- La boliviana Marlene Quintanilla es directora de Investigación y Gestión de conocimiento de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) y en la previa de las elecciones presidenciales de este domingo, dialogó con Mongabay Latam para analizar la realidad socioambiental de Bolivia.
- La experta afirma que en la Amazonía boliviana, la minería, tanto legal como ilegal, se ha expandido de cinco a siete veces en los últimos 30 años y sostiene que el debilitamiento de los organismos de fiscalización se convirtió en el talón de Aquiles del país.
- “La sequía ya no es un fenómeno, la sequía se está convirtiendo en una realidad”, advierte. “Lo mismo está pasando con las inundaciones”.
- Además, reflexiona sobre el rol del litio, la crisis económica boliviana y su impacto en el ambiente, la expansión de la frontera agropecuaria, los incendios y cómo se han acelerado los cambios de uso de suelo en el Chaco boliviano.
Bolivia elige este domingo a su próximo presidente. El futuro mandatario deberá afrontar numerosos desafíos y problemas socioambientales que aquejan al país desde hace décadas y que se han profundizado en los últimos años: la contaminación causada por la minería, los incendios por la expansión de la frontera agropecuaria, las inundaciones, la deforestación de los bosques nativos y las consecuencias de la exploración de litio en humedales son algunas de las problemáticas centrales.
Marlene Quintanilla es directora de Investigación y Gestión de conocimiento de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN). Ingeniera forestal y magister en Evaluación de Recursos Hídricos, trabaja por la conservación de ecosistemas a través del conocimiento y el entendimiento de su verdadero valor para el planeta.
En diálogo con Mongabay Latam, Quintanilla analiza la herencia socioambiental que asume el próximo gobierno y profundiza sobre la realidad boliviana desde una perspectiva diferente a la que monopolizó la campaña electoral. Con una crisis económica profunda, escacés de combustible y una inflación en crecimiento, Bolivia decide su destino en las urnas con la meta puesta en sobrepasar los vaivenes de su economía, pero de fondo hay otras cuestiones postergadas: la de un país megadiverso, que se ha convertido en una de los más vulnerables al cambio climático.
-¿Cómo se trató el tema ambiental durante esta campaña presidencial?
-Se identifican algunas propuestas, pero todavía son mínimas, están enfocadas en el combate de los incendios, pero aún se enfocan solo en temas jurídicos, no se habla de los cambios estructurales que se requieren. Sucede que en Bolivia si tenemos un buen componente legal que requiere actualizarse, que requiere estar a la medida de la problemática ambiental que hoy atraviesa el país, pero la parte más importante es justamente la fiscalización, el debilitamiento que existe en el sistema de cumplimiento de leyes. Varias propuestas hablan del tema ambiental, pero sin un plan que realmente pueda apalancar toda la problemática, lo hacen de manera superficial. También pienso que esto se debe a que la coyuntura en el país está muy enfocada en el tema económico. Ahorita vivimos en un año con mucha inflación.
-En este contexto, en el que lo que está primando en la agenda es lo económico. ¿Cómo hacen su trabajo desde la sociedad civil para concientizar a la población sobre las problemáticas ambientales?
-Creo que el tema ambiental y el tema cultural son dos temas que lamentablemente son temas de lujo. Históricamente, pasa en varios países, aunque el medio ambiente es una transversal porque no se puede lograr la buena salud y otros derechos de la población si la calidad ambiental es mala, todavía no se lo mira así. Entonces, cuando un país resuelve el factor económico, resuelve temas de educación, temas de salud, y recién ahí le da relevancia a lo ambiental. Un ejemplo claro fue el Covid-19: los presupuestos que primero se redujeron fueron el de cultura y ambiente. Creo que resolver el tema económico puede ser la prioridad, pero en paralelo hay cosas que se pueden hacer desde lo ambiental que no van a tener mucho costo económico.
Una ventaja de esta actualidad digital que tenemos es que la juventud poco a poco se está metiendo más en el tema ambiental, que se visibiliza gracias a la tecnología. Antes podías ver el mapa de incendios de Bolivia, pero había muy poca presión social. Ahora, la gente puede ver la magnitud del problema y genera una presión política a los candidatos, al gobierno de turno.
-Habló de una fiscalización ambiental debilitada en Bolivia como uno de los problemas estructurales del país. ¿Cómo podría el país fortalecer este sistema?
-Un país como Bolivia, en vías de desarrollo, realmente tiene que abrirse a la cooperación y al asesoramiento internacional. En su momento Bolivia lo tuvo y creo que eso funcionó. Lógicamente como país tenemos la independencia de nuestro marco legal jurídico, pero se requiere el apoyo para el fortalecimiento en la fiscalización. Funcionó hace unos 20 o más años, cuando se pudo fortalecer a las entidades que hacen la fiscalización, los que operativizan el cumplimiento de la ley. Pero se ha ido reduciendo su abanico de apoyo internacional.
