- Escasez de peces, daños en cultivos, migración de población ancestral y la sombra de la constructora brasileña Odebrecht tras la muerte de un dirigente forman parte de las denuncias de habitantes de comunidades.
- La construcción de un embalse para el funcionamiento de una hidroeléctrica que costó 542 millones de dólares provocó cambios irreversibles, aseguran los pobladores, en la vida de las familias de Buena Fe y Valencia.
El 27 de junio de 2013 fue inaugurada la Central Hidroeléctrica Baba por el presidente de aquel entonces Rafael Correa. El acto inaugural de esta obra por la que se cambió el curso del río Baba y se inundaron 1100 hectáreas de cultivos y bosque no fue más que un recordatorio para cientos de familias que, directa o indirectamente, vivían un cambio permanente en sus vidas.
Esta represa está situada en la provincia de Los Ríos, entre los cantones Buena Fe y Valencia, en el centro del Ecuador. Un equipo de Mongabay Latam viajó a esta zona para conocer el estado actual de las comunidades que se opusieron a la construcción del embalse, postura que le habría costado la vida a uno de sus líderes.
Una de esas familias afectadas por el megaproyecto es la de Bella Arroyo. Ella vive junto con varios de sus hijos y nietos en el recinto Peripa del Baba, un caserío que pertenece a la parroquia Patricia Pilar, de Buena Fe. Esta comunidad está situada a menos de cinco minutos del gran embalse. La mujer dijo que en el 2013, cuando empezó a funcionar la hidroeléctrica, los peces se “despidieron” del río.
Cuatro años después del inicio de operaciones de la central, el panorama para Bella Arroyo y el resto de habitantes que decidieron quedarse en las cercanías del embalse es desolador.
“Antes, en el mes de junio, empezaban a subir los chagüingos, los bocachicos, subía esa especie de pez. Ahora ya nada. Ya no suben los peces porque ya cambió el agua. Y ya no avanzan para acá”, relató la mujer.
El Bocachico (Icthyoelephas humorales) es una de las más de 112 especies de peces de agua dulce que han sido identificadas en la costa del país. Esta especie es migratoria, explicó a Mongabay Latam el doctor Windsor Aguirre, profesor de la Universidad DePaul, ubicada en Chicago-Estados Unidos.
El especialista en biología especificó que el Bocachico es la especie más representativa en esta región del Ecuador.
“Esta es una especie endémica del Ecuador y una de las más importantes para la pesquería en agua dulce en la región. Esta especie realiza migraciones a las partes altas de la cuenca del río Guayas para reproducirse al comenzar el invierno (…) El efecto de las represas sobre la fauna de ríos ha sido estudiado por décadas en otras regiones del mundo. Para especies migratorias (como el bocachico), la construcción de una represa puede impedir el proceso de la migración y llevar a que se extinga localmente esa especie”, indicó el científico a través de un correo electrónico.
Hay un segundo factor que estaría incidiendo en la escasez de peces en la zona de Peripa del Baba. Bella Arroyo contó que antes pescaban con atarraya, de forma artesanal, pero que hoy usan otras artes de pesca.
Ahora no se puede porque los “pocos peces” que hay en el embalse están en la profundidad. A esto, la mujer afrodescendiente sumó el hecho de que pescadores ajenos a la zona ingresan con libertad al desfogue del caudal ecológico que tiene el embalse y que capturan a las especies con artes de pesca de gran tamaño. La dirigente social argumentó que el acceso a este lugar se facilitó a los extraños luego de que se construyera una vía de primer orden como parte de la central energética, sobre todo, porque no hay control de quien ingresa.
Mongabay Latam consultó a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), a cargo de las centrales hidroeléctricas, y al Instituto Nacional de Pesca (INP), responsable de realizar investigaciones científicas y tecnológicas de los recursos bioacuáticos del país, sobre el estado de las poblaciones de peces en la zona de influencia del embalse.
Celec contestó que, de acuerdo al monitoreo realizado por el INP al embalse, en el año 2012, cuando ya se había cambiado el curso del río, se determinó “que no hay problemas en cuanto al desove de las especies”, pero que “la pesca exagerada y el uso de artes de pesca prohibidas, así como la desatención al periodo de veda, han provocado la disminución de ciertas especies de peces”. Entre los recursos usados para capturar los animales acuáticos están los explosivos. Esta institución aseguró que los procesos migratorios de los especímenes se mantienen de forma normal por el cauce ecológico.
