Focos de depredación forestal y sembríos ilícitos aumentan sobre pueblos indígenas ubicados en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Asháninka, contigua al Parque Nacional Otishi, en la Amazonía peruana.
El Parque Nacional Otishi registra 22 hectáreas de deforestación, según el Sernanp. En esta área protegida y la reserva asháninka también hay pistas de aterrizaje clandestinas. Mongabay Latam sobrevoló ambos sectores.
Global Conservation capacitará en control forestal a cinco pueblos indígenas durante el 2023. El objetivo es que puedan monitorear si hay deforestación en sus bosques y alertar ante posibles avances sobre el parque nacional y la reserva comunal.
Vistas desde lo alto, la Reserva Comunal Asháninka y el Parque Nacional Otishi agolpan todas las tonalidades del verde en uniformes llanuras y montañas empinadas que, a ratos, se interrumpen por parcelas de troncos caídos. Los parches de bosque devastado, dentro de este pedazo de la selva central peruana, enmarcan en algunos casos pequeñas viviendas construidas con madera y hojas. Se trata de amplias extensiones de depredación dispersas entre las cumbres. De sus contornos, a medida que el vuelo progresa, vuelve a surgir el mosaico inmenso de árboles, pastizales y ciertos sembríos imposibles de reconocer desde el aire. El helicóptero de las Fuerzas Armadas empezó a surcar la reserva comunal y el parque nacional a partir de sus extremos sur, y ahora sigue las coordenadas donde el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) identificó diversas zonas con huellas de deforestación.
Sobre los puntos en que la nubosidad lo permite, el capitán de vuelo ensaya maniobras para acercarse al monte arrasado. Esta tarde de mayo no hay rastros de taladores ilegales. La evidencia más cercana al tránsito humano quizá sea una trocha que serpentea a un costado del bosque y se pierde entre el follaje. Por más de dos horas, la nave militar peina escenarios similares: selva predominante y cicatrices de pérdida forestal desperdigadas. Cruza también dos enormes trazos de tierra pedregosa en medio de la espesura, que los ocupantes del helicóptero saben bien lo que son.
“Son pistas de aterrizaje clandestino y al parecer están inactivas”, dice Jeff Morgan, director ejecutivo de Global Conservation, organización internacional que trabaja en la protección de espacios silvestres en peligro.
Un análisis de imágenes satelitales que desarrolló Mongabay Latam había alertado en torno a los sectores de deforestación y a, cuanto menos, una pista de aterrizaje clandestino dentro del Parque Nacional Otishi y otra en la Reserva Comunal Asháninka. La evaluación fue el punto de inicio para que Mongabay Latam, Global Conservation y el Comando Especial del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) concreten un sobrevuelo por las zonas en riesgo.
El narcotráfico opera también en el Parque Nacional Otishi. Esta pista fue habilitada dentro del área protegida. Imagen: Global Forest Watch.
El Parque Nacional Otishi, la Reserva Comunal Asháninka y la Reserva Comunal Machiguenga integran el Corredor de Áreas Naturales Protegidas de Vilcabamba, que abarca parte de las regiones Cusco y Junín. Cada reserva comunal está ubicada de un lado y del otro del parque Otishi, ecosistema de alta biodiversidad que acoge varios tipos de bosque, cabeceras de las cuencas de tres ríos amazónicos (Ene, Tambo y Urubamba), y más de 120 especies de aves y mamíferos en peligro de extinción. De ahí la enorme importancia que tiene la conservación de esta área natural, con 305 973 hectáreas de extensión, creada en enero de 2003.
En la zona de amortiguamiento contigua a la Reserva Comunal Asháninka, que a la vez forma una franja de protección para el Parque Nacional Otishi, hay 24 comunidades nativas. Entre ellas están Marontoari, Paveni, Pitirinquini, Gran Shinongari, Comitarincani, Sankiroshi y Tsegontini. Todos estos pueblos de la etnia asháninka, además, están en el corazón del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), uno de los territorios más peligrosos del Perú, pues alberga la mayor superficie de hoja de coca en el país (casi 36 000 hectáreas, conforme a las nuevas mediciones oficiales) e inhóspitos circuitos para el transporte de la droga que allí se elabora.
“Las mafias trazan sus rutas. Algunas entran a las áreas naturales protegidas porque ahí casi nadie las fastidia y porque corren más riesgo de sacar la droga por la ciudad”, dice el jefe de la Reserva Comunal Asháninka.