Además, tenemos leyes y un marco legal desactualizados. En los últimos 20 años el componente ambiental ha cambiado. En Bolivia la demografía está cambiando. Es una demografía más dinámica, que está yendo más hacia las áreas donde hay más bosques, donde hay ecosistemas valiosos. Las llamamos tierras bajas. Normalmente, el país ha tenido a su población más concentrada en los valles y en el Altiplano. Las leyes no están actualizadas. Un ejemplo claro es el tema de distribución de tierras. Este concepto de que la tierra es para quien la trabaja, pero no recordamos que es también bosque. Cuando se tiene que titular un predio, el propietario tiene que tumbar el bosque para acreditar su derecho propietario. Entonces ahí falta la conexión también del tema ambiental con el tema de dotación de tierras, con el tema agrario. Se asume que la tierra tiene que estar ocupada con agricultura o con ganadería. Si la tierra está ocupada con bosque, la llaman tierra floja. Pero no es solo tierra: tiene biodiversidad y bosque. Entonces hay un cambio estructural que se requiere hacer desde la concepción misma de lo que se llama el derecho a la tierra. Hay que contemplar el bosque.
El otro tema es que tenemos una ley del agua que es de principios del siglo XX, cuando, justamente, los incendios y la deforestación muchas veces se posicionan en zonas de recarga hídrica, en zonas de abastecimiento de agua, en orillas, en áreas que son franjas de protección de cuerpos de agua, de humedales. Nuestro marco normativo ni siquiera habla de humedales.
-¿Por qué es necesario actualizar la Ley de Agua?
-De acuerdo a los datos que nosotros monitoreamos sobre superficies de agua, identificamos que en el país hay regiones donde los cuerpos de agua se han reducido entre el 9 % hasta un 40%. Y también hay una antropogénica de los cuerpos de agua. De hecho, la escasez del agua, las sequías y la demanda de ampliar más agricultura, ganadería y necesidades, hace que la gente esté ocupando más las tierras bajas y haya más desvíos de agua. La gente está construyendo infraestructura para recolectar agua, que necesariamente está genera un impacto. Una ley actualizada puede mitigar y frenar y evitar ciertos impactos que son no reversibles.
Tenemos también un aumento de minería o aumento de otras actividades como el sector hidrocarburífero, pero las normativas no han estado a la altura.
-¿La migración hacia las tierras bajas está implicando la extensión de la frontera agrícola y ganadera sobre el bosque boliviano?
-Sucede que Santa Cruz es uno de los departamentos que ha tenido un crecimiento económico importantísimo. El tema agroindustrial es clave, la ganadería es clave en el departamento y pues esto también genera mucho empleo, genera estabilidad económica. Pero, por el otro lado, desde 2010 a 2015 hubo una fuerte titulación de tierras, se han empezado a distribuir tierras a comunidades y eso también ha generado que vengan comunidades con estas expectativas, se han asentado. El desarrollo económico del oriente del país genera también esta atracción de venir a vivir acá. Fueron estos dos factores los que han incidido en ello y justamente el departamento más poblado ahorita es Santa Cruz, de acuerdo al último censo.
-Explicaba que Bolivia siempre estuvo más poblada en el Altiplano, el cambio se fue dando en las últimas décadas. Bolivia también está culturalmente asociada al Altiplano, pero, ¿cómo es la conexión de los bolivianos con su Amazonía?
-En Bolivia, siempre vemos a la Amazonía como un lugar que está allá, en el extremo norte del país. Santa Cruz es parte de la Amazonía, está entre las ciudades más grandes de la Amazonía, y esa conciencia no está ni en el mismo departamento de Santa Cruz. Acá hay una identidad más de Chiquitania, chaqueña [del Chaco]. Tenemos que resaltar el tema de la Amazonía porque tiene un rol importantísimo en generar una humedad que beneficia no solo a Bolivia, beneficia a nivel continental. Cuando se genera daño en los bosques amazónicos, los daños también van a nivel continental. Lamentablemente cuando la Amazonía se quema, afecta a todos los países que estamos en el continente de Sudamérica.
-Hablando de la Amazonía y sus ríos… la minería es una actividad central en Bolivia. En los ríos amazónicos, hay minería legal e ilegal, y en medio, estudios científicos que exponen la contaminación con mercurio, que afecta a las poblaciones locales. ¿Cree que se ha llegado a un punto crítico en este tema?
-Sí, sí, yo creo que vamos en ese camino. Lamentablemente las evidencias todavía son pocas de los niveles de contaminación que hay en los ríos, pero los pocos estudios que se hacen en peces y sedimentos, principalmente, relatan que la contaminación se ha disparado en los últimos años. La minería, tanto legal como ilegal, en la Amazonía ha crecido, se ha masificado y principalmente acá en Bolivia lo vemos en la región norte de la Amazonía de Bolivia. Nosotros identificamos que en la Amazonía boliviana, la minería, tanto legal como ilegal, se ha expandido de cinco a siete veces en los últimos 30 años. Es un crecimiento muy importante. Y esto también tiene que ver con que la Amazonía es muy rica, muy biodiversa, pero también hay abandono en necesidades económicas básicas por parte del Estado, hay comunidades que no tienen ingresos económicos, donde no hay acceso a salud, educación, no están conectados. Ellos normalmente se trasladan en avionetas.