En tanto que el INP contestó que “actualmente desconoce” el estado de las especies que están en el embalse de la Central Hidroeléctrica Baba y las condiciones para el desove de las mismas. No se especificaron medidas para restringir el paso de quienes no habitan en la zona.
Don Germán Godoy, esposo de Bella Arroyo, recordó con nostalgia cómo eran sus madrugadas de faena bajo la luz de la luna en el cauce original del río Baba. Él salía casi a la medianoche con su esposa, como si se tratase de una cita, y se embarcaban en una canoa para pescar hasta que amaneciera. En su relato se extiende una larga lista de especies de peces que lograba capturar con su atarraya: bocachico, cachama blanca, Rratón, guanchiche, bagre, lisa, entre otras.
La pesca de la madrugada era destinada a la comida del día de la familia y para la venta. Este ingreso ayudaba a Germán a sostener su hogar. Ahora tiene que hacer ‘malabares’ para ganarse la vida, lamentó. El hombre de tez negra y de sonrisa amplia sale a diario a buscar trabajo en fincas y haciendas cercanas, donde gana entre 5 y 20 dólares. Con ese dinero compra los alimentos que hacen falta para completar el desayuno, el almuerzo y la merienda. Esta familia aún se ayuda de pequeños cultivos de plátano, maíz, yuca y otros productos agrícolas.
El esfuerzo de toda una vida bajo el agua
Peripa del Baba, La Ceiba y Corriente Grande son tres de las más de 30 comunidades que se opusieron al Proyecto Multipropósito Baba (PMB), ahora denominado Central Hidroeléctrica Baba. En estos lugares predominan habitantes de raza negra. Sus ancestros llegaron a esta zona del Ecuador hace más de 100 años, desde Colombia y Esmeraldas (provincia del norte de Ecuador), y les heredaron estas tierras que eran ricas en árboles frutales y maderables, además de cultivos de cacao, café, maíz y arroz.
Esa riqueza ya no es tangible, solo está en el imaginario de quien escucha las historias de los adultos mayores de estas comunidades, quienes relatan con impotencia cómo de la noche a la mañana su esfuerzo quedó bajo el agua.
Don Néstor Angulo, de 67 años, es uno de los habitantes de Corriente Grande que se siente “estafado” por el gobierno que impulsó la construcción de la central hidroeléctrica. Durante su relato, este hombre de caminar lento, expresó con tono de nostalgia y furia todo lo vivido en estos últimos 10 años. A pesar de sus dolencias, que dijo son las cuentas que le ha cobrado el tiempo, soportó “burlas” y “engaños” de empleados de la constructora Odebrecht y del gobierno.
Esto lo ha vivido en su periplo para cobrar la indemnización por la expropiación de 16 hectáreas de terreno que heredó de su padre, contó a Mongabay Latam. En un avalúo preliminar, de hace más de una década, una persona que trabajaba para la firma extranjera, dijo, le indicó que iba a recibir 4100 dólares por cada hectárea.
Él aseguró tener los papeles que certifican que es el dueño de esta extensión de terreno, que ahora está bajo el agua. A este valor, sostuvo, se le debe de sumar el costo de los cultivos que estaban en crecimiento. En su caso, detalló que tenía árboles frutales y maderables.
“Con gran sacrificio que yo dejé mi juventud en ese terreno. Yo comencé a trabajar a la edad de 13 años. Estoy enfermo y no me han pagado mi dinero, pero arriba hay un dios”, susurró el adulto mayor, quien tuvo siete hijos con su esposa.
Él quería pasar sus últimos años en su finca sin preocupación alguna, pero ha tenido que mudarse a la casa de un familiar en Quevedo, otro cantón de Los Ríos, para insistir en el trámite de la indemnización. En sus planes no estaba irse de su tierra, al igual que el resto de habitantes de la zona de influencia del embalse que partieron a Santo Domingo, Quito y otros sitios de la serranía en busca de mejores días.
