- En Yucatán, sólo el 1,16 % de pescadores registrados oficialmente son mujeres. Sin embargo, ellas son quienes lideran las labores de conservación marina en comunidades como Celestún, San Felipe y Río Lagartos.
- Yucatán encabeza las denuncias por comercialización ilegal de productos pesqueros, con más del 32 % del total nacional. Entre 2009 y 2024 se decomisaron más de 4500 toneladas de pesca ilegal en ese estado.
- La poca vigilancia institucional y la falta de presupuesto para medidas de control han llevado a que las mujeres se organicen voluntariamente para defender su territorio marino.
- Para cumplir con sus funciones de vigilancia y monitoreo, se han capacitado en buceo, manejo de drones y análisis de datos.
En el norte de la península de Yucatán, donde el golfo de México se entrelaza con una franja de manglares y playas de arena blanca, la pesca ha sido por generaciones el soporte económico y cultural de las comunidades. Pero en puertos como Celestún, San Felipe y Río Lagartos, la abundancia que alguna vez ofreció el mar ha comenzado a escasear: especies clave como el mero (epinephelus morio), el pulpo (octopus maya), la langosta (panulirus argus) y el pepino de mar (holoturoideos) están bajo presión por la sobreexplotación y la pesca furtiva. Ante la escasa vigilancia de las autoridades mexicanas, son las mujeres pescadoras, madres de familia, comerciantes y buceadoras quienes se organizan para proteger esos espacios marinos.
Leer más:“Las mujeres sí podemos pescar, la pesca no es solo cosa de hombres” | ENTREVISTA
Con sus propios medios, estas mujeres realizan rondas de vigilancia, documentan irregularidades, disuaden a pescadores furtivos y recogen pruebas para presentar denuncias. Lo hacen sin salario, sin seguro y, muchas veces, sin figurar siquiera en los registros oficiales de pesca. Aun así, han logrado reducir la pesca ilegal y, poco a poco, cambian la percepción sobre su papel en un sector históricamente dominado por hombres.
Su presencia en el agua no solo desafía a la ilegalidad, sino que también pone en evidencia la debilidad institucional en la zona. En un estado como Yucatán, que encabeza la lista nacional de denuncias por pesca ilegal y donde hay apenas siete inspectores oficiales para vigilar más de 370 kilómetros de costa, el trabajo de estas mujeres no solo llena un vacío, sino que también propone una nueva forma de cuidar el mar desde lo colectivo, lo técnico y lo comunitario.
Celestún: la cuna de las mujeres que cuidan el mar
En el puerto de Celestún, hay diez personas sentadas: cinco hombres y cinco mujeres. Es una escena poco común en un sector que suele estar dominado por varones. Sin embargo, ellas se abren paso. Con binoculares al cuello, libreta en mano y dron, participan en la vigilancia comunitaria para cuidar el mar y frenar la pesca ilegal.
En una maleta negra e impermeable guardan sus binoculares, su cámara fotográfica, un botiquín, un cargador solar, una tablet, su libreta y un navegador satelital. Este último es el que les señala el polígono del refugio pesquero que patrullan.
El refugio pesquero de Celestún fue creado por primera vez en 2019, como una urgencia para proteger recursos como el pepino de mar, el mero y la langosta, altamente amenazados por la sobreexplotación y la pesca furtiva. En este espacio se prohibió la pesca por un periodo de cinco años para ayudar a que las especies marinas se recuperen y, por primera vez este año, se permitirá sólo la pesca de pulpo de forma artesanal.
El diseño de estos refugios se basa en el comportamiento de las especies que se desean proteger. Por ejemplo, si un pez nada hasta tres kilómetros en un día, el refugio debe extenderse al menos nueve kilómetros para garantizar que encuentre un espacio seguro dentro de su rango natural de movimiento. Así se crean condiciones para que sus poblaciones se regeneren de manera efectiva.
A través de sus labores, las mujeres guardianas buscan que esa protección no se quede solo en el papel.
Aunque son minoría, su aporte a la conservación es innegable. La Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán (Sepasy) cuenta con un padrón —listado oficial— de pescadores del estado, en el que se registran los nombres de 12 382 personas dedicadas a la pesca. Solo 143 son mujeres, lo que representa el 1,16 %. La mayoría se encuentra en municipios como Progreso, Celestún, San Felipe, Hunucmá y Río Lagartos, todos ubicados al norte de la península yucateca.
