- El 12 de junio se aprobó en la Cámara de Senadores de Argentina la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos que, impulsada por la presidencia de Javier Milei, contempla reformas en materia laboral, fiscal y ambiental.
- Uno de los principales capítulos es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que establece importantes beneficios por 30 años para los sectores agroforestal, minero, energético, de infraestructura y tecnología. Además, prioriza el acceso de las empresas a bienes comunes como el agua, exime la presentación de estudios de impacto y pasa por alto leyes actuales de protección ambiental.
- En entrevista con Mongabay Latam, Guillermo Folguera, investigador del principal organismo dedicado a la promoción de la Ciencia y la Tecnología en Argentina, especializado en biología y filosofía y activista, explica las implicancias sociales y ambientales de la normativa: “Hay que comprender que estamos en riesgo y que las condiciones de vida nos pueden seguir empeorando infinitamente”.
Eran las 10 de la mañana del 12 de junio en la Ciudad de Buenos Aires y una neblina espesa anticipaba lo que —para algunos— sería una jornada gris. Mientras organizaciones sociales se congregaban en la Plaza del Congreso, dentro del edificio legislativo los senadores daban quórum para discutir la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos que desde abril ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados.
Luego de casi 22 horas de debate y una ajustada votación, la norma fue aprobada gracias al desempate de Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado.
Si bien el proyecto aprobado dista mucho del originalmente presentado por el gobierno del presidente Javier Milei, también mantiene puntos claves y controvertidos: reforma laboral, privatización de empresas públicas, delegación de facultades legislativas al presidente y Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
Este último busca atraer capitales mediante beneficios extraordinarios en términos fiscales, cambiarios y aduaneros en sectores como la minería, el gas, el petróleo y los agroforestales. Los especialistas coinciden en afirmar que la medida no sólo garantiza la explotación irrestricta de los bienes naturales sin prever evaluaciones de impacto, sino que se contrapone a tratados internacionales en materia ambiental y a la autonomía de los territorios provinciales sobre sus recursos.
En entrevista con Mongabay Latam, el biólogo, filósofo y activista Guillermo Folguera, profundiza sobre las implicaciones sociales y ambientales de esta normativa.
Folguera se desempeña como investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), es docente de la Universidad de Buenos Aires y dedica sus días a la militancia socioambiental. Su trayectoria profesional y política no puede desligarse de ciertos hechos que marcaron su vida: una familia de científicos naturales, padres exiliados por la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile y una juventud al calor de la crisis argentina de 2001 y 2002.
Fue en el acalorado contexto político de principios de siglo que Folguera comenzó a empaparse de los temas socioambientales, justo cuando se intensificaba el monocultivo de soya transgénica en Argentina. Esta industria empezaba entonces a generar severos impactos en la diversidad biológica del país, deforestación y problemas de salud en las comunidades locales.
Durante aquellos años, Folguera terminaba su licenciatura en biología, en temas de adaptación térmica por crisis climática, y empezaba su doctorado en evolución. Además, por las noches, estudiaba filosofía. También hizo un postdoctorado en temas de ecofisiología y estancias de investigación en México y España sobre Filosofía de la Biología y Filosofía de la Evolución. Nunca dejó de denunciar las injusticias ambientales, las complicidades del sistema científico, el agronegocio y los extractivismos.
Hoy, en un contexto nacional con puntos de contacto con la crisis que marcó su camino en el 2001, Folguera habla de las consecuencias de la Ley de Bases sobre los bienes ambientales, las problemáticas que atraviesan las comunidades en distintos rincones de la Argentina, e invita a pensar cómo seguir adelante.
—La discusión y aprobación de la Ley de Bases en el Senado es uno de los hechos más relevantes de las últimas semanas en Argentina. ¿Cómo esta medida afectará los bienes naturales del país?
—Hay cuatro grupos de cosas para detenerse. Uno tiene que ver con las facultades delegadas a Milei. El gobierno de Milei, más allá de que tenga un discurso que aparentemente es otra corriente de la economía, tiene mucho que ver con el neoliberalismo de los Chicago Boys de Chile. Otra cosa es que implica un achicamiento y un acortamiento del Estado, no una eliminación porque obviamente tienen que poner militares en la calle, garantizar leyes a favor de las corporaciones. Todo lo que tiene que ver con un Estado para sectores minoritarios, menos poderosos, empobrecidos, se ve amenazado con desaparecer. Hay otra parte que tiene que ver con los derechos laborales. Se ha hecho esta llamada reforma laboral que no es ni más ni menos que quitar derechos.
Y en cuarto lugar, obviamente el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), que es la explicitación de muchas de las políticas que se venían tomando.
El RIGI se aprueba pensando en incidir particularmente en algunas partes del país. Creo que se está pensando en Mendoza, Chubut y Jujuy. Una manera de acelerar el despojo en esos territorios. Un despojo que ya está ocurriendo.
Están buscando quitar herramientas a las comunidades. Están pensando en frenar la resistencia de las comunidades en Jujuy, desarmar eso por el tema del litio. Y me parece que están queriendo avanzar con Mendoza y Chubut sobre las leyes de protección del agua.
— ¿Qué beneficios contempla el RIGI para cada uno de los sectores incluidos, como el agroforestal, minero y energético?
—El listado de beneficios va desde exenciones impositivas, evitar dar ciertos informes ambientales, mejoras tributarias y cambiarias. Hay toda una serie de beneficios. Además, aparece que los beneficios son por 30 años, lo cual es un montón.
Entiendo que va a haber tensiones grandes para el manejo, por ejemplo, del agua, entre la Nación y las provincias porque esos recursos son totalmente provinciales desde mediados de la década de los noventa.
Pero, a su vez, mucho de esto tiene carácter publicitario porque intentan ser señales al mercado financiero internacional. ¿Qué va a ocurrir después? Está por verse. Definitivamente se nota que es algo armado por y para las corporaciones, básicamente es generar un territorio de sacrificio argentino a disposición de las corporaciones.
—Usted viaja mucho por todo el territorio argentino. ¿Cuáles son las principales problemáticas que identifica en las distintas regiones? ¿Qué tan conectadas están las propuestas nacionales actuales con las necesidades ambientales y sociales de las comunidades?
—En términos generales, los tipos de problemas que encuentro cuando viajo son una injusticia social muy marcada, una aceleración de la desigualdad social y destrucción ambiental muy, muy