La cifra de pobladores que salieron de este punto de la provincia de Los Ríos no está definida, aunque la dirigente social Bella Arroyo dijo que en promedio unas 50 personas migraron por comunidad, es decir, unos 1500 habitantes aproximadamente.
Uno de los pobladores que migró luego de que la central energética iniciara sus operaciones fue uno de los primos de Don Néstor y de Bella, Evaristo Cruel, quien sufrió un cuadro de depresión porque la actividad pesquera dejó de ser el oficio rentable que por décadas lo ayudó a sustentar la vida de sus familiares.
“Un día se botó en medio del río y ahí se estaba dejando hundir. Unos niños lo vieron y avisaron. Él estaba bien deprimido y le dio derrame. Él quería matarse porque él vivía de la pesca. Para mi familia esta obra ha sido un golpe muy fuerte”, contó Bella Arroyo. Después de este episodio, Evaristo tomó la decisión de quitarse la vida en Quevedo, en el 2014. Sus parientes desconocen las razones por las que lo hizo.
Celec informó, a través de un correo electrónico, que se han cancelado todos los valores a quienes presentaron la documentación que acredita la propiedad de los terrenos expropiados. No obstante, Mongabay Latam envió una solicitud adicional de información para conocer más detalles del caso de Néstor Angulo. Hasta el cierre de este informe la petición no ha sido atendida.
Esta corporación pública destacó en la comunicación que la obra de gran envergadura trajo consigo beneficios para las comunidades. Entre ellos se mencionaron: “proyectos de electricidad, de educación para jóvenes y adultos, de formación de brigadas médicas, emprendimientos de apicultura y piscicultura, elaboración de abonos orgánicos, elaboración de huertos familiares, mejoramiento de entorno de comunidades, adecuación de escuelas, programa de manejo y clasificación de deshechos. Además de un plan de reasentamiento de 35 familias, que incluye casa de planta alta, 1 hectárea de terreno, 1100 plantas de cacao, kit agrícola y asesoramiento técnico”.
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Resistencia a dejar su pedacito de tierra
La falta de trabajo, de áreas para cultivar y pescar, de agua limpia para el consumo —sostuvieron los pobladores— fueron factores suficientes para que cientos de habitantes partieran de esta zona. Sin embargo, decenas de comuneros se quedaron también en sus parcelas.
Freddy Solís, de 52 años, se ha adaptado a estas condiciones. Desde hace más de 30 años vive en Peripa del Baba y no se ha ido porque no tiene otro lugar para vivir junto con sus cinco hijos y dos nietos.
El equipo de Mongabay Latam lo abordó cuando se dirigía a un pozo de agua que construyó Hidrolitoral, la segunda empresa que tuvo a cargo la edificación de la represa.
Solís indicó que este pozo no cumplió con las expectativas de los habitantes de este recinto, pues el líquido que se extrae es turbio, a diferencia, según dijo, del agua que recogían del río, antes de que se construyera el dique que restringe casi por completo el paso del afluente. Una pequeña vertiente natural de agua que proviene de un cerro es compartida por las familias del lugar.
En esta y otras comunidades también hay un problema de proliferación de mosquitos durante todo el año. Pobladores contaron que tienen que comprar productos químicos para repeler estos insectos y así evitar enfermedades como el dengue, zika y chikungunya.
Celec explicó a Mongabay Latam que el agua del embalse está en constante movimiento “por lo que no es propicia para la proliferación de estos vectores”. Sin embargo, la entidad aseguró que se realizan “campañas de fumigación para el control de vectores”. Este portal solicitó al departamento de Comunicación de la Coordinación Zonal 5 del Ministerio de Salud las cifras sobre la incidencia de casos de enfermedades transmitidas por el mosquito, pero no hubo respuesta.
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La piedra en el zapato del proyecto
Hace más de 12 años, un hombre avizoró los estragos que vivirían las comunidades asentadas en la zona de influencia de la Central Hidroeléctrica Baba.
