La ganadería extensiva, la tala ilegal y el narcotráfico han amenazado desde hace una década los bosques y manglares de la Moskitia, uno de los lugares más biodiversos de Honduras y de toda Centroamérica. En parte por eso, en años recientes ha crecido el interés de políticos, empresas y organizaciones ambientales por crear esquemas que logren monetizar los recursos naturales de esta zona postergada y empobrecida en el oriente del país con el ánimo de asegurar su conservación.

Sobre todo han querido poner en marcha proyectos del mercado de carbono, mediante los cuales comunidades locales que conservan ecosistemas claves para mitigar el cambio climático puedan vender bonos o créditos de carbono a empresas globales que quieren reducir su huella ambiental. Sobre el papel, parecería un gana-gana para esa región de Honduras, cuya población originaria es tan diversa como su naturaleza, pero que vive en la mayor pobreza.

La primera vez que Mirna Wood, una líder indígena de la región miskita, escuchó de este mecanismo de finanzas climáticas fue hace 15 años, en un evento con la organización cultural Ecos de la Moskitia, mientras preparaban una carroza alegórica a su cultura en la ciudad de La Ceiba, al norte de Honduras. Estando ahí, una amiga le habló sobre el carbono y cómo funcionaba este mecanismo. Desde entonces ha estado atenta al desarrollo de estos proyectos.

Más de una década después, en 2021, Wood, quien además es la vicepresidenta de una facción de la máxima organización miskita, llamada Masta, fue buscada por los desarrolladores de un proyecto de carbono en la Moskitia llamado “Greentree” y posteriormente delegada por los líderes de los concejos territoriales de Bakinasta y Tawahka como su representante en el proceso de consulta a las comunidades. Esa iniciativa nunca se materializó, pero Mirna descubrió que ya existía otra más avanzada, más antigua y más grande en la región: un proyecto, a cargo de la oenegé española Ayuda en Acción y la empresa suiza South Pole, que hablaba sobre la captura de carbono a través de manglares —un esquema que en ese mundo se suele llamar “carbono azul”—. Ella supo que este se consolidaba, pero que había sospechas de que las comunidades no estaban siendo consultadas debidamente.

La iniciativa que descubrió Wood se llama Muskitia Pâsa Klîn Nâka, o “Muskitia, yacimiento de aire puro” en lengua miskita. Busca, a lo largo de 30 años, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la conservación de bosques de manglares, tropicales y selváticos en 275 000 hectáreas repartidas en nueve concejos territoriales de la Moskitia hondureña.

Esos nueve concejos territoriales forman parte de los 15 en los que está dividida la Moskitia hondureña, luego de un proceso de titulación de tierras que data desde 2012. Según los títulos ancestrales, la población y los líderes territoriales de cada concejo tienen el poder y uso pleno sobre el territorio. Allí conviven cuatro pueblos originarios: miskitos, pech, garífunas, y tawahkas, aunque el proyecto solo abarca tierras de los dos primeros.

El proyecto “Greentree” al que fue inicialmente convocada Mirna Wood no se concretó, pues entró en conflicto con este otro proyecto de carbono desarrollado por Ayuda en Acción y South Pole. Wood asegura a este equipo periodístico que las comunidades dentro del proyecto Muskitia Pâsa Klîn Nâka desconocen de qué trata esta iniciativa y que, además, en este proyecto no se realizó la consulta previa, libre e informada, una obligación para cualquier proyecto en territorios indígenas en Honduras, bajo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que adoptó legalmente el país.

Wood dijo a los reporteros de Contracorriente que ella llamó por teléfono a Diego Iván Escobar, un empleado colombiano de South Pole que estaba en la Moskitia, para advertirle que necesitaban el permiso de las comunidades indígenas. Tras dos llamadas, cuenta Mirna, Escobar dejó de contestarle el teléfono.

La líder miskita dice que también contactó a South Pole y a Ayuda en Acción, pero que le respondieron que era un asunto entre ellos y los líderes de los consejos territoriales, no de la organización indígena Masta. Wood interpuso una denuncia ante el Ministerio Público por posibles faltas en el proceso de consulta a los pueblos originarios de la zona. El Ministerio Público confirmó a este equipo periodístico, a través de su portavoz Yulissa Gomez, que la denuncia fue admitida y que está iniciando un proceso de auditoría a la organización Ayuda en Acción, pero que por motivos de confidencialidad no puede brindar más detalles.

