El Congreso peruano aprobó el año pasado la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. El cambio a la norma atenta contra el adecuado uso de los recursos forestales en el país sudamericano, donde se eliminó la obligatoriedad de exigir la zonificación forestal y tramitar previamente el uso de cambio de suelo con fines agrícolas, antes de deforestar bosques para cultivos.

Además, le quita al Ministerio del Ambiente la potestad de decidir sobre el establecimiento de los bosques de producción permanente. La directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental, Julia Urrunaga, señala que pese a que ya hay demandas ante el Tribunal Constitucional para declarar la inconstitucionalidad de la norma, el Congreso está trabajando en modificar otras leyes para favorecer a las grandes empresas en la deforestación a gran escala.

—A un año de aprobarse estos polémicos cambios en la ley, ¿cuál es su balance?

—Lamentablemente lo que hemos llamado la ley antiforestal es un incentivo perverso que impulsa la deforestación de los bosques porque a la hora de que tú legalizas la deforestación ilegal el mensaje que estás mandando es “no importa, avancen, deforesten nomás, que eventualmente vamos a legalizarlo”. Además, es inconstitucional, porque pasa por encima de la protección del patrimonio forestal, que está definido en la Constitución, y viola los derechos de los pueblos indígenas al no haber pasado por consulta previa.

Y por ejemplo, yo creo que algo en lo que hemos podido empezar a verlo ha sido en el tema de los incendios forestales del año pasado, que si bien los incendios forestales son una cosa natural en la Amazonía. Las condiciones climáticas han sido similares a las del año pasado y al año anterior, pero el aumento de la destrucción de bosques fue muchísimo más. La lectura inicial es que se han generado incentivos porque la cantidad que ha habido este último año no tiene sentido con lo histórico.

—Otro de los cuestionamientos es que la nueva ley suspende temporalmente la obligatoriedad de exigir la zonificación forestal como requisito para entregar títulos habilitantes, ¿Esto ha incrementado la parcelación de tierras que antes eran bosques?

—La razón de ser de la zonificación forestal es buscar ordenar el territorio. O sea, si tú tienes un territorio amplio, hay que tomar decisiones sobre en qué parte se colocan las actividades económicas, en qué zona puede crecer una ciudad, en qué zona es ideal que se desarrollen agronegocios.

Se ha postergado la obligatoriedad de la zonificación forestal, pero además se ha eliminado al Ministerio de Ambiente como la voz que da el visto bueno final. Entonces, ¿para qué queremos un Ministerio de Ambiente si no va a tomar decisiones, no va a tener opinión, no va a tener voz? [Debería ser] la voz principal sobre las decisiones más importantes ambientales en el país, que pasan por el tema de qué se mantiene como bosque y qué no.

—Para aprobar esta ley, el Congreso se excusó en la nueva norma del Parlamento y Consejo Europeo que prohíbe la importación y comercialización en la Unión Europea de productos agrícolas que provengan de tierras deforestadas. Sin embargo, ¿no es contradictorio usar este argumento para flexibilizar la ley forestal?

—Claro, es absurdo y es de hecho una sacada de vuelta a la regulación de la Unión Europea. Lo que busca esta regulación de la Unión Europea, que es algo que todos debemos exigir a todos los consumidores en el mundo, es asumir su responsabilidad sobre la destrucción del ambiente que genera su propio consumo.

Lo único que hace la ley antiforestal es declarar que toda la deforestación que se ha producido ya no es ilegal. Pero aún así, el tema principal de la regulación de la Unión Europea es un tema de trazabilidad, que significa poder rastrear dónde creció, o de dónde se extrajo, o de dónde se cultivó este producto. O sea, la regulación de la Unión Europea te pide saber de qué área georreferenciada del bosque viene el producto. En vez de enfocarse en ese tipo de trabajo en Perú, se han enfocado a lavar la cara a todos los deforestadores ilegales

—El Congreso también aprobó otras normas para facilitar la implementación de la nueva ley forestal, esto ha sido conocido como “normas complementarias”, ¿cuáles son?

—Una de estas normas complementarias es el nuevo reglamento para la gestión ambiental del sector agrario y riego, que se conoce como Regasar. Ese reglamento dice que tú para poder producir necesitas una certificación ambiental.

Ahora, según este reglamento, para conseguir la certificación ambiental uno tiene que hacer todos los trámites antes de empezar la producción. Y no hay forma de regularizar, no prevé forma de regularizar, se tiene que hacer antes, eso implicaba que todas esas empresas que ya están produciendo y exportando ilegalmente no podrían haberse legalizado.

A la hora que han modificado este reglamento, han dicho: “Ok, en este momento, a todas las que están operando ilegalmente, sin permiso, vamos a darles un plazo extra para que puedan sacar una certificación ambiental”. Entonces, nuevamente, esto es incentivar más ilegalidad, incentivar más producción irresponsable.

—Finalmente, la norma no fue sometida a la consulta previa, afectando principalmente a las comunidades indígenas y locales que viven en la Amazonía. ¿Qué es lo que se puede hacer?

—Hay varios procesos de inconstitucionalidad, o sea, demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Lo que estamos viendo con preocupación es que ya hay una ley en el Congreso, una nueva modificación de Ley Agraria y Ley de Desarrollo Sostenible de la Amazonía. Ese proyecto de ley réplica estas irregularidades o estos problemas de la Ley Antiforestal porque el Tribunal Constitucional podría declarar a esta última ley inconstitucional.

Entonces, parece que previendo eso, algunos congresistas ya han preparado su plan B, que es este otro proyecto de ley, para que si cae la Ley Forestal, aprueben el el cambio a la Ley Agraria y ya tienen otra vez las mismas irregularidades.

Imagen principal: Vista aérea de la comunidad Monte Salvado en Ucayali Foto: FZS – Perú