el evento.
“Esta idea radical de que el territorio es un ser sintiente y viviente y, por lo tanto, digno de ser reconocido como sujeto de derecho es una cosmovisión que reconocen muchos pueblos indígenas alrededor del mundo”, dijo el también abogado a Mongabay Latam, en una tarde cálida y húmeda en Sarayaku.
El Kawsak Sacha para los mapuche es Itxofillmogen, para los kukama es Karuara, para los purépecha es Nana Echeri, para los waorani es Waemo Kewegoimoni y para los kankuamo es el Corazón del Mundo. En el fondo, estas concepciones cuestionan el derecho occidental que establece que los seres que no son humanos son objetos.
La cosmovisión kichwa y la conceptualización de la Selva Viviente fueron fundamentales para el caso Sarayaku vs. Ecuador, explicó Baquero. La sentencia de la Corte IDH, emitida en 2012, reconoció que el Estado ecuatoriano violó los derechos del Pueblo Kichwa de Sarayaku, entre ellos, el derecho a la consulta previa para proyectos extractivos. Luego, ordenó el retiro de 1433 kilos de explosivos que fueron enterrados en su territorio para la exploración petrolera. Trece años después, estas medidas no se han cumplido.
Fuerza en la unión
En 2007, la Corte IDH emitió la sentencia del caso Pueblo Saramaka vs. Surinam, en la que determinó que el Estado violó el derecho a la propiedad comunitaria y a la implementación de la consulta previa del pueblo tribal. La construcción de una represa que causó inundaciones, la intromisión de empresas madereras y el avance de la minería ilegal amenazaban el territorio ancestral saramaka y la supervivencia del pueblo.
“Estamos tratando de que el Gobierno cumpla la sentencia, pero todavía tiene tantas excusas”, dijo Jabini a las afueras de la Casa del Medio Día.
En Surinam, que declaró su independencia de Países Bajos en 1975, todavía no se han reconocido los derechos de los pueblos indígenas. A esto se suma que el país es un outsider de Sudamérica, de acuerdo con el líder. Ser el único país de la región que tiene como idioma oficial el neerlandés dificulta la integración. “Nos sentimos bastante aislados, pero sabemos que tenemos los mismos retos, los mismos problemas”, aseguró.
Jabini, que fue criminalizado y tuvo que refugiarse en Países Bajos durante seis años, encuentra esperanza en el evento. “Si nos unimos, podemos entregar una queja ante el Sistema Interamericano para urgir a la Corte a que emita un mensaje más fuerte que nos ayude a que los casos sean implementados”, sostuvo.
La Corte Interamericana también ha llevado otros casos que establecen importantes precedentes para la protección de los derechos de los pueblos indígenas de la región y del mundo. Uno de los más recientes es el caso Tagaeri y Taromenane vs. Ecuador, en el que tras 19 años el tribunal condenó a Ecuador por vulnerar los derechos de los PIAV.
Mima Tega, dirigente de derechos y justicia de la Nacionalidad Waorani del Ecuador, expuso el caso. Lucía el antifaz rojo, dibujado con achiote, que caracteriza a las mujeres de su cultura. Habló sobre la lucha que llevan los waorani para proteger el territorio ancestral que comparten con los pueblos aislados. Los Tagaeri y Taromenane se separaron de los waorani en la década de los 50, cuando fueron contactados y evangelizados para facilitar la entrada de la industria petrolera a su territorio.
En Colombia, el pueblo indígena Kankuamo, que habita en la Sierra Nevada de Santa Marta, ha obtenido varias medidas provisionales de la Corte. Estas buscan protegerlos de la violencia de los grupos armados que estaban provocando su desplazamiento forzado, amenazando su existencia y su relación con el territorio.
Albert Talco, indígena kankuamo y miembro de la Comunidad de Juristas Akubadaura, habló sobre este caso y también sobre el acompañamiento que la Comunidad realizó al pueblo indígena U’wa, que ganó recientemente un caso. El tribunal interamericano consideró que Colombia violó derechos como el acceso al ambiente sano por las actividades de exploración y explotación de petróleo en el territorio ancestral U’wa.
En camino a la Comisión Interamericana
Cynthia del Águila Canaquiri, parte del equipo técnico de la Federación de Mujeres Indígenas Kukama Huaynakana, expuso que su organización buscará una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar a conocer el estado de la sentencia nacional que reconoce al río Marañón como titular de derechos.
La Federación también exige el cumplimiento de otras cuatro sentencias relacionadas a la falta de inversión del canon petrolero, la falta de servicios básicos en comunidades afectadas por derrames de petróleo, la omisión de consulta previa y la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Hidrovía Amazónica.
