El argentino Enrique “Quique” Viale preside la Asociación de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), una de las organizaciones ambientales que ha judicializado los principales casos de contaminación, deforestación, ecocidio y otros impactos en la naturaleza. En diálogo con Mongabay Latam cuenta las dificultades por las que atraviesan los abogados para denunciar y sostener causas sobre delitos ambientales frente a los lobbies y la alianza entre la política y el poder económico, una matriz que se repite a lo largo de toda Latinoamérica.

Además, explica algunos los principales expedientes: la conexión entre funcionarios y empresarios de la deforestación en la provincia del Chaco; la necesidad de proteger el Golfo San Matías de los nuevos proyectos de transporte de hidrocarburos en esta región patagónica, donde las ballenas francas australes deberán enfrentar graves amenazas; y el éxito en el caso conocido como la Masacre de los Pingüinos en la provincia de Chubut. También, las expectativas frente a la próxima cumbre climática global, la COP30 en Belém, Brasil, que comenzará en menos de dos semanas.

—¿Cómo nació la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas?

—Hice casi toda la carrera de Derecho en la UBA [Universidad de Buenos Aires] sin ninguna materia de derecho ambiental. Amo la UBA y para mí es la mejor universidad del mundo, pero nunca tuve una materia de derecho ambiental. La única que teníamos era Régimen Jurídico de los Recursos Naturales. En 1998, se celebró en Argentina la COP4 [cumbre climática global de la ONU]. Se hizo en el Centro Municipal de Exposiciones, al lado de la Facultad de Derecho. Era muy fácil entrar porque antes de septiembre de 2001, con el atentado a las Torres Gemelas, las medidas de seguridad eran otras. Sabía que el derecho tradicional no me gustaba. Pasé por la puerta y me invitaron a entrar. Dije que sí. Y me empecé a copar con las charlas paralelas. Fue cuando dije: yo quiero hacer esto. Pero no encontraba cómo. Cuando me recibí en 2000, el único posgrado que había se llamaba igual que la única materia que teníamos: Régimen Jurídico de los Recursos Naturales. Era una visión instrumental de la naturaleza: contrato de arrendamiento, contrato agrario, contrato de minería. Empecé a hacer ese posgrado y había algunas docentes, mujeres sobre todo, que daban derecho ambiental. Y ahí, con compañeras y compañeros del posgrado dijimos: no hay nadie que nuclea a los abogados ambientalistas. En 2004, fundamos la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas. Ser abogado ambientalista en Argentina es muy difícil para ganarse la vida, si no trabajas en una petrolera. Lo era mucho más hace 20 años. Entonces la gente iba quedando en el camino porque no soportaba. Hace unos cinco o seis años, pudimos conformarnos bien como ONG. Conseguimos fondos y ahora estamos con un equipo de comunicación, un equipo legal, un equipo de transiciones con [la socióloga argentina] Maristela Svampa.

—Una de las principales causas judiciales que impulsaron es la de deforestación en la provincia del Chaco, que forma parte del Gran Chaco sudamericano. Revelaron las conexiones políticas y económicas entre funcionarios y exfuncionarios de la provincia con las empresas que consiguieron los permisos para deforestar el bosque chaqueño. ¿En qué estado está esta investigación judicial?

—La causa está en un momento complejo. Como todas las causas ambientales, arrancan con fuerza y después el poder se empieza a meter. Estamos en un momento en el que la jueza se declaró incompetente. Nosotros lo apelamos, pero la Cámara de Apelaciones confirmó la incompetencia federal. Es una forma de sacarse la causa de encima. Pero apelamos ante la Cámara de Casación [la instancia siguiente, previa a la Corte Suprema] y está pendiente de resolución. Pero tenemos al Gobierno de Chaco y los poderes fácticos económicos operando sobre la causa. Aún así, pudimos obtener un montón de pruebas y la propia inercia de la causa consiguió un montón de cosas, como por ejemplo, la renuncia de un ministro de Producción de la provincia; que un diputado con 20 años en una banca ya no sea diputado. También generó cambios normativos. Muchas veces el camino es la victoria.

En lo jurídico-ambiental, y sobre todo con lo penal, aunque no consigas el juicio oral y la condena, muchas veces el propio proceso va generando cambios. Es difícil en la Argentina lo jurídico y penal porque no hay tipos penales ambientales y porque no hay una tradición tampoco. Hay una gran impunidad ambiental.

