Selva tropical del área del proyecto REDD+ en el Chocó-Darién. Esta zona comunitaria es la primera del proyecto REDD en el mundo en haber obtenido la validación y verificación del VCS.
Un proyecto de conservación en Colombia ha abierto nuevos caminos en el mundo de los créditos del carbón. El proyecto se presenta como una asociación entre una comunidad indígena africana y una compañía colombiana, es el primer proyecto de REED+ certificado por el Verified Carbon Standard (VCS) en Colombia. Pero aún más importante es que sea el primer proyecto REDD+ en unas tierras comunitarias.
El proyecto por la conservación de las 13.465 hectáreas del Chocó-Darién está localizado en la parte noreste de Colombia, cerca de la frontera con Panamá. Hasta hace poco, el área estaba acuciado por el conflicto violento que había desplazado a muchos de los habitantes tradicionales de la región, incluidos miembros de la asociación COCOMASUR. Pero con la relativa restauración de la paz en este área, la comunidad empieza a restablecerse en tierras comunitarias. El área incluye grandes extensiones de tierras bajas de bosque ecuatorial en peligro por la tala ilegal, por convertirse en campos de pasto, la minería o la acaparación de terrenos por parte de extranjeros. El nuevo proyecto aspira a acabar con estos riesgos fortaleciendo las exigencias de la comunidad COCOMASUR y mejorando la gestión de los recursos naturales. Al menos, la mitad de los ingresos de la venta de los créditos del carbón por evitar la deforestación irán a la comunidad. Las actividades del proyecto incluyen concienciar al colectivo de su identidad y derechos, resolver disputas terrenales, un plan común de uso de la tierra y alternativas económicas sostenibles.
Deforestación ilegal por los colonos en la reserva de los indígenas africanos.
El proyecto, que a principios del año pasado fue galardonado con el nivel de oro validado por la Climate, Community & Biodiversity Alliance, completo la validación y fue verificado por el VCS en noviembre del mismo año. Brodie Ferguson, fundador y director de Anthrotect, la compañía que inició el proyecto, dijo que el éxito muestra que un proyecto REDD+ bien concebido puede beneficiar a ambos, a los bosques y a la gente que depende de ellos.
“Este éxito demuestra que los descendientes de africanos y los indígenas pueden jugar un papel central en la protección de los bosques tropicales y en la prevención del cambio climático,” dijo Ferguson, que acerco a las comunidades al concepto de la conservación del carbono en 2007 después de completar años de investigación sobre el impacto de los desplazamientos forzados en la región. “Por primera vez, las comunidades que dependen de los bosques en el Chocó están generando ingresos de los mercados del carbón al mismo tiempo que conservan sus formas de vida tradicionales.”
El proyecto espera reducir en 2,8 millones de toneladas las emisiones de dióxido de carbono en los 30 años que durará, ofreciendo unos ingresos constantes para apoyar la gestión de las fuentes de carbón natural en uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad de la Tierra.
“Nuestro modelo de negocio trata con las necesidades fundamentales de la gente y su ecosistema. Produciendo una conservación duradera y dividendos financieros, es un punto de partida para un nuevo tipo de prosperidad, uno que pueda durar generaciones”, añadió Emily Roynestad de Anthrotect.
Selva tropical del área del proyecto REDD+ en el Chocó-Darién.
Se ha certificado el proyecto al mismo tiempo que otros muchos REDD+ están luchando por la incertidumbre del mercado e intentando afrontar los desafíos para alcanzar los estándares, que son obtener el consentimiento de las comunidades locales, proteger la biodiversidad y otras medidas. En algunas regiones, el sector sufrió la llegada de promotores sin escrúpulos, algunas veces llamados “cowboys del carbón”, que han intentado aprovechar la falta de mecanismos reguladores para tomar ventaja de los confiados indígenas, engañándoles para ceder sus derechos sobre la tierra a cambio de promesas vagas de mucho dinero o pagos con carbón. El problema ha sido particularmente grave en partes remotas de Papúa Nueva Guinea, Indonesia y el Amazonas.
Los defensores del concepto REDD+, que quieren reducir las emisiones de la deforestación y la degradación forestal mediante la compensación a los países tropicales por la protección de sus bosques, sostienen que un mecanismo bien diseñado puede ofrecer muchos beneficios, incluidas reformas en un sector caracterizado por la mala administración y la corrupción. Los detractores dicen que el REDD+ le da derechos a la gente sin reconocer la ocupación de la tierra como un peligro y no conseguirán reducir las emisiones si no tratan la causa subyacente de la desforestación – el consumo ¬– o se producen cambios técnicos y metodológicos. Actualmente, muchos de los detalles del REDD+ se están concretando, así que los créditos REDD están limitados a los mercados voluntarios, donde las compañías eligen “deducir” emisiones que de otra manera no se pueden permitir. Sigue sin estar claro si esta deducción en el mercado voluntario creará créditos REDD.