En un sobrevuelo que ejecutó a fines de noviembre del año pasado, el jefe de la Reserva Comunal Asháninka tuvo una experiencia similar a la del desplazamiento aéreo de mayo último en el que participaron Mongabay Latam y Global Conservation. Es decir, observó y fotografió una pista de aterrizaje en el Parque Nacional Otishi. Pero también identificó un trazo parecido dentro de la reserva a su cargo que, según afirma, es una pista clandestina ya destruida por las fuerzas militares.
Las investigaciones realizadas en torno a las pistas detectadas dan cuenta de que grupos de ‘mochileros’ (jóvenes al servicio del narcotráfico) trasladan hasta ahí droga procesada, en paquetes de entre 10 y 15 kilos, desde las comunidades nativas limítrofes. En más de una ocasión, autoridades que exploraban la reserva se encontraron con ‘mochileros’ que caminaban con sigilo para dejar los cargamentos. Una, por ejemplo, tuvo lugar en una trocha que partía de un sector ubicado entre las comunidades de Pitirinquini y Paveni.
En medio del bosque, ‘mochileros’ caminan por trochas como esta llevando droga procesada a las pistas habilitadas en el parque Otishi y la reserva asháninka. Foto: Max Cabello
Cultivar la coca y procesarla en los poblados indígenas colindantes a la Reserva Comunal Asháninka y el Parque Nacional Otishi es la modalidad que, a juicio del funcionario, resulta más conveniente para las redes de narcotráfico. Y sostiene su análisis en lo que considera dos fuertes impedimentos para las mafias: la hoja de coca no crece en suelos ubicados a más de 1500 metros de altura, como algunos sectores de la reserva asháninka o el parque Otishi, y, por su geografía y distancia, es muy complicado que los ‘mochileros’ puedan trasladar hasta cualquiera de las dos áreas naturales los insumos necesarios para la elaboración de droga.
Por eso, la preocupación del funcionario de la reserva Asháninka está sobre todo en las zonas de amortiguamiento del parque y de la reserva comunal. Es donde reconoce que sí hay un fuerte incremento de cultivos ilícitos que están ganando terreno a la fuerza en las comunidades asháninkas del Cusco que son colindantes.
Aunque la deforestación por cultivos ilícitos no ha llegado a afectar a la reserva y al parque, si se ha reportado una pérdida de bosque en ambos casos. La Reserva Comunal Asháninka, por ejemplo, ha perdido 921 hectáreas de las 184 468 hectáreas que tiene su superficie, conforme a un estudio realizado por la propia oficina a cargo del área protegida. En el parque Otishi, hacia fines de 2022, la deforestación llegó a 20 hectáreas, y en lo que va de este 2023 el desbosque allí ya alcanzó las 22 hectáreas, le aseguró a Mongabay Latam el jefe de aquella área natural protegida. Los parches detectados en el sobrevuelo confirman la pérdida de cobertura boscosa tanto en la reserva comunal como en el parque nacional.
El parque Otishi, a pesar de estar ubicado en una de las zonas más convulsionadas del país, presenta más del 99 % en un buen estado de conservación. Como su par en la Reserva Comunal Asháninka, el jefe del parque nacional reafirma que los sembríos ilícitos han avanzado en los límites de la reserva. Su inquietud está centrada en las comunidades de Gran Shinongari y Pitirinquini: “Son los puntos donde la frontera agrícola para coca se ha expandido de manera significativa”. El problema, agrega el ingeniero, radica en que hay personas no indígenas que migraron hacia aquellos pueblos asháninkas, alquilaron a los comuneros parte de sus tierras, y ahora ya no quieren retirarse. “Como institución no estamos preparados para intervenir en el control de estas actividades. Es un tema de alto riesgo”, dice.
Casas rústicas y cultivos de familias en aislamiento voluntario también están dispersos a lo largo del Parque Nacional Otishi y la Reserva Comunal Asháninka. Foto: Max Cabello.
De las 95 008 hectáreas de sembríos de hoja de coca que hay en el Perú, según el último reporte de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), 35 709 hectáreas (38 %) están en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). Se trata del más alto porcentaje de coca sobre un territorio peruano, y cuya tendencia cada año es creciente: entre 2018 y 2022 hubo un aumento de 11 597 hectáreas.