—¿Qué esperan del Poder Judicial en esta etapa de la causa?

—Primero, que se mantenga la competencia federal [y el expediente no pase a la Justicia de la provincia de Chaco]. Si no, la causa se dispersaría en un montón de juzgados locales, donde la injerencia del gobierno de Chaco es mucho más fuerte.

Pero además porque en términos de competencia es claramente federal. El tema de la competencia es muy importante. Por ejemplo, en la provincia de San Juan [en la frontera con Chile] no podemos actuar contra las ilegalidades que comete el lobby minero porque la Justicia local está totalmente cooptada por los tentáculos mineros.

También esperamos que se pueda profundizar la investigación. Tenemos una fiscalía que actuó siempre muy bien, con mucha determinación y enfrentando a los poderes. Entonces la competencia federal haría que se mantenga ese fiscal federal que ha trabajo bien, y que podamos, eventualmente y después de haber procesado más pruebas, profundizar el tema de lavado de activos de delitos ambientales. Esperamos poder llegar a juicios orales y que en el banquillo de los acusados estén quienes se han enriquecido durante décadas destruyendo el monte chaqueño y que forman parte de esta maquinaria político-empresarial que nosotros denunciamos, lo que llamamos “la mafia del desmonte”.

—Si tuviera que resumir cómo funciona esa maquinaria de lo que ustedes denunciaron, ¿cómo lo describirías?

—Como una puerta giratoria. Funcionarios que pasan de un lado al otro del mostrador [entre el sector público y el privado] y cuyo objetivo es enriquecerse a partir de la destrucción o de la sobreexplotación del monte chaqueño, con consecuencias para todos. Funcionarios que cuando son funcionarios actúan, no en el interés general, sino en el interés de un poder económico que se mantiene más allá de quien gobierne. En Chaco esto pasa más allá de lo ideológico o del partido político, a lo largo de los años.

—También han realizado otras denuncias que incluso llegaron a la Corte Suprema de Justicia. Recientemente, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) emitió una moción para proteger al Golfo San Matías, una zona que estaba protegida por ley hasta septiembre de 2022, cuando la provincia de Río Negro modificó la normativa para permitir el transporte de petróleo y gas en esta zona de biodiversidad con alta vulnerabilidad. ¿Qué importancia tiene este caso a nivel judicial?

—Estamos instando judicialmente a la protección del Golfo San Matías. Su protección legal se modificó intempestivamente, de un día para otro, algo que viola el principio de no regresión. Esta causa tiene muchísimas dificultades porque también implica enfrentar a los poderes políticos y económicos conjuntos, entonces estás contra los lobbys más fuertes y que tienen ascendencia sobre la Justicia. Nosotros pensamos mucho cuando hacemos una acción judicial, no hacemos todo el tiempo ni tiramos al voleo, son acciones muy fundadas, muy largas, muy pensadas, investigadas, en algunos casos con arrepentidos. Cuando llegas a la Justicia con un planteo serio, en primera instancia logras resultados porque tienes razón. Logras una medida cautelar, pero el poder ahí empieza a actuar y en unos meses empiezan a actuar las Cámaras de Apelaciones. Es lo que nos pasó en el caso del Golfo San Matías. Hasta ahora no se ha avanzado concretamente en la causa, pero seguimos.

—Este año, un caso judicial que llevaron adelante con otras organizaciones dio buenos resultados y sentó precedentes: la condena por la masacre de los pingüinos de Punta Tombo, en la provincia de Chubut, Patagonia. ¿Cómo fue llevar adelante este caso?

—Siempre es muy difícil. Vas buscando distintas estrategias. En este caso, se judicializó un tema que era muy elocuente y muy evidente, pero le dimos una vuelta de tuerca. Además de constituirnos como querellante junto a Greenpeace y a la Fundación Patagonia Natural, establecimos una estrategia desde la querella de que la acusación vaya más allá del delito de crueldad animal y que se pida una condena por daño agravado. Eso fue para mí lo más interesante de la condena porque el maltrato animal era muy evidente, pero se demostró también un daño a los ecosistemas.

Tienes que establecer estrategias para ir corriendo todo el tiempo la jurisprudencia. En Argentina no hay nadie preso por contaminar, hay algunas condenas, puede ser, pero todas apeladas y nadie preso. Y esto sucede a pesar de que está lleno de ilegalidades ambientales, con la minería en la Cordillera, las petroleras en la Patagonia, el agronegocio con los agroquímicos. Las condenas, insisto, siempre son menores, porque además no hay tipos penales ambientales, entonces tenés que ir por los tipos penales como daño agravado y no daño ambiental agravado.