Bella Arroyo, de estatura media y semblante serio, tiene 63 años y es hermana de Andrés Armenio Arroyo Segura, aquel hombre que proyectó las afectaciones de la central energética. Ella conversó con Mongabay Latam en la sala de su casa. Allí la rodeaban su esposo, tres de sus hijos y varios de sus nietos. Estaban concentrados en el relato de la matriarca. Ella hablaba pausado y con firmeza. El sonido de su voz se tornaba más fuerte cuando tenía que detallar la lucha social del líder comunitario.
Como si las conversaciones con su hermano menor hubiesen ocurrido días antes de la visita del equipo periodístico, ella recordaba con exactitud lo que hace más de 12 años le dijo don Andrés sobre los impactos que enfrentaría su pueblo.
“Él me dijo que estaba en pie de lucha (…). Me dijo: ‘La represa es perjuicio para las comunidades. Sabes ¿por qué?, porque (los habitantes de las comunidades) se quedarán sin tierra, sin trabajo’”, mencionó Bella.
Andrés Arroyo mantuvo unidas a 32 comunidades que le dijeron “No” a la central hidroeléctrica hasta que lo asesinaron.
El 19 de junio de 2015 es una fecha que marca un antes y un después para la ejecución de la represa. Ese día mataron al líder comunitario, quien era presidente de la Asociación de Trabajadores Agrícolas Afrodescendientes Segura. Además era parte de una coalición regional de dirigentes que se reunía periódicamente para delinear acciones dirigidas a influenciar al gobierno de turno sobre la edificación de la represa.
La construcción del Proyecto Multipropósito Baba (PMB) estaba prevista desde hace varias décadas, según lo trazado por la Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas (CEDEGE). El 9 de octubre de 2004, el Gobierno de Lucio Gutiérrez le dio impulso a la iniciativa energética y la declaró como obra prioritaria. No obstante, recién a finales del 2006 el Ministerio del Ambiente (MAE) concedió la licencia ambiental para que la obra sea ejecutada. Luego se firmó el contrato para su construcción en el Gobierno de Rafael Correa.
En la licitación, se escogió a un consorcio liderado por la empresa brasileña Odebrecht para ejecutar la ambiciosa obra, que terminó costando 542 millones de dólares. La propuesta inicial del proyecto, antes de que se adjudiquen los trabajos al conglomerado empresarial privado, contemplaba que se inundaran más de 3000 hectáreas.
Esto generó malestar en los habitantes de la zona de influencia del proyecto y de sectores sociales que avizoraban potenciales afectaciones a cultivos y propiedades en esta jurisdicción productiva del país, que se situó en el 2010 entre las cinco provincias “con mayor superficie de labor agrícola” a nivel nacional, según un informe del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap).
Por este motivo, CEDEGE se vio obligada a reducir el área a inundar (1100 hectáreas) y a señalar que se trataba de tierras que estaban en manos de pocas personas, por lo que el número de afectados sería mucho menor.
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Alerta sobre el medio ambiente
La preocupación no solo se centró en los aspectos sociales y económicos, sino también en los ambientales.
Esto llevó a habitantes de la zona de influencia de la obra y a organizaciones no gubernamentales internacionales a presentar una acción de protección ante la Corte Constitucional (CC) para que se paralice la ejecución del proyecto.
El 15 de diciembre de 2008, la CC acogió parcialmente el recurso y ordenó la revisión del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el Plan de Manejo Ambiental (PMA) por parte del Ministerio del Ambiente, alegando que no se podría tolerar la inacción del Estado frente a impactos ambientales que pueden agravarse por la ejecución del PMB (Proyecto Multipropósito Baba)”.
En la resolución de la causa se detallaba también que con la ejecución del proyecto “se afectaría al ecosistema de la zona, con grave riesgo para las especies acuáticas y terrestres”. Además de “la posibilidad de que genere impactos severos a la biodiversidad”. Se remarcó que la “modificación del hábitat natural de especies propias es bastante grande, según conclusiones del propio EIAD (Estudio de Impacto Ambiental Definitivo)”.
El organismo resolvió que el Ministerio del Ambiente debía evaluar el EIA y el PMA de la obra. Además de ordenar las acciones necesarias para proteger los derechos de los habitantes y del medio ambiente. En función de esto, según se detalló en el dictamen, los términos de la licencia ambiental de la obra tenían que ser reformulados por esta cartera de Estado.