Bajo la sombra que da una cubierta construida con hojas de palma de wayuri, la antropóloga indígena dijo a Mongabay Latam que el gobierno de Perú es “antiindígena” y ha cuestionado a las mujeres por defender “un territorio que no tienen”. Del Águila Canaquiri, sin embargo, contó que ellas cumplen un rol clave en la defensa de su territorio. De hecho, kukama proviene de ku, que significa seno, y kama, que significa chacra. “Es un complemento. Es la mujer, la madre quien más vela por los hijos y por la casa”, añadió.
Para la antropóloga kukama, el encuentro fue un espacio enriquecedor para fortalecerse. Reconoció que en Perú hace falta unión para luchar por el reconocimiento de los derechos indígenas.
Derechos territoriales y autonomía
Durante los tres días de las conversaciones en la Casa del Medio Día, las delegaciones hablaron sobre los problemas que consideran son la base de la violación de sus derechos. En las mañanas, la lluvia acompañó las primeras actividades y en la tarde, el sol calentaba el entorno.
Para Simón Crisóstomo Loncopán, presidente de la Asociación de Comunidades Mapuche Wikulmapu, de Curarrehue, el mayor reto que enfrenta el pueblo mapuche es la falta de reconocimiento de los derechos territoriales. Esto ha dado pie a que las industrias forestal, salmonera, minera e hidroeléctrica se instalen en sus territorios, generando graves impactos a la biodiversidad.
Mauricio Terena, indígena del pueblo terena y abogado de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil, expuso sobre un caso de invasión ilegal de tierras indígenas durante la pandemia de Covid19 y bajo el gobierno de Jair Bolsonaro. Tras una victoria en el Tribunal Supremo brasileño, los invasores fueron expulsados.
Además habló sobre un caso reciente que también llegó al Tribunal Supremo y trató sobre la amenaza a la vida que representan las fumigaciones de agroquímicos sobre los territorios indígenas.
Pedro Chávez, ex miembro del Consejo Mayor del Gobierno Comunal de Cherán, relató la devastación del bosque y la violencia que enfrentó su pueblo indígena. En 2011, las mujeres y los jóvenes se levantaron ante la corrupción que permitía la presencia del crimen organizado en la localidad. El resultado fue el primer pueblo indígena en México que reemplazó los partidos políticos, los policías y las elecciones por un consejo de gobierno asambleario y sistemas de seguridad comunitarios.
Cherán sentó el precedente para que en México se garantice el autogobierno, la libre determinación y la asignación de recursos de manera directa a los pueblos indígenas. “Tenemos muchos problemas todavía, pero ya no hay crimen organizado y ya no hay daño a la naturaleza”, dijo.
Aliados para el desarrollo
La delegaciones de Ecuador expusieron sobre el caso del Río Piatua, en el que se pretendía construir una hidroeléctrica en un río considerado sagrado para el Pueblo Kichwa de Santa Clara. También hablaron del caso del Bosque Protector Los Cedros, que lo reconoce como sujeto de derechos ante la amenaza de una minera; y sobre el caso del pueblo A’i Kofan de Sinangoe, en el que la Justicia ecuatoriana ordenó frenar la actividad minera en el territorio indígena y sus zonas de influencia.
El evento fusionó tradiciones como la toma de guayusa -una especie de té amazónico- y ayahuasca con el expertis de equipos legales como el de Amazon Watch y la participación de la lideresa shuar Josefina Tunki, vicepresidenta de la Red de Territorios de Vida TICCA Latinoamérica. “La fuerza de este encuentro está en demostrar que los pueblos indígenas que han ganado sentencias a nivel interamericano o a nivel nacional no quieren ser concebidos más de manera separada”, aseveró Carlos Andrés Baquero.
“A raíz de la COP30 queremos hacer un llamado a los gobiernos para que cumplan las sentencias nacionales e internacionales”, exigió Albert Talco, el representante de la Comunidad de Juristas Akubadaura. Además, en una rueda de prensa de cierre del evento y rodeado de las delegaciones, llamó a que se deje de ver a los pueblos indígenas como un obstáculo para el progreso, sino como aliados estratégicos en la protección de la naturaleza y el desarrollo sostenible.
Foto principal: delegaciones de siete países de Latinoamérica y de varios pueblos indígenas de Ecuador se reunieron en Sarayaku. Foto: cortesía Radio La Voz de la Confeniae
Nota: este artículo se actualizó el 11 de junio de 2025 a las 18.20 tras una comunicación de la Corte Interamericana solicitando una corrección en los términos utilizados para definir el cumplimiento de una sentencia.
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