- Reinicia el proyecto Panantza-San Carlos diez años después de que la transnacional china Explorcobres S.A. fuera expulsada por indígenas y campesinos opuestos a la minería a gran escala.
- El desalojo del centro shuar de Nankints, en la provincia de Morona Santiago, enfrenta nuevamente a organizaciones indígenas con empresas chinas apoyadas por el gobierno.
- El Ministerio del Interior sostiene que la empresa demostró la propiedad de las tierras y que actuó por orden judicial, mientras indígenas defienden la propiedad ancestral del territorio shuar y se preparan para resistir a nuevos desalojos.
- La Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) trabaja en un Frente Nacional contra los cinco proyectos estratégicos que impulsa el gobierno.
El desalojo de la comunidad shuar de Nankints, en la provincia amazónica de Morona Santiago, y el reinicio de actividades de exploración avanzada en la que sería la segunda mina de cobre más grande del mundo son dos hechos que están conectados. El primero ocurrió la mañana del 11 de agosto pasado en medio de un ingente operativo militar y policial que movilizó a 2000 efectivos a la pequeña parroquia de Santiago de Panantza, perteneciente al cantón San Juan Bosco. Un número que podría sonar desproporcionado si se toma en cuenta que el objetivo del desalojo eran ocho familias y un total de 32 personas en un sector considerado por los afectados y organizaciones indígenas locales y nacionales como parte de la circunscripción territorial Shuar – Arutam. Pero el Ministerio del Interior justificó la intervención ante una resolución judicial requerida por la empresa de capital chino Explorcobres S.A. (EXSA), que reclamaba como suyas las 80 hectáreas en disputa. Un episodio más que deja entrever el clima de tensión en que viven las comunidades shuar y campesinas de la Cordillera del Cóndor ante el avance certero de la minería a gran escala.
Se trata del proyecto Panantza-San Carlos, que cuenta con una área concesionada de 41 769 hectáreas, una vigencia aproximada de 25 años y que se desarrollará a cielo abierto. Según recogieron varios medios locales a finales de 2011, el presidente Rafael Correa aseveró que estudios demostraban que la segunda mina de cobre más grande del mundo estaba en la provincia de Morona Santiago, específicamente en el proyecto en mención. Además, el entonces exviceministro de Minas, Federico Uquillas, añadió que habrían reservas por 14 000 millones de libras de cobre. Pero recientemente, el ministro de Minas, Javier Córdova, sostuvo en una entrevista televisiva que por la suspensión del proyecto en el año 2006 solo se puede hablar de estimaciones. Córdova dijo que la Policía obligó a desalojar a quienes habían invadido la zona y que ahora el proyecto otorga trabajo a la gente del sector. Destacó que la empresa china ya ha empleado a 30 personas y que seguirá contratando. Pero el establecimiento de la comunidad de Nankints hace 10 años no fue un hecho aislado, sino, una de las acciones que ejecutó un frente conformado por indígenas shuar y campesinos para sacar a la empresa de su territorio y ratificar a la agricultura y ganadería como medio de subsistencia. Entre otras cosas, desalojaron a los campamentos mineros Rosa de Oro y Curigen del cantón San Juan Bosco. Además, hubo protestas en contra de la transnacional y un grupo de concejales declaró al cantón “libre de minería”.
La mañana del desalojo en Nankints, las redes sociales se agitaron con un video corto sobre la situación en la comunidad shuar. En él se observaba como un grupo de hombres y mujeres formaban una barrera humana para impedir el avance de los uniformados, que se abrían paso con escudos antimotines. “Solo nos dieron cinco minutos para retirar las cosas y no avanzamos porque no estábamos preparados”, se lamentó días después, desde Quito, el síndico [dirigente] de la comunidad, Luis Tiwiram. Según explicó en una rueda de prensa organizada por la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador (CONAIE), las diez viviendas rústicas de la comunidad fueron destruidas y enterradas con excavadoras, y de inmediato se levantó en el sitio el campamento de la empresa EXSA. Ahora las familias desplazadas se refugian en unos cuartos prestados por habitantes de la cabecera parroquial Santiago de Panantza. “Allí los compañeros mestizos apoyan con comidita porque todas las plantaciones de las que vivíamos, las tumbaron toditas: plátano, yuca, guineos… Los compañeros están sufriendo, los niños más que todo por hambre”, expresó Tiwiram. “Nos dicen invasores siendo dueños de nuestro territorio. Nuestras comunidades están preocupadas. ¿Qué va a pasar si esa expansión de la empresa va desalojando a la gente, dónde van a ubicarse?”, dijo en el mismo espacio Vicente Tsankim, presidente del pueblo Dhuar Arutam ubicado en la Cordillera del Cóndor.
