- Mineros de oro invadieron las tierras ocupadas por 21 comunidades indígenas que viven en la ribera del río Tropas en la cuenca del Tapajós, Brasil. A pesar de las protestas del Movimiento Ipereg Ayu, el grupo de la resistencia de los munduruku, el gobierno no ha hecho gran cosa.
“La extracción de oro en nuestro territorio está trayendo muchas enfermedades, mucha malaria. Está trayendo alcohol a nuestras comunidades. Está trayendo drogas a nuestro territorio”, dijo Maria Leusa, guerrera munduruku y miembro destacado del Movimiento Ipereg Ayu (la frase significa “Soy fuerte” en munduruku). “Los garimpeiros [los mineros de oro] están empeorando las divisiones dentro de nuestra comunidad, han reclutado a algunos líderes munduruku y les han dado armas. Traen cachaça [ron barato], seducen a nuestras jóvenes. Tenemos miedo de que empeore. Debemos pararlo”.
Leusa no tiene pelos en la lengua, a pesar de la noticia de un informante que revelaba que los propietarios de las minas han ofrecido pagar 100 gramos de oro a la persona que la asesine. Habló con Mongabay en la aldea indígena de Boca do Rio das Tropas, cerca de donde el río Tropas desemboca en el río Tapajós. Leusa estaba allí para participar en una reunión de las mujeres munduruku en la que expresaban su cólera e indignación al impacto de la minería en sus comunidades.
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Esto no es minería artesanal a pequeña escala. Las mujeres munduruku dicen que ahora hay minas que usan materiales fuertes y dañinos en la cabecera del río Tropas —todo bien respaldadas por una pista de aterrizaje donde los aviones de abastecimiento llegan diariamente—. Las 21 aldeas munduruku, con una población total de unas 500 personas, se han visto afectadas negativamente por el severo empeoramiento de la contaminación de las aguas y el aumento de la violencia.
Desafortunadamente para los munduruku, la redada lanzada contra las minas el 5 de mayo por la Policía Federal, conocida como Operación Pajé Bravo, aunque destruyó algo del material, fue insuficiente para cerrar las minas en las tierras munduruku. En cambio, las amenazas de muerte contra los indígenas se han multiplicado y la posibilidad de violencia en esta parte remota del Amazonas va en aumento.
La contaminación del río
Aloísio Ikopi, un respetado cronista munduruku y residente de Boca de Igarapé Preto, describió el daño hecho hasta la fecha. Claramente muy enfadado, dijo que los garimpeiros han dañado el bosque alrededor de las minas sin cuidado e innecesariamente. Incluso han arrancado timbó plantado por sus antepasados.
El timbó es una importante planta ceremonial. Posee una raíz venenosa, que los grupos indígenas del Amazonas usan en un festival anual, llamado una tinguejada. Celebrado en la estación de las lluvias, cuando el pescado es abundante, la celebración termina con un banquete. El veneno de la raíz del timbó, que rara vez se utiliza en otras ocasiones, permite a los indígenas reunir cantidades de pescado aturdido para el banquete.
Ikopi explicó que los mineros están contaminando el río, con un impacto catastrófico. “Los pariwats [blancos] han matado a la Madre del Pescado. No la vimos morir, pero sabíamos que moriría, cuando [los mineros] subieron por nuestro río con sus excavadoras”, dijo. “Junto con las maquinas llegaron muchos pariwats [hombres blancos]. Vi morir muchos peces”.
Los antepasados munduruku están enfadados, explicó: “Nos están diciendo que no debemos aceptar este tipo de destrucción. Los pariwats no dependen del bosque; viven de la destrucción. Pero nosotros dependemos del bosque para sobrevivir —de los peces, los animales salvajes, la fruta, la palmera de azaí—. Y ni siquiera podemos ya comer las bayas de azaí [un alimento básico], ya que han destruido los árboles de azaí en el bosque. En el pasado, nuestros antepasados nos avisaron de que si derribábamos una palmera de moriche, íbamos a sufrir todos. ¡Imagina hoy en día!”.
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La minería sostenible frente a la minería insostenible
Los primeros mineros pariwat llegaron en los años 60 pero solo llegaron en grandes números en los años 80 después de informes que decían que el río Tapajós albergaba una de las reservas de oro más ricas del mundo. En ese momento, los munduruku se unieron en oposición y expulsaron a los mineros.
Pero entonces algunos munduruku empezaron a abrir minas a pequeña escala. Esto se debió a que, ahora, la población indígena necesitaba una pequeña cantidad de ingresos en efectivo para poder negociar con los pariwats. Como los primeros mineros, los mineros indígenas usaban materiales sencillos, una bomba accionada por un motor pequeño, lo que limitaba el daño al río —sin embargo, la minería llevada a cabo todavía era ilegal—.
