- En 2024, Bolivia tiene la impostergable misión de bajar del podio de los países más deforestados del mundo.
- El país tiene leyes que alientan los incendios forestales y dan privilegios a mineros afectando el medio ambiente.
- Diversos estudios han mostrado evidencias del daño que provoca el mercurio usado en la minería a los pueblos indígenas.
Alex Villca Limaco quiere creer que lo que sucede en gran parte de los bosques bolivianos es solo una pesadilla. El dirigente indígena abre los ojos y ve la dura realidad: Bolivia tiene enormes desafíos ambientales para 2024 y todos son muy difíciles de cumplir. Uno de los principales es frenar la deforestación, una meta que se traza año tras año, pero que no logra tener resultados favorables. Ese es, quizá, uno de los mayores retos que tiene el país: avanzar en la solución real a problemas ambientales que crecen conforme pasa el tiempo.
Las causas principales detrás de la pérdida de bosques son las mismas de siempre: la expansión de la frontera agrícola y la ganadería. A ellas se suman las leyes que incentivan los incendios forestales. Atender esos temas es prioritario para la nación, como también lo es eliminar el uso del mercurio en la minería aurífera y fortalecer la gestión de cuidados de las áreas naturales protegidas coinciden en señalar diversas voces consultadas por Mongabay Latam.
Entre los años 2021 y 2022, la tasa de pérdida de bosques primarios creció en 32 % en Bolivia, de acuerdo con un monitoreo de la plataforma Global Forest Watch (GFW). Santa Cruz es la región donde se concentra la mayor deforestación atribuida principalmente a la agricultura intensiva, alentada por las ganancias que genera la producción de soya y sus derivados.
“Se debe detener la deforestación y los incendios forestales que están siendo promovidos por los intereses políticos y económicos en el país. Recordemos la vigencia de unas diez normas que impulsan la deforestación y el agronegocio, las mismas que aún no han sido derogadas, pese a la presión de la sociedad civil. La deforestación está avanzando en zonas donde nunca antes se había vivido la degradación de bosques”, reclama Villca Limaco, quien forma parte del pueblo indígena uchupiamona que radica en el norte del departamento de La Paz, en pleno Parque Nacional Madidi, una región afectada por la pérdida de cobertura forestal.
En 2023, la soya y sus derivados representaron la tercera mayor exportación de Bolivia, generando ingresos de más de 2 000 millones de dólares. Además, según las previsiones oficiales, para 2024 se perfila que la producción de soya llegará a niveles históricos. Según la entidad Trase, la tasa de deforestación y conversión de tierras impulsada por la producción de soya en Bolivia es siete veces mayor a la de Brasil.
Especialistas en diversos temas ambientales hablaron con Mongabay Latam sobre los desafíos ambientales de Bolivia para el 2024 y cuáles son sus expectativas y preocupaciones.
1. Disminuir las cifras alarmantes de deforestación
En el año 2022, el país registró un nivel récord de pérdida de bosque primario, con un aumento del 32 % en comparación con el año anterior, lo que representa 385 567 hectáreas de bosque húmedo primario y 595 996 hectáreas de cobertura arbórea. Aún no hay datos sobre 2023, pero todo indica que la situación no mejoró.
La pérdida forestal se da sobre todo en los bosques chiquitanos, en la Amazonía y el Chaco boliviano. Todo esto mantiene a Bolivia ocupando el tercer lugar en el podio de las naciones con mayor deforestación desde hace tres años.
“Se debe disminuir la deforestación y los incendios, generando alternativas sostenibles como la mejora tecnológica en la producción agropecuaria —producir más en menor extensión—, y el desarrollo de la gestión integral del fuego para disminuir el riesgo y la atención de desastres”, considera Marlene Quintanilla, directora de Investigación y Gestión del Conocimiento de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN).
Bolivia, además, es el país con mayor pérdida de bosque primario per cápita a nivel mundial, incluso, su tasa de deforestación per cápita es cuatro veces más alta que la de Brasil, su país vecino.
En los últimos años, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) emitió miles de infracciones por faltas ambientales y forestales; de hecho, en el último sexenio 6463 procesos administrativos fueron iniciados a nivel nacional, de los que el 62 % (4003) fueron por desmontes y quemas ilegales.
Pese a la enorme cantidad de procesos, la multa boliviana por deforestar no es efectiva, ya que es la más baja a nivel sudamericano y —peor aún— las infracciones históricas, registradas antes de 1996, fueron condonadas. A eso hay que sumar que Bolivia no es parte de la Declaración de Líderes de Glasgow en 2021. Este acuerdo, firmado por 130 países en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021, tiene el objetivo de frenar y revertir la deforestación con miras al 2030.
Además, en 2022, la ABT autorizó 215 676 hectáreas para desmontes en todo el país. Esa cifra es 15 % mayor respecto a la de 2021. El 56 % de los desmontes fueron autorizados en predios privados, el 35 % en comunidades campesinas y el 9 % en comunidades indígenas. El dato que más alarma es el siguiente: en 2022, por lo menos, el 52 % de la deforestación que arrasó con bosques fue ilegal. Esa estadística fue confirmada por la misma ABT en su rendición de cuentas, un evento que fue público.