Nosotros venimos proponiendo desde hace años un capítulo ambiental en el Código Penal. En lo que ayuda mucho la vía penal es en conseguir pruebas, porque el proceso investigativo implica allanamientos, pedidos de requisitoria que hace el Poder Judicial, es otro dinamismo.

En el trayecto, te enfrentas a gobiernos y corporaciones y a medios de comunicación alineados, y más en las provincias, donde están cooptados por los gobiernos o por las empresas. Es muy desigual. Del otro lado tienes los estudios jurídicos más poderosos o estudios jurídicos integrados por exjueces, con muchos contactos en la Justicia.

—¿Qué tan cerca o qué tan lejos está la posibilidad de tener tipos penales ambientales en el Código Penal Argentino?

—En este momento tenemos un Gobierno nacional negacionista de la cuestión climática y ecológica. Es uno de los peores momentos. En Argentina, estamos a la defensiva, buscamos conservar lo que tenemos a nivel ambiental, como la Ley de Glaciares y la Ley de Bosques. Va a ser difícil ampliar derechos o conseguir nuevas normativas. Por supuesto, hicimos proyectos de ley.

—¿Encuentra eco en algunos legisladores?

—Ahora, es el peor momento. Tuvimos épocas en las que había diputados y senadores mucho más receptivos, como [Fernando] Pino Solanas, Miguel Bonasso, Marta Maffei. Eran otras épocas, incluso no hasta hace mucho, Leonardo Grosso [quien ya no ocupa una banca], Florencia Lampreave. Obviamente el Frente de Izquierda, que siempre acompaña. Teníamos siempre en cada bloque a alguien receptivo. Y ahora no es tan sencillo. Ahora el Congreso también está a la defensiva. Pareciera que hubiese otras prioridades. Me parece que hay una ceguera de la clase política de no entender que la médula del proyecto económico de [Javier] Milei es la entrega de los territorios, de los recursos naturales. Naturaleza, le decimos nosotros. Y después hay que romper un consenso extractivista, que excede las ideologías. Por ejemplo, los diputados y senadores de las provincias cordilleranas están a favor de la gran minería, sean del partido que sean.

—Empezamos hablando de la COP4. Ustedes estarán presentes en la COP30, en Belém, Brasil, a principios de noviembre. ¿Con qué expectativas van?

—Es la primera cumbre amazónica o en un lugar amazónico. No es menor, en un momento en el que está siendo amenazada y con la gran contradicción de la aprobación de Lula [da Silva] hace días, de un proyecto de Petrobras para extraer petróleo de la Amazonía. Pero más allá de eso, lo interesante es que es amazónica y que va a tener un gran protagonismo de los pueblos, con la Cumbre de los Pueblos paralela, donde lo social va a tener una importancia. Creo que es momento de tratar de plantear desde otros lugares que el hecho de que esta COP sea la número 30 evidencia que nos seguimos reuniendo y que la cuestión no parece solucionarse. Por eso es un momento de propuestas radicales de la sociedad civil y esperemos de algunos gobiernos. Confío más en el Gobierno de Colombia, por ejemplo.

—¿Cómo deberían ser esas propuestas radicales? ¿A qué deberían apuntar?

—A atacar principalmente el problema que es el sobreconsumo del norte global, que el norte global se haga responsable de lo que hizo pagando la deuda ecológica, empezar a tener mecanismos concretos de pago de esa deuda ecológica y planteando que lo que hay que atacar fundamentalmente son los modos de vida que son absolutamente incompatibles [con la descarbonización]. Confrontar fuertemente con las falsas soluciones o los intentos de colonialismo verde, de poner nuevamente a América Latina como zona de sacrificio en nombre de salvar el planeta, como pasa con la explotación del litio, tierras raras, cobre. Toda esa explotación es en nombre de salvar el planeta y nadie cuestiona estos modos de vida que son incompatibles. No hay forma de cambiar todo el sistema automotor del mundo para convertirlo en eléctrico. No hay litio en el mundo para ese objetivo, no es sustentable en sí mismo.

Imagen principal: la región chaqueña, en el noreste del país, es la más afectada por la deforestación en Argentina. Foto: Greenpeace Argentina, archivo

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