Guatemala comenzó el año 2024 con la fuerza de la resistencia indígena que durante poco más de cien días se movilizó para defender los resultados electorales que en agosto de 2023 le dieron el triunfo al candidato del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo de León. Las protestas lograron que el 15 de enero, a pesar de todas las trabas que se pusieron en marcha, el país comenzara una nueva etapa al iniciar la presidencia del sociólogo, de 65 años, que se ha puesto como uno de sus principales desafíos el combate a la corrupción.

La expectativas para este nuevo gobierno son tan grandes como el tamaño de los retos que tiene ante sí. En el más reciente Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2023, realizado por la organización Transparencia Internacional, Guatemala aparece como el quinto país de América con la más alta percepción de corrupción, detrás de Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela.

Además del combate a la corrupción, el presidente Bernardo Arévalo y su partido, Movimiento Semilla, han colocado entre sus principios y ejes de gobierno el respeto por la naturaleza. Eso se convierte en todo un desafío, sobre todo cuando se mira que los gobiernos anteriores privilegiaron actividades económicas de alto impacto ambiental como la minería y los monocultivos de caña de azúcar y palma aceitera por encima del agua, los bosques y los territorios de las comunidades indígenas.

Para hablar de los desafíos ambientales que tiene ante sí el gobierno de Bernardo Arévalo, Mongabay Latam entrevistó a Julio González Gutiérrez, vicepresidente de la junta directiva del Colectivo Madreselva, organización no gubernamental con más de dos décadas de trabajo en la defensa del ambiente, y que hace ya varios años acompaña a comunidades que defienden bienes naturales y sus territorios.

González Gutiérrez pertenece a una generación que hace unas décadas vivió el exilio, que regresó a Guatemala, que ha visto cómo la desigualdad en el país aumenta y cómo miles de guatemaltecos han sido obligados a migrar. Hoy el 20 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Guatemala proviene de las remesas que envían aquellos que migraron y viven en Estados Unidos. “La economía del país depende del esfuerzo de los guatemaltecos en el exterior”, dice.

—¿Cuáles son los principales desafíos ambientales que tendrá ante sí el gobierno de Bernardo Arévalo?

—El primero será evaluar el plan de desarrollo que aprobaron en 2012. Me refiero al Plan K’atun que es una planificación a 32 años y va aparejado con el modelo extractivo que se impulsó. Es un plan que pretende concentrar a la población urbana en nueve polos de desarrollo, pero sin evaluar si se dispone, por ejemplo, de agua suficiente, de un plan de saneamiento, de un modelo de desarrollo que le dé calidad de vida a la gente.

Es un plan que pretenden desalojar a la población rural de sus territorios, para ahí desarrollar actividades extractivas, ya que ese plan tiene tres ejes de desarrollo: la generación hidroeléctrica, la minería y la expansión de monocultivos para la exportación como la caña de azúcar, la palma aceitera y el banano. Esos grandes monocultivos despojan del derecho humano al agua a las comunidades.

Ese modelo extractivo que impulsaron los gobiernos anteriores sólo nos ha dejado una estela de destrucción y muerte. En Guatemala, ese modelo extractivo ha demostrado que empobrece y expulsa a la población de sus territorios.

El tema que más duele en Guatemala es la minería, es una actividad que no deja ninguna retribución, apenas aporta el 0.7 % del PIB, pero deja un daño para toda la vida.

—¿Darle la vuelta a ese modelo será una de las tareas urgentes del gobierno de Arévalo?

—Con el acompañamiento de la población, el nuevo gobierno deberá buscar una fórmula hacia un desarrollo decidido, en forma libre, por las comunidades. El gobierno debe garantizar la protección ambiental, la defensa del territorio, la protección de las culturas y la calidad de vida de todos.

—En el plan de gobierno presentado por Arévalo se resalta que uno de los objetivos será fundar los cimientos del desarrollo sostenible, ¿cómo hacerlo cuando en el poder legislativo, de los 160 escaños, Movimiento Sevilla sólo tiene 23?

—Definitivamente será difícil, pero la gente tiene expectativas de que en la estructura del Estado se podrán hacer modificaciones que son necesarias para poder avanzar; cambios desde los espacios municipales y regionales.
Aunque tenga una minoría, que está siendo atacada de una manera brutal por el sistema de justicia, la presión social ayudará a que se avance en ese propósito.