Producto de la grave diseminación de estos cultivos, la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Asháninka registra 1592 hectáreas de hoja de coca, conforme a los datos del organismo estatal. Casi el triple de lo que había en 2020. Allí, algunas de las comunidades nativas que encabezan la concentración de cocales, de acuerdo con las cifras oficiales, son Gran Shinongari (902 hectáreas) y Pitirinquini (501 hectáreas).
“Estas comunidades vendieron casi toda su madera y empezaron con el alquiler de terrenos”, detalla Virgilio Pizarro, presidente de la Organización Asháninka Machiguenga del Río Apurímac (OARA), que agrupa a 29 comunidades nativas de Cusco y Ayacucho enclavadas en el Vraem.
Pero más allá de la deforestación en ascenso que da lugar a sembríos de coca dentro de comunidades como Gran Shinongari o Pitirinquini, las fuerzas militares han identificado en más puntos de la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Asháninka pozas de maceración para la producción de droga, así como pistas de aterrizaje que el narcotráfico habilita continuamente luego de las operaciones de destrucción. Lo que sucede en este flanco de comunidades nativas no solo representa un riesgo para la Reserva Comunal Asháninka, debido a su proximidad, sino también para el Parque Nacional Otishi.
La deforestación en la Reserva Comunal Asháninka asciende a 921 hectáreas. Los sembríos de coca (polígono rojizo) llegan hasta muy cerca del área natural.
“El problema más grande es que los colonos (pobladores no indígenas asentados en las comunidades nativas) siembran coca cada vez más cerca de la reserva asháninka. Es muy crítico todo esto”, remarca Jeff Morgan.
El Comando Especial del Vraem, conjunto de unidades militares que opera a lo largo del valle cocalero, ha puesto en marcha el Programa de Defensa Global del Parque Nacional Otishi. El proyecto está enfocado en el resguardo del parque, y para concretarlo cinco comunidades nativas ubicadas en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Asháninka serán capacitadas en el uso de tecnologías de última generación. Marontoari es una de ellas.
En Marontoari, las cosechas de café, achiote y cacao todavía son el sustento de las 25 familias que habitan esta comunidad indígena situada en el costado oeste de la Reserva Comunal Asháninka. Las chacras se extienden entre platanales y cultivos de yuca que anteceden al tupido e inclinado bosque del pueblo. Marontoari tiene 4865 hectáreas de territorio sobre una enorme loma donde están dispersas las casas, hechas con palos y ramas, de unos 130 comuneros asháninkas.
Hay pocos pobladores mayores de 50 años, y solo unos cuantos ancianos. El grueso de la población está en los jóvenes que, en muchos casos, son jefes de familia y han llegado a ser autoridades comunales. Ellos aseguran que la tala indiscriminada y los sembríos ilegales de coca, que llevan varios años expandiéndose por los sectores aledaños, aún no han ingresado al pueblo. Que esa barrera se mantenga, alertando si asoman amenazas a su bosque, es una misión para la que se preparan. El objetivo final será tener bajo control el Parque Nacional Otishi.
Esta pista de aterrizaje clandestino fue identificada durante un sobrevuelo por la Reserva Comunal Asháninka. Estaría inactiva. Foto: Reserva Comunal Asháninka
Desde el borde de la vía de tierra que corta Marontoari, el exlíder Julián Tivito señala a lo lejos los bosques de nogal y cedro, que forman un manto verde sin fondo con dirección a la Reserva Comunal Asháninka. Dice que hasta ahora no hay indicios de la amenaza del narcotráfico, pero la anemia que sufren unos 80 niños y parte de la población adulta es el principal problema que aflige a las familias de su pueblo. Esto, sin embargo, no las exenta de permanecer alertas ante lo que sucede en otras comunidades asháninkas, como Gran Shinongari o Pitirinquini, situadas a dos horas de trayecto por la carretera desde donde el exlíder describe el bosque comunal.
A mediados del 2000, los primeros habitantes de Marontoari se establecieron aquí, y cuatro años después obtuvieron la titulación del territorio. Los comuneros que llegaron niños del brazo de sus padres ahora bordean los 30 años o están cerca de los 35.
“Tenemos una población joven, dedicada también al cultivo de frutas y a conservar nuestra madera”, apunta Julián Tivito, quien además es vicepresidente de la Organización Asháninka Machiguenga del Río Apurímac (OARA).