En respuesta a esta actividad ilegal, algunos munduruku dicen que el problema no es la extracción de oro llevada a cabo, sino cómo se lleva a cabo. Los pariwats, dicen, tienen mucho menos cuidado que los munduruku. Como todos sus suministros llegan por el aire, incluida la comida, los propietarios de las minas no se esfuerzan por restringir el daño a la riqueza del bosque porque no la necesitan para su supervivencia.
En el 2010, los pariwats volvieron. Esta vez llegaron en números mucho mayores. Y se encargaron de ganarse algunos munduruku con regalos, que otros llaman sobornos. Para entonces la FUNAI estaba siendo desmantelada y desprovista de fondos por el gobierno y los Mmnduruku recibieron poco del apoyo al que tenían derecho legalmente en el área de salud, educación y transporte. Esto facilitó que los pariwats obtuvieran apoyo dentro de las comunidades.
Los propietarios de las minas reclamaron ambas riberas del río Tropas. En una orilla se encuentra el Territorio Indígena munduruku, cuyas comunidades han finalizado el largo proceso legal de reconocimiento gubernamental de sus tierras indígenas protegidas. La otra orilla es una unidad de conservación, el Bosque Nacional de Crepori. En ambas zonas de estas riberas del río, la minería está completamente prohibida.
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La ambivalencia del gobierno
Cuando los propietarios de las minas volvieron en el 2010, vinieron provistos de materiales mucho más grandes y mucho más dañinos. Los munduruku han denunciado repetidamente a las autoridades brasileñas el daño que están haciendo, incluso al IBAMA, la agencia ambiental del gobierno; el ICMBio, el Instituto Chico Mendes; la FUNAI, agencia indígena del gobierno; y el MPF, el Ministerio Público Federal, con sus litigantes independientes.
La respuesta federal ha sido lenta, en gran medida ineficaz e incluso ambivalente. En parte, esto es porque el gobierno mismo parece dividido. Mientras que hay ecologistas dedicados y fervientes defensores indígenas entre los funcionarios nacionales, muchos políticos y reguladores federales, estatales y locales están vinculados a los propietarios de las minas. De hecho, algunos propietarios han usado el dinero que hicieron en las minas para crear un grupo político de presión y tener sus propios diputados elegidos al congreso.
En 1983, el gobierno militar, notorio por su hostilidad hacia los grupos indígenas, creó la Reserva Garimpeiro de Tapajós, un área de 28,7 kilómetros cuadrados (11 millas cuadradas), donde la extracción de oro estaba permitida. Cuando después se creó el Bosque Nacional de Crepori, una parte coincidía con la Reserva Garimpeira, así que la minería se permitía incluso dentro del bosque nacional. Oficialmente, siempre había sido necesario un largo proceso de autorización para los forasteros que querían utilizar la zona minera, pero, en la práctica, ese proceso rara vez tenía lugar.
Con casi todas las minas en la Reserva Garimpeiro irregulares y no oficiales, el IBAMA, ocasionalmente, ha llevado a cabo operaciones para disuadir la minería ilegal, como la quema de todo el material que encontraban en la zona. Pero tan recientemente como en 2013, había informes de al menos 50 000 garimpeiros que se dedican allí a la minería, aunque las estimaciones son imprecisas porque nadie sabe dónde empieza y acaba la reserva sobre el terreno ya que nunca ha sido demarcada por el gobierno.
Ahora, la minería a gran escala se avecina sobre las tierras indígenas. Grandes empresas mineras, como la brasileña Vale, además de varias empresas canadienses, están muy interesas en instalarse. Pero, antes de que puedan, el Congreso debe de aprobar una ley que determine como sería regulada esta minería. Justamente tal proyecto de ley, que permitiría la extracción minera en todas las tierras indígenas de Brasil, ha estado languideciendo en la legislatura durante años. Pero recientemente la presión ha aumentado para que sea aprobado.
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Aplicación descontrolada o insuficiente
Como ya se ha señalado, las autoridades brasileñas han montado infrecuentes operaciones policiales para terminar con la extracción de oro en áreas específicas de la cuenca del Tapajós, pero la mayoría han durado solo unos pocos días y después los operadores mineros se han reagrupado rápidamente y restablecido las minas una vez que se habían ido las autoridades.
