- La propuesta ha sido planteada por Perupetro a través del Ministerio de Energía y Minas, pero recibió el rechazo del Ministerio del Ambiente.
- Perupetro tiene actualmente 31 áreas priorizadas para la exploración de hidrocarburos y varias de ellas limitan con áreas naturales protegidas y se superponen con las zonas de amortiguamiento.
La industria de los hidrocarburos en Perú parece haber puesto la mira en las áreas naturales protegidas (ANP). Este interés se ha hecho evidente en un proyecto de ley, propuesto desde el Ejecutivo, que plantea modificar nueve artículos de la Ley de Áreas Naturales Protegidas para abrir estos espacios a la exploración y explotación de gas y petróleo.
No es la primera vez que esto ocurre. En el año 2007, durante el gobierno de Alan García, se intentó, mediante un proyecto de ley surgido también desde el Ejecutivo, modificar los límites del Parque Nacional Bahuaja Sonene, ubicado entre los departamentos de Puno y Madre de Dios. La propuesta consistía en “excluir” de este parque nacional un área de 209 782 hectáreas. Esto significaba que el área correspondiente al Candamo, la zona de protección más estricta y vulnerable dentro de Bahuaja Sonene, quedaba sin protección para dar paso a la instalación de un nuevo lote de hidrocarburos.
Esta iniciativa no prosperó. Por el contrario, organizaciones ambientalistas iniciaron la campaña Salvemos Candamo que encontró apoyo en la población peruana y tuvo eco internacional, así que el gobierno dio marcha atrás.
La intención de reducir la protección en las áreas protegidas ha resurgido ahora, pero esta vez el proyecto de ley incluye a todas las áreas protegidas del país. “El objetivo general es el debilitamiento del sistema de áreas naturales protegidas con un enfoque totalmente extractivista. Nuevamente se plantea que las áreas naturales protegidas se puedan recortar mediante un decreto supremo, lo cual es totalmente ilegal e inconstitucional, porque estas áreas tienen un carácter de permanencia”, dice Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
El riesgo para las áreas naturales protegidas
El 23 de mayo de 2023, el Ministerio de Energía y Minas envió una carta al Ministerio del Ambiente (Minam) en la que especificaba que el texto del proyecto de ley fue elaborado por Perupetro S.A. En el mismo documento le pide al Minam que “en el marco de sus competencias y funciones se sirva evaluar e impulsar directamente el Proyecto de Ley ante el Consejo de Ministros y la Presidencia de la República”, para que “sea sometido a consideración del Congreso de la República”.
La carta también señala que esta propuesta normativa tiene como objetivo “promover el aprovechamiento sostenible y responsable de los recursos naturales que se ubiquen sobre áreas naturales protegidas, lo cual contribuirá a reactivar las actividades de hidrocarburos, y con ello mejorar y afianzar la seguridad energética nacional”.
Para Baldovino, “el interés detrás de esta propuesta es extraer los recursos naturales de las áreas protegidas”, en las zonas que la legislación no lo permite, además de “reducir los estándares ambientales”, agrega la especialista.
“Hay varios casos en los que se ha intentado el recorte de las áreas protegidas”, comenta Baldovino, recordando el caso de Candamo en el parque Bahuaja Sonene y también el del Parque Nacional Cerros de Amotape en el 2020. Sin embargo, agrega que esta vez el proyecto busca una modificación más amplia, pues no se trata de áreas protegidas específicas, sino que se aplicaría a cualquiera de las más de 70 que tiene Perú.
“Se está planteando que la extensión de las áreas naturales protegidas pueda recortarse mediante un decreto supremo, lo cual es totalmente ilegal e inconstitucional. Además, las áreas protegidas tienen un carácter de permanencia y así lo establece la legislación”, señala Baldovino con relación a la modificación del artículo 3 de la Ley de ANP que actualmente establece que “las Áreas Naturales Protegidas, con excepción de las Áreas de Conservación Privada, se establecen con carácter definitivo” y “la reducción física o modificación legal de las áreas del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas sólo podrá ser aprobada por Ley”.
Para el año 2023, Perupetro ha priorizado la promoción de 31 áreas para exploración, según expone en su portal web. Allí indica que la empresa continúa con “su política de ‘open acreage’ (superficie abierta) mediante la cual las empresas interesadas pueden proponer otras áreas disponibles de interés”.
El documento Potencial de exploración de hidrocarburos en áreas de promoción, elaborado por Perupetro, presenta las 31 áreas para exploración: 14 en la cuenca del río Marañón, en Loreto; tres en Madre de Dios, una de ellas en el límite con Cusco y Puno; seis en el mar peruano, distribuidas en Tumbes, La Libertad, Ancash y Lima; y ocho en Ucayali, una de ellas en la frontera con Huánuco.
