- El 19 de junio era el último día para que el Congreso colombiano discutiera y votara un proyecto de ley de trazabilidad ganadera, pero terminó hundido porque no fue priorizado en la agenda para debate.
- El objetivo era rastrear la propiedad del ganado y su distribución para que los consumidores pudieran identificar el origen de la carne y así evitar la deforestación de la Amazonía colombiana. Al no ser aprobado, el proyecto deberá iniciar todo su trámite desde cero. Esta es la segunda vez que el Legislativo descarta la iniciativa.
- Mientras esto ocurría, el proyecto que busca entregar y formalizar tierras en zonas de reserva forestal fue aprobado en el primero de sus cuatro debates y preocupa a sectores ambientalistas.
El pasado 19 de junio en el Congreso de Colombia se discutían dos proyectos de ley claves para la protección del medio ambiente, uno que podría ayudar a controlar la deforestación y otro que, según expertos, podría incentivarla. El primero era el de la trazabilidad ganadera que buscaba implementar un sistema de información integrado para rastrear la procedencia de las reses comercializadas en Colombia. La iniciativa estaba en su recta final, solo le faltaba un debate en el Senado para ser aprobada, pero no fue priorizada en la agenda legislativa y se cayó por falta de tiempo para discutirlo.
“Lo hemos dicho varios representantes. Hay varios proyectos de ley muy importantes en proceso de agendamiento, pero están muy abajo en la lista. Está el proyecto de ganadería libre de deforestación (el de trazabilidad), que sería una herramienta vital contra la deforestación causada por la ganadería ilegal, que está en zonas de reserva forestal y parques nacionales. Les pedimos respetuosamente que lo debatan con prioridad”, pidió en el Congreso la congresista Julia Miranda al Senado, horas antes de que quedara definitivamente archivado.
El segundo proyecto busca permitir la adjudicación de tierras en reservas forestales. En Colombia, las reservas forestales son áreas destinadas a la conservación y fueron creadas por la Ley Segunda de 1959, con una extensión original de 51 millones de hectáreas. Sin embargo, al menos 2 millones de ellas ya han sido sustraídas, es decir, destinadas a otro tipo de uso distinto al forestal, con autorización de las corporaciones autónomas regionales, autoridades ambientales en el país. La más grande es la Zona de Reserva Forestal (ZRF) de la Amazonía, a la que el Estado asignó 34 millones de hectáreas y corresponde al 86 % de toda la cuenca amazónica colombiana.
La propuesta legislativa para adjudicar baldíos en zonas que hoy son de protección ambiental avanza, ya va para su segundo debate y cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura.
Las posibilidades que ofrecía el proyecto de trazabilidad ganadera
En Caquetá, Guaviare y Meta, los departamentos más deforestados de Colombia, hay 5 millones de reses, el 17 % de las 28 millones que hay en el país. Adicionalmente, según cifras de Parques Nacionales Naturales, por lo menos 100 000 reses fueron detectadas hasta septiembre de 2022 en la zona del Parque Nacional Natural Tinigua (Meta), en la Amazonía colombiana. En esta área protegida se deforestaron 4878 hectáreas en 2022. Otras áreas protegidas amazónicas con alta deforestación también están amenazadas por la ganadería ilegal: el Parque Natural Nacional Sierra de La Macarena (Meta) con 54 800 reses, el Parque Nacional Natural Picachos (entre Caquetá y Meta) con 22 800 cabezas de ganado y La Paya (Putumayo) con 4900.
La investigadora Alejandra Laina le explicó a Mongabay Latam en 2022 la dinámica en la que hoy se oculta la verdadera procedencia del ganado que pasta en áreas de importancia ambiental. “Por ejemplo, (un productor) tiene dos fincas que se llaman igual. Registra las vacas en la finca que está fuera del parque nacional y eso dice la guía de movilización (de ganado). Las sacas, las vacunas y luego las devuelves allá (al Parque Nacional o resguardo indígena)”, dijo entonces Laina. Esto refleja lo retador que es rastrear la movilidad del ganado y la propiedad de la tierra donde están las reses.