Verra, la mayor organización de certificación de proyectos de carbono con comunidades locales (también conocidos como Redd+), justamente señaló esta y otras irregularidades en el proyecto al denegar su registro. Como consecuencia, lo declaró en pausa hasta que los promotores expliquen las posibles fallas en su diseño y desarrollo.

Estos son algunos de los hallazgos de Contracorriente, medio hondureño de la alianza periodística Carbono Opaco, liderada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y que reúne a 14 medios de ocho países para indagar cómo está funcionando el mercado de carbono en América Latina.

Un proyecto que promete el avance de la Moskitia

El proyecto Muskitia Pâsa Klîn Nâka se presenta como una salida a la deforestación rampante en la región y a las dificultades que enfrentan los indígenas miskitos y pech que viven en los nueve concejos seleccionados. Allí el desempleo es alto, el sistema de salud precario, el de educación insuficiente. Además la tala es generalizada y hay tráfico ilegal de fauna silvestre. “A largo plazo, se espera que el proyecto logre avances significativos en la conservación y gestión sostenible de los bosques naturales de manglares, latifoliados y de coníferas mediante el fortalecimiento de la gobernanza local, el mantenimiento de las prácticas comunitarias tradicionales sostenibles, la protección de la cultura indígena y el empoderamiento económico de los grupos vulnerables”, promete el texto del proyecto presentado ante Verra. La iniciativa busca evitar la liberación de 399 286 toneladas de gases de efecto invernadero en sus primeros diez años de ejecución.

Como proponente en el documento del proyecto aparece la organización española Ayuda en Acción, con presencia de más de 20 años en Honduras y 11 en la Moskitia. La figura de esta oenegé y su director en Honduras, Roberto Buzzi, no solo ha destacado en la firma de convenios para la protección de la niñez indígena y el fortalecimiento de la pesca y la ganadería bajo distintos gobiernos nacionales, sino en la participación de foros promoviendo sus programas de empleo de los pueblos originarios en las cadenas productivas del cacao y la pesca.

Este proyecto, según su diseño, está planteado en dos fases: una primera que operaría en siete concejos territoriales miskitos: Lainasta, Katainasta, Watiasta, Ahuya Yari, Truktsinasta, Bamiasta y Batiasta, que suman 214 934 hectáreas elegibles para realizar la captura de carbono. En la segunda fase se sumarían el concejo territorial miskito de Rayaka y el pech de Las Marías, con 56 594 hectáreas adicionales. Después de esto, el proyecto contempla expandirse a todo el departamento de Gracias a Dios, es decir, en la Moskitia completa.

Contracorriente encontró dos documentos en los que Ayuda en Acción sugirió que había realizado la consulta del proyecto de carbono. El documento de diseño (Project Design Document) de este proyecto no detalla la cantidad de personas con las que fue consultado y sólo incluye un cronograma de reuniones con líderes territoriales, autoridades estatales y organizaciones indígenas en la zona entre diciembre de 2018 y marzo de 2022.

Según la versión extendida del diseño del proyecto, en junio de 2021 las comunidades firmaron un acuerdo de cooperación “para así formalizar su participación en el proyecto”. En varios otros momentos la oenegé española anunció que había hecho reuniones con la comunidad para conversar sobre la iniciativa. Por ejemplo, en un reporte en televisión la coordinadora de cambio climático de Ayuda en Acción, María José Bonilla, habló de “todo un proceso de construcción que lleva un trabajo bastante arduo en el tema de poderlo comunicar y socializar con las comunidades (y) con el resto de población de la Moskitia”. Es ella quien justamente aparece en los documentos del proyecto como responsable.

Contracorriente contactó a María José Bonilla, de Ayuda en Acción, para preguntarle por el proceso de consulta realizado para el proyecto de carbono en la Moskitia y por los programas de socialización ejecutados por su organización. Pese a llamarle por teléfono y enviarle mensajes por whatsapp desde febrero de este año, al cierre de este reportaje Bonilla no había respondido a las preguntas de esta alianza periodística.