Mauricio Tomichá, presidente de la Organización Territorial de Base (OTB) de la comunidad Palmarito de la Frontera, Territorio Indígena Monte Verde, en el departamento de Santa Cruz, hace un llamado para detener la deforestación.
“La situación está muy difícil acá en la Chiquitania. Cada día ingresan las orugas (tractores especializados en tumbar árboles) para deforestar y poner los predios listos para la actividad económica, ya sea agroindustria o ganadería. Se necesitan urgentes medidas para frenar la deforestación, y creo ese es el reto más importante”, destaca Tomichá.
Un dato que permite entender aún más la urgencia de atender la deforestación en el país es el siguiente: Bolivia pasó de tener 63 millones de hectáreas de bosque en 1985 a 55 millones en 2022.
2. Frenar los daños provocados por la fiebre del oro
La minería ilegal trajo duras secuelas en Bolivia. El año 2023 fue terrible para los pueblos indígenas que viven a las márgenes de los ríos amazónicos, por el uso excesivo de mercurio en la extracción de oro en esos afluentes. Varios expertos y líderes ambientales exigen que el gobierno prohíba la importación de mercurio y que también ponga reglas estrictas a los mineros de cooperativas que buscan el metal.
“Creo que el reto más importante es la aplicación de los convenios para la eliminación del mercurio, la contención de sus impactos y la atención a las personas, comunidades y pueblos afectados es de vital importancia, dado que se han iniciado algunas acciones tardías y se corre el riesgo de que el Estado siga dilatando el cumplimiento de los compromisos. Además, los sectores económicos vinculados pueden presionar para que no se alcancen objetivos importantes. El 2024 es clave para consolidar y ampliar el alcance de estos procesos”, destaca Jorge Campanini, investigador del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib).
En 2024, Bolivia buscará la reducción del uso de mercurio para la explotación de oro. Así lo dejó entender, en noviembre de 2023, el ministro de Medio Ambiente y Agua, Rubén Méndez, quien anunció que a través de la Aduana Nacional se tendrán controles en la importación de ese metal nocivo para la salud.
La meta gubernamental es conocer cuántas empresas legalmente constituidas se dedican a la importación del mercurio y cuántas a la comercialización. Además, se tiene previsto erradicar el mercado negro de ese metal que es utilizado principalmente para la explotación del oro. De acuerdo con información del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, durante 2022 se importaron 947 kilos de mercurio y esta entidad perfila tener datos oficiales de la gestión 2023.
Según el Cedib, la presencia de mercurio se multiplicó en los ríos Beni y Madre de Dios al ritmo en que aumenta la extracción minera de oro en estas cuencas. Y las consecuencias que esto trae en la salud de las poblaciones indígenas de la región también son cada vez más visibles.
La Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) impulsó una investigación en la que se analizaron muestras de cabello en 36 comunidades de seis pueblos indígenas: Ese Ejjas, Tsimanes, Mosetenes, Leco, Uchupiamona y Tacana. Los resultados son alarmantes. Muestran niveles de mercurio que superan los límites permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 74.5 % de un total de 302 personas analizadas.
“De todos los retos, sin duda el más preocupante y urgente es detener el avance de la minería legal e ilegal del oro al interior de las áreas protegidas y territorios indígenas, ya que amenaza con el exterminio físico y cultural de numerosos pueblos indígenas en Bolivia, incluidos aquellos pueblos que habitan en las tierras altas. Sin oro se puede vivir, pero sin agua no se puede vivir”, reflexiona Villca Limaco, vocero de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap).
El mercurio que se usa en la minería aurífera termina en la atmósfera, en el agua y en los sedimentos de los ríos, en donde, por acción de microorganismos, se transforma en metilmercurio, una sustancia que se acumula en organismos acuáticos, como peces y mariscos, los mismos que son consumidos por las comunidades indígenas.
Óscar Campanini, director ejecutivo del Cedib, explica que los territorios de los pueblos indígenas son los más afectados por el uso del mercurio, ya que muchas comunidades tienen un consumo intensivo de pescado, que es su principal fuente de proteína y, en algunos casos, su principal alimento. Este es el caso de los pueblos Ese Ejja y el Mosetenes, que son los que tienen los niveles más altos de mercurio.
“Las zonas donde hay mayor extracción de oro en la cuenca del río Beni es en la parte alta, pero afecta a todo lo largo del río. Muchos de los pueblos indígenas no tienen minería en sus territorios, pero esa afectación, que se ha evidenciado en diferentes estudios, se debe a la minería que se hace a cientos de kilómetros. Ese es el problema del mercurio que llega a los ríos y a los peces y, a través de ellos, a las personas”, señala Campanini. La otra zona afectada —añade—, no solamente en Bolivia sino también en Perú, es el río Madre de Dios.
3. Derogar las leyes que dañan la naturaleza
Ruth Alipaz, representante de Contiocap, reflexiona sobre un paquete de leyes que existen en Bolivia y que son criticadas porque permiten “violaciones” al medio ambiente. La mayoría de estas normas dan vía libre a las quemas forestales. Hay seis normativas que favorecen la degradación de bosques y la deforestación que es provocada, especialmente, por los incendios. El objetivo de estas leyes es ampliar la frontera agrícola, sobre todo en el oriente boliviano.