No obstante, la obra continuó, pero ya en manos de la empresa OAS Ltda., también de Brasil, luego de que el presidente, de ese entonces, Rafael Correa, expulsara a Odebrecht por fallas en otra construcción hidroeléctrica.
Mongabay Latam solicitó una entrevista con el departamento de Comunicación del Ministerio del Ambiente para conocer los resultados de la evaluación que ordenó la CC, pero hasta la publicación de este artículo no hubo respuesta.
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Un capítulo que aún no se ha cerrado
La familia de Andrés Armenio Arroyo Segura aún no puede cerrar el capítulo de la muerte del líder comunitario.
Su deceso pasó de ser investigado como un accidente a un caso de asesinato. El 19 de junio de 2015, Andrés fue hallado sin vida en un sector ribereño del recinto La Ceiba. Personas que lo vieron por última vez contaron que él estaba compartiendo un momento ameno por el Día del Padre en la casa de un amigo en este lugar de Buena Fe.
Al cadáver del dirigente social, que se había convertido en una piedra en el zapato de Odebrecht y del Gobierno, se le practicó una autopsia y se determinó que la causa de la muerte había sido un golpe, producto de una supuesta caída.
Su hermana, Bella Arroyo, relató que un año después del hecho surgió un testimonio clave para esclarecer la muerte del dirigente afrodescendiente. Un testimonio que hasta el día de hoy la deja perpleja.
A casi un año del deceso de Andrés, Ronald Arroyo, uno de sus sobrinos, le confesó a un pariente cercano que estuvo involucrado en el asesinato.
Un juez ordenó la exhumación de los restos de Andrés para que se le practicara un nuevo análisis. Con este estudio se determinó que el líder comunitario fue golpeado con un objeto contundente en el cráneo.
“De ahí vienen las investigaciones y cae preso Ronald (sobrino de Bella). A los otros dos procesados no se los pudo localizar, se escondieron. (Quienes cometieron el crimen) son el marido de mi hermana (Luis Arroyo Ramírez) y los dos hijos de mi hermana, mis sobrinos (Ronald y Darío). Se valieron de mi propia familia para matar a mi hermano”, lamentó la mujer de 63 años.
Arroyo dijo estar segura que detrás de la muerte de su hermano hay gente poderosa que estuvo involucrada con la empresa Odebrecht, que tuvo a su cargo, en un inicio, la construcción del Proyecto Multipropósito Baba. Cree que de ‘ese lado del río’ está el autor intelectual del crimen y se atreve a decirlo ahora que se ha destapado el escándalo de corrupción a nivel internacional.
El asambleísta Christian Viteri, quien se apartó de la bancada oficialista, viajó a inicios de este año a Brasil para revisar documentación del proceso judicial abierto en esta nación en contra de la constructora.
Según se reseñó en una publicación de El Comercio, Viteri advirtió que Odebrecht entregó sobornos en Ecuador por lo menos en dos ocasiones, cuando la firma brasileña ganó el contrato para construir el Proyecto Multipropósito Baba y cuando regresó a trabajar al país en el 2010, tras ser expulsada por el Gobierno de Correa.
“Como él (Andrés Arroyo) era un opositor a la represa, ellos trataron de sacarlo de en medio. Y cuando lo terminaron sacando a mi hermano trajeron sus maquinarias (…). Hubo mucho dinero de por medio. A mí me ofrecieron 25 mil dólares para que el caso de mi hermano se quede en nada. Yo les dije que no, porque mi hermano no era un quintal de papa. Esta persona (que me ofreció el dinero) era un intermediario de Odebrecht. No le puedo decir quién era por miedo a que me puedan hacer algo. Mis familiares se dejaron llevar por el dinero para sacar a mi hermano de en medio. Porque fue por dinero que lo mataron a mi hermano”, sentenció la mujer, quien obtuvo información sobre el pago de 3 mil dólares que habrían recibido los procesados.
Tras cuatro años de silencio, habitantes de esta zona fértil del Ecuador le pidieron al gobierno que realice un censo socioeconómico para que se levante información sobre la realidad actual de los pobladores y se gestionen recursos para ejecutar proyectos de emprendimiento.