Los nombres que más se repiten en el listado son: Manuel Jesús, Miguel Ángel, Víctor Manuel, José Luis y Luis Alberto. Pero aquí, en la asamblea comunitaria de vigilancia en Celestún, quienes toman la palabra son Damaris, Reina, Laura, Rocío, María de la Luz y Esther.
Damaris Chuy, una mujer joven y morena, que sobresale por su liderazgo al momento de trabajar en equipo, recuerda que en los últimos cuatro años su esposo ha llegado a la casa cada vez con menos pesca. Como madre de familia se preocupa: es una muestra de que las especies con las que se alimentan, o las que venden para subsistir —como el mero y el pulpo—, se están agotando.
“Además, los pescadores nos dicen que antes podían pescar a 25 millas mar adentro, pero ahora tienen que irse mínimo hasta las 60 millas”, agrega Chuy. Ahí entendió que había que actuar con urgencia. A su sentir se sumaron más mujeres de la zona.
“Antes pensábamos que esto era solo para hombres. Pero comenzamos a involucrarnos en la vigilancia porque notamos que, cuando los varones se encontraban con pescadores furtivos, los enfrentamientos eran más fuertes. Entonces lo vimos como una estrategia: con nosotras se calman un poco. Lo que hacemos es tratar de impedir que pesquen dentro del refugio pesquero y que no capturen especies en veda”, explica Reina Dzul, otra de las mujeres de Celestún que dejan la orilla para convertirse en guardianas de su territorio marino.
Aunque es difícil regular la pesca en una comunidad pesquera, estas mujeres saben que esa es una de las pocas alternativas que tienen para conservar el recurso. Las reglas son estrictas: nada de pescar haciendo buceo con tanque, ni pesca deportiva o redes de arrastre.
Para realizar las labores de vigilancia, Rocío de la Cruz, quien lleva en el grupo casi cinco años, explica que se organizan de un día para otro, principalmente por razones de seguridad —para no alertar a los pescadores furtivos de que la costa será vigilada—, pero también porque dependen de las condiciones del clima y de si hay recursos suficientes para el combustible.
El grupo se establece con quienes pueden y tienen el tiempo, generalmente cinco o seis personas. “Nos avisamos por mensaje: mañana hay rondín —como se conoce localmente al patrullaje—, y todo lo que vemos durante la jornada lo reportamos (a la Conapesca)”, dice Reina Dzul.
Las mujeres involucradas no reciben apoyos estatales ni federales, pero sí de la organización internacional WildAid, que a través de recursos y capacitación, trabaja para proteger la vida silvestre y los ecosistemas marinos amenazados, fortaleciendo la aplicación de las normas en el océano y la reducción de la pesca ilegal en áreas marinas.
En una jornada habitual, primero se cargan los tanques de gasolina —en los que invierten hasta cuatro mil pesos mexicanos (215 dólares) por recorrido— y luego se asignan las tareas: una lleva los binoculares, otra toma fotos con la cámara y el dron, alguien más anota todo en la libreta y una más, si se presenta la ocasión, se encarga de conversar con los pescadores.
“No llegamos de golpe. Primero observamos desde lejos. Anotamos las placas de la lancha y vemos si la embarcación tiene nombre. Si vemos algo extraño, nos acercamos, siempre cuidando nuestra seguridad”, explica Dzul. El protocolo es claro: si hay riesgo, se retiran.
Su presencia en el agua desde hace cinco años ha dado resultados. Según sus datos, lograron reducir las embarcaciones que pescan ilegalmente en el refugio de 15 a tres o cuatro por mes.
Lo cierto es que Yucatán, según cifras que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) le entregó vía transparencia a Mongabay Latam, se encuentra entre los tres estados con mayor número de denuncias por pesca furtiva (345, entre 2010 y 2023). Además, encabeza la lista nacional en denuncias por comercialización ilegal de especies marinas, con 186 reportes formales que representan más del 32 % del total en el país.
Más allá de las denuncias, según la misma entidad, entre 2009 y 2024, en Yucatán se han retenido más de 4579 toneladas de producto pesquero marino de origen ilegal —la quinta cifra más alta del país, solo por debajo de Jalisco, Ciudad de México, Sonora y Sinaloa—. Además se han decomisado 300 embarcaciones, 588 vehículos y más de 7000 artes de pesca, y se han puesto a disposición de las autoridades 104 personas por relación con la pesca furtiva.