Una de estas redadas en noviembre de 2012 salió espectacularmente mal cuando la Policía Federal invadió la aldea munduruku de Teles Pires e incendió una barcaza de la extracción de oro. La policía no preparó a la comunidad indígena adecuadamente para la operación y la llegada abrupta de decenas de policías armados cogió a los lugareños por sorpresa. En la confusión consiguiente, un hombre munduruku murió y varios otros resultaron gravemente heridos. Desde entonces, la Policía Federal ha tenido cuidado en las operaciones montadas en las tierras indígenas.
Aun así, al abrirse cada vez más minas en el territorio munduruku, el Movimiento Ipereg Ayu se ha sentido cada vez más exasperado con la no aplicación de la ley por parte del gobierno y, por lo tanto, ha recurrido cada vez más a la acción directa.
En enero de 2014, guerreros y guerreras del Movimiento Ipereg Ayu viajaron a lo largo del río Tropas durante casi tres semanas e iban cerrando minas ilegales y confiscando material. Localizaron 46 máquinas pesadas de excavación.
Pero una vez más, los mineros regresaron. En diciembre de 2017, el Ministerio Público Federal emitió una recomendación en la que instaba al IBAMA y el ICMBio a efectuar operaciones policiales periódicas contra la minería ilegal a lo largo del río Tropas. No hicieron casi nada.
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Los munduruku de patrulla
En enero de 2018, seis canoas motorizadas, cargadas con docenas de guerreros munduruku armados con arcos y escopetas, (acompañados por indígenas mayores y niños), salieron en otra acción no oficial de vigilancia policial.
Un corresponsal, Fabiano Maisonnave del periódico Folha de São Paulo, viajó con ellos. Informó que casi todo el río Tropas, desde su cabecera, donde están ubicadas la mayoría de las minas, hasta donde desemboca en el Tapajós, ha sido gravemente contaminado por la minería. Aguas que en su día eran translúcidas, ahora eran fangosas y sucias, escribió. Arnaldo Kaba, el principal cacique de los munduruku, le dijo al periodista que no había visto ni una mariposa sobrevolar el agua contaminada.
Después de pasar una inmensa mina en el río Tropas ubicada dentro del Bosque Nacional de Crepori, los munduruku llegaron a la aldea de PV, la abreviatura de Posto de Vigilância, la estación de vigilancia de la FUNAI originalmente establecida como el cuartel general para la prevención de la minería ilegal, un plan que nunca fue implementado eficazmente.
Paradójicamente, los garimpeiros estaban por todas partes dentro de la reserva, escribió el periodista. Habían construido una pista de aterrizaje en la aldea de PV y llegaron siete aviones entre la tarde y la noche que el reportero estuvo allí. Los aviones transportaban grandes cantidades de comida, combustible, alcohol y otros suministros, lo que demuestra que los propietarios de las minas no están dirigiendo operaciones artesanales a pequeña escala, sino grandes proyectos bien organizados.
Arnaldo Kaba le dijo a Mongabay que el cacique local, Osvaldo Waro, y su hijo, João, habían sido seducidos por la oferta de dinero de los garimpeiros. En reuniones celebradas con los garimpeiros, Kaba dijo a los mineros firmemente que debían dejar las tierras, pero Waro fue ambivalente y pidió a los garimpeiros que cumplieran promesas pasadas, como la construcción de un pozo artesiano para la aldea.
Mientras Waro estaba hablando, el propietario de una mina se puso en píe y le entregó 20 gramos de oro, por valor de unos 500 dólares. Uno de los garimpeiros, conocido como Barbudo, estuvo de acuerdo con que era una cantidad grande, pero dijo que pretendía compensarle por comer, dormir y beber en casa de Waro. “A veces, en un día, gastamos 15 o 20 gramos de oro en cachaça [ron barato] y prostitutas”, dijo. “No podemos darle menos que eso”.
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Terreno resbaladizo hacia la violencia
A pesar de la tentación de aceptar tales pagos, la mayoría de los munduruku son muy conscientes del daño ambiental que están produciendo las minas y apoyan los intentos del Movimiento Ipereg Ayu por cerrarlas. Desde enero de 2018 el movimiento ha continuado con su ofensiva. En marzo, sus miembros volvieron a la aldea PV y allí encontraron docenas de pariwats que estaban trabajando y que usaban muchas máquinas pesadas.
Los encargados del cumplimiento de la ley del Ipereg Ayu fueron abordados por hombres munduruku borrachos, aliados con el pariwat y armados con revólveres, los cuales amenazaron al cacique Arnaldo Kaba y dos guerreras, Maria Leusa y Ana Poxo.
