A cuatro días de finalizar 2024, el gobierno de Perú publicó la ley que amplía el plazo del proceso de formalización minera integral de la actividad en la pequeña minería y minería artesanal, conocido como REINFO, pese a los cuestionamientos porque sólo 2000 mineros de los más de 84 000 inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) han culminado el proceso de formalización en 14 años de aplicada la estrategia desde 2010.
El abogado especialista en temas ambientales César Ipenza calificó esta nueva ampliación como “nefasta y negativa” porque, considera, incrementará la minería informal e ilegal en el país sudamericano, afectando principalmente el bioma amazónico.
—¿Qué impacto tendrá en la Amazonía la decisión del gobierno de ampliar el registro de formalización minera, lo que se conoce como el REINFO?
—El impacto de la extensión de los plazos va a ser nefasto y negativo porque vamos a ver incrementada la actividad minera informal e ilegal, que luego utiliza este registro para poder comerciar y blanquear oro de origen ilegal. Vamos a ver el incremento en regiones como Huánuco, Loreto, Amazonas y en otras regiones amazónicas que cada día sufren los efectos de esta ilegal actividad.
—A veces hay una confusión entre minería informal y minería ilegal. Hay mucha minería en la Amazonía que no puede formalizarse simplemente porque está en zonas prohibidas, ¿es así?
—Así es. La verdad es que no se puede formalizar, minería dentro de áreas naturales protegidas u operaciones que están sobre los cuerpos de agua como los ríos, los lagos amazónicos porque eso siempre va a ser minería ilegal. Además, hay operaciones que por el alto impacto que tienen y también por la poca responsabilidad y compromiso de los mineros no avanzan. Entonces, básicamente, lo que hace este proceso de formalización es seguir extendiendo la destrucción de nuestra Amazonía para beneficiar a ciertos grupos económicos.
—Sólo hasta 2018, las operaciones por minería ilegal han deforestado más de 30 000 hectáreas de bosque en Madre de Dios. Sin embargo, el daño es mayor. ¿Existe un cálculo de cuánto daño ambiental ha causado la minería informal en las regiones amazónicas durante los 14 años del REINFO?
—Bueno, en cifras tenemos más de 150 mil hectáreas (deforestadas), que es un reporte desactualizado, pero creo que no deberíamos sólo ver el tema de la deforestación, sino también el impacto que realizan o que se dan con los insumos químicos para este tipo de operaciones, como el mercurio. El mercurio ha sido considerado por organizaciones internacionales como el insumo más peligroso del mundo porque genera daños irreversibles sobre la persona humana y sobre la salud en general.
Entonces, el Perú usa más de 300 toneladas anuales de mercurio que luego terminan en los cuerpos de agua, en los ríos y termina en los peces que luego son consumidos por las personas, pero también por la fauna silvestre. Esto está generando daños que no están siendo cuantificados y vamos a tener problemas reales en el mediano plazo.
—A finales de 2024, el Ejecutivo presentó la propuesta para regular las actividades mineras de pequeños y artesanales productores, conocida como la Ley MAPE, ¿qué cambios fundamentales debería tener esta ley para que no se repita el problema del REINFO?
—Bueno, en principio, más allá de cualquier normativa que yo, siendo abogado, discrepo que la ley sola pueda resolver algo, tienen que sumarse recursos económicos para la fiscalización real, que está a cargo de los gobiernos regionales por el momento. Pero además, esta nueva Ley MAPE, de alguna manera, sincera el sistema y dice que las competencias de la formalización minera van a ser asumidas por el mismo Ministerio de Energía y Minas, lo que me parece una medida pertinente. Pero, algo que está ausente en la propuesta es el tema de la fiscalización y el control de las plantas de beneficio.
Creo que toca sincerar ese mecanismo donde existen, en la práctica, plantas que representan a la gran minería y aparecen como pequeños mineros. Lo otro es garantizar la trazabilidad del oro, es decir, que haya un verdadero registro donde lo que se está produciendo también se condiga con lo que se está exportando. Y no tenemos ese mecanismo.
— ¿Qué acciones debería tomar el Gobierno para luchar realmente contra la minería ilegal?
—El primer paso es que haya un verdadero y real compromiso desde el Poder Ejecutivo y desde el Congreso de lucha contra la minería ilegal, que actualmente no existe. El mecanismo de facilitación y el co-gobierno que tiene el Ejecutivo con el Congreso hace que la impunidad impere. No tenemos ni siquiera una estrategia de lucha integral contra la minería ilegal.
Y por otro lado, no se han dado ni las condiciones ni los recursos económicos en el último presupuesto público para que se enfrente esta actividad que demanda recursos importantes para la fiscalización y para la formalización de esta actividad.
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Imagen principal: Según el Proyecto Prevenir de USAID hay 31 mil 390 personas trabajando en la minería informal y 9 mil 323 en la minería ilegal. Foto: MINDEF