“La verdadera función del ganado no es que se venda carne o cuero, sino ser celadores (guardianes) de la propiedad de la tierra”, le dijo a la BBC el sociólogo y abogado colombiano Alejandro Reyes.
Es por esta razón que un grupo de congresistas, liderados por Juan Carlos Losada y Julia Miranda, impulsaron el proyecto de ley para la trazabilidad ganadera, que denominaron también como ‘carne libre de deforestación’. En pocas palabras, el proyecto buscaba resolver el problema de la pérdida de los bosques del país. La representante Miranda le dijo a Mongabay Latam que la ganadería en el país es una de las principales causas de la tumba de bosques. “La deforestación es el principal problema ambiental de nuestro país. Más del 30 % de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la transformación de suelos”, aseguró.
El proyecto pretendía realizar el cruce o ensamble de al menos cuatro sistemas de información relacionados con el ganado, los bosques y el uso de tierras, para determinar quién es el responsable de las reses y de abrir fincas en zonas deforestadas. Uno de los sistemas más importantes era el de ubicación, vacunación y movilización de ganado que se registra en el Sistema Nacional de Identificación e Información de Ganado Bovino (SINIGAN) y que incluye los datos de transporte y comercialización de reses. Toda esta información iba a ser integrada con los datos de deforestación del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), con los datos y usos de la tierra del sistema de catastro del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y con el Registro de la Propiedad Inmueble, administrado por la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), que reúne información sobre las transferencias de predios como compraventas, sucesión o fallos de jueces.
Laina explicó que las bases de datos no están interconectadas, por lo que no se sabe quiénes son los deforestadores. “El SINIGAN opera por sí solo, para las guías de movilización te pide una coordenada, pero esta no se cruza con ordenamiento (territorial), entonces no sabes si está en un resguardo, una reserva forestal o dentro de una finca. El sistema de bosques es otro, no interopera (se cruza) con Sinigan. Si lo logran hacer, sería ideal”, precisó.
El proyecto de ley también proponía que la Agencia Nacional de Tierras (ANT), encargada del manejo de los terrenos estatales o baldíos, creara registros de propiedad para estos. La propuesta, además, contemplaba que la banca implementara la debida diligencia al otorgar créditos para ganaderos en zonas con alta deforestación.
Para la congresista Miranda, ponente del proyecto, cruzar la información disponible sobre ganado era clave en la iniciativa. “Nos iba a permitir saber si el ganado o el predio donde están las reses [por eso también se vinculan los sistemas de catastro y registro de la propiedad inmueble], está vinculado a procesos de deforestación”.
Para la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), el proyecto de ley era clave por las altas cifras de deforestación ocasionadas por la ganadería, ya que “entre 2016 y 2023 se consolidó un hato de 1 120 000 cabezas de ganado en las regiones amazónicas que presentan las mayores tasas de tala de bosques (el llamado arco de la deforestación ubicado entre Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo)”.
Desde FCDS agregan que el proyecto se necesitaba porque actualmente “no hay un trabajo coordinado, ni capacidad para compartir información y datos entre los diferentes actores involucrados. Esto impide tener información clara sobre la identificación del animal, su origen, cría, transporte y destino”. De acuerdo con la organización, los datos del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) demuestran que el mercado ganadero del Guaviare es un importante proveedor de carne para Bogotá, y que Caquetá abastece de ganado a departamentos del occidente del país como Valle del Cauca, Huila y Tolima. Además, la mayoría del ganado de la zona amazónica está concentrado en pocas manos, “no en pequeños ganaderos”.
FCDS también señalaba que era muy grave descartar este proyecto de ley, ya que “no tendremos datos ni instrumentos de transparencia de la información para abrirnos a mercados que exijan una trazabilidad completa”, como las regulaciones recientes de la Unión Europea. A todo esto se suma la preocupación por el aumento de demanda de carne bovina por la reciente apertura de China al producto colombiano y que, sin una ley de trazabilidad vigente, puede generar “más presión sobre las regiones amazónicas”.