Un garimpeiro reveló que dos indígenas munduruku habían pagado a cinco pariwats 250 gramos de oro —unos 6000 dólares— para que matasen a los líderes del Movimiento Ipereg Ayu. Más tarde, un informante pasó una grabación telefónica realizada en un bar en el pueblo de Jacareacanga, durante la cual un garimpeiro llamado Evandro Alves de Melo dijo que se pagarían 100 gramos de oro a la persona que asesinase a Maria Leusa.
Poco después de esto, las autoridades tomaron medidas. El 3 de mayo, la Policía Federal, acompañada por el personal del IBAMA y del ICMBio, lanzó la Operación Pajé Bravo contra las minas ilegales. Usaron un helicóptero y tres aviones para destruir ocho excavadoras y un tractor durante dos días. Sobre el terreno, emitieron 33 actas de infracción e impusieron multas. En un asalto coordinado, parte de otra operación, asaltaron oficinas comerciales en las ciudades de Santerém e Itaituba, en un intento por romper la red a través de la que el oro, ilegalmente extraído de las cientos de minas en la región era vendido.
En un comunicado a Mongabay, Roberto Cabral, el coordinador de operaciones de vigilancia del IBAMA, explicó por qué la agencia llevó a cabo las redadas: “El Territorio Indígena munduruku es el centro de una presión intensa por parte de la minería ilegal. La explotación de los recursos naturales lleva a la sedimentación de los ríos y los arroyos, junto con la contaminación de mercurio. Las comunidades y los animales se ven afectados por la destrucción provocada por las minas”.
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Acción gubernamental necesaria urgentemente
La Operación Pajé Bravo parece que solo ha exacerbado la situación a lo largo del río Tropas. Los munduruku que se oponen a la minería permanecen enfadados e insatisfechos, observan que la policía no logra combatir la minería que está teniendo lugar dentro de su territorio. Dicen que todavía hay al menos 69 excavadoras trabajando en sus tierras y ninguna de estas fue destruida. Los munduruku señalan que la única vez que realmente la policía entró en sus tierras fue para entrar y salir de la región, al usar la pista de aterrizaje en la aldea PV.
Algunas de las minas más grandes —que causan un gran daño ambiental— no fueron deterioradas en la redada y están ubicadas en el Bosque Nacional de Crepori. Los indígenas dicen que el bosque nacional, aunque creado en teoría en el 2006, nunca ha sido implementado y patrullado adecuadamente, así que los garimpeiros deambulan a su aire.
Las 3 redadas de mayo también provocaron una reacción colérica por parte de los garimpeiros. En un principio, amenazaron con bloquear la autovía BR-163, una artería vital para la exportación de mercancías de la agroindustria, que va desde Cuiabá, en el estado de Mato Grosso, a Santarém, en el estado de Pará. Su lema: “Los garimpeiros no son bandidos”.
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Pero entonces los propietarios de las minas cambiaron de estrategia, y enviaron una delegación a Brasilia donde estaban seguros de que su queja sería bien recibida por la poderosa bancada ruralista, el grupo de presión de la minería y la agroindustria, en el Congreso.
El 5 de mayo, un diputado federal de la derecha, Joaquim Passarinho, presentó un proyecto de ley para evitar que el IBAMA destruya in situ el material minero que incaute. En lugar de eso, en el futuro tendría que entregarlo a las autoridades municipales, una concesión directa a los propietarios de las minas. En el pasado, antes de que el IBAMA empezase a destruir el material, los propietarios habían podido ir a los tribunales y fácilmente reclamar su maquinaria, lo que podrían volver hacer bajo las nuevas regulaciones.
Los munduruku esperaban que la Operación Pajé Bravo por fin expulsara a los mineros de su territorio, pero ahora ven pocas señales de que eso vaya a suceder. Mongabay habló con las guerreras en la aldea de Boca do Rio das Trapas el 11 de mayo, justo una semana después de la redada Pajé Bravo. Mientras todas hablaban, podían ver a los garimpeiros abajo en el río que traían maquinaria nueva en barcazas para reemplazar la que había sido destruida.
De hecho, la situación parece más volátil que nunca. Maria Leusa y otros miembros del Movimiento Ipereg Ayu se han vuelto más visibles, lo que les pone en un alto peligro personal. A pesar de esto, Maria Leusa se mantiene desafiante: “Estamos recibiendo muchas amenazas de muerte”, reconoce, “pero podemos cambiar las cosas. Es nuestra única oportunidad”.
Imagen principal: Maria Leusa, miembro del Movimiento Ipereg Ayu y guerrera munduruku. Recientemente, un informante reveló que los mineros ilegales han ofrecido pagar 100 gramos en oro a la persona que la asesine. Foto de Rosamaria Loures.
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