Si se observan los mapas publicados por la petrolera estatal, varias de las áreas definidas, y que se ofrecen para la exploración, se encuentran en los límites de áreas naturales protegidas y superpuestas con sus zonas de amortiguamiento.
En Loreto, tres de los bloques que se promocionan limitan con la Zona Reservada Santiago Comaina, otros dos colindan con la Reserva Nacional Pucacuro; mientras que uno de ellos llega hasta el límite con la Reserva Nacional Pacaya Samiria. En Ucayali, una de las áreas destinadas a la exploración colinda con el Parque Nacional Alto Purús; mientras que en Madre de Dios, el bloque MD-XP-001 se extiende desde el límite del Parque Nacional Manu hasta el Parque Nacional Bahuaja Sonene, y en ambos extremos se superpone a sus zonas de amortiguamiento, además que se superpone también con la Reserva Comunal Amarakaeri.
En los mapas que expone Perupetro se destaca la zona de Candamo, en Bahuaja Sonene, como un lugar que concentra gas. “Se quiere priorizar la actividad energética, en este caso la actividad de hidrocarburos sobre las prioridades que tenemos como país, con respecto a los temas ambientales y de cambio climático”, señala Iris Olivera, líder de proyectos del Programa Sostenibilidad de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
De esta forma, se busca abrir las áreas naturales protegidas —explica Olivera— sobre todo las de uso indirecto, como parques nacionales, santuarios nacionales y santuarios históricos, para explorar hidrocarburos. “En el Manu, que acaba de cumplir 50 años, no se puede realizar esta actividad porque va en contra del objeto de conservación”, cita Olivera como ejemplo.
De acuerdo con la Ley de ANP, las áreas de uso indirecto son aquellas que permiten la investigación científica no manipulativa, la recreación y el turismo, en zonas apropiadamente designadas y manejadas. “En estas áreas no se permite la extracción de recursos naturales, así como modificaciones y transformaciones del ambiente natural”, dice la ley.
Vanessa Cueto, vicepresidenta de DAR, señala que con los cambios que se proponen en la norma, las áreas protegidas terminarían siendo solamente “de papel”, porque figurarán como protegidas en los documentos de creación pero estarán expuestas a los efectos de las actividades extractivas.
Entre las áreas protegidas que resultarían afectadas, Cueto menciona a los parques nacionales Bahuaja Sonene —que incluye el Candamo— y el Manu, pero también está la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros, en la que habitan pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (Piaci).
“La afectación no solamente será dentro del área protegida, sino en la zona de amortiguamiento. Por ejemplo, en el caso del Manu, parte de su zona de amortiguamiento es la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros, que colinda con el Lote 88. Obviamente, eso tiene un impacto directo para los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial”, dice Cueto.
La vicepresidenta de DAR comenta que, de existir hidrocarburos en el subsuelo de áreas naturales protegidas de carácter intangible como el Manu, Bahuaja Sonene o Megantoni se priorizaría su exploración y explotación. “Este carácter intangible de los parques nacionales, santuarios nacionales y santuarios históricos dejaría de ser tal para dar prioridad a las actividades de hidrocarburos”, añade.
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Debilitamiento de las políticas ambientales
En un informe elaborado el 31 de mayo de 2023, el Ministerio del Ambiente (Minam) precisa que tras una evaluación de la propuesta se ha llegado a la conclusión de que el proyecto de ley enviado por el Ministerio de Energía y Minas pondría en riesgo la conservación de los ecosistemas de las áreas naturales protegidas (ANP), por tanto, “se considera inviable la propuesta”.
Mongabay Latam solicitó al Ministerio de Energía y Minas y a Perupetro su opinión sobre la respuesta negativa del Minam y qué decisión tomarán respecto al proyecto de ley, pero al cierre de esta edición no recibimos su respuesta.
Un análisis realizado por la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), indica que esta modificación “reduce el nivel y jerarquía de protección de las ANP”. En lo físico, porque se podrían modificar sus límites y en lo legal porque podría variar su categoría, es decir, su nivel de protección, de tal forma que se podría cambiar un parque nacional a una categoría menor como reserva nacional, cambiando así su uso, los objetos y fines de conservación, y los derechos que se establecieron para su creación, entre los que se encuentran, en muchos casos, la protección de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial.
