- Incendios forestales y la promoción de la expansión agrícola son dos temas que preocupan en Bolivia.
- La minería impulsada por las cooperativas, así como la presión en áreas naturales protegidas también están en la agenda del 2021.
La agenda ambiental de Bolivia para el 2021 tiene como uno de sus principales desafíos enfrentar los incendios forestales que en los últimos dos años destruyeron alrededor de 10 millones de hectáreas de bosques en el país. El reto es mayor si se tiene en cuenta que, según los investigadores, las sequías serán cada año más graves. Otro tema que preocupa a expertos consultados por Mongabay Latam es la expansión agrícola y ganadera asociada con estos incendios, pues el avance de estas industrias se está dando, principalmente, sobre áreas arrasadas por estos desastres. La minería y las obras de infraestructura que afectan áreas protegidas serán parte también del debate público.
Incendios forestales y la protección de los bosques
Un promedio de 4 millones de hectáreas al año se ha quemado en Bolivia entre el 2001 y el 2019, según un análisis realizado por la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN). El año 2010 casi se llegó a los 10 millones de hectáreas arrasadas, mientras que en el 2019 se superaron los 6 millones de hectáreas. Las cifras demuestran que los incendios forestales se han convertido en uno de los problemas más preocupantes en Bolivia.
“El gobierno necesita implementar leyes para frenar los incendios y las actividades ilegales, dice Marlene Quintanilla, directora de investigación y gestión del conocimiento de FAN, quien considera que la raíz de estos problemas radica en la legislación, es decir, en las cuestionadas normas que impulsan la agroindustria.
“No son casuales los incendios. Dentro del plan de desarrollo nacional está el crecimiento de 10 millones de hectáreas”, agrega Jenny Gruenberger, asesora estratégica de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), una red nacional que agrupa a 19 instituciones que impulsan la construcción de una agenda ambiental con nueve puntos prioritarios para la década 2020-2030. Recientemente, Lidema presentó esta agenda ante el Congreso de la República y, hasta el momento, ha sumado a su proyecto más de 140 instituciones de la sociedad civil, medios de comunicación, colegios de profesionales e instituciones académicas.
Gruenberger precisa que Bolivia tiene leyes que favorecen la conservación de los bosques, sin embargo, es el país con el mayor índice de emisión de gases de efecto invernadero per cápita, debido a lo que está sucediendo en los bosques. “La quema de bosques está afectando los ojos de agua y también vivimos una sequía muy fuerte que ocasiona fenómenos climáticos locales”.
La asesora de Lidema precisa que Bolivia es visto como un país agrícola y se considera los bosques como un estorbo. “Se deben buscar alternativas basadas en mantener los bosques en pie. Bolivia es el país más amazónico de la región pues nuestra Amazonía es grande en relación con el tamaño de nuestro territorio”.
María Teresa Vargas, directora ejecutiva de la Fundación Natura Bolivia, comenta que hay más de nueve normas que facilitan el cambio de uso de suelo y que los incendios son una respuesta a estas políticas. “Desde los perdonazos, que son leyes que perdonan la deforestación en lugar de cobrar las multas hasta las leyes que facilitan el cambio de uso de suelo. Si Bolivia quiere acceder a los fondos verdes debe tener un compromiso serio con sus bosques”, agrega Vargas, cuya institución actualmente lidera una propuesta para recuperar el bosque seco Chiquitano.
Durante los incendios forestales de 2019, la Chiquitanía fue el ecosistema más afectado en Bolivia con 5.7 millones de hectáreas devastadas. En el 2020 perdió también más de 2.3 millones de hectáreas. El desastre afectó además la vida de las familias que viven cerca de estos lugares. “Es un primer experimento de recuperación temprana vinculando a comunidades y la protección del acceso al agua. La comunidad se compromete a proteger un número determinado de hectáreas de bosque”, explica Vargas sobre el proyecto que lidera Natura en cuatro comunidades de la Chiquitanía, con apoyo del Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo (PNUD) y la agencia coreana de cooperación.
La protección de los bosques se realiza a cambio de incentivos productivos amigables con el ambiente o proyectos del fortalecimiento de sus medios de vida. La protección de estas tierras también significa la conservación de las fuentes de agua, explica Vargas.
Una nueva mirada al desarrollo productivo
Uno de los pedidos que se ha repetido a lo largo del 2020 ha sido la derogatoria de las leyes y normas denominadas ‘incendiarias’, es decir, aquellas emitidas durante los gobiernos de Morales y Añez que promueven el avance de la frontera agrícola y autorizan las quemas controladas.
Este paquete incluye nueve leyes y normas que formaron parte de la demanda por ecocidio contra el Estado Plurinacional de Bolivia presentado por organizaciones indígenas y civiles ante el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN). El veredicto de este tribunal, emitido en agosto de 2020 solicitó al gobierno de Bolivia que derogue estas leyes por considerar que las mismas habían sido responsables de los incendios. Hasta ahora, estas leyes no han sido derogadas.
Miguel Ángel Crespo, director de Productividad Biosfera Medio Ambiente (Probioma), dice que una de las metas del 2021 debe ser estas leyes y convertir en prioridad el uso sustentable de la biodiversidad, la conservación del agua y el uso de energías renovables. “Combinar teoría y práctica en función del conocimiento de la naturaleza. Eso también nos va a permitir enfrentar esta y otras pandemias”.