Ante la falta de respuesta de Bonilla, Contracorriente contactó a la oficial de comunicaciones de Ayuda en Acción, Lizzeth Ordóñez, para consultarle también sobre la negativa de Verra de certificar el proyecto de carbono. Sin responder sobre la solicitud de entrevista, Ordóñez contestó por correo electrónico que el proyecto “fue construido colectivamente con las comunidades” y que “se llevó a cabo un proceso de amplia socialización y diálogo”. Además, subrayó que los programas desarrollados por Ayuda en Acción no tenían relación al proyecto de carbono, aunque así lo señalen en el documento de diseño del proyecto y también lo cuestione Verra en su carta. Sobre el estado de la iniciativa, solo dijo que “el proyecto está suspendido”.

Víctor Padilla, gerente de monitoreo y evaluación de proyectos de Ayuda en Acción, sí habló con Contracorriente y aseguró los procesos de consulta previa se han venido realizando desde 2017 con líderes territoriales y que es por la división en la máxima organización miskita por lo que no ha arrancado el proyecto, no por falencias en el proceso de consulta. “Nosotros estuvimos en todos estos procesos de consulta con los líderes que venían participando desde el 2017 y los que tenían el mayor reconocimiento de las comunidades son estos líderes. Ahora, la fracción de la otra junta directiva de Masta es otro grupo de líderes que efectivamente no participaban en los procesos de consulta del proyecto, puesto que a algunos de ellos ni los conocíamos y son los que ahora mismo están generando alguna información [maliciosa] en redes sociales y son los que han interpuesto la denuncia”, dijo a este equipo periodístico en una entrevista en las oficinas de Ayuda en Acción en Puerto Lempira, en diciembre de 2023.

En su visión, el proyecto fue consultado con los líderes de los concejos territoriales que lo integran y la responsabilidad de informar a las comunidades de la Moskitia recaía sobre ellos mismos, es decir, sobre los líderes territoriales, no sobre la ong española.

“El proyecto ha sido ampliamente analizado y participativo con los líderes de los consejos territoriales. El concejo territorial es el representante de las comunidades, que son dueñas del territorio, entonces, el actor que usted necesita que tenga la claridad del proyecto es el [líder] del consejo territorial, pero lógicamente él debe estar informando a sus representantes, ahora, si su sombrilla o su plataforma más arriba está dividida, ahí hay eminentemente un gran problema”, argumenta Padilla.

La empresa suiza South Pole, uno de los gigantes del mercado mundial de carbono aparece como consultor en la formulación del documento de diseño del proyecto (PDD, en la jerga del sector). El proyecto después recibió el visto bueno de la auditora colombiana Instituto Colombiano de Normas Técnicas (Icontec). Luego fue presentado a la organización estadounidense Verra, que lidera uno de los estándares de certificación de proyectos de compensación de carbono más usados en el mundo, para su aprobación y poder comenzar así a vender bonos en el mercado.

Solo que en ese punto el proceso se frenó.

Las dudas de Verra

En julio de 2023, Verra emitió una carta denegando el registro del proyecto de la Moskitia argumentando, entre otras cosas, que “​​la descripción del proyecto y el informe de seguimiento contienen información incorrecta e incompleta”. En consecuencia, señaló la certificadora, “el estado del proyecto en el registro se ha actualizado a ‘En espera’”. Con esa negativa a certificarlo bajo su programa de créditos de carbono Verificación de Carbono Estándar (VCS), y otro adicional llamado Clima, Comunidad y Biodiversidad (CCB), el proyecto no puede todavía vender sus créditos en el mercado.

En su carta, que no estaba públicamente disponible en la plataforma de Verra hasta que esta alianza periodística preguntó por ella, la organización estadounidense desglosa sus dudas y preocupaciones. Coincidiendo con lo que alertaba Mirna Wood de Masta, la certificadora advirtió que “el proponente del proyecto no proporciona información adecuada para concluir que el proyecto se ha desarrollado y ejecutado mediante un proceso consultivo” y que “no ha demostrado que se hubiera obtenido el consentimiento de las comunidades previo a actividades del proyecto que pudieran afectar sus derechos”.

La certificadora puso en duda que los encuentros de Ayuda en Acción con la comunidad tuvieran el alcance que les atribuyó el proponente. “Estas reuniones se describen como encuentros con líderes comunitarios y autoridades locales para debatir los beneficios y próximos pasos del proyecto en el territorio”, advirtió Ciara McCarthy, directora de soluciones climáticas naturales de Verra en su carta, que fue subida a la plataforma de la certificadora el 2 de febrero de este año, pero que “esto no indica que fueran un espacio para obtener su consentimiento previo, libre e informado”.

