- Brasil posee vastas extensiones de tierras públicas, en especial en la Amazonía, que existen en el dominio público. Pueblos originarios, movimientos de sin tierra y otros hacendados tienen el derecho legal de reclamar estas tierras.
- Un estudio reciente descubrió que ninguno de ocho estados amazónicos cumple con criterio de transparencia sobre la propiedad de estos predios, lo que contribuye a numerosos conflictos territoriales y aumenta la inseguridad en la zona rural.
El estado brasileño de Pará incluye una extensa zona de tierras públicas del tamaño del estado de California —unos 450 000 km2—, que no han sido clasificadas como parques nacionales ni como reservas indígenas, pero que continúan siendo de dominio público. Ocupantes legales potenciales de esta propiedad estatal (pueblos originarios, campesinos sin tierra u otros hacendados) que quieran construir en estas tierras, solicitar préstamos relacionados con las tierras o, simplemente, necesitan asegurarse de que pueden continuar viviendo donde están, deben obtener un reconocimiento oficial de la tenencia de esa tierra.
El reconocimiento de los títulos de propiedad sobre estas tierras públicas está determinado por los registros de títulos que llevan los organismos de tenencia de tierra estatal. Dicha información debe ser, por ley, precisa y debe estar legalmente disponible para todos los miembros del público con el objetivo de evitar disputas por las tierras.
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Sin embargo, un estudio nuevo destaca la grave falta de transparencia por parte de los organismos de tenencia de tierra estatal. El estudio también descubrió fallas importantes en el acceso a los datos relacionados con reclamos sobre tierras de dominio público. De los ocho estados amazónicos estudiados (Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Roraima y Tocantins), ninguno cumple con el criterio de transparencia exigido.
“Existe un vacío que contradice la ley y evita la creación de políticas públicas efectivas en el manejo del territorio —explica Brenda Brito, coautora del estudio e investigadora del Instituto del Hombre y del Medioambiente de la Amazonía (Imazon)—. En consecuencia, el control y monitoreo por parte de la sociedad y de los organismos de gobierno, como el Ministerio Público y los tribunales de justicia, se ve perjudicado”.
Es muy importante que los organismos de tenencia de tierras puedan brindar al público información clara, precisa y accesible con el fin de asegurar una administración eficiente y justa de las tierras públicas. Estas instituciones regulan la asignación de tierras y de derechos de propiedad con el objetivo de asegurar la protección de individuos y de comunidades contra desalojos forzosos, así como también de controlar actividades como deforestación ilegal y usurpación de terrenos.
La Ley de Acceso a la Información Pública del 2011 exige que la información producida, administrada y almacenada por los estados respecto de tierras públicas sea accesible para todo el público. Pero el estudio exhaustivo de 118 páginas de Imazon demuestra que no sucede así.
Los investigadores probaron la transparencia tanto activa como pasiva con respecto al acceso de información en casos como la ubicación de tierras públicas, listas y mapas de bienes inmuebles, y títulos de propiedad emitidos. La transparencia activa se refiere a los datos que están accesibles en Internet o mediante documentos públicos de los organismos estatales de tenencia de tierras. El estudio descubrió que los indicadores de transparencia activa estaban ausentes en los registros un promedio del 56 % de las veces. El estado de Tocantins tuvo el peor desempeño en este aspecto (79 %) mientras que Pará fue el mejor (29 %).
Los investigadores probaron la transparencia tanto activa como pasiva con respecto al acceso de información tal como la ubicación de tierras públicas, listas y mapas de bienes inmuebles, y títulos de propiedad emitidos. La transparencia activa se refiere a los datos que están accesibles en Internet o mediante documentos públicos de los organismos estatales de tenencia de tierras. El estudio descubrió que los indicadores de transparencia activa estaban ausentes en los registros un promedio del 56 % de las veces. El estado de Tocantins tuvo el peor desempeño en este aspecto (79 %) mientras que Pará fue el mejor (29 %).