Las comunidades ven en la minería una oportunidad de tener empleo, de tener un ingreso y desconocen el impacto ambiental que se está generando.
Además de la minería, en la Amazonía se están dando incendios y deforestación. Brasil y Bolivia somos los países que estamos lamentablemente en el podio de los dos, estamos entrando en un punto de no retorno, porque vemos que las sequías se están dando de una manera muy intensa. Estas sequías extremas se daban cada 20 años, cada diez años. Ahora vemos que se dan cada dos años, cada año. De hecho, ya no es un fenómeno, la sequía se está convirtiendo en una realidad. Lo mismo con las inundaciones. No teníamos inundaciones, pasaban cada 30 años, pero ahora ya pasan cada tres años, cada dos años.
-Hablamos de minería de río pero Bolivia actualmente también se divide en torno al litio y los minerales para la transición energética del norte global. Vemos, además, políticos discutiendo y peleando en torno a los contratos con empresas de Rusia y China. ¿La exploración de litio en Bolivia es una potencial amenaza ambiental?
-Todo este mar de sal, de donde se pretende extraer el litio, los salares, cumple el rol de humedal y de fuente de agua, y toda obra siempre va a generar un impacto. La manera inteligente en que se puede dar la obra es asegurar que la empresa a la que se vaya a adjudicar cumpla con los estándares internacionales de reglamentación ambiental porque los daños ambientales, los pasivos, son irreversibles.
El otro punto es la balanza entre el beneficio y el costo. Estos dos puntos todavía no son parte de la discusión, se discute el tema más desde un ámbito de patriotismo, de si la empresa [china o rusa] y no se lo ve de una manera más neutral. Casi todos los sectores políticos están poniendo la esperanza en este tema. Lo más importante es que se haga el cumplimiento de estos estándares con el menor impacto, con el menor daño posible ambiental. ¿Cuáles son los beneficios para el país de esta extracción de litio? Todavía no hay muchas métricas. Siento que todavía no hemos avanzado, espero que en el próximo gobierno tengamos mayor información y se vea con responsabilidad.
-Bolivia es Altiplano y Amazonía, entre otros biomas, pero también es parte del Gran Chaco sudamericano…
-Sin duda el Chaco boliviano representa una muy buena parte del país. Hay una identidad cultural principalmente acá en Santa Cruz, la zona sur, son departamentos eminentemente chaqueños. Si bien a nivel nacional el Chaco boliviano ha sido la región mejor conservada, lamentablemente esta realidad está cambiando. En nuestro mapeo lo que vemos es que se han acelerado los cambios de uso de suelo en el Chaco. El Chaco boliviano, a diferencia de la Amazonía, es una región muy resiliente a los cambios de temperatura y anomalías climáticas, resiste a las extremas sequías. Pero lamentablemente el Chaco no puede adaptarse a este cambio antrópico o al cambio humano. Y una vez que se pierde el Chaco, no es como en el caso de la Amazonía, que se puede regenerar con la humedad que hay, en el Chaco, una vez que se pierde ese bosque, es difícil que se regenere. Entonces, esto es preocupante y requiere un tratamiento especial.
-¿A qué se deben estos cambios en el uso del suelo en el Chaco boliviano?
-Una de las razones más importantes es el ingreso de los menonitas, que por donde se posicionan empiezan a crecer rápidamente. Y está expandiéndose de a poco la ganadería. También vimos que se están haciendo hornos de carbón, pero creo que quizás en la balanza la parte más importante es el avance de la agropecuaria, principalmente menonita.
-Bolivia incorporó los derechos de la Madre Tierra en la Constitución. ¿Crees que solo quedó en palabras escritas?
-Creo que de alguna manera en el balance puede quedar así. Bolivia es el país con más extensión de sitios Ramsar, pero terminan siendo cuestión de voluntades. Nuevamente creo que el tema de fiscalización ha sido el punto más importante, los sitios Ramsar o la Ley de la Madre Tierra han sido difíciles de operativizar y materializar. Ha faltado su marco normativo, de cómo reglamentar y cómo se hace efectivo ese cuidado de la Madre Tierra. Y creo que ahí tuvo que ver también el debilitamiento de la fiscalización. La seguridad jurídica de los bosques no existe todavía en el país, aunque tenemos una ley forestal, una ley de medio ambiente.
Cuando uno ve Bolivia, la mitad del país todavía es bosque. Tenemos ecosistemas muy valiosos, muy importantes. Estamos entre los diez países a nivel global más vulnerables a los efectos del cambio climático. Las sequías y las inundaciones generan pérdidas innumerables en el país, lo cual nos indica que no es garantía tener tanto bosque para adaptarnos al cambio climático, porque somos un país altamente vulnerable.
Estamos en una nueva realidad climática y requerimos trabajar en la capacidad adaptativa desde los territorios, desde los distintos niveles de políticas que hay en el país, desde lo municipal, lo local, lo departamental y lo nacional. Entonces lo ambiental y el cambio climático son un tema importante para Bolivia, pero todavía no lo miramos con profundidad.
Imagen principal: Marlene Quintanilla, directora de Investigación y Gestión de conocimiento de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN). Foto: cortesía FAN
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