Según la certificadora, también resulta contradictorio que Ayuda en Acción solicitara que junio de 2017 fuera la fecha de inicio del proyecto, pero que las primeras reuniones con la comunidad hubiesen tenido lugar en diciembre de 2018. Es decir, un año y medio después de comenzado. Aunque es común que los proyectos de carbono soliciten fechas de inicio retroactivas por un par de años, sus proponentes deben demostrar que venían trabajando con la comunidad desde entonces.

Así mismo, Verra señaló varias inconsistencias o inexactitudes en los datos forestales del diseño, entre otras, que no aplicó el modelo de espacialización que permite calcular una línea base de emisiones en el área del proyecto; que no siguió las pautas metodológicas para esbozar el área de referencia con la cual se compararían las dinámicas de deforestación; y que no aportó fuentes apropiadas para analizar la deforestación histórica allí.

Verra también cuestionó la frontera borrosa entre el proyecto de carbono y el programa Prawanka de Ayuda en Acción, que promueve el empleo a través del cultivo de granos básicos y la pesca. Según Verra, Ayuda en Acción solicitó aprobar la fecha de inicio del proyecto de carbono en el momento en el que arrancó el programa Prawanka, pese a que, en sus palabras, “el programa Prawanka no parece incluir entre sus objetivos el uso de la financiación del carbono”. Como resultado, señaló, “no está claro si el proyecto requiere la financiación del carbono para su puesta en marcha”. Esta preocupación pone en duda otro elemento esencial de cualquier proyecto de carbono: que demuestren adicionalidad; es decir, que el resultado ambiental de conservación no hubiese ocurrido sin la existencia de los bonos.

Pese a la negativa, la metodología de trabajo de Verra permite todavía a Ayuda en Acción subsanar esos errores y volver a solicitar a la certificadora el registro de su proyecto, a más tardar hasta el 4 de julio de este año. Es decir, en tres meses.

Verra dirigió su carta no solamente a María José Bonilla, representante de Ayuda en Acción en el proyecto de carbono, sino también a Martha Ivon Corredor, quien aparece como representante del Instituto Colombiano de Normas Técnicas (Icontec) que auditó el proyecto.

Esta alianza periodística no pudo comprobar si Icontec avaló y dio por ciertas las afirmaciones de Ayuda en Acción sobre la consulta realizada en la Moskitia, dado que su informe de auditoría no aparecía publicado en la plataforma de Verra a marzo de 2024.

Icontec denegó compartir el informe de auditoría que hizo del proyecto con esta alianza periodística. “No se encuentra en su versión final”, respondió por correo electrónico Laura María García, profesional en validación y verificación forestal de la auditora colombiana, añadiendo que “el proceso de auditoría se encuentra pausado”. Por este motivo, señaló, “la información pública de este proyecto es la que se encuentra en la plataforma de Verra”.

Sobre su verificación de que se haya realizado una consulta previa, Icontec dijo que “el equipo auditor realizó el proceso de validación y verificación establecidos en la respectiva normatividad legal vigente” y que “dio cumplimiento a la normatividad que aplica para la región de la Muskitia”. No detalló a cuáles reglamentos se refería. Explicó que “realizó entrevistas a las autoridades competentes y representantes de los diferentes actores”, sin identificar a las personas con quienes habló.

Por último, sobre las fallas que detalló Verra en su carta de rechazo del proyecto de carbono, Icontec solo dijo que “se identificaron hallazgos que se informarán y serán de conocimiento público una vez se cumplan con los requisitos del estándar”.

El conflicto dentro Masta

Además de alertar a las comunidades, Mirna Wood denunció ante la Fiscalía Especial de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural del Ministerio Público a los promotores del proyecto —es decir, a Ayuda en Acción y a su representante en Honduras, Roberto Buzzi, así como a South Pole— por presuntamente haber vulnerado el derecho de los pueblos originarios a la consulta previa, libre e informada.

En la denuncia, interpuesta en julio de 2023, también pidió realizar investigaciones patrimoniales y económicas a Ayuda en Acción y South Pole, e indagar por el posible desvío de fondos destinados de proyectos sociales a personas particulares.

