- Imágenes satelitales de Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP) revelan que aún sin entrar en etapa de explotación, entre 2009 y 2017, el proyecto Mirador en la provincia de Zamora Chinchipe ha deforestado 1307 hectáreas de bosque.
- Las comunidades campesinas están preocupadas por la contaminación de sus aguas y por los desalojos de los que han sido víctimas por negarse a vender sus predios a la empresa minera.
- La situación de las provincias amazónicas de Morona Santiago y Zamora Chinchipe es bastante polémica. Cerca del 30 % de su superficie total está concesionada y en el caso de la primera provincia, 90 % de las concesiones están sobre territorios indígenas.
En la última década Ecuador ha visto cómo se han multiplicado exponencialmente las concesiones mineras en su territorio, especialmente en la Amazonía y la cordillera del Cóndor ─una cadena montañosa entre las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe, con amplia biodiversidad y un alto grado de endemismo─. Esto ha venido preocupando a las comunidades que habitan en esta región pues la Amazonía ecuatoriana es hogar de un gran número de pueblos indígenas y áreas protegidas, donde casi el 84 % del territorio cuenta con algún grado de protección (los territorios indígenas abarcan el 57,45 % y las Áreas Naturales del Estado ocupan un 26,17 %).
Las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe, en el sureste de Ecuador cuentan con gran parte de su territorio concesionado a la minería, donde las mayoría de proyectos se encuentran en etapa de exploración inicial. Algunos datos llaman la atención: las concesiones mineras corresponden al 30 % de la superficie total las provincias mencionadas y gran parte de estas concesiones se sobreponen a la Cordillera del Cóndor. En el caso de Morona Santiago, el 90 % de las concesiones están sobre territorios indígenas.
Mirador es un proyecto minero a cielo abierto que se realiza en esta región de Ecuador. Es el más avanzado de todos los que se están proyectando en el país y está a cargo de la empresa de capital chino Ecuacorriente SA (ECSA). Actualmente se encuentra en etapa de construcción y busca extraer concentrado de cobre durante un periodo de 30 años, para luego exportarlo a China y ser procesado en el país asiático.
La mina de cielo abierto también pretende extraer en menor medida metales como plata y oro. Se prevé la extracción de 19 440 000 toneladas de roca al año y abarca una superficie de 9928 hectáreas en 11 bloques. Al momento se ha firmado contrato para la explotación de dos de estas áreas.
Recientemente el proyecto Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP) reveló un análisis con bases en imágenes satelitales donde se muestra como durante la etapa de construcción de vías de acceso para la mina, entre 2009 y 2017, ya se han deforestado 1307 hectáreas de bosque. Carlos Mazabanda, coordinador para Ecuador de Amazon Watch, le dijo a Mongabay Latam que lo que ha llamado la atención es cómo este proyecto ha transformado la vida de las personas en la zona de influencia, en la parroquia Tundayme. “Preocupan los desalojos y la contaminación ambiental que ya es visible en un proyecto que está recién en la etapa de construcción”, dice.
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Obligados a vender
Para tomar posesión del territorio concesionado, la empresa ECSA inició la negociación y compra de predios campesinos. Sin embargo, no todos los titulares estuvieron de acuerdo con las negociaciones por lo que la empresa realizó servidumbres ─la empresa a través de una orden judicial compra o toma en préstamo el terreno por un valor determinado por las autoridades─, y posteriormente solicitó al Estado que realizara el desalojo de las propiedades de aproximadamente 32 familias, ya que ambos mecanismos están contemplados en la actual Ley de Minería de Ecuador.
Lo que agravaría la situación es que, según Mazabanda, no se realizaron consultas previas en las comunidades afectadas por Mirador. “La Constitución prevé la consulta ambiental (derecho de la ciudadanía en general) y la consulta previa (para poblaciones indígenas). Ambas poblaciones están presentes en la zona de influencia del proyecto Mirador y ninguno de los trámites se realizó. El Estado no cumple adecuadamente con el derecho a la consulta previa y esto se repite en proyectos mineros, petroleros e hidroeléctricos. Lo que se llega a realizar, en el mejor de los casos, es la denominada socialización donde suele participar la empresa con autoridades del Estado y en la que básicamente solo se promociona el proyecto, hablando de los beneficios económicos y sociales que traería a la zona”, cuenta el experto de Amazon Watch.
Líderes de la asociación Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi) han manifestado que hablar de los beneficios hace parte de la consulta previa, pero que también es necesario hablar de los impactos ambientales, sociales y culturales con base en estudios independientes y quién debería realizar este tipo de procesos es una institución del Estado que no tenga parte en el proyecto. “Si no es así se le quita legitimidad a las socializaciones”.
