- La conferencia del clima que se realizó en la ciudad alemana de Bonn en mayo tuvo como objetivo relanzar el Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) de las Naciones Unidas, que permite a los países industrializados adquirir créditos de carbono si invierten en proyectos de energía limpia o eficiente en países emergentes.
- Desde 2006, ha habido más de 7000 proyectos financiados con esta modalidad en alrededor de cien países. Los detractores dicen que algunos proyectos industriales de gran escala financiados con el MDL −como represas hidroeléctricas o plantas de energía más eficientes que utilizan carbón como combustible− han violado los derechos de las comunidades locales y los grupos indígenas.
- Estos críticos sugirieron que el renovado MDL incluyera protecciones para las poblaciones locales, pero los negociadores de la ONU demostraron poco interés en ello en la reunión, al afirmar que la gran mayoría de los proyectos de MDL no vulneran derechos humanos.
- También cuestionan que el mencionado Mecanismo permita la construcción de nuevas plantas de energía a carbón, las cuales contribuirán aún más al aumento de las emisiones de gases de combustibles fósiles en el futuro. En Bonn no se tomó ninguna decisión final, pues debe esperarse hasta la Conferencia de las Partes número 22 que se realizará en noviembre.
Bonn, Alemania − Lograr un compromiso viable que permita al conocido programa de la ONU reducir las emisiones de carbono sin perder de vista la protección de las vidas y tierras de los pueblos empobrecidos y los grupos indígenas del mundo en desarrollo tendría que ser una meta alcanzable, como comenta John Knox.
Knox, además de profesor de Derecho en la Universidad de Wake Forest, es el relator especial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y medio ambiente. Viaja por el mundo en busca de problemas relacionados con el clima y de soluciones que beneficien a los pobres y a los grupos indígenas: que sean buenas para la naturaleza y buenas para los derechos humanos.
Previamente a la conferencia del clima de la ONU en Bonn, Alemania, Knox propuso revisar un nuevo punto del Acuerdo de París que se refiere al Mecanismo para un Desarrollo Limpio, para que se incorporen “sólidas salvaguardas ambientales y sociales”.
“El problema principal con el Mecanismo para un Desarrollo Limpio siempre fue que no incluye garantías efectivas para asegurar que se tomen en consideración los derechos humanos”, escribió Knox en su informe de 16 páginas para la ONU. “Con el fin de garantizar que el renovado Mecanismo no repita esos errores, propuse una lista de recomendaciones de salvaguardas sociales y ambientales, tales como evaluaciones previas [del MDL], requisitos de participación [de comunidades locales afectadas] y el establecimiento de procedimientos de reclamos efectivos, que servirán mucho para proteger los derechos humanos”.
Todo parece muy razonable. Hasta que se cae en la cuenta de que el MDL se constituyó en el Protocolo de Kyoto como una metodología que podían utilizar los países industrializados para obtener créditos de carbono para compensar sus topes de emisiones contaminantes, mediante la inversión en proyectos de energía limpia o eficiente en países emergentes. Se mueven millones, incluso miles de millones de dólares en los proyectos de MDL financiados por el Banco Mundial. No es difícil imaginar lo que retrasaría o incluso obstaculizaría estas complejas transacciones comerciales internacionales la inclusión de requisitos de protección de derechos humanos locales en el futuro proyecto.
A pesar de eso, Knox sostiene que las poblaciones afectadas por proyectos de MDL tienen que tener el derecho legal a cuestionar, e incluso vetar, proyectos que pongan en peligro sus vidas, su forma de vida o sus tierras.
“En definitiva, esto tiene que ver con el hecho de que a estas comunidades no les permiten participar en los procesos de toma de decisiones [para los proyectos de MDL] que afectan el territorio que han ocupado por siglos”, explicó Knox a Mongabay. “No solamente quieren expresarse, quieren tener poder de veto. Y las leyes de derechos humanos los respaldan”, tal como hace la Carta de la ONU, que dice que las Naciones Unidas fomentarán el respeto universal y el cumplimiento de los derechos humanos de todos, sin distinción alguna.
Desde 2006, ha habido más de 7000 proyectos financiados con el MDL en alrededor de cien países; muchos en China e India, con fondos de países europeos. Algunos de estos proyectos quieren remplazar viejas plantas de energía contaminantes por nuevas plantas que funcionen a gas o carbón más eficientes, o por represas hidroeléctricas. Los proyectos de MDL también han financiado la construcción de cocinas para hogares y de incineradoras de residuos, y plantaciones de monocultivos y programas de reducción de emisiones de gas metano.
La ONU estima que se evitó la emisión de 1600 millones de toneladas de CO2 gracias a estos proyectos.
Sin embargo, los proyectos de MDL no son inversiones tan populares como antes, debido a la incapacidad de desarrollar un mercado confiable para comercializar el carbono y a que no se logra determinar su precio comercial estable. En el apogeo del MDL (entre el año 2008 y 2012), el carbono se valuaba en casi USD 20 la unidad, según fuentes de la ONU. Ese valor actualmente ha caído a menos de USD 1 por unidad, lo que hace que haya menos países ricos interesados en respaldar proyectos de MDL.
Hoy en día, la oferta de propuestas de proyectos en países emergentes excede en gran medida la demanda de comercialización de carbono del mundo desarrollado.
En consecuencia, al MDL se lo considera una herramienta que fue útil en su momento, pero que ahora ha perdido impulso para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y podría jugar un papel menor en alcanzar la meta establecida en el Acuerdo de París de mantener para el año 2100 el aumento de la temperatura global en 1,5 grados Celsius sobre niveles preindustriales.