La densidad poblacional y la preponderancia del número de jóvenes fueron características que Global Conservation tomó en cuenta para seleccionar a Marontoari entre las cinco comunidades nativas que instruirá este año en el manejo de drones y del Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés). “La meta es contar con un equipo técnico en cada pueblo elegido para el cuidado de su territorio y así proteger al Parque Nacional Otishi”, precisa a Mongabay Latam Teddy Cairuna, monitor de bosques de la organización internacional en la Amazonía peruana.
El apu Virgilio Pizarro advierte que la deforestación y los cultivos de coca que ahora amenazan el parque Otishi fueron permitidos por comuneros y dirigentes. Foto: Max Cabello.
En su intención de conformar una primera línea de defensa para el parque Otishi, la organización internacional busca que los jóvenes de las comunidades escogidas adquieran conocimientos respecto del control y vigilancia forestal con las herramientas tecnológicas que les proveerán. “Van a saber dónde empieza y termina su comunidad. Si entran taladores, podrán conocer desde cuándo y cómo está avanzando la deforestación para alertar a las autoridades”, explica Cairuna a una veintena de pobladores asháninkas reunidos en el local comunal de Marontoari.
Jeff Morgan indica que la idea es replicar con las comunidades nativas próximas a la Reserva Comunal Asháninka y al Parque Nacional Otishi el trabajo realizado en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Sierra del Divisor, localizado entre los departamentos amazónicos de Ucayali y Loreto.
Teddy Cairuna fue líder de la comunidad shipibo conibo Nueva Saposoa, que se encuentra en el ingreso al Parque Nacional Sierra del Divisor y, junto con otros comuneros shipibo de poblados contiguos, aprendió de cartografía y tecnologías para el monitoreo de bosques. Con el tiempo, las amenazas de deforestación disminuyeron y el líder shipibo llegó a ser coordinador de todas las comunidades asentadas en la zona de amortiguamiento de Sierra del Divisor. Ahora, cuenta, los comuneros que aprendieron sobre monitoreo forestal están pasando de ser guardaparques comunales a guardaparques oficiales. O sea, ya pueden acompañar a personal del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) en sus incursiones de inspección al parque.
“Eso queremos conseguir para el Parque Nacional Otishi. Los asháninkas quieren proteger sus territorios y prevenir las invasiones”, relata Morgan a Mongabay Latam.
Los comuneros de Marontoari serán los primeros en ser capacitados para el monitoreo de sus bosques y las áreas naturales cercanas. Foto: Max Cabello
Como paso previo al proceso de capacitación, el pasado 18 de mayo, una brigada del Comando Especial del Vraem instaló antenas para que la señal de Internet llegue sin contratiempos a Marontoari. Lo mismo hicieron en Sankiroshi, una comunidad asháninka vecina y de similares características: con población básicamente joven y, hasta ahora, sin problemas de deforestación o cultivos ilegales. Camino al río Pichari, el jefe del Comité de Autodefensa de Sankiroshi, Ronald Damián Sánchez, advierte, no obstante, que se mantienen vigilantes: “Cuidamos nuestro pueblo porque sabemos que los invasores y cocaleros podrían llegar por acá”. Tal como Marontoari, Sankiroshi está a unas dos horas de los pueblos convulsos por siembra de coca cercanos a las áreas protegidas.
Sankiroshi, de 2795 hectáreas y 140 habitantes, es otro de los pueblos indígenas en este trozo de la Amazonía del Perú donde los comuneros serán preparados a fin de resguardar la Reserva Comunal Asháninka y el Parque Nacional Otishi. Las otras tres comunidades seleccionadas son Comitarincani, Paveni y, pese sus problemas de tala para sembríos ilícitos, Pitirinquini.
El criterio de Global Conservation para considerar a Comitarincani, Paveni y Pitirinquini como potenciales poblados guardabosques fue, junto con su cantidad poblacional (más de 160 habitantes), el tamaño de sus territorios: superior a las 6000 hectáreas. Si bien cinco comunidades nativas serán adiestradas durante el 2023, en los próximos cuatro años los trabajos incluirán a otros pueblos asháninkas del sector pues el plan acordado es quinquenal.