La facción de Masta que ella lidera denunció también al expresidente de la organización, Norvin Goff, por presuntamente haber aceptado la instalación del proyecto de carbono, así como la firma de una concesión petrolera en los cayos miskitos y otros proyectos en nombre de la población miskita y en alianza con otros líderes territoriales, pero sin el conocimiento ni consulta de la mayor parte de la población miskita ni de las comunidades locales a las que representaban.

La otra facción, que integra Goff, asegura que los denunciantes del proyecto de carbono avalan la llegada a la Moskitia de ganaderos invasores provenientes del departamento de Olancho. También les señalan de supuestamente negarse a un proceso de recuperación de tierras miskitas al defender la construcción de una carretera que podría atravesar la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera del Río Plátano, un área protegida dentro de la Moskitia que es considerada patrimonio de la humanidad por su valor natural.

Esa división al interior de Masta, y también entre los líderes de los distintos concejos territoriales que develó el proyecto de carbono, afecta a las comunidades de la región desde el proceso de titulación de tierras en 2012 y ha crecido en medio del abandono estatal y las negociaciones clientelistas.

En el grupo de Masta en donde Mirna ubica a Goff también está Elvis Greham, actual presidente de esta facción. Él firmó una carta de entendimiento para realizar los estudios del proyecto de carbono con Ayuda en Acción y South Pole en 2021.

Sin embargo, a diferencia de la postura de Ayuda en Acción de que los procesos de consulta se realizaron entre 2018 y 2022, Greham insiste en que la organización firmó una carta de entendimiento con Ayuda en Acción y South Pole en 2021, pero que todavía no se ha realizado la consulta previa, libre e informada que requiere para ponerla en marcha.

Greham además asegura que en la Moskitia es poco o nulo lo que se conoce del carbono.

“En los ocho territorios se ha socializado o consultado a 800 personas, lógicamente la gente que ha estado en el proceso manejan el tema, pero la gran mayoría, tenemos que estar claro nosotros que la gran mayoría no lo maneja, algunos territorios o presidentes territoriales están trabajando informando a lo interno de su concejo territorial”, explica Greham.

Según su relato, Ayuda en Acción y South Pole se le acercaron en 2021 con la intención de que él avalara el proyecto como presidente de la máxima organización miskita, por lo que convocó una reunión con los líderes de los ocho concejos territoriales miskitos (a excepción del concejo pech) pertenecientes al proyecto. A su vez, los líderes de cada concejo consultaron a miembros de sus comunidades para ver si éstos aceptaban formar parte del proyecto o no.

El problema radica en que ese ejercicio supuso consultar a unas 800 personas, cuando los 15 concejos territoriales en la Moskitia suman 158 400 personas agrupadas en 267 comunidades, según un censo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y de la propia Masta. Solo los concejos de Lainasta, Katainasta y Truktsinasta —que forman parte del proyecto de carbono— registran más de 20 000 personas cada uno, mientras que Bakinasta y Batiasta —los que rodean la zona de la Reserva de la Biosfera de Río Plátano—, registran una población de entre 4 000 y 10 000 personas por cada concejo.

Greham asegura que ese ejercicio fue apenas una “iniciativa” y que no debe tomarse como una consulta previa, libre e informada. “Hasta este momento nosotros tenemos una carta de entendimiento donde dice que cualquiera de las dos partes, si en algún momento se sienta incómoda, se retira sin ningún problema. Hasta el momento hemos llegado a nivel de una consulta, y hasta ahí hemos quedado, por la veda establecida por el gobierno”, señala Greham. Por la veda se refiere a la moratoria establecida por el gobierno de Xiomara Castro en junio de 2022, que puso en pausa las iniciativas de proyectos de carbono en el país hasta tener un nuevo inventario de carbono forestal realizado por Secretaría de Recursos Naturales (Serna) y el Instituto de Conservación Forestal (ICF).

“De repente ellos [Ayuda en Acción] lo tomaran así, como una consulta. Por eso nosotros como Masta en agosto de 2023 hicimos una reforma del estatuto de Masta dónde metemos un artículo, en el que toda iniciativa debe ser consultada con la mayor cantidad de personas posibles”. expresó Greham, enfatizando que “para nosotros eso no es una consulta”.