La abogada ambiental Eugenia Ponce de León, quien participó en la elaboración de la publicación, asegura que los grupos armados buscan apropiarse de los recursos naturales renovables y no renovables para su financiación, y aprovechan las condiciones difíciles de accesibilidad de muchas de estas áreas para lograrlo y para establecer economías ilícitas.

Y no solo esto. Según Harold Ospino de la FCDS, entre los intereses de los grupos ilegales está el afianzamiento de poblaciones humanas en los territorios, lo que sirve como base social para sus intereses. “Las áreas protegidas se convirtieron en corredores del conflicto armado, particularmente de la insurgencia y las economías de la guerra. Se podría decir que el conflicto armado convirtió las áreas protegidas en verdaderos escenarios de guerra”, indica.

Inmersos en ese complejo escenario trabajan los guardaparques de Tinigua, La Macarena y Picachos. En la práctica, ellos son la única representación del Estado en estos territorios. Eugenia Ponce afirma que la violencia contra los funcionarios de PNN por la acción de actores del conflicto, incluye la imposibilidad de realizar su labor en ciertas zonas del parque donde no pueden llegar por amenazas o porque existen campos minados en ellos. “Usar los parques como instrumento de guerra desencadena la violencia contra sus funcionarios que tratan de ejercer su defensa con la autoridad que les da su cargo como funcionarios del Estado. De esta forma, el patrón de violencia contra las áreas y contra sus funcionarios, está íntimamente relacionado”.

Otro problema para los guardaparques es que, al ser identificados como “el Estado”, se ven presionados a responder por temas ajenos a la autoridad ambiental como seguridad, salud, educación, empleo, entre otros, lo cual “es una carga desproporcionada e injusta para estos funcionarios”, dice Ponce.

Aun así, muchos de ellos —exponiendo sus vidas— han buscado la forma de cumplir con su misión, pero esto ha terminado por afectar su salud y su tranquilidad. En algunos de estos parques, deben lidiar con diferentes grupos ilegales y han terminado señalados como “ayudadores” de cualquiera de los bandos en conflicto. Esta es una de las razones por la que en las entrevistas han pedido mantener sus nombres en en reserva, e incluso, algunos de ellos han narrado lo vivido desde otros parques tras ser trasladados por existir amenazas contra su vida . Esto genera retrocesos en las relaciones con las comunidades pero también en su vida familiar y social.

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Amenazas que se convierten en realidad

“Él estaba en nuestra sede de la vereda El Cerrillo cuando fue baleado. Los resultados y el detalle de la investigación no lo tenemos. El crimen sigue sin esclarecerse”, le dijo Carolina Jarro, subdirectora de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas de PNN, a los periodistas de Mongabay Latam y Rutas del Conflicto. Jarro se refiere al asesinato de José Martín Duarte Acero, un guardaparque asesinado en 2008 en una cabaña de la institución en el parque La Macarena.

En el reportaje Colombia: los guardianes de los parques que la guerra se llevó, que formó parte de Tierra de Resistentes, especial que aborda los asesinatos y amenazas contra defensores ambientales en siete países de Latinoamérica, se relata que el juicio por el homicidio de Martín resultó tan traumático para su familia que esta dejó de ir a las audiencias, dolida por los constantes aplazamientos por motivos procedimentales.

Seis años después de su muerte y pese a que la Fiscalía General de la Nación solicitó condenar a cuatro sospechosos por homicidio agravado, un juzgado de Bogotá los absolvió por falta de evidencia contundente. “Tanto papel, pero ningún resultado”, dice el padre de Martín, José Venancio Duarte.

Más de una década ha pasado desde que ocurrió el crimen, pero los guardaparques del AMEM siguen recordando la impunidad del hecho. Siguen pidiendo justicia. Se esfuerzan por cumplir con su trabajo pero el miedo continúa rondando.

“No se salga de la vía porque no respondemos, los tenemos pistiados”. “No queremos ver a nadie de Parques por aquí”. Estas son solo dos de las frecuentes amenazas que reciben los guardaparques en el AMEM. Aunque el conflicto armado ha pasado por diferentes etapas en cuanto a su intensidad, cuando se llegó a la cúspide de la violencia los funcionarios de PNN tenían que dormir debajo de la cama y lejos de las ventanas.