“No solo enterraron sus chozas, enterraron su vida y parte de su cosmovisión”, dice en diálogo con Mongabay Latam Tarquino Cajamarca, abogado de la comunidad de Nankints. Cajamarca sostiene que si bien la empresa china empezó un juicio de reivindicación en 2009 que desembocó en el desalojo de agosto, la ejecución es ilegal porque no se cumplieron con parámetros como la notificación a los posesionarios de esas tierras. “Tampoco fueron proveídos de algún otro lugar donde vayan a tener un asentamiento como centro shuar”, agrega. En ese sentido se pronuncia la abogada de la Fundación Regional de Asesoría de Derechos Humanos (INREDH) Nathaly Yépez. Dice que lo ocurrido en Nankints es aún más grave de lo que pasó en Tundayme, en el segundo semestre de 2015. En ese último sitio perteneciente al cantón El Pangui de la vecina provincia de Zamora Chimchipe, la minera de capital chino Ecuacorriente S.A., filial de Explorcobres S.A., logró el desalojo de varias fincas y la comunidad de San Marcos, tras la declaratoria de Servidumbre Minera por parte de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM). “En el caso de Nankints no había esta figura y ni siquiera había avisos previos, fue una irrupción que se dio de un momento a otro. Incluso en el Derecho Internacional se establece, suponiendo el hipotético no consentido de que se quisiera tomar como una invasión, que en esos casos extremos se debe dar plazo de 90 días para reubicar a esas personas, porque necesitan un espacio para mover sus cosas y necesitan tener en definitiva un techo donde vivir. No puede llegar la fuerza pública como llegó”.
‘Proceso de los sin tierra’, un grave problema del pueblo shuar
En un único comunicado, el Ministerio del Interior aseguró que la Policía, con apoyo de las Fuerzas Armadas, desalojó a un grupo de personas que invadió al menos 28 predios que están concesionados a la empresa Explorcobres S.A., “la cual demostró ante la justicia ecuatoriana la propiedad de los mismos”. Que actuaron en cumplimiento de la sentencia del juez Segundo de lo Civil de Limón Indanza, “con el propósito de evitar la apropiación ilícita de bienes en varios lugares del territorio nacional”. Además, recalca que la operación se llevó a cabo en “estricto apego a los Derechos Humanos”.
Consultada sobre su posición frente al desalojo, la empresa china Explorcobres S.A. evitó referirse a ese evento y en un boletín de prensa que remitió a Mongabay Latam mencionó que tras el reingreso a sus concesiones en agosto “podrá culminar el proceso de investigación científica que permitirá al país el aprovechamiento de las riquezas minerales”. EXSA dijo que dentro de la etapa de exploración avanzada “realizará perforaciones para determinar el contenido final de los recursos y la viabilidad técnico-económica”, y que planea invertir $32 millones y generar 300 empleos. Finalmente añadió que desarrolla distintos programas sociales en la zona.