El 2019 fue un año crítico para Bolivia. Antes del estallido de la crisis política y social que terminó con la era de Evo Morales en el poder, poco más de seis millones de hectáreas se quemaron en el país. El 31 % del área afectada fue bosque, el 69 % restante correspondió a pastizales. Esa pérdida nunca se había sufrido. En 2023 se llegó a la mitad de esa cifra: un poco más de tres millones de hectáreas fueron quemadas, con la novedad de que estas desgracias sucedieron, por primera vez, en el norte del departamento de La Paz.
Las normas que están vigentes y que apoyan la quema forestal son la Ley 337 de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques; la Ley 502 de ampliación del plazo y modificación a la Ley 337; la Ley 741 que autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades destinadas a la actividad agrícola y ganadera; la Ley 1098 de agro-combustible de etanol y diésel y la Ley 1171 que autoriza quemas para actividades agrícolas.
También están el Decreto Supremo 3973 que da luz verde al desmonte en los departamentos de Santa Cruz y Beni para actividades agropecuarias; el Decreto Supremo 26075 que modifica la ampliación de fronteras de producción del sector ganadero y agroindustrial sobre áreas de bosque y el Decreto Supremo 4232 que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya genéticamente modificado en sus diferentes eventos destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa.
“Se deben revisar, derogar o abrogar normas que fomentan y pretenden legalizar lo inconstitucional, como las normas denominadas incendiarias en Bolivia. Además, la Ley Minera 535, que ha sido elaborada a medida de un sector como el minero, excluyendo principalmente a poblaciones afectadas como los pueblos indígenas, y que les exime de cumplir con convenios internacionales y la Constitución, bajo el argumento que los mineros tienen derechos preconstituidos”, refuerza Alipaz.
Roberto Vides, director ejecutivo de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), ve necesario modificar el marco normativo para evitar privilegios de mineros sobre los derechos ambientales, sobre todo en la parte amazónica del país. El experto destaca que es prioritario proteger el bosque seco chiquitano, donde los incendios suceden cada fin de gestión, debido a la permisividad que dan las normas denominadas “incendiarias”.
“Hay que aplicar las normativas ambientales sobre las actividades que afectan de manera directa a la biodiversidad, como la minería —legal e ilegal— y la agroindustria con los paquetes tecnológicos que contaminan suelos y agua, estableciendo, además, una plataforma de diálogo urgente con los sectores de la sociedad civil para sumar esfuerzos en el control ciudadano sobre estas actividades y que coadyuven al rol que tiene el Estado de preservar la Madre Tierra”, destaca Vides.
4. Garantizar la protección de las áreas naturales protegidas
Bolivia tiene 22 áreas naturales protegidas de interés nacional, que en conjunto suman unas 17 millones de hectáreas. A estas se añaden otras 25 áreas departamentales, con 5 millones de hectáreas, y 83 áreas municipales, con 2 millones de hectáreas. En total, las 130 áreas protegidas representan el 25 % del territorio boliviano. En el último año, estas reservas se vieron violadas por invasores, conocidos en el país como “avasalladores”, que ingresan a estos predios protegidos con el fin de asentar una actividad económica.
La senadora Cecilia Requena, que llegó al Legislativo boliviano con una larga trayectoria de defensora ambiental, ve como una tarea urgente la gestión de áreas protegidas con el fin de lograr control en estos predios y evitar el ingreso ilegal de diferentes actores. La legisladora pide al gobierno de Bolivia y a los gobiernos subnacionales mejorar el cuidado de las áreas protegidas, ya sean nacionales, departamentales o municipales.
“Se debe reforzar la efectiva protección de las áreas protegidas, territorios indígenas y reservas forestales. Es una tarea urgente que se debe adoptar de la manera más consensuada, con diálogos y con acuerdos”, afirma Requena.
Entre el 26 y 28 de septiembre de 2023, Mongabay Latam realizó una expedición a las áreas protegidas de Amboró, San Rafael y El Curichi Las Garzas para verificar los asentamientos en estas zonas. La primera es de cuidado nacional, mientras que las dos últimas son de carácter municipal. Todas están en el departamento de Santa Cruz. En el Amboró los cultivos de coca avanzan en el corazón del parque. En San Rafael los avasalladores talan madera ilegalmente y preparan predios para cultivar. Mientras que en El Curichi Las Garzas los invasores también cultivan granos.
Johnson Jiménez Cobo, nuevo director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), señaló a Mongabay Latam la importancia de fortalecer la gestión de las áreas protegidas, que abarcan más del 23 % del territorio boliviano. “Se está trabajando en fortalecer la gestión de nuestras áreas protegidas. Hay que hacer muchas cosas y empezamos justamente con el tema de incendios y se vieron resultados”.
*Imagen principal: La madera valiosa de la Reserva Municipal de San Rafael es muy requerida en el mercado de la construcción. Foto: Iván Paredes.
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