Javier Ortiz, director para América Latina de la organización ambiental Tropical Forest Alliance, afirma que el proyecto de ley de trazabilidad ganadera era muy importante y que el Congreso debe apoyar otras iniciativas ambientales y comunitarias. “Normativas con incentivos para darle valor a los bosques en predios privados, que hagan atractiva la economía forestal. Una reducción de impuestos a áreas conservadas en predios privados y castigar el uso ineficiente del suelo (como la ganadería extensiva)”.
Hasta celebridades como el actor Leonardo DiCaprio se pronunciaron en redes sociales a favor del proyecto de ley de trazabilidad ganadera, diciendo que el Congreso colombiano haría historia al aprobarlo.
La congresista Miranda lamenta no sólo que la iniciativa se hundiera sino que otros proyectos ambientales tampoco avanzaran en su trámite por falta de agendamiento en el Congreso, como el que creaba mecanismos de monitoreo y apoyo para los desplazados por el cambio climático.
Los temores que despierta el proyecto de tierras en reservas forestales
Al tiempo que el proyecto de ley de trazabilidad agonizaba en el legislativo, el de adjudicación de baldíos empezaba a abrirse paso. Se trata de una propuesta que busca entregar tierras baldías o estatales a campesinos en zonas de reserva forestal, pero que ha generado opiniones a favor y en contra.
Miranda dice que el proyecto, tal como está planteado, abre la puerta a la producción agropecuaria en zonas que son de protección ambiental. “El riesgo del proyecto es que podría legalizar ocupaciones y actividades diferentes”, dice, y agrega que la propuesta tampoco impide que se adjudiquen tierras que hayan sido deforestadas y que actualmente “gran parte de la deforestación se está dando precisamente en la reserva forestal. Estas ocupaciones se terminarían legalizando y amnistiando”. Información de FCDS demuestra que al menos el 39 % de la deforestación en la Amazonía se da en la zona de reserva forestal, con solo 43 904 hectáreas perdidas de abril de 2021 a marzo de 2022.
Asimismo, Miranda señala que una de las principales causas de deforestación es el acaparamiento de tierras y que la propuesta de ley del congresista Juan Pablo Salazar “no da respuesta a la problemática ni da condiciones que garanticen la conservación”.
Javier Ortiz de Tropical Forest Alliance señala que las zonas de reserva forestal ya cuentan con una ocupación y deforestación significativa. “La reserva forestal de ley segunda ya ha sido una figura muy abusada históricamente, cosa que viene pasando también con algunos parques nacionales”, dice.
Ortiz explica que los alcaldes de los municipios donde están las reservas forestales del país promueven o permiten la ocupación buscando recaudar el impuesto de renta, ya que “sacar a la gente que ya ocupó la zona es poco viable”. Reconoce que si se sigue legalizando la ocupación se envía un mal mensaje: “tarde o temprano las ocupaciones ilegales se terminan legalizando”. El experto agrega que el problema no es de leyes, sino de instituciones con incapacidad o desinterés que no permiten cumplir las normativas ambientales existentes.
A la congresista Miranda también le generan preocupación las declaraciones de la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, en las que asegura que entre los obstáculos para el progreso de la reforma agraria están los parques nacionales y las reservas forestales.
En el proyecto de adjudicación de baldíos en zonas de reserva forestal no se ha aclarado la exclusión del uso agropecuario y las posibles amnistías por el delito de deforestación para los productores ocupantes. Por eso Miranda decidió no apoyar la iniciativa. Adicionalmente, dice que una ley como la que se propone no es necesaria, ya que hoy el gobierno puede eliminar la categoría de reserva forestal a un área específica, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. Entre las justificaciones para solicitar la sustracción están las obras de utilidad pública e interés social y las actividades distintas a la forestal que no perjudican la función protectora de la reserva forestal.