La Comunidad de Nankints no se resigna al desalojo del centro shuar. Tampoco las organizaciones indígenas que los respaldan. El abogado Tarquino Cajamarca dice que están analizando presentar un recurso constitucional de medidas cautelares, pero de momento se enfocan en los comuneros, “que están psicológicamente muy afectados, también económicamente porque han sido deslindados de su territorio, de su forma de vida”. Para explicar su situación, Cajamarca hace un repaso de la pérdida del territorio shuar en esa parte de la Amazonía ecuatoriana. “Todos esos terrenos de Panantza, todos esos terrenos de San Carlos, se hicieron parroquias sin que legalmente hayan cumplido con requisitos como el número de habitantes (que a día de hoy bordea las 550 personas). Fue justamente un proceso de colonización apoyado por la actual Secretaría de Tierras, antes INDA (Instituto Nacional de Desarrollo Agrario) y mucho antes IERAC (Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización), para ir tomando posesión de tierras ancestrales”. Según dice, los predios pasaron primero a manos de campesinos mestizos que los negociaron entre sí y ya entre el 2000 y 2005, la concesionaria minera comenzó acciones de acercamiento con la comunidad y de compra de fincas, tras confirmar la existencia de un gran yacimiento de cobre. “Se fueron dando estas injustas posesiones e injustas titulaciones de tierra, es por eso que [sus defendidos] tuvieron tanta legitimidad que en 2006, pese a que no tenían escrituras públicas porque el terreno estaba a nombre de la empresa, hicieron el centro Nankints”. Antes de fundar la comunidad los indígenas vivían en posesiones cercanas que fueron cediendo a sus familiares, menciona el abogado, y añade que “hay un grave problema en el sector shuar: el proceso de los sin tierra, que cada vez se van multiplicando pero los terrenos disminuyen”.
Tensión por la permanencia de militares tras el desalojo
Sobre la situación actual en la zona, Cajamarca afirma que continúa militarizada y que se han establecido cuatro puntos de control que empiezan antes de la parroquia Panantza. Esto lo confirma Raúl Ankuash, dirigente de la comunidad shuar de Bomboiza, ubicada al sur de Morona Santiago. Ankuash sostiene que la situación es de tensión por los constantes patrullajes militares y requisas a las que son sometidos los moradores del sector. “Nos quitan nuestros machetes, que necesitamos para nuestro trabajo. Incluso muchas veces nos quitan el tanque de gas que es una herramienta para sobrevivir en nuestros hogares”, manifiesta el dirigente, y añade que se están preparando para nuevos incidentes. “El Ejército pretende desalojarnos a la fuerza para que la empresa llegue a Warints, la tercera concesión más grande que hay en Morona Santiago para la explotación de oro y cobre… pero nosotros como organización hemos dicho que no van a pasar. Tenemos a muchos compañeros que están regados por la selva”.
Raúl Ankuash recalca que la presencia militar es “una provocación a la nacionalidad shuar”, que puede desencadenar situaciones violentas de las que responsabilizan al gobierno. La demanda principal es que el Ejército se retire pacíficamente, y de ello hace eco el presidente de la CONAIE, Jorge Herrera, que en conjunto con el titular de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FISCH), Agustín Wachapá, y otras organizaciones locales, presentaron un pedido formal al Ministerio de Defensa para que repliegue a sus efectivos. No han tenido éxito. “Lo único que está haciendo el gobierno es utilizar todo el aparato para reprimir, desalojar y amedrentar a la población, y entregar el territorio a las empresas transnacionales. Comenzaron el año pasado en Tundayme y ahora con Nankints”, expresa Herrera en conversación con Mongabay Latam. “La forma inconsulta, autoritaria y violenta como está actuando el gobierno obviamente tiene que ser bajo la responsabilidad de los que están enviando esas fuerzas a desalojar a las madres de familia, a los niños, personas de tercera edad. Prácticamente es un atropello de los derechos de los pueblos indígenas, de la ciudadanía, que debe ser condenado en cualquier tiempo”, añade.
El titular de la CONAIE asegura que las bases están movilizadas y que han conformado un frente contra el extractivismo, principalmente contra los cinco proyectos estratégicos de minería a mediana y gran escala que desarrollan en su mayoría empresas chinas: Mirador y Fruta del Norte en Zamora Chimchipe, Río Blanco y Loma Larga en la provincia de Azuay, y Panatza-San Carlos en Morona Santiago. El próximo paso, indica Herrera, es la convocatoria a un Consejo ampliado en la región amazónica. “Ahí tomaremos las decisiones para actuar como un frente nacional y de defensa. Porque no es una problemática solo de la Amazonía sino de todo el país, del mundo, porque ponen en peligro el agua, la biodiversidad.”