“Es común que la defensa de estos territorios sea vista como un ‘capricho’ de los funcionarios, quienes incluso llegan a ser presionados o estigmatizados por su trabajo”, se lee en el libro Áreas Protegidas Amazónicas y sus Funcionarios como Víctimas del Conflicto Armado. “Había mucho lenguaje vedado, […] amenazas, comentarios despectivos, señalamientos, de casi todo el mundo, en muchas conversaciones. Un gran irrespeto a quien no hacía más que estar ahí con una camisa. Eso lo decían militares, guerrilleros, alcaldes, ministros, todos; no hubo quien no”, relató un exfuncionario de PNN a los investigadores de la publicación.

La firma del Acuerdo de Paz hizo que muchos funcionarios de alto rango en el gobierno pensaran que todos los conflictos estaban resueltos. “Las metas se proyectaron como si estuviéramos en paz. Vamos a ingresar a lugares donde no habíamos ingresado y las metas de uso, ocupación y tenencia también se proyectaron como si verdaderamente estuviéramos en posconflicto. Pero las condiciones de riesgo siguen”, les relató una funcionaria.

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Cercados por delitos ambientales

Además de la difícil situación de orden público que se vive en esta zona, de acuerdo con el informe de deforestación 2018 publicado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el departamento de Meta fue el que más aumentó su deforestación, alcanzando 44 712 hectáreas y su zona sur —donde se encuentran las tres áreas protegidas— fue el principal núcleo de deforestación identificado en todo el país.

Según el reporte, La deforestación impacta 4 áreas protegidas de la Amazonía colombiana (2019), del Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP por sus siglas en inglés), la deforestación de bosque primario en Tinigua pasó de casi 3000 hectáreas en 2017 a casi 12 000 en 2018 —un incremento del 400 %— y Macarena sobrepasó la barrera de las 3000 hectáreas cuando en 2017 se encontraba por debajo.

Los parques del piedemonte amazónico como Tinigua, Picachos y Macarena son los que más bosque han perdido —si se comparan con otras áreas protegidas del Sistema Nacional de Parques—. En 2017, 12 417 hectáreas de bosque se deforestaron en parques nacionales. En este tipo de áreas protegidas se concentraba el 5 % del total de la deforestación nacional. Macarena y Tinigua fueron los dos más afectados.

Los investigadores Catalina Riveros y Francisco López de la FCDS aseguran que la historia de ocupación y uso de la tierra en el AMEM señala una serie de presiones y amenazas: cultivos de uso ilícito; ganadería extensiva; un mercado descontrolado que permite la comercialización de tierras que deben estar por fuera del comercio; una estructura de tenencia de la tierra inequitativa; acciones institucionales descoordinadas; e infraestructura vial no planificada. “Todos estos elementos han acarreado una serie de impactos negativos, daños y afectaciones al medio ambiente y al territorio”.

Al interior de Macarena, Tinigua y Picachos existen cerca de 2800 km de accesos viales terrestres, de acuerdo con el informe Presiones y Amenazas PNN Amazónicos, publicado por la FCDS el año pasado.

A Julia Miranda, directora de PNN, le preocupa sobre todo la ganadería. “En este momento estamos haciendo un llamado porque el mayor problema que tienen los parques no es la coca, no es nada distinto que la ganadería ilegal”, destaca.

Velar por el cuidado de las áreas protegidas del piedemonte amazónico colombiano no es fácil. A pesar de que la Amazonía colombiana fue declarada como sujeto de derechos en abril de 2018 —y eso incluye a los parques nacionales amazónicos—, no se ha avanzado como se esperaba. “El incumplimiento de sus órdenes y la falta de acatamiento de los deberes del Estado en su conjunto (incluye entidades sectoriales y territoriales) que tienen a cargo ejercer y garantizar los derechos de la Amazonía, implica además de una omisión de funciones, un desacato a una orden judicial, con las consecuencias disciplinarias y penales que todo ello acarrea”, indica la abogada ambiental Eugenia Ponce.

El reto del Estado está también en brindarle seguridad a quienes se encargan de defender estos territorios. Los guardaparques viven bajo inminentes riesgos y amenazas.

Según los expertos consultados para este especial, hasta el momento no existen acciones institucionales claras que lleven a la pronta solución de esta problemática. El gobierno colombiano ha ejecutado acciones militares como la operación Artemisa donde se han dado algunos resultados que para los entrevistados no son suficientes. Incluso, algunos funcionarios de PNN le aseguraron a este medio que estos operativos de la Fuerza Pública les han traído más amenazas y han afectado su relación con los líderes comunitarios.

Mientras se espera que el Estado responda eficazmente a la protección de los Parques Nacionales y sus funcionarios, lo cierto es que ambos siguen siendo objetivos de guerra en Colombia, tal como se evidencia en los tres reportajes que Mongabay Latam y Rutas del Conflicto han trabajado en los parques Macarena, Tinigua y Picachos.

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