La mayoría de los negociadores presentes en la conferencia del clima de Bonn mostraron mínimo interés en debatir −mucho menos, implementar− las recomendaciones sobre derechos humanos de Knox, porque creen que pueden derivar en un exceso de proyectos de MDL mucho menos atractivos para los países industrializados.
“Cualquier nuevo Mecanismo tiene que generar esperanza en los participantes de los proyectos, así como confianza e inspiración en todos los inversores”, afirmó Eduardo Calvo, de Perú, director ejecutivo del MDL para 2016. “La misión es doble, pues hay dos países que deben beneficiarse”. Y al decir esto, envió el mensaje contundente de que los proyectos potenciales del MDL conciernen a los países negociadores, no a las comunidades locales.
Los comentarios de Calvo tuvieron lugar durante una comprimida sesión de trabajo en Bonn. Prácticamente todo lo que se habló durante los noventa minutos de la reunión tuvo que ver con el precio del carbono, la baja demanda de proyectos de MDL y la complejidad de las herramientas de contabilidad y finanzas del carbono. Solo uno de los cinco panelistas mencionó brevemente las consideraciones sobre los derechos humanos.
Luego de la sesión, consulté a Calvo sobre las recomendaciones de Knox, pero evitó dar respuestas concretas.
“No nos corresponde a nosotros decidir”, expresó en representación de la junta ejecutiva del MDL. “Es responsabilidad de las delegaciones nacionales discutir esos temas. Podemos buscar consensos, pero en definitiva cada país debe decidir [si presiona para que se incluyan consideraciones sobre derechos humanos en los proyectos de MDL o no]”.
También conversé con un funcionario escandinavo, exmiembro de la junta ejecutiva del MDL. Pidió no ser nombrado, pero quiso compartir su opinión al respecto. Me dijo de forma rotunda que en más de 7000 proyectos, solo dos tuvieron denuncias de violaciones de derechos humanos.
Entre quienes critican al MDL, existe la percepción de que las violaciones a los derechos humanos son un gran problema en muchos proyectos, pero no es así, observó. Aclaró que su país examina atentamente sus proyectos de MDL y declina aquellos que pueden implicar algún tipo de violación de derechos humanos, y dijo que la mayor parte de los países ricos hacen lo mismo.
“¡Eso no es así, en absoluto!”, contrarrestó Juliane Voight, examinadora de políticas en Carbon Market Watch, organización con sede en Bélgica. Al igual que Knox, Juliane viaja por el mundo documentando vulneraciones de derechos humanos que ocurren como resultado de los proyectos de MDL.
Carbon Market Watch ha armado una lista de los proyectos de MDL que son perjudiciales. Entre ellos se encuentran grandes proyectos hidroeléctricos, como los de Barro Blanco, en Panamá, y Santa Rita, en Guatemala, que según cuenta la organización, afectaron en forma negativa a las comunidades locales y/o a los grupos indígenas, quienes no tuvieron voz ni participación alguna en los proyectos. También cuestiona la sensatez de un Mecanismo de la ONU que proporciona créditos de carbono por realizar inversiones en nuevas plantas de energía, más eficientes pero que utilizan carbón como combustible y que contribuyen así a aumentar las emisiones de combustibles fósiles.
Voight también habló sobre un proyecto que visitó en Sasan, India, que le pareció “uno de los peores proyectos de MDL nunca vistos”. Se trataba de la construcción y operación de una planta de energía a carbón.
“Era muy, muy triste de ver”, contó durante una entrevista con Mongabay en Bonn. “Era un proyecto ejecutado por las Naciones Unidas, que la gente no quería. Fueron desalojados de sus casas por topadoras. Y cuando protestaron, fueron golpeados por la policía”.
Voight reconoce que, a pesar de todo, la mayoría de los proyectos de MDL funcionan bien y sin vulnerar derechos humanos. Los países ricos proporcionan fondos para proyectos de energía verde o eficiente que los países pobres no pueden afrontar por sí mismos, se libera menos CO2 en el aire, y a cambio de sus inversiones los países ricos obtienen créditos de carbono.
No obstante, agrega que es un error grave pensar que no existe prácticamente ningún problema y que las cuestiones de derechos humanos deberían dejarse en consideración de los inversores o las jurisdicciones locales.
“Los grupos indígenas por lo general están entre los más marginados del mundo”, concuerda Knox. “No tienen poder político. Pero estos proyectos mueven increíbles sumas de dinero, y las personas en el poder normalmente no dejan que nada se interponga en su camino para conseguir lo que quieren”.
“El Acuerdo de París será el conjunto de regulaciones que estará en vigencia en el futuro”, añadió. “Todo lo que se decida ahora tendrá consecuencias muy importantes y duraderas”.
Desde Carbon Market Watch, Voight declaró: “Observaremos las negociaciones de cerca y haremos todo el ruido posible para garantizar que este nuevo Mecanismo sea justo para todas las personas y los grupos involucrados”.
Justin Catanoso es director de periodismo en la Universidad de Wake Forest, donde también trabaja John Knox, de la ONU, como profesor de Derecho. Catanoso recibe apoyo para sus informes sobre el cambio climático de parte del Centro Pulitzer para la Cobertura Informativa de Crisis, con sede en Washington, D.C., y del Centro de Energía, Ambiente y Sostenibilidad de la Universidad de Wake Forest, con sede en Carolina del Norte.