El Ministerio de Agricultura defiende el proyecto de ley. En un concepto dirigido al Congreso, y compartido por el área de prensa, aseguran que al haber propietarios específicos podrían individualizar a los responsables de la tala de bosque, además de apoyar a las más de 700 000 personas que habitan las reservas forestales, entre estos, los campesinos. Asimismo, agregan que promoverán acciones de manejo forestal sostenible.
Mongabay Latam constató que el proyecto de ley no es explícito sobre si permite o no la ganadería. El articulado actual habla de permitir prácticas silvopastoriles, un tipo de ganadería más sostenible, pero la versión más reciente propuesta habla del “desarrollo de proyectos productivos de economía forestal y agraria campesina”. El Ministerio de Agricultura se mostró favorable a estas propuestas en su concepto al Congreso.
En comunicación oficial dirigida a Mongabay Latam, el Ministerio de Agricultura aseguró que apoya la propuesta legislativa “para que el campesino que ocupa las reservas forestales viva bien. Necesita seguridad sobre la tierra que tiene y proyectos que le ayuden a transitar a una economía selvática”. La entidad agrega que “tener el título de propiedad permite ambas, pues nos ayuda a estabilizar a la gente en sus tierras. Y esto le pega a muchas de las deudas que tenemos como país: la paz, el cambio climático, la biodiversidad y la reforma agraria”.
Javier Ortiz de Tropical Forest Alliance asegura que más allá de la titulación de los baldíos, “el problema de fondo es que el bosque y los sistemas agroforestales no son suficientemente rentables para la gente”.
Se consultó al Ministerio de Ambiente para conocer su postura frente al avance del proyecto de adjudicación de baldíos y el hundimiento del proyecto de trazabilidad ganadera, pero hasta el momento no han brindado ninguna respuesta. Las fuentes consultadas para esta nota señalaron que, a pesar de ser temas de su resorte, la entidad no se ha pronunciado.
*Nota del editor: Días después de publicado este reportaje, la ministra de Agricultura Jennifer Mojica y el congresista Juan Pablo Salazar respondieron las preguntas de Mongabay Latam. La ministra dijo que sí apoya el proyecto de ley de Salazar porque “es clave para el reconocimiento de los derechos de las comunidades campesinas, la resolución de conflictos socio ambientales, la reconversión productiva y la construcción de paz”.
El congresista Salazar aseguró que de las 48 millones de hectáreas de reserva forestal del país, solo el 22.5% (10.8 millones de hectáreas) pueden ser adjudicadas, debido a que el resto corresponden a áreas protegidas y resguardos indígenas. Agrega que los únicos que se podrán beneficiar de la ley serán los campesinos “sujeto de reforma agraria, las víctimas del conflicto armado y familias campesinas que suscriban acuerdos de sustitución de cultivos de uso ilícito” que estén en estos terrenos desde antes de la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016.
Salazar dice ser consciente de que en las zonas de reserva forestal hacen presencia los grupos armados ilegales y los deforestadores, pero defiende la propuesta y dice que sí busca frenar la pérdida de bosque, pero de la mano del campesinado. “La lucha contra la deforestación debe incluir al campesinado, en lugar de revictimizarlo. Por este motivo se comparte la posición de que el proyecto no puede ser, y no se plantea, como una amnistía o legalización de la deforestación”, señala. También indica que si se le ofrecen condiciones, podrían mejorar su calidad de vida y “ello redundará en una reducción de la deforestación”, ya que para él la crisis ambiental tiene raíz en la desigualdad social.
Además, reconoce que el proyecto no prohíbe las prácticas agropecuarias ya existentes y defiende su postura argumentando que estas se ajustarán “progresivamente al régimen de usos de la reserva forestal, por medio de la reconversión bajo sistemas silvopastoriles y agroforestales”, y agrega que si alguien ocasiona deforestación masiva, le retirarían el título y que sólo podrá transferirlo después de 15 años exclusivamente a otro campesino.
*Imagen principal: Un fragmento de selva talada, en la andinoamazonía colombiana, en el departamento de Putumayo. Foto: Natalia Pedraza.
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