El poder oligárquico buscó la forma de captar a todos los poderes a través de sobornos. Romper con eso es otro reto que tiene el Gobierno. Creo que han empezado más o menos bien, porque lograron superar el obstáculo de la toma de posesión y ahora van a enfrentar el problema del legislativo y el acoso de las Cortes. Muchos de los jueces fueron impuestos precisamente por estos poderes ocultos. Lo que tenemos actualmente es una Corte Suprema de Justicia que ha estado actuando como parte del “pacto de corruptos”. Desarticular toda la red de corrupción va a costar mucho.

—¿Cuáles leyes deberán estar sobre la mesa para empezar a tener un desarrollo sostenible en Guatemala?

—Guatemala no ha logrado tener una Ley de Agua. Eso ha permitido que las mineras hagan un uso indebido del agua y que las plantaciones se roben ríos completos hacia sus fincas. Las hidroeléctricas, que son grandísimas, también hacen un uso abusivo del agua.

Otro tema importante, relacionado con la concentración de la tierra, es la ausencia de tribunales agrarios que permitan llevar procesos justos para la devolución de las tierras ancestrales a los pueblos indígenas de Guatemala.
En los últimos 10 años, las autoridades ancestrales de pueblos indígenas han realizado una lucha por la recuperación de sus territorios comunales y ya han logrado algunas sentencias favorables inéditas.

El 67 % de la tierra cultivable en Guatemala está en manos del 0.2 % de la población guatemalteca, es decir en manos de grandes terratenientes. Combatir esa concentración de tierras que, además, se obtuvieron por despojos, es uno de los temas más importantes.

Se debe restituir la tierra a los pueblos indígenas que han construido un saber ancestral alrededor de la naturaleza, un saber ancestral que no se ha valorado, un saber que entiende la función que tiene cada especie en este mundo.

—¿En el nuevo gobierno se están dando espacios para escuchar, reconocer, impulsar y respetar esos saberes ancestrales de las comunidades indígenas?
—Esperemos que sí. Les damos el beneficio de la duda. Como ciudadanos tenemos que exigir que se realicen las reformas necesarias para que esto se haga, una de ellas es la reforma a la política de educación, para que el sistema educativo valore e incorpore esos saberes que se han ido perdiendo o los han querido extinguir porque no les conviene a sus intereses económicos. Tenemos que reconstruir esos valores a partir del esfuerzo educativo.

—La resistencia de los pueblos indígenas fue fundamental para que se respetaran los resultados de las elecciones y Bernardo Arévalo lograra llegar a la presidencia. Sin embargo, sólo hay una persona indígena en el gabinete: Miriam Roque, ministra de Trabajo y Previsión Social.

—Tendría que ser más incluyente en ese sentido, pero realmente los pueblos no luchan para buscar una cuota de poder, eso sería ser demasiado pragmático y materialista. Sí existen ese tipo de personas, pero creo que ahorita también la gran decadencia que tenemos es de intelectualidad; no es un requisito indispensable, pero para aspirar a algunos cargos, sí es necesaria cierta preparación.

Ahí volvemos al tema de la exclusión más grande que se ha manifestado en el país: el acceso a la educación de los pueblos indígenas. Hoy es necesario tener una reforma educativa que permita alcanzar la meta de tener una intelectualidad indígena que represente los intereses de los pueblos, no formar profesionales indígenas que luego salen a servir al sistema y se olvidan de sus raíces. Eso es un desafío.

—En el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales se nombró a la doctora María José Iturbide, ¿qué expectativas tiene ante ese nombramiento?

—No la conozco, pero si se depositó la confianza en ella es sobre la base de que se van a reformar esas normativas ambientales que tanto daño le han hecho a la población rural, sobre todo a los pueblos indígenas.

El modelo extractivo chocó frontalmente con la cosmovisión de los pueblos originarios y se les han impuesto proyectos, políticas y leyes con los que ellos no están de acuerdo. Por ejemplo, el respeto a la naturaleza que tiene la cosmovisión indígena no es compatible con el acaparamiento de agua que realizan una hidroeléctrica o las grandes plantaciones, o con la destrucción ambiental que provoca una mina.

La mirada y el trabajo de este ministerio de ambiente tiene que ir sobre esa base, con un enfoque de tomar en cuenta las opiniones de las comunidades y sobre todo en ampliar el derecho a la información y de consulta de los pueblos que está inscrito en la Constitución.

Y es que a partir del 2010, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala convirtió el tema de la consulta en una mesa de negociación donde los pueblos no pueden decir “no” a un proyecto, se les imponen los proyectos.

