- Al menos cinco amenazas en el Parque Nacional Madidi y una en Cotapata se han presentado en los últimos cinco años en las áreas protegidas de Bolivia, según el presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (ABOLAC). Las amenazas han afectado a los funcionarios ambientales de al menos cuatro áreas protegidas.
- Recientemente, un caso de intimidación judicial contra dos guardaparques junto con amenazas de muerte han generado preocupación en el país andino.
En Bolivia, los guardaparques del Parque Nacional Madidi, Marcos Uzquiano y Raúl Santa Cruz, fueron absueltos el 29 de febrero de 2024 en un caso legal en el que un cooperativista minero los acusaba de difamarlos en un proceso iniciado en abril de 2023. No obstante, el día de la audiencia una familiar del minero los amenazó, según dijo en prensa Raúl Santa Cruz, con la advertencia ‘Raúl, cúidate, no sabes lo que te va a pasar’. Una semana después, los guardaparques del Parque Nacional Cotapata, cercano a La Paz, fueron amenazados durante una acción preventiva contra la minería.
Marcos Uzquiano, el funcionario ambiental absuelto en el caso, que además es presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación junto con expertos de la organización ambiental Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) señalan que la minería ilegal en las áreas protegidas de Bolivia es una amenaza grave. No sólo porque afectan los ecosistemas en estas zonas sino porque sus operadores intimidan a los trabajadores de los parques nacionales.
Además de las agresiones de los mineros que invaden las áreas protegidas, algunos guardaparques en el país dicen que la entidad encargada de defenderlos, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), los ha olvidado y los ha dejado solos a la hora de tomar acciones de control contra los mineros y de defenderse de las demandas judiciales que éstos interponen.
“Tristemente no hemos recibido ningún tipo de respaldo, ni siquiera anímico, ni una sola llamada, ni un mensaje de texto por parte de la Dirección Ejecutiva del SERNAP o de otros funcionarios de la unidad central”, dice el guardaparques Uzquiano en conversación con Mongabay Latam.
La soledad de los guardaparques
En el caso de los guardaparques Marcos Uzquiano y Raúl Santa Cruz, el primero no solo rechaza la intimidación legal y con amenazas de sectores mineros, sino también la desprotección estatal respecto del caso judicial en el que los guardaparques fueron absueltos recientemente, Uzquiano sostiene que “es lamentable la posición asumida por la Dirección Ejecutiva del SERNAP que no coadyuvó en el proceso. Porque según la interpretación legal que ellos le dieron al caso, se trataba de un delito de orden particular o privado”. También dice que nunca tuvo pruebas de que el Estado boliviano hubiera denunciado al minero Ramiro Cuevas, el que los demandó. “La indiferencia de los ejecutivos de nuestra institución fue clave para saber de qué lado están y cuál es la posición que tienen respecto a la minería ilegal y el respaldo que deberían dar a los Guardaparques”, agrega Uzquiano y dice que esta posición de la entidad hará que los funcionarios ambientales piensen dos veces antes de intervenir contra la minería ilegal.
Pero las amenazas contra los guardaparques en Bolivia no se han limitado al caso judicial contra Uzquiano y Raúl Santa Cruz. Tan solo en el Parque Madidi, Uzquiano ha contado más de cinco casos de amenazas. También está el caso del Parque Nacional Cotapata, cerca de La Paz, cuyos guardaparques fueron amenazados en la primera semana de marzo cuando realizaban una caravana contra la minería ilegal en la que detuvieron maquinaria y capturaron a siete personas. Los mineros se interpusieron a la caravana e intentaron recuperar las retroexcavadoras. Medios bolivianos publicaron, además, que en medio del enfrentamiento uno de los mineros advirtió a los guardaparques que era familiar del ministro de Minería, Alejandro Santos, lo que fue negado por la autoridad.
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“Fuimos amedrentados e intimidados. A los guardaparques nos duele, disculpen por la emoción, psicológicamente nos afecta y nos da miedo. Pedimos garantías, tenemos familias, somos de carne y hueso, recibimos amenazas”, dijo uno de los guardaparques de Cotapata con un pasamontañas para proteger su identidad, durante la rueda de prensa.
Otros parques también presentan situaciones preocupantes. Los parques nacionales Toro Toro —en Potosí— y Tunari presentan avasallamiento u ocupaciones ilegales de tierras, según Jimmy Torrez Muñoz, el vicepresidente de la asociación de guardaparques (ABOLAC). “Muchas veces hemos sido secuestrados e incluso nos han amenazado con la quema de nuestros coches”, dijo el guardaparques y vicepresidente de ABOLAC, sobre el tema al medio de comunicación Los Tiempos.
Aunque en una rueda de prensa el director del SERNAP, Johnson Jiménez Cobo, dijo que los guardaparques siempre van a estar protegidos por la entidad, Uzquiano sostiene que el estado boliviano debería protegerlos más sobre todo ahora que el país ha ratificado el Acuerdo de Escazú. “Preocupa el grado de amenaza y la falta de garantías para el trabajo de los Guardaparques, pero también de nuestras familias”, agrega. El director de la organización ambiental Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Oscar Campanini, comparte la visión de Uzquiano en cuanto a que “hay una situación de riesgo muy alta para los guardaparques” y denuncia la permisividad de las autoridades para con los mineros. “Se han generado contradicciones y conflictos con los funcionarios que quieren cumplir sus funciones”. También dice que el traslado de guardaparques intimidados por solicitud de los mineros no debe ser la respuesta, sino controlar la actividad ilegal.
Franco Albarracin, investigador del CEDIB, señala que detrás de la minería ilegal, por lo menos en el Parque Madidi, hay “actores chinos” que deben ser vigilados y que además también han estado detrás del tráfico de colmillos de jaguar. Resalta que la contaminación con mercurio en el área protegida con fines de minería de oro ha afectado el ecosistema en general con algunos focos como el río Tuichi, en donde dice que hay comunidades indígenas con “niveles bastante elevados (de mercurio)”.
Albarracín agrega que la impunidad para los mineros es alta y que por eso “se sienten en la total y absoluta libertad para incurrir en acciones criminales como las amenazas, los hostigamientos que atentan contra la vida y la integridad personal”. Además, denuncia “la desinstitucionalización del SERNAP, donde han despedido a guardaparques de amplia experiencia de manera irregular y donde algunos guardaparques han sido amenazados y criminalizados, como en el caso de Marcos Uzquiano”.
Mongabay Latam envió preguntas al SERNAP, pero al cierre de la publicación la entidad no respondió.
*Foto principal: Dragas de minería en el río Kaká en el Parque Nacional Madidi. Foto: Gustavo Jiménez / El Deber
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