- Las organizaciones que firmaron este Compromiso, que busca frenar la degradación del Gran Chaco argentino, advierten la necesidad de insertar la mirada ambiental en los planes postpandemia del gobierno.
- En los últimos 20 años, el 87 % de la deforestación registrada en el país ocurrió en el bosque chaqueño. Mongabay Latam habló con científicos, organizaciones ambientales, diputados y funcionarios estatales para analizar el futuro de este ecosistema.
El último 29 de julio, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó un informe que grafica el impacto de la deforestación en Argentina. El estudio indica que en las últimas dos décadas —entre 1998 y 2018— se perdieron 6,5 millones de hectáreas de bosques nativos. Dicho en otros términos, la superficie de lo deforestado equivale a 320 veces la ciudad de Buenos Aires.
En este triste escenario, el bosque chaqueño es el actor principal ya que concentra el 87 % de las pérdidas. Los bosques de las provincias que lo conforman —Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa— fueron los más afectados por el avance de la frontera agropecuaria.
Estas cifras le dan carácter oficial a una crisis que se evidencia hace mucho en el territorio. En octubre, 55 organizaciones de la sociedad civil argentina se unieron para lanzar el Compromiso Gran Chaco Argentino 2030. La iniciativa busca involucrar a la ciudadanía, Estado y el sector privado para detener la degradación del Gran Chaco, la segunda ecorregión boscosa más extensa de América.
Las experiencias de cada colectivo firmante devinieron en una declaratoria que expresa la necesidad de cambiar el modelo de explotación económica. Dentro de las demandas, se puso foco en el cumplimiento de la Ley 26331 de Bosques Nativos (2007), una herramienta ambiental clave que regula los usos de suelo y promueve la conservación, pero cuya ejecución dista mucho de lo ideal. De hecho, según el informe del Ministerio, aún después de la promulgación se deforestaron 2,8 millones de hectáreas de bosque.
El estudio señala que si bien la ley en sus primeros años generó una tendencia a la baja en la tasa de deforestación (de 0,94 % en 2007 a 0,34 % en 2015), desde 2016 la curva va hacia arriba, llegando en 2018 a tener una tasa de 0,42 % (180 mil hectáreas).
Hasta finales del año pasado, se sumaron nuevas firmas a la causa grupal. Es así que hoy 108 organizaciones suscriben el Compromiso. Colectivos que van desde fundaciones, instituciones científicas, académicas y ONG.
Sin embargo, la expansión de la pandemia del Covid-19 frenó nuevos avances. “Las medidas de cuarentena no permitieron el contacto fluido entre los actores. Algunos de los involucrados tuvimos reuniones virtuales de manera informal, por fuera del marco del pacto. Fue difícil darle continuidad a los pasos que nos propusimos”, comenta el biólogo Cristian Schneider, miembro de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo (CODEBONA), una de las primeras agrupaciones unidas al Compromiso.
Después de analizar la problemática ambiental y establecer las líneas de acción, había que construir la agenda ambiental convocando a las autoridades gubernamentales y productores. “La pandemia ralentizó ese proceso”, subraya Schneider.
Lo más duro es asumir que la actividad extractiva en el Gran Chaco no se detuvo. Para el biólogo, la deforestación y quemas de pastizales detectados en los meses de pandemia son muestras de una crisis continua. “Las decisiones políticas y empresariales le vienen dando la espalda a los ejes del Compromiso. Es muy desalentador y desesperanzador que la agenda ambiental siga siendo lo último”, anota.
Gabriel Seghezzo de Fundapaz, organización que trabaja en el acceso a tierras con comunidades locales del bosque chaqueño, considera que el Compromiso es “una oportunidad para generar las condiciones de acuerdo básicos de cómo va desarrollarse la actividad económica en la región”.