La Corte interpretó de una manera distinta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y puso como tutor de derechos al Ministerio de Energía y Minas, que es la institución más corrupta y la que más daño ha causado al medio ambiente. Guatemala es el único país del mundo que tiene a dos ministros de Energía y Minas envueltos en procesos judiciales: uno [Erick Archila] está acusado por corrupción y lo están investigando por enriquecimiento ilícito; y el otro [Alberto Pimentel], que acaba de salir del gobierno, está en la lista de sancionados por actos de corrupción.

Además, la Corte se ha negado a reconocer que las consultas municipales son vinculantes para los alcaldes. Ante esto, el camino que han encontrado las comunidades es que, en algunos municipios, todos los candidatos a ser alcaldes pasan por el escrutinio del pueblo y tienen que firmar y comprometerse a que se va a respetar los resultados de las consultas.

—¿Uno de los casos que será la gran prueba de fuego para el gobierno de Arévalo y la ministra de ambiente será el proyecto minero Cerro Blanco? (En sus últimos días de gestión, el expresidente Alejandro Giammiattei autorizó a la empresa canadiense Bluestone Resources Inc. el cambio de operaciones de mina subterránea a mina a cielo abierto)
—Ahorita ese es el proyecto que está en el ojo del huracán. Es la gran oportunidad también para el actual Ministro de Energía y Minas de poner orden dentro de la casa. Se debe sancionar ejemplarmente a la gente que, desoyendo la consulta municipal y desatendiendo las recomendaciones de expertos internacionales (entre ellos la realizada por el doctor Steven H. Emerman, quien en un informe recomendó que la propuesta para la mina se rechazara y se revocaran todos los permisos existentes), se atrevieron a autorizar un proyecto criminal que pone en riesgo la vida de las personas (ante el alto riesgo de un derrame de desechos mineros). La mina Cerro Blanco plantea tener una pila de desechos mineros de 175 metros de altura. El edificio más grande de Guatemala mide 100 metros y tiene 36 pisos.

Lo más congruente es que se echarán atrás todas las autorizaciones que se dieron para Cerro Blanco, que se cancelen las licencias.

Entre las cosas que preocupan de este proyecto es que está a 15 kilómetros de la frontera con El Salvador, en donde está el río Lempa y el lago Güija, que es la reserva hídrica más grande de El Salvador.

—Por todo ello, ¿entre las luchas que siguen ahora para Guatemala, en el tema de medio ambiente, está el tener una Ley de Agua y derogar las concesiones mineras?

—Sí. El colectivo Madreselva sostiene que Guatemala no es un país con vocación minera, somos un país productor de agua y toda esa agua está expuesta por esos proyectos mineros. En donde se instale un proyecto de ese tipo, no sólo se contamina el área donde están extrayendo, sino también el resto de la cuenca.

Guatemala debe tener una moratoria minera, que a las empresas se les dé el tiempo necesario para ir cerrando. Nosotros estamos pidiendo esa moratoria. Todos los proyectos existentes sólo han traído corrupción y muerte. La minería no es un negocio rentable para el país ni para la región.

También es necesario un programa para el manejo de las cuencas hidrográficas. Desafortunadamente tampoco hay planes de ordenamiento territorial. Necesitamos, primero, una evaluación ambiental estratégica; segundo, un ordenamiento territorial de país y, tercero, un ordenamiento territorial de cuencas y que todo ello derive en las políticas institucionales que impulsen la palabra mágica: la sostenibilidad.

—La llegada de Bernardo Arévalo a la presidencia de Guatemala generó que se hablara de “esperanza”. ¿Esa es la palabra adecuada para esta nueva etapa en Guatemala?
—En el sentido idiomático, sí. Es la única palabra que nos queda y que da expectativas de mejora. Ese es el deseo que todos tenemos, que esto cambie. Eso se puede lograr si este gobierno trabaja de la mano con las autoridades indígenas, con las comunidades que claman por el respeto a sus derechos.

Tenemos que construir un país del que nadie se quiera ir. Cuando ya no se vaya ningún guatemalteco a otros lugares para buscar una mejor vida, es que definitivamente alcanzamos, por lo menos, un nivel de vida digno. Creo que esa es la máxima aspiración que tenemos.

*Imagen principal: Movilizaciones de las comunidades indígenas para defender los resultados electorales en Guatemala. Foto tomada de la página de Facebook del Colectivo Madreselva

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Créditos

Thelma gomez Editor/a

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