Estos datos revelan una presión constante sobre los ecosistemas marinos y una alarma creciente. Más aún si se considera que el litoral de Yucatán es más corto que el de otros estados, que hay menos embarcaciones operativas y que las capacidades institucionales para atender esta problemática son limitadas.
Como resultado, son las mujeres quienes se encargan de tomar fotos que sirvan como pruebas para interponer cada mes las denuncias por pesca furtiva en el Sistema de Denuncia de Pesca Ilegal de la Conapesca.
Además, patrullan cada semana porque ni la Conapesca ni la Secretaría de Marina (Semar) realizan recorridos de vigilancia, aseguran.
La razón de esa ausencia institucional también está en los números: desde 2020, hay solo siete personas de la Conapesca dedicadas a vigilar 15 puertos y más de 378 kilómetros de litoral.
Asimismo, para 2025, el presupuesto federal asignado para estas tareas fue de 42.7 millones de pesos mexicanos (cerca de 2,3 millones de dólares), muy por debajo de los 107.2 millones (5,7 millones de dólares) destinados en 2020, lo que representa una reducción superior al 60 %, de acuerdo con la respuesta otorgada por la misma dependencia estatal. Sin embargo, la Semar asegura que ha realizado 135 operativos conjuntos con Conapesca desde 2023, concentrados en municipios como Progreso, Celestún, Río Lagartos, Dzilam de Bravo y Telchac Puerto.
Otro aspecto preocupante es que la pesca ilegal no parece estar en la agenda de la Secretaría de Pesca y Acuicultura Sustentables de Yucatán (Sepasy). En una solicitud de información realizada por Mongabay Latam, la entidad aseguró que “el tema de la pesca furtiva” no fue incluido en las discusiones de la Sesión Extraordinaria de Instalación del Consejo de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Yucatán ni en la Primera Sesión Ordinaria, espacios donde se construyen las nuevas rutas de acción.
En San Felipe y Río Lagartos, buceadoras patrullan el mar
Es domingo por la mañana en San Felipe, en la costa oriental de Yucatán. En el malecón se celebra el Festival del Renacer de la Costa, impulsado por el Gobierno local con el objetivo de “sensibilizar a la población sobre la importancia de las vedas, con especial énfasis en la veda del mero”, señala un comunicado oficial.
A un lado del muelle, unos jóvenes trasnochados bailan, la música suena fuerte y se acumula la basura del día anterior. Unas calles más adelante, un grupo de mujeres se prepara en silencio.
Leer más:Mujeres que protegen el territorio: las defensoras en Colombia viven al filo de muerte
Son buceadoras que monitorean esta zona del litoral de Yucatán. Desde el 2020 han recibido capacitación, certificados y la confianza de sus comunidades para ayudar a conservar los recursos marinos. Mientras otros celebran, ellas se alistan para patrullar la costa.
“Tratamos de ser pescadoras más conscientes con lo que hacemos en el mar. Procuramos no extraer especies que están en veda o que no alcanzan la talla requerida. Más allá del monitoreo y la vigilancia, nos dedicamos a cuidar todo nuestro ecosistema marino”, relata Stacy Acevedo, quien pesca desde que tenía 17 años y, tras más de una década, ha visto cómo su compromiso se hace más fuerte.
Acevedo comenzó acompañando a su papá en el mar y, con las ganancias de la pesca, pagó sus estudios. Ahora, señala, su convicción es conservar y motivar a más personas a hacer lo mismo.
Frente a los municipios de San Felipe y Dzilam de Bravo, el 27 de diciembre de 2024 se decretó el Refugio Pesquero “Actam Chuleb” en aguas marinas de jurisdicción federal. Allí, el grupo de voluntarias del que forma parte Stacy Acevedo realiza en promedio cuatro monitoreos al mes. Ella y sus compañeras recuerdan que al inicio la comunidad las tachaba de locas, pero ahora comienzan a valorar sus acciones.
Para Jacobo Caamal, implementador del equipo de Comunidad y Biodiversidad (COBI) AC —una organización civil mexicana fundada en 1999 que promueve la conservación del océano y el uso sostenible de los recursos pesqueros—, la participación de las mujeres en el sector pesquero debe entenderse más allá del acto de pescar.
“Decretar un refugio involucra aspectos como el monitoreo, la vigilancia, la educación y la capacitación para que se pueda hacer todo el manejo. Aquí, en especial, hay mucha presencia de mujeres y nos damos cuenta de la necesidad de visibilizar el rol que tienen en el sector pesquero. Son parte importante de la maquinaria pesquera”, asegura.