“La gente que vive en el campo y quiere regularizar la situación del terreno donde está (conseguir el título legal) necesita saber si la propiedad en cuestión está dentro de las opciones de propiedad o titularidad legal; si alguien más está solicitando el título en la actualidad o ya obtuvo el título legítimo de la zona; o si existen conflictos [legales] con ese terreno —explicó Brito—. Hoy en día, con la poca información disponible [sobre títulos de propiedad], es imposible, lo que solo aumenta la inseguridad en el campo”.
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Uno de los requisitos para asegurar la tenencia de la tierra es que la persona viva en la propiedad en cuestión. Sin embargo, se pueden dar algunas disputas y puede existir fraude cuando, por ejemplo, los usurpadores ricos de tierras contratan gente pobre para que reclamen falsamente que están ocupando el terreno cuando, en realidad, solo lo están ocupando de manera temporal mientras la deforestan.
A menudo, son otros locales los más capacitados para verificar y legitimar los reclamos de una serie de aspirantes a hacendados. Es por ello que los organismos sobre tenencia de tierras “permiten a los locales ayudar a controlar si se cumplen los requisitos legales para el título de propiedad”, según comenta Brito. “Esto permite, por ejemplo, denunciar a personas que solo quieren apropiarse de tierras públicas, pero que no viven allí y que, por lo general, utilizan la deforestación ilegal como la única señal de ocupación”.
La mayor parte de la ocupación de tierras públicas en el norte de Brasil se debe a la cría de ganado, que es el mayor causante de la deforestación ilegal en el país. En la Amazonía, más del 60 % de la tierra deforestada se utiliza para pastura. La transparencia insuficiente del organismo sobre tenencia de tierra estatal respecto de los títulos de propiedad ha colaborado con la ocupación ilegal de tierras, así como también con el crecimiento de actividades ilícitas como la deforestación. También resultó en el desplazamiento de los propietarios legítimos de sus tierras.
Además del impacto medioambiental, esta inseguridad en la zona rural tiene otras consecuencias nefastas. Según los registros llevados por la Comisión Pastoral de Tierra, una rama de la Iglesia católica de Brasil, existe un promedio de un asesinato relacionado con conflictos de tierra cada 12 días.
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“Existe una idea errada por parte de los organismos sobre tierras respecto de que cualquiera que ocupe un terreno público tiene el derecho de posesión y de discreción —explicó Dário Cardoso, Jr., abogado y coautor del estudio—. La falta de transparencia, además de provocar conflictos, puede generar sospechas de favorecer indebidamente a grupos e individuos”.
“La transparencia en la información relacionada con activos y recursos públicos es la mejor defensa contra el fraude”, agregó.
Algunos inconvenientes que evitan la transparencia incluyen sitios web desactualizados de los organismos y falta de mapas de asentamiento (incluidos los mapas de territorios ocupados por quilombolas, descendientes de esclavos afrobrasileños fugitivos, cuyos derechos legales sobre tierras comunitarias fueron reconocidos en el 2003). Existen también otros problemas de transparencia: en un caso en Pará, un edificio donde se almacenaban documentos sobre tierras fue cerrado debido a problemas de seguridad estructural. Algo más grave, en Mato Grosso, el Gobierno estatal decretó que la base de datos sobre las tierras estuviera inaccesible al público por tiempo indefinido, a pesar de la orden judicial federal sobre transparencia.
A pesar de estas importantes limitaciones, los investigadores afirman que existen intentos e iniciativas para aumentar la transparencia. Apelaron al Gobierno actual, que asumió a principios del 2019, para que priorizara el acceso a la información sobre tierras, en especial a la información relacionada con el proceso de entrega de títulos de propiedad.
“Los gobernadores nuevos… deben incluir entre sus desafíos la transparencia sobre las tierras públicas —señaló Brito—. Esta es una gran ventaja para la población, amenazada por prácticas ilegales, deforestación ilegal y conflictos con las tierras”.
Imagen principal: mosaico de reservas forestales legales, pasturas y granjas de soya en la Amazonía brasileña. Foto: Rhett A. Butler/Mongabay.
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Citas:
Cardoso Jr., D., Oliveira, R., Brito, B. 2018. Transparência de órgãos fundiários na Amazônia Legal (p. 116). Belém: Imazon.
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