En la misma línea que Schneider, espera retomar pronto las coordinaciones con otros aliados, detenidas hoy por las medidas de control sanitario. Aunque no oculta su preocupación por el futuro inmediato. “Si analizamos el plan agroalimentario de Nación, vemos que es muy probable que en la postpandemia, se promueva la deforestación del Chaco para generar divisas al país. Habrá un aumento de la conflictividad”, apunta.
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La pérdida de bosque continúa
El último monitoreo satelital de Greenpeace indica que, a pesar de la cuarentena, la tala en el bosque chaqueño durante la primera mitad del año superaron a los del mismo periodo de 2019. El mapeo comprendió las provincias de Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco. En ellas, señala Greenpeace, se arrasaron cerca de 39 mil hectáreas de bosques nativos, unas 2 mil hectáreas más que durante el primer semestre del año pasado.
“La cuarentena complicó las tareas de control ciudadano. Para las agrupaciones ambientalistas es imposible ir al campo. El acceso a la información es complicado debido a que las tareas administrativas no funcionan igual. Fue difícil saber si los desmontes [deforestación] que se presentaban eran viejos o nuevos”, menciona Riccardo Tiddi, físico italiano radicado en el Gran Chaco y miembro activo del colectivo Somos Monte.
Sin embargo, conservó el contacto fluido con actores locales, quienes expresaron su preocupación por la continuación de las tareas productivas, ya que podrían expandir la pandemia del Covid-19 en la región.
El director de Bosques de la provincia del Chaco, Emanuel Carrocino, plantea una lectura focalizada. Asegura que, si bien aún no está listo el informe oficial, guiándose por el estudio de Greenpeace, la situación sería menos grave en su jurisdicción. “El año pasado en la provincia estábamos con unas 10 mil hectáreas deforestadas en los primeros seis meses. Greenpeace habla ahora que sólo en Chaco hay alrededor de 6000. Eso indicaría una reducción importante”.
El funcionario señala que durante la cuarentena la Provincia no autorizó nuevos cambios de uso de suelo. “Continuaron desmontes autorizados que estaban aprobados de antemano. Eso sí, recién pudieron entrar sus topadoras a mediados de mayo. Los dos primeros meses de cuarentena no estaba habilitado. Aparte, tenemos los desmontes ilegales, a los cuales tratamos de llegar lo antes posible para sancionar”.
Desde que arrancó la cuarentena en Argentina, el 20 de marzo, el Departamento de Geo Información de la Provincia de Chaco detectó 189 cambios de cobertura boscosa, que hacen una superficie total de 3317 hectáreas en la provincia. A partir de estos avisos, la Dirección de Bosques generó 158 expedientes por infracción al régimen forestal. En algunos casos, las intervenciones terminaron con los secuestros de topadoras.
Carrocino coincide en que es necesario fortalecer la campaña por la conservación del bosque.
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Hecha la ley, ¿hecha la trampa?
El cumplimiento de la Ley de Bosques, promulgada en 2007, es una de las principales banderas del Compromiso. En esa línea, la Fundación Vida Silvestre —ONG que impulsó el proyecto— y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentaron en junio un diagnóstico que identifica los problemas surgidos en estos 13 años para su correcta implementación.
“Acercamos el informe a cinco provincias que conforman el Gran Chaco (Santiago del Estero, Salta, Formosa, Tucumán y Chaco). A Diputados y Senadores también. Tratamos de encontrar puntos de agenda en común para mejorar la ejecución de la ley”, refiere Daniela Gomel, coordinadora de Políticas Públicas y Gobernanza de la Fundación Vida Silvestre.
La diputada jujeña del Frente de Izquierda, Natalia Morales, reconoce los lineamientos del Compromiso, pero advierte que será un desafío moverlo en el terreno político. “Desde nuestra bancada, a nivel nacional, estamos planteando la necesidad de la Ley de Humedales. Pero, muchas veces lo planteado en leyes, como la 26331, o propuestas de organizaciones civiles, son difíciles de ejecutar porque implica ir en contra de sectores empresariales que están vinculados al poder político de turno”, refiere.
