Tras cinco horas de ser retenidos por un grupo de pobladores del Consejo Indígena del Sur (Conisur), en Isinuta (Cochabamba), la comisión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza no logró ingresar hasta la comunidad Santísima Trinidad del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
Esta comisión tenía planeado dialogar con los dirigentes de este consejo que están a favor pero también los que están en contra de la construcción de una carretera que atraviese el área protegida.
Alberto Acosta (Ecuador), Shannon Biggs (EEUU) y Enrique Viale (Argentina) fueron los miembros del Tribunal retenidos junto a activistas y periodistas que acompañaron la comitiva. Mongabay Latam fue uno de ellos. Fueron cinco horas en las que las frases amedrentadoras generaron un clima de tensión: “Vamos a chicotear si sacan fotos”, le decían a los ocupantes de las cinco movilidades retenidas.
El grupo de comisionados llegó a Bolivia, el 16 de agosto, para atender una denuncia presentada por los dirigentes orgánicos de la Subcentral del TIPNIS, Fabián Gil y Marquesa Teco, en la última audiencia de esta corte realizada en Bonn (Alemania), en noviembre de 2017. Un evento paralelo de la COP23.
En esa reunión, Gil y Teco invitaron a los miembros de la comisión a visitar las localidades de Trinidadcito y de Santísima Trinidad para mostrarles cómo el gobierno de Bolivia está violando sus derechos al territorio, a la autonomía y a una consulta previa, libre e informada.
Si bien el viernes 17 de agosto, los integrantes del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN) recogieron sin mayores problemas los testimonios de los dirigentes y comuneros de la comunidad Trinidadcito, no ocurrió lo mismo en su visita al Polígono 7 del Tipnis, área poblada en su mayoría por cocaleros.
Los comisionados buscaban dialogar con un grupo de dirigentes del Conisur (compuesta por colonos productores de coca e indígenas) que los invitaron para mostrarles que no existe daños a la naturaleza como denunciaron Gil y Teco en Bonn. Pero esta sesión nunca se realizó.
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Cinco horas retenidos
Todo comenzó a las 10 de la mañana del domingo 19 de agosto. Ese día los integrantes de la comisión del tribunal, junto a 20 personas más que formaban parte de la comitiva, fueron retenidos a la altura del Puente Isinuta en Cochabamba, por un grupo de pobladores que bloqueó con una soga todo el ancho de la vía que conduce al TIPNIS.
Tras el bloqueo, llegaron los gritos y amenazas. “Nada de fotos, filmaciones o anotaciones”, dijeron los integrantes de la facción del Consejo Indígena del Sur (Conisur) que residen en el Polígono 7 y que están a favor de la construcción de la vía. Mongabay Latam estaba a bordo de uno de los cinco vehículos que intentaban llegar a la comunidad de Santísima Trinidad.
Fueron momentos tensos. Nadie podía bajar de los vehículos, al menos durante la primera hora. Sin embargo, los delegados de la comisión intentaron hablar con los pobladores y explicarles que habían sido invitados por sus dirigentes, y que su intención era llegar hasta la comunidad Santísima Trinidad para escuchar a los comuneros. Pero la negativa continúo: no pasarían hasta que lleguen sus líderes.
Media hora después, los pobladores cercaron los vehículos. Y otro grupo empezó a reforzar el bloqueo -en el puente- con ramas de árboles y, al otro extremo, extendieron unos fierros de construcción para obstruir por completo el paso. Unos metros más adelante, una línea de minibuses del sindicato de transporte de Isinuta armó una barrera más para cerrar cualquier posibilidad de acceso. No se podía avanzar ni retroceder.
A dos horas de iniciado el bloqueo, el presidente de la comisión Alberto Acosta denunció ante los medios de comunicación allí presentes que estaban retenidos contra su voluntad, ya que no podían retirarse del lugar. “Nos habían dicho (desde el Ministerio de Gobierno) que teníamos todas las garantías, pero no hemos podido entrar (al TIPNIS) y ahora no nos podemos retirar”, dijo Acosta.
Los pobladores volvieron a acercarse para señalar que sus dirigentes estaban cerca almorzando, y les recomendaron a los visitantes ir a almorzar también, pero sin los vehículos. Mientras tanto les gritaban a los comisionados, “¡Que sepan lo que sufrimos!” o “¿Acaso ellos son los que sufren sin camino?”.
Las declaraciones de Acosta empezaron a difundirse por las redes sociales, a nivel nacional e internacional. Distintas personalidades y legisladores pedían que se les otorgue garantías a los miembros de la comisión para que puedan abandonar el lugar.
Tras cuatro horas de espera, un suboficial de la Policía llegó al punto del cerco para verificar la situación, sobre todo frente al testimonio de Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, que manifestó que se trataba de una “retención violenta”.
El policía se limitó a recomendar a los visitantes que por su seguridad se alejaran del lugar a pie y que dejaran las movilidades. Más aún porque estaba informado que más pobladores llegarían al punto de bloqueo. “Yo solo no puedo hacer mucho”, dijo.
Los medios de comunicación retenidos, solo podíamos registrar el momento tomando fotografías desde los celulares o con mucha cautela, para evitar ser descubiertos por los pobladores.
Pasadas las 2 y 30 de la tarde, tras más de cuatro horas de espera bajo un sol intenso y a más de 30 grados de temperatura, Acosta pidió que los dejarán retornar a Cochabamba. “No habido cómo hablar, ya nos queremos ir no más”, indicó. Pero le dijeron que en una hora se reunirían con sus líderes.