En comunidades como San Felipe y Río Lagartos, COBI impulsa procesos de formación técnica con las mujeres como protagonistas. “Hay más mujeres monitoras que en los otros puertos del estado. Algunas son buceadoras certificadas por la agencia PADI y otras están capacitándose como analistas de datos”, explica Caamal.
En Río Lagartos, Jéssica Marfil y Gloria Pereira vigilan las costas desde hace más de un año. Han enfrentado gritos, burlas y amenazas, pero también evitan las capturas de especies amenazadas como la langosta y el pulpo en zonas vedadas.
Al regresar al puerto no hay medallas ni aplausos, solo una bitácora llena de datos y el cansancio en los brazos.
Jéssica Marfil admite que aunque vigilan el área de 23.7 kilómetros cuadrados, no tienen la facultad para “castigar” a las personas. Al igual que sus colegas de Celestún, se encargan de hacer fotografías y, si la situación lo permite, les señalan a los pescadores las razones por las que no está permitido pescar en esa zona. “Solo tomamos fotos y anotamos los datos, pero no nos ponemos a discutir porque, teniendo la evidencia y la documentación, podemos ir a denunciar”, señala Marfil.
Estas mujeres son inspiración para las más jóvenes de sus comunidades y sostienen una red de vigilancia que ayuda a cuidar sus recursos marinos.
Ahmed Burad Méndez, coordinador del Programa Marino de WildAid en México, es testigo del trabajo que hacen: “Cada vez se ve más un rol activo de la mujer en aspectos técnicos y de manejo de los recursos pesqueros. Aportan una importante perspectiva en el cuidado de su sustento: la pesca”, afirma.
Un trabajo poco reconocido, pero necesario
Desde Celestún hasta El Cuyo, pasando por San Felipe, Telchac Puerto y Río Lagartos, hay una red viva de guardianas del mar que cada día se esfuerza porque sus hijas e hijos conozcan en el futuro las especies que hoy ellas protegen.
La doctora María Teresa Castillo Burguete, investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), una institución creada en 1961, explica que la participación de las mujeres en las actividades relacionadas con la pesca está marcada por una doble invisibilización: por considerar sus labores como parte de la cotidianidad familiar y por unas dinámicas que no reconocen ese aporte. “Gran parte de las funciones que realizan las mujeres se invisibilizan porque se asumen como lo ‘esperado’, que ‘ayuden’ en el hogar e incluso en aspectos como la comercialización de la pesca”, afirma.
Laura González Rivera, coordinadora general de la Alianza Kanan Kay —que desde la sociedad civil trabaja en fortalecer la vigilancia comunitaria en Yucatán— coincide: “La integración de mujeres a las tareas de vigilancia y monitoreo es el resultado de una convergencia de factores comunitarios, organizativos y culturales. Tras su vinculación se observa un cambio paulatino pero sostenido en la percepción del rol de la mujer en las actividades pesqueras y de conservación”.
Durante 2024, la Alianza Kanan Kay facilitó procesos de capacitación jurídica y técnica para comités y liderazgos locales en zonas de refugio pesquero como Celestún, Río Lagartos y Telchac Puerto. En Celestún, 18 mujeres fueron formadas en vigilancia y dos más en buceo.
José Luis Carrillo, presidente de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas (Conmecoop) —una red de 600 cooperativas pesqueras con presencia en 15 estados del país—, asegura que la participación de las mujeres es creciente cada día. “Ya hay más apertura y más formatos en los que las mujeres participan. He visto que se involucran más en monitoreo y vigilancia y eso es importante”, afirma. Según él, los estados donde hay más mujeres involucradas en temas de vigilancia son Chiapas, Oaxaca y Yucatán.
Pese a los avances, los desafíos siguen siendo muchos: hay estructuras institucionales débiles, datos esquivos, riesgos constantes y falta de reconocimiento. Pero, frente a esa marea, las mujeres resisten con su propia fuerza. No esperan directrices desde arriba, sino que trazan su propia ruta en el mar. Cada recorrido, foto tomada, matrícula anotada y dato registrado es un paso más para la conservación del litoral.
* Este texto es parte de una alianza periodística entre Mongabay Latam y Causa Natura.
Imagen principal: En el litoral yucateco, grupos de mujeres se han organizado para proteger su costa. Foto: cortesía Natalia Gutiérrez
Créditos