El pasado 20 de mayo la agencia espacial norteamericana NASA eligió dos fotografías de la región —una de diciembre de 2000 y otra de diciembre de 2019— para ilustrar la magnitud del desastre. Crédito: Antes: imágenes del Observatorio de la Tierra de la NASA por Lauren Dauphin. Después: imágenes del Observatorio de la Tierra de la NASA por Lauren Dauphin.
En el estudio de Vida Silvestre y FARN, las primeras limitantes que saltan a la vista son las fallas en los procesos de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) y la desfinanciación sistemática de la Ley.
Según la norma, las provincias son las encargadas de dividir las áreas boscosas en zonas roja, amarillo y verde de acuerdo al uso de suelo permitido. A través de estudios técnicos y audiencias públicas, cada jurisdicción debe determinar cuáles son las áreas de bajo valor de conservación que podrían ser despejadas para usos productivos, cuáles pueden usarse de forma sustentable y cuáles no se pueden tocar. Dada la cambiante realidad del ecosistema, la Ley establece que estos ordenamientos sean actualizados cada cinco años. Sin embargo, esto no se ha cumplido en todas las provincias.
Chaco lleva diez años sin que se actualice el OTBN. Tiddi considera que el debilitamiento de la cobertura boscosa acumulado durante esta década debe ser considerado antes de categorizar un territorio. “Por el avance de la deforestación, los campos que antes quizás no eran tan importantes, hoy sí lo son y no se deben desmontar”.
Es por ello que los ambientalistas consideran que debe garantizarse la no regresión de un territorio con cierto nivel de protección a una categoría más baja. “A través de lobby y artilugios legales, los productores lograron recategorizaciones prediales. En toda la zona del bosque chaqueño entre el 2013 y el 2018 se dieron 53 permisos reconvertidos de zona amarilla a verde”, refiere Tiddi, representante de la agrupación Somos Monte.
En similar tono, desde Fundación Vida Silvestre y FARN señalan que algunas jurisdicciones facilitaron las recategorizaciones prediales, incluso con formularios web sin mayores requerimientos ni verificación en territorio.
Este punto fue abordado por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Juan Cabandié en una entrevista con el portal Red/Acción en mayo. El funcionario expresó su intención en modificar la norma, ya que con la figura actual (con áreas verdes) “podría decirse que la Ley de Bosques está avalando la deforestación”.
El sábado 25 de julio reiteró su intención. Cabandié destacó que la provincia de Salta inicie 36 sumarios administrativos por cambios de uso de suelo ilegales y señaló que “necesitamos modificar la Ley de Bosques y avanzar en una política federal para su protección, manejo y conservación”. En esa línea, el Ministerio de Ambiente planea enviar al Congreso un proyecto de ley que modifique la Ley 26331 de Bosques nativos.
Para la diputada Natalia Morales, estas declaraciones de Cabandié deben materializarse en acciones. “Son intenciones, pero aún no hay nada garantizando. Es también responsabilidad del ministerio que se haya desmontado miles de hectáreas en cuarentena”, precisa.
La diputada chaqueña Gladis Cristaldo sigue también con atención las declaraciones de Cabandié, pero advierte la necesidad de otros cambios urgentes. En ese sentido, espera que en la Cámara Provincial de Chaco se debata pronto una reforma que transfiera las funciones de control y fiscalización del sector Producción hacia el de Ambiente. “El tema de la competencia del control es importante. Las tareas de fiscalización de los desmontes tienen que tener una mirada de conservación de los bosques. Actualmente, están en el sector Producción y no tiene esa mirada”, refiere.
Para conocer las revisiones a la Ley de Bosques, Mongabay Latam se comunicó con el Ministerio de Ambiente para conversar con algún vocero, pero hasta el cierre de esta edición no tuvimos acceso a una entrevista.