Para el biólogo Vincent Vos, Bolivia debe “reinventar su visión de desarrollo”. Vos comenta que este país ha tenido como meta convertirse en un centro energético, pero nadie se interesó en esa energía; también se habló de litio como fuente de desarrollo, pero ha resultado difícil por el costo. Otras opciones han sido el biodiesel y los transgénicos, sin que esto resulte. “El gran desafío es empezar a identificar opciones y alternativas de desarrollo. Hablo de los frutos amazónicos como potencial real. Es una opción viable que no tiene consecuencias negativas”, señala Vos.
Silvia Gallegos, vicepresidenta del Colegio de Biólogos de La Paz, considera que Bolivia debe apuntar a un modelo productivo sustentado en el país biodiverso y poco poblado que es. “Hay un gran potencial en la conservación de bosques y eso puede tener grandes ingresos. También enfocarse en energía limpia, como la solar y la eólica, principalmente en el Altiplano, donde la radiación es altísima”.
Para Gallegos, el mundo se ha equivocado al apuntar a un desarrollo extractivista. “Ahora los países más desarrollados están tratando de volver a una producción ecológica. No es necesario errar como otros países sino tomar ese atajo. Un cambio de modelo sería prioritario”.
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El peligro de la actividad minera
“Nos preocupa el tema minero, porque está permitido en áreas protegidas y tiene beneficios sobre uso del agua”, dice Jenny Gruenberger, de Lidema, sobre la presencia de la minería en el país.
El megaproyecto minero aurífero de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) es el que más preocupa a Gruenberger. Este proyecto se ejecutaría en la cuenca del río Madre de Dios, y afectaría severamente la Reserva Manuripi.
A inicios de diciembre, el presidente Luis Arce se reunió con los representantes de las 14 Federaciones de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) para trabajar en el plan de reactivación de este sector. El mandatario señaló, a través de su cuenta de Twitter, que el sector minero es “importante para la economía boliviana”.
“Somos conscientes de que se debe reactivar la economía, pero el extractivismo no es la única forma de reactivarla”, señala la lideresa indígena Ruth Alipaz. “En lugar de invertir en destruir, debemos hacerlo en educar. La reactivación económica debe estar relacionado al tema medio ambiental”, agrega.
Según la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, durante el 2020 se crearon alrededor de 60 cooperativas mineras, es decir, pequeñas asociaciones autogestionarias de interés social sin fines de lucro que se sustentan en la Ley General de Cooperativas.
A Rubén Darío Arias Ortiz, miembro de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) le preocupa cómo en áreas protegidas como el Parque Nacional Madidi y el río Beni está creciendo la minería aluvial. “Se está sufriendo mucho por el extractivismo”. Un reportaje de Mongabay Latam, publicado en mayo de 2020, expuso cómo grandes embarcaciones conocidas como ‘dragones’ —dedicadas a la extracción de oro aluvial—, están presentes en el río Kaka, uno de los afluentes del río beni, a 15 kilometros del Parque Nacional Madidi.
Los efectos de esta actividad intensiva están relacionados con los residuos de aceites y combustibles utilizados en las motobombas y los motores de las dragas, así como el uso del mercurio en el río.
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Detener la presión sobre las áreas protegidas
“Creo que este año habrá nuevos ataques contra las áreas naturales protegidas y de territorios indígenas”, dice Pablo Villegas, responsable de investigación del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB). Bolivia, cuenta con 22 áreas protegidas nacionales, además están las departamentales y municipales que, en total, cubren una superficie de 25.6 millones de hectáreas.
Villegas señala que, además, en las áreas protegidas se han cambiado los planes de manejo para disminuir su protección. Dos decretos supremos del año 2015 redujeron el proceso de consulta previa a un trámite administrativo, facilitando la explotación minera, de hidrocarburos y de otros recursos naturales en las áreas protegidas.
De acuerdo con la Agenda Ambiental para Bolivia 2020-2030, elaborada por Lidema, la mayor parte de las áreas protegidas nacionales sufren impactos, provocados por diversos tipos de actividades, y las departamentales o municipales, tienen una incipiente gestión o carecen de ella. “Esto se debe, principalmente, a que la normativa nacional ha sido permisiva y ha reducido claramente el estatus de protección de estas áreas”, dice el documento. A Jenny Gruenberger, de Lidema, le preocupa principalmente las represas que se han proyectado dentro de estos espacios de conservación. Algunos de los conflictos sociales más intensos del país están relacionados con esta presión sobre las áreas protegidas.
Uno de ellos corresponde al conflicto por la construcción de la carretera que atraviesa el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS). También está la intención del aprovechamiento de hidrocarburos mediante fracking y los planes de construir hidroeléctricas como El Bala-Chepete y Rositas. “Bolivia tiene actualmente la segunda mayor proporción de áreas protegidas bajo intensa presión humana en toda Sudamérica”, señala el documento de Lidema.
Oswaldo Maillard, coordinador del Observatorio del Bosque Seco Chiquitano de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), considera que este 2021 se debe fortalecer el sistema de Áreas Naturales Protegidas. “Son la principal defensa contra la perdida de ecosistemas y la mejor estrategia para integridad ecológica. La mayoría de estos espacios han estado presionados por la frontera agrícola y agropecuaria”.
Imagen principal: incendio forestal. Foto: Fundación Nativa.
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