414 nacimientos y fuentes de agua en la concesión minera
Una de las mayores preocupaciones de las comunidades indígenas y campesinas que se oponen a la minería a cielo abierto en Morona Santiago es la alteración del frágil ecosistema, de flora exuberante y alta pluviosidad que está enclavado en la Cordillera del Cóndor. La misma Contraloría General del Estado hace referencia a la riqueza hídrica de ese punto de la Amazonía en un informe de auditoría presentado en 2013 sobre algunos aspectos ambientales de los proyectos Mirador y Panantza-San Carlos. “En el área de influencia de las concesiones tituladas a nombre de Explorcobres S.A está ubicada la población de la nacionalidad Shuar, lo cual determina un escenario de diversidad cultural, vinculación mítica que tienen con algunos elementos de la Naturaleza; además de que las fuentes y nacientes de agua son indispensables para el desarrollo de la vida de estos pueblos”, dicta la Contraloría. También saca a relucir que dentro de las 13 concesiones que tiene la empresa china, que no deberían ser más de tres, están identificadas 414 fuentes y nacimientos de agua. Casi el doble de las fuentes identificadas en el proyecto Mirador.
El ente auditor del Estado menciona el artículo 3 del Mandato Minero 6 emitido por la Asamblea Constituyente de 2008, “que dispone la extinción sin compensación económica alguna de las concesiones mineras que afecten nacimientos y fuentes de agua”, así como el artículo 396 de la Constitución ecuatoriana que encarga al Estado la adopción de medidas oportunas que eviten impactos ambientales negativos aun cuando exista certidumbre de daño. Pero en el caso del proyecto en mención, el exMinisterio de Minas y Petróleos que en 2009 se convirtió en el Ministerio de Recursos No Renovables, no adoptó medidas para determinar una posible afectación. La Contraloría cuestiona que los funcionarios aludieron a que no tenían las directrices para la aplicación de esa normativa y que en ese sentido, no era posible extinguir concesiones por la sola existencia de nacimientos y fuentes de agua. Además recomienda al Ministerio de Recursos No Renovables coordinar con el Ministerio de Ambiente “para realizar un estudio que permita la identificación de las concesiones mineras que afectan nacimientos y fuentes de agua en procura de su conservación”. Mongabay Latam envió pedidos de información al Ministerio de Ambiente y al de Minería, que absorbió al Ministerio de Recursos Naturales No Renovables a finales de 2015. La consulta principal era si se realizó el estudio que indicó la Contraloría y de ser así, cuáles eran los resultados. Hasta el cierre de esta nota no se ha recibido ninguna respuesta. El informe también hace hincapié en que la empresa china mantuvo 13 áreas concesionadas a pesar de que el Mandato Minero 6 también establecía la extinción de la concesión sin compensación económica “a las concesiones que en número mayor a tres se hayan otorgado a personas naturales o jurídicas”.
Al respecto, la encargada de temas mineros de la ONG Acción Ecológica, Gloria Chicaiza, hace énfasis en que el Mandato Minero se expidió en el marco de la Asamblea Constituyente de 2008 y gozaba de plenos poderes. “El mandato dijo: extínganse las concesiones que estén en estas condiciones, y determinó una serie de parámetros. Ahí está lo de las fuentes de agua, pero también otros, como que las concesiones se encuentren ubicadas en bosques protectores, áreas protegidas. En el proyecto Panantza-San Carlos, en el proyecto Mirador y en la mayoría de proyectos de gran escala no se efectivizó el Mandato Minero, por eso nosotros seguimos sosteniendo hasta ahora que esas concesiones están en ilegalidad”. Hablando de una posible afectación a los nacimientos y fuentes de agua, Chicaiza explica que para la explotación a cielo abierto es necesario hacer cráteres artificiales y que se requiere la utilización de grandes cantidades de explosivos que afectan el tejido hidrológico. “Ese cráter, que es una especie de hueco concéntrico en espiral hacia abajo, va succionando el agua y termina secando los alrededores. Con esto están condenando al exterminio a los shuar, cuyo dios Arutam está en las cascadas”. Finalmente añade que por la posición geográfica del proyecto Panantza-San Carlos habrá “afectaciones reales que van a ser a nivel binacional” y que deben determinarse sanciones civiles a los funcionarios que no aplicaron la normativa minera dictada en la Constituyente.
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