Según el análisis de DAR, también se reduce la protección de las ANP porque se da a entender que el establecimiento de las áreas protegidas “es compatible con los fines de las políticas nacionales aprobadas por el Estado, especialmente las referidas a la seguridad e independencia energética”. En este caso, esa compatibilidad “automática” autoriza implícitamente el uso de todos los recursos naturales y el desarrollo de toda actividad económica, de infraestructura u otras, sin importar la categoría de la ANP.
Si se aplican las modificaciones propuestas en el proyecto de ley, también se permitiría que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) tenga mayor influencia en las decisiones que se toman sobre las áreas protegidas. En el artículo 7 se propone que la creación de un área protegida y su zona de amortiguamiento, así como de las zonas reservadas y áreas de conservación regional, deberán ser refrendadas por el Minem “cuando incluya áreas donde exista evidencia respecto de la presencia o el posible aprovechamiento de recursos hidrocarburíferos, incluyendo las áreas promocionales [para la extracción de hidrocarburos] y otras de similar naturaleza en cualquier parte del territorio nacional”. Además, la aprobación del plan maestro de las áreas protegidas, así como sus modificaciones, requerirán también de la opinión previa favorable del Minem cuando existan gas y petróleo dentro de ellas.
En su exposición de motivos, Perupetro menciona varios yacimientos que “a la fecha corren el riesgo de no ser explotados debido a su superposición con áreas naturales protegidas”. Dos de ellos, el yacimiento Bartra y el Buena Vista, se ubican dentro del Área de Conservación Regional (ACR) Alto Nanay, Pintuyacu, Chambira, ubicada en la región Loreto. También está el yacimiento Bretaña que se superpone con el Parque Nacional Sierra del Divisor y la Reserva Nacional Matsés. Un cuarto yacimiento mencionado es Delfin, que según el documento elaborado por Perupetro, se superpone con la Reserva Nacional Pucacuro.
La estatal petrolera señala, además, que en la cuenca del río Ucayali existe superposición de zonas de hidrocarburos con el ACR Imiría, el Parque Nacional Alto Purús, la Reserva Comunal Asháninka y la Reserva Comunal Machiguenga. En cuanto al departamento de Madre de Dios, en el documento se menciona que la Reserva Comunal Amarakaeri y el Parque Nacional Bahuaja Sonene son áreas protegidas con presencia de hidrocarburos.
“Lo que se está observando, tanto de iniciativas del Congreso de la República como de determinados sectores del gobierno nacional, es una falta de priorización de los temas ambientales y climáticos. Varias de esas iniciativas constituyen una regresión de las políticas ambientales y mandatos constitucionales y legales que se han venido construyendo en los últimos años”, señala Mariano Castro, director del Programa Unidos por los Bosques de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS) Perú, y exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente.
Castro asegura que esta es una visión equivocada, que no tiene en cuenta el bienestar de las actuales generaciones, sobre todo porque se acaba de salir de las condiciones más críticas de una pandemia que tuvo su origen en la afectación del patrimonio natural.
El director del Programa Unidos por los Bosques de la FCDS Perú señala que las normas para debilitar la política ambiental están promovidas por determinados grupos de interés que “lo que privilegian son propósitos simplemente extractivistas que además se suman con intereses a actividades ilícitas”. Castro agregó que en una reciente reunión realizada en Puerto Maldonado —capital del departamento Madre de Dios, que tiene fuerte presencia de minería ilegal— representantes de organizaciones mineras locales planteaban que se realicen las actividades mineras en cuerpos de agua, a pesar de que, actualmente, el Decreto Legislativo que regula la interdicción de la minería ilegal prohíbe el uso de dragas y otros artefactos similares en todos los cursos de agua, ríos, lagos, lagunas, cochas, espejos de agua, humedales y aguajales.
“La protección de la biodiversidad es una obligación del Estado y este proyecto de ley atenta directamente contra las principales prioridades de la política de conservación, además que contradice y vulnera la obligación que ha asumido el Estado peruano en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en especial el artículo 18 que establece la obligación de ambos estados de no regresionar en materia ambiental. Este proyecto, ostensiblemente, es una regresión”, precisa Castro.
Con relación a la respuesta del Minam, el exviceministro peruano indica que esta opinión se ha dado en el proceso de discusión dentro del Ejecutivo, en la Comisión de Coordinación Viceministerial. “Esto determina que el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente discutan sus diferencias. Pero mientras el Minam mantenga la posición de que el proyecto es inviable, la propuesta no puede continuar”, precisa Castro.
Imagen principal: Parque Nacional Bahuaja Sonene. Foto: © Daniel Rosengren/ FZS Perú.
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