Pocos minutos antes de las tres, aparecieron en la escena tres efectivos policiales. El oficial de mayor grado habló con los miembros de la comisión y también con los pobladores. A estos últimos les dijo que no podían retener más a la comitiva, porque la noticia ya tenía un alcance internacional.
Finalmente, los dirigentes del Conisur afines al partido de gobierno, Gumercindo Pradel y Jacinto Noza, llegaron a la zona y hablaron con los miembros del Tribunal.
Territorio en conflicto
Acosta le dijo a los dirigentes que estaban allí por invitación del Conisur y que su intención era escucharlos.
Noza replicó que ellos no los habían invitado, que fueron otros compañeros que están usurpando funciones de los dirigentes, en alusión a Fabián Gil y Marquesa Teco. Existe una dirigencia paralela liderada por Domingo Nogales que es afín al MAS, que evidencia una división entre los indígenas del TIPNIS. Sin embargo, la invitación a la que se refería Acosta era a la que firmó el propio Noza y que además fue realizada de manera pública el 1 de agosto.
Ante ese panorama, Acosta leyó la carta de invitación que el propio Noza firmó. El dirigente indígena solo atinó a decir que ese documento fue invalidado porque no fue aprobado en una asamblea. Luego conminó a Acosta a decir quién les entregó la misiva. “Deme el nombre de quién le dio la carta”, dijo.
Noza aseguró que no es que no querían recibir a la comisión, sino que es necesario organizarlo de forma legal, es decir, pidiendo permiso a su liderazgo, olvidando que fueron invitados con una carta firmada por él y otros dirigentes.
Gumercindo Pradel, exlíder de Conisur y actual secretario de Recursos Naturales, informó que el 17 y 18 de agosto en asamblea decidieron no dejar ingresar a ninguna persona ajena ni a la prensa al TIPNIS. “Cualquier ingreso tienen que coordinar con nosotros, con los dirigentes de la zona”, advirtió.
Acosta precisó que su intención es reunirse con todas las partes que están a favor y en contra de la construcción de la carretera por el TIPNIS, con el objetivo de elaborar un informe que será puesto a consideración de todos los miembros del Tribunal. Y que esperan incluso poder reunirse con el presidente Evo Morales.
Finalmente, la comitiva fue escoltada por la Policía desde Isinuta hasta la tranca de Villa Tunari.
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Tensión en la Comisión
Para el argentino Enrique Viale fue una experiencia agotadora y tensa. Lamentó no haber conversado con las comunidades para conocer su posición sobre la carretera y el área protegida. Recordó que participó en muchas luchas ambientales en países como Argentina donde vivió muchos momentos difíciles, pero ninguna como lo pasado en Isinuta. “Es la primera vez. Fue un momento tenso. No nos maltrataron físicamente, pero fue tenso”, dijo.
La estadounidense Shannon Biggs quedó sorprendida, sobre todo, cuando durante la retención apareció un policía que les recomendó salir del lugar a pie y sin sus vehículos. Y también lamentó, como Viale, no haber podido conversar con los comuneros de Santísima Trinidad.
“Esperábamos dialogar con ellos, pero bloquearon nuestros carros con camionetas y fierros que impedían cualquier circulación vehicular. No teníamos libertad para irnos”, dijo.
Para el ecuatoriano Alberto Acosta lo más crítico fue constatar que un grupo de pobladores puede impedir el paso en una carretera de Bolivia y que no haya presencia del Estado ahí. Y luego lamentó no haber podido entrar al TIPNIS por el Polígono 7, donde se tiene prevista la construcción de la Fase II de la vía. “Las carreteras tienen impactos tremendos y alientan colonización descontrolada”, declaró y adelantó que acudirán a información satelital para ver lo que está pasando en el Polígono 7.
El miembro del tribunal destacó que en donde sí lograron recoger información valiosa fue en Trinidadcito. “Nos contaron sus vivencias, luchas y esperanzas. Las situaciones de violencia que se vive, no solo contra la Madre Tierra, también en las poblaciones”, manifestó.
También denunció frente a los medios de comunicación presentes, la manipulación de los ánimos de la gente por parte de los dirigentes. Y que esto se evidenció, cuando más de un colono le dijo que ellos necesitaban el puente y que no querían que el tribunal lo destruya.
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La versión del gobierno
La viceministra de medio ambiente, Cyntia Silva, justificó el bloqueo en un mensaje enviado ayer por las redes sociales. “A ver cómo lo explican Alberto Acosta y los activistas, que representando a los intereses de las ONG, (que) quisieron pasarse por encima a los representantes indígenas legítimos, y tiene la desfachatez de acusar a nuestro Gobierno de ‘no tener control’ en nuestro propio territorio”, dijo Silva, a pesar que en días previos el ministro de gobierno Carlos Romero garantizó la seguridad de la comisión.
Silva también cuestionó la idoneidad de la comisión al señalar que se trata de un “tribunal inexistente, bautizado por ONGs que envían a activistas”. Esto a pesar que el tribunal –creado en el 2013 por la Alianza Global para los Derechos de la Naturaleza, en virtud de la I Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Defensa de la Vida- tiene como tarea hacer cumplir la Declaración de Cochabamba, que reúne los derechos de la madre tierra, y que fue promovida en una cumbre organizada por el mismo presidente Evo Morales.
Cabe señalar, que las resoluciones del tribunal no son vinculantes con ningún Estado, lo que buscan es visibilizar las acciones que violan los derechos de la naturaleza entre los países miembro.
La comisión del tribunal permanecerá en Bolivia hasta el 23 de agosto y aún tiene actividades pendientes como un seminario en la Universidad pública de La Paz, y una audiencia donde se analizarán otros casos como los de las hidroeléctricas Chepete en el Madidi y Rositas en Santa Cruz.
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