Además del peligro que entraña el crecimiento continuo de cultivos ilícitos en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Asháninka y el Parque Nacional Otishi, las comunidades de aquel contorno atraviesan un serio problema. La Organización Asháninka Machiguenga del Río Apurímac (OARA) representa los intereses de las 29 comunidades nativas que la integran. Pero algunos pobladores indígenas y sobre todo colonos de Gran Shinongari, uno de los pueblos donde han aumentado las plantaciones de coca, Comitarincani y Otari han promovido la creación de una organización paralela: la Nación Asháninka Machiguenga del Valle del Río Apurímac (Namvra). Esta ya fue inscrita en los Registros Públicos y busca marcar una distancia con la OARA.
En Gran Shinongari, comuneros que rechazan la forma como se han extendido los sembríos ilegales refieren a Mongabay Latam que hoy en día su territorio tiene un 80 % de población colona y apenas 20 % de indígena. Esta es una de las razones por las que en Gran Shinongari, declaran, ha prevalecido la política de alquilar terrenos a cocaleros procedentes de distintas localidades.
Julián Tivito, exlíder de Marontoari, sabe que el peligro crece en comunidades cercanas donde se ha alquilado territorio para cultivos de coca. Foto: Max Cabello.
Noel Aparicio, exlíder de Gran Shinongari y electo presidente de Namvra, lo descarta. En una entrevista para este reportaje aseguró que, aunque años atrás se permitió que cocaleros migrantes operen en el territorio, luego de una asamblea general la comunidad optó por prohibir el ingreso de personas ajenas al pueblo. Aparicio fue líder de Gran Shinongari hasta el 2022 y, según afirmó, durante su gestión el tema de los sembríos de coca empezó a disminuir. “Ahora las cosas ya están tranquilas”, subraya.
No obstante, de acuerdo con las últimas evaluaciones de Devida, la comunidad de Aparicio se ha mantenido con más de 300 hectáreas de matas de coca desde el 2018, y actualmente está entre los pueblos indígenas peruanos con mayor superficie cultivada de cocales (902 hectáreas).
La capacitación de las comunidades elegidas para el resguardo prioritario del Parque Nacional Otishi demandará en algunos casos un redoblado esfuerzo. Junto con Marontoari y Sankiroshi, donde se iniciarán las instrucciones, otro de los pueblos escogidos es Comitarincani, que ha decidido separarse de su organización de base (OARA) en coalición con Gran Shinongari, quizá el sector de mayor riesgo para Otishi y la Reserva Comunal Asháninka. Paveni será la cuarta comunidad que recibirá preparación en vigilancia y control forestal; y Pitirinquini, la quinta. En las comunidades donde los cultivos ilícitos aumentaron durante los últimos años, los pobladores saben se cometió el error de alquilar territorio, pero ahora solo quieren recuperar sus bosques.
El Parque Nacional Otishi, en sus casi 400 mil hectáreas, alberga diversas especies de aves, mamíferos en peligro de extinción, y cabeceras de tres ríos. Foto: Max Cabello
Julián Gómez está convencido de que la proliferación de arbustos de coca en su comunidad es consecuencia del alquiler de parcelas que en algunos casos, declara, son hasta por seis años. “Algunos que ya terminaron su tiempo de alquiler han ido saliendo”, apunta. Lo preocupante es que, según lo confirma Gómez, basta desplazarse unos 150 metros para estar dentro del área protegida. Hasta el mes pasado, Pitirinquini aún no autorizaba que Global Conservation imparta las clases de monitoreo forestal, pero el apu indica que durante una reciente asamblea comunal ya se aprobó el ingreso de los capacitadores. Los trabajos en Comitarincani, Paveni y Pitinrinquini están programados para el último trimestre de 2023.
Frente a este panorama, el presidente de OARA, Virgilio Pizarro, cree necesario un trabajo arduo en la parte social. En sus palabras: sensibilizar a los comuneros, hacerles conocer los derechos que tienen y cuáles son las amenazas que están sufriendo. “Es algo que antes no hemos podido hacer por falta de recursos económicos”, sostiene. Teddy Cairuna, de Global Conservation, concuerda en que la estrategia de virar hacia un enfoque de conservación la ideología de comuneros será decisiva en el proceso de enseñanza que emprenderá la organización internacional.
*Imagen Principal: El Parque Nacional Otishi, en sus casi 400 mil hectáreas, alberga diversas especies de aves, mamíferos en peligro de extinción, y cabeceras de tres ríos. Foto: Max Cabello.
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