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Recursos insuficientes
Desde la Dirección de Bosques del Chaco aseguran que vienen trabajando las áreas de Desarrollo Forestal, el Ministerio de Producción y la Secretaría de Ambiente para una pronta actualización del Ordenamiento Territorial tantos años postergado. “Se está trabajando en un nuevo proceso participativo, que saldrá en un tiempo. No sé si para este año, por las condiciones actuales, pero para principios del 2021 esperamos tener el Ordenamiento ya aprobado”, refiere Carrocino.
Respecto a las intenciones de Cabandié, el director de Bosques del Chaco considera que no es urgente una modificación general de la ley actual. Centra su preocupación en la dotación de mayores recursos económicos. “La Ley de Bosques es una herramienta que trajo muchos avances a la lucha contra la deforestación. Por supuesto que siguió la deforestación, pero no creo que haya que cambiarla, hay que mejorar aspectos fundamentales como el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos”, indica.
En el diagnóstico referido antes, la Fundación Vida Silvestre y FARN encontraron que la financiación de la ley ha sido una barrera permanente para su implementación. Según la norma, el 0,3 % del Presupuesto Nacional debe destinarse a su ejecución. En sus 13 años esto nunca sucedió. Ni por asomo. Como refiere el estudio, desde la creación de la ley, no se registra un periodo donde haya superado el 10 % de lo acordado. Para este año, los fondos asignados suponen menos del 5 % del presupuesto que la norma establece.
Este fondo otorga recursos tanto a los propietarios de los bosques nativos para compensarlos en caso de que no realicen la actividad agropecuaria, y les da también los recursos a las provincias para pelear contra la deforestación. “Actualmente en Chaco, y en otras provincias de la región, el presupuesto no sirve para cubrir estas tareas”, refiere Carrocino.
En el citado informe se destaca que, si bien con la Ley de Bosques se dio una baja progresiva en la tasa anual de la deforestación en Argentina, los niveles de control y las sanciones de las autoridades competentes son insuficientes. En 2018, el 50 % de la deforestación fue en zonas rojas o amarillas. Esto grafica que una parte significativa de la pérdida de bosques nativos responde a prácticas ilegales.
La pandemia del Covid-19 alteró la dinámica y los planes de trabajo de las organizaciones ambientales firmantes del Compromiso Gran Chaco 2030. Con pocas posibilidades de actuar en los territorios —hacer visitas de estudio, trabajos de campo y capacitaciones— y las dependencias administrativas estatales ralentizados, los activistas avizoran futuros inmediatos complejos para la conservación del ecosistema. “Aquella matriz productiva que impacta en el bosque y tuvo cierto detenimiento por la cuarentena, no va a querer tener más pérdidas, van a intensificar sus actividades”, dice Schneider de Codebona.
Daniela Gomel, de la Fundación Vida Silvestre, apunta que “hay anuncios sobre exportaciones de commodities, que van desde la soja, también de la parte ganadera. Los indicios de intensificar la producción están”.
Precisamente, son las inquietudes sobre la reactivación económica las que hoy dominan la discusión pública. Mientras el gobierno argentino se reúne con empresarios y sindicalistas, avanza en la creación de un Consejo Económico y Social. ¿Cómo incluir el enfoque ambiental en el plan postpandemia? “Hemos notificado al ministro del sector (Ambiente y Desarrollo Sostenible) la necesidad de incorporar el enfoque ambiental. Una mirada que incluya la conservación de los bosques y el manejo para una vida sostenible. Sin incorporar esta dimensión, tendremos una solución de muy corto plazo. Estaremos hipotecando nuestro futuro”, anota Gomel.
Imagen principal: Greeenpeace recorrió por aire El Impenetrable chaqueño y detectó siete topadoras deforestando en seis fincas. La organización ecologista advirtió que la deforestación acelera el cambio climático y aumenta el riesgo de inundaciones. Foto: Greeenpeace.
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