Lugar donde se lleva a cabo proyecto MIFEE en Papúa, Indonesia Nueva Guinea. Mapa cortesía de Google Earth.
Según una coalición de organizaciones no gubernamentales, la apropiación de tierras y la destrucción del medio ambiente relacionadas con un gran proyecto agrícola en la provincia indonesia de Papúa está teniendo consecuencias devastadoras para las comunidades indígenas y han causado una grave escasez de alimentos en algunas zonas. La coalición comentó en un informe publicado el lunes en el que pedía la suspensión del proyecto que el desarrollo agroindustrial en Papúa, en la isla de Nueva Guinea, ha dejado a las comunidades indígenas apartadas de sus medios de vida tradicionales y viviendo en la pobreza extrema.
En una propuesta dirigida al Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), un grupo de 27 organizaciones internacionales y de Indonesia documentó numerosos abusos contra las comunidades indígenas Malind vinculados al proyecto de Producción Alimentaria y Energética Integrada de Merauke (MIFEE), un proyecto agroindustrial que cubre unos 2,5 millones de hectáreas de tierras consuetudinarias y de bosques en Nueva Guinea Occidental. La presentación pide a la comisión de la ONU que inste a Indonesia a suspender de inmediato cualquier parte del proyecto que pueda poner en peligro a la comunidad Malind u otros grupos indígenas y que proporcione apoyo a las comunidades afectadas.
Las organizaciones no gubernamentales afirmaron en su presentación que, bajo el proyecto MIFEE, iniciado por el gobierno, las empresas de plantaciones y madera han adquirido grandes extensiones de tierras consuetudinarias de los Malind sin obtener el consentimiento libre, previo e informado y sin proporcionar una indemnización adecuada a las comunidades. Sin acceso a sus tierras tradicionales, las comunidades Malind se han quedado en la pobreza. La coalición informó de una situación de hambre seria y desnutrición crónica infantil, incluyendo la muerte de cinco niños desnutridos en el primer semestre de 2013, en las aldeas Zanegi y Baad, situados cerca de una plantación industrial de árboles operada por PT. Selaras Inti Semesta, una unidad del Grupo Medco.
«La enfermedad y la desnutrición están a la orden del día», dijo Sophie Chao, directora de proyecto de Forest Peoples Programme (FPP), miembro de la coalición en el Reino Unido, durante su visita a Zanegi en mayo de 2013. «En 2013 solamente, cinco niños han muerto a causa de la desnutrición».
«Demacración generalizada, infecciones de la piel por el agua, letargo infantil e hinchazón de estómago son una clara evidencia de la grave inseguridad alimentaria a la que se enfrenta la comunidad como resultado de la pérdida de sus tierras consuetudinarias y de su medio de vida a manos de futuros inversores», agregó Chao en un comunicado de prensa emitido el lunes.
Yosefa, una mujer Malind de 31 años de edad, de la aldea de Zanegi, dijo que los problemas de desnutrición comenzaron después de la llegada de la empresa, provocando contaminación y cambios ecológicos que destruyeron los suministros de alimentos en la aldea.
«Antes de la llegada de la compañía, casi no había enfermedades», dijo Yosefa, según cita FPP. «Comíamos sagú y recorríamos el bosque durante todo el día sin cansarnos. Ahora, el sagú muere y la tierra está seca. Los ríos son de color oscuro y aceitoso y los peces están borrachos de polución. Nuestros hijos se están muriendo porque nuestra sagrada tierra natal nos ha sido arrebatada. En poco tiempo, el pueblo Malind dejará de existir. Cuando el bosque desaparezca, los Malind desaparecerán».
La expansión de plantaciones a gran escala en Indonesia es parte de un plan más amplio para el desarrollo económico del país, el cual está diseñado, según comenta el presidente de Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, para el beneficio de los pobres y del medio ambiente. En la propuesta del CERD, sin embargo, la coalición de ONG dijo que el proyecto MIFEE no ha logrado mejorar la situación económica del pueblo Malind.
«MIFEE no está diseñado para proporcionar puestos de trabajo o para favorecer el desarrollo de la población local ya que su forma de vivir de la tierra como cazadores-recolectores y agricultores a pequeña escala no los ha preparado para la agricultura comercial», se alega en la presentación. Por el contrario, el pueblo Malind está sometido a condiciones laborales discriminatorias. A los indígenas papúes que trabajan como parte del proyecto MIFEE se les ofrecen puestos de trabajo de baja categoría y se les paga un sueldo por debajo del salario mínimo de la provincia, mientras que los puestos especializados que están mejor pagados van a inmigrantes de fuera de la provincia.
Sin sus tierras, las comunidades indígenas no tienen más remedio que trasladarse – por lo general sin recibir asistencia de reubicación – o aceptar trabajos mal pagados en las plantaciones, una situación que, según la coalición, podría constituir trabajos forzados.
Bosques de tierras bajas en Papúa. Foto de Rhett A. Butler
Falta de consentimiento
La coalición acusó a las empresas que operan bajo el proyecto MIFEE de, o bien no obtener el consentimiento de los propietarios de las tierras tradicionales, o bien de la obtención de tierras a través de la coacción, el engaño y la manipulación de los líderes y las comunidades Malind.
En algunos casos, según comentó la coalición en la propuesta, los líderes de la tribu recibieron dinero a cambio de renunciar a las tierras consuetudinarias locales para cerderlas a la empresa y de firmar un documento indicando que no existe ningún interés por parte de terceros en el área de concesión. En otros casos, las empresas llevaron a los líderes de la tribu a la ciudad de Merauke y les facilitaron hoteles y dinero para bebidas alcohólicas y prostitutas, y a continuación, pidieron a los líderes de la tribu, que se encontraban en estado de embriaguez, que firmaran acuerdos de renuncia a las tierras.
En los casos donde la tierra estaba «arrendada» a las comunidades, las tasas han oscilado entre los 0,20 dólares estadounidenses por hectárea durante 35 años (no por año) y poco más de 25 dólares estadounidenses por hectárea, siendo comunes los contratos de arrendamiento en los que no se especifica si la tierra le será devuelta a la comunidad al final del contrato o, por el contrario, se convertirán en tierras del estado.
Militarización
La participación militar en las inversiones MIFEE dificulta aún más el proceso de consentimiento. En un comunicado de prensa emitido el lunes, la coalición dijo que, sin excepción, las interacciones entre la empresa y las comunidades indígenas se mantienen en presencia de los militares y las fuerzas armadas.
La colusión entre las fuerzas de seguridad y las empresas extractoras y de plantación se produce en toda Indonesia. Las fuerzas de seguridad suelen ser contratadas por las empresas para garantizar la seguridad y los miembros de las comunidades indígenas que se han opuesto a los proyectos de inversión han sido acosados, intimidados, criminalizados e incluso asesinados por la policía y el personal militar. En una entrevista con Mongabay-Indonesia que tuvo lugar la semana pasada, Chao explicó que a pesar de numerosas investigaciones sobre si estos acuerdos se llevan a cabo legalmente, FPP no ha sido capaz de determinar si la colaboración entre las empresas y las fuerzas de seguridad del Estado tiene alguna base legal, por lo que es difícil para las comunidades saber si pueden apelar.
En Papúa, la presencia de las fuerzas de seguridad durante las negociaciones con las empresas supone una amenaza aún mayor para el consentimiento libre, debido a la larga trayectoria de abusos por parte de las fuerzas de seguridad de la provincia contra los derechos humanos de los indígenas papúes. Papúa es el lugar dónde se instauró hace ya tiempo un movimiento por la independencia y el conflicto por abusos a manos de las fuerzas de seguridad, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura y encarcelamiento de activistas pacíficos en favor de la independencia han sido bien documentados durante las cinco décadas que ha durado.
En la presentación, la coalición cita casos documentados de palizas, intimidaciones y amenazas llevados a cabo por militares y policías que apoyan a las empresas de plantación en Papúa, incluyendo casos en los que las fuerzas de seguridad han intervenido en las «negociaciones» entre empresas y comunidades, amenazando o intimidando a miembros de la comunidad. La comisión protectora anónima online Awas MIFEE también informó el mes pasado de que los líderes indígenas de Kampung Yowid que se opusieron a una plantación de caña de azúcar ya prevista y que tenía lugar bajo MIFEE, fueron intimidados con el objetivo de que firmaran un documento de la empresa, PT Mayora, después de que miembros de la brigada móvil de la policía empleados por PT Mayora los acusaron de ser miembros del movimiento separatista Papúa Libre (OPM).
En 2011, el CERD planteó sus inquietudes respecto al apoyo militar en la intrusión en las tierras que tiene lugar bajo MIFEE con la Misión Permanente de Indonesia ante las Naciones Unidas. Sin embargo, desde ese comunicado el gobierno de Indonesia ha incrementado la labor de los militares en MIFEE al proporcionar una base legal para la participación militar en el desarrollo de infraestructuras relacionadas con el proyecto, una medida que la coalición describe como «profundamente preocupante» dada la historia de abusos por parte de los militares indonesios en Papúa.
Falta de medidas
Este informe es ya la tercera propuesta de la coalición para el CERD en relación con MIFEE y ha sido presentada bajo los procedimientos de acción urgente y alerta temprana (procedimientos EW / UA). Tras la primera propuesta
en julio de 2011, el CERD expresó su preocupación al gobierno de Indonesia preocupación al gobierno de Indonesia respecto a las denuncias de abusos vinculados a MIFEE a través de un comunicado en septiembre de ese año, también bajo los procedimientos EW/UA.
Sin embargo, a pesar de las recomendaciones del comité y de una segunda propuesta presentada por la coalición de ONG en febrero de 2012, Indonesia no ha tomado ninguna medida correctiva en relación con MIFEE, afirma la coalición. Según declararon en un comunicado de prensa, la situación ha continuado deteriorándose y no se ha producido ningún cambio perceptible en las prácticas y en la política del gobierno en lo relacionado con el proyecto.
Recomendaciones al CERD
En el comunicado, la coalición instó al CERD a plantear al gobierno indonesio sus inquietudes respecto al proyecto MIFEE. La coalición pidió al comité que solicite a Indonesia el aplazamiento de cualquier parte del proyecto que ponga en peligro a los grupos indígenas, que ofrezca apoyo a las comunidades afectadas por el proyecto y que se asegure de que las condiciones de trabajo en los lugares donde se lleva a cabo el proyecto MIFEE cumplen con los estándares internacionales. Indonesia también debe aplicar las leyes pertinentes destinadas a mejorar las medidas de protección de los pueblos indígenas en el país, entre ellos el proyecto de la Ley de Reconocimiento y Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas y la reciente decisión de la Corte Constitucional que otorga a los grupos indígenas el control sobre sus bosques tradicionales.
En cuanto a la situación de los derechos humanos en Papúa en términos más generales, la coalición pidió al comité que mostrara su preocupación con respecto a las violaciones contra los derechos humanos de los indígenas de Papúa en Indonesia y que presionara a Indonesia para establecer un Tribunal de Derechos Humanos y una Comisión de la Verdad y la Reconciliación para Papúa. La propuesta también pedía a Indonesia que aceptara las solicitudes de visitas a Papúa de los relatores especiales de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, el derecho a la alimentación y las formas contemporáneas de la esclavitud.
Créditos