De acuerdo con Mazabanda, los principales impactos ambientales en Mirador están relacionados con la deforestación pues hay más de 1300 hectáreas deforestadas relacionadas con la apertura de las vías y con las escombreras ─depósitos donde ponen los desechos que salen al construir el cráter de la mina─. “Al deforestar esta área en una zona de alta pluviosidad como es la Cordillera del Cóndor, este suelo desprovisto de protección es arrastrado hasta las fuentes hídricas como el wawaime que lleva las aguas al río Quimi, el cual está a orillas de las comunidades de la parroquia Tundayme. Se causa un impacto a la población campesina que depende de estas aguas para sus actividades agropecuarias pero ya no las pueden utilizar. Mucho menos pueden pensar en consumirla”, dice.
Pero va más allá. Según cuenta, estos impactos irán creciendo a medida que avance la mina. Sobre todo aquellos relacionados con la contaminación de las aguas subterráneas con sustancias tóxicas, lo que se denomina drenaje ácido de roca. “Esto acidifica las aguas ya que los materiales de desechos al entrar en contacto con la superficie generan una combinación química que producen metales pesados que con las lluvias van a filtrarse a hacia las fuentes hídricas. Habrá destrucción del hábitat de animales y plantas en una zona de alto endemismo como es la cordillera El Cóndor”.
Y no solo esto. Mazabanda es enfático al afirmar que la empresa promedia una extracción de 54 000 toneladas diarias de roca y de estas solo 572 serán transformadas en concentrado de cobre. “Hay más de 53 000 toneladas que son desechos (99 %) y solo el 1 % de lo extraído sería utilizado. ¿Vale la pena?”.
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Minera sancionada
El Ministerio del Ambiente suspendió, en mayo de 2018, el 40 % de las obras en el proyecto Mirador por incumplimientos ambientales, sin embargo, según lo reporta MAAP, los pobladores siguen siendo presionados para vender sus predios bajo la amenaza de futuros desalojos.
El ministro de Ambiente, Tarcisio Granizo, le dijo en una entrevista al diario El Comercio de Ecuador que las inspecciones son permanentes porque la historia de incumplimientos de la empresa minera es de hace mucho tiempo, en los planes de manejo ambiental aprobados y correspondientes a las fases de explotación y beneficio y que hay observaciones que vienen desde el 2016. “La empresa no ha hecho caso, hemos dado plazos para el cumplimiento de las observaciones y nos hemos visto obligados a cerrar algunas de las actividades que no han cumplido con los temas ambientales. Hay irregularidades en la apertura de vías que genera problemas en los cuerpos de agua por sedimentos; inadecuado manejo y funcionamiento de las piscinas de sedimentación; mal manejo de escombros y cobertura vegetal. También hay inadecuado manejo de desechos sólidos de los campamentos. Algunas obras y actividades no cuentan con los permisos respectivos”.
Al respecto, el vicepresidente de la minera ECSA, Shen Qihong, dijo en su momento que las obras observadas por el Ministerio son de servicio y que al principio tenían un diseño preliminar y en ese aún no habían considerado esas obras, razón por la cual no fueron incluidas en estudio de impacto ambiental que presentaron.
Qihong le dijo a finales de mayo de este año al diario El Universo que de las 31 observaciones realizadas 17 ya habían sido resueltas y de las otras 14 seguían dialogando con las autoridades. Si la suspensión se mantiene ─como ha sucedido hasta el momento─, el directivo dijo que se podrían afectar las fechas de terminación de obras, además de los 1000 empleos que se han generado a través de contratistas.
A pesar de esto, Carlos Mazabanda de Amazon Watch, asegura que la comunicación con la empresa ECSA es prácticamente nula. “Ha habido denuncias de organizaciones de Derechos Humanos que trabajan en la zona. Sobre estas denuncias la empresa tiene un total hermetismo, no hay un pronunciamiento, ni defensa, ni muestra de posición al respecto. Ha utilizado esta estrategia desde siempre. No hablan sobre estas denuncias”, comenta. También agrega que los que salen a hablar son instituciones como el Ministerio de Minería o la Agencia de Regulación y Control Minero, quienes, además, tienen una campaña sobre minería responsable donde “hacen ver que todos estos temas de contaminación ambiental y social son desinformaciones con intereses de por medio”.
La preocupación de organizaciones como Amazon Watch y de las mismas comunidades es que se vienen otros proyectos muy grandes como el San Carlos Panantza que, está ubicado sobre territorio Shuar y que según la información que se tiene hasta el momento tendrá el doble de la magnitud de Mirador.
Finalmente, una de las principales críticas de Mazabanda es que al parecer el Ministerio del Ambiente no está pudiendo tener una posición que garantice los derechos de las poblaciones indígenas y campesinas. “Más bien todo lo contrario, en algunos momentos fungen como garantes de que se realice la actividad. Esto sucedió en el norte de la Amazonía con una empresa minera que está dentro del territorio Cofán Sinangoe. La actitud del Ministerio fue de no realizar consulta previa porque supuestamente no hay una evidencia de que los pueblos afectados sean pueblos indígenas”. Eso muestra la debilidad de la institucionalidad del Estado frente a los intereses mineros y en esa misma medida la conflictividad social que se está dando en todos estos proyectos podrían agravarse mientras vayan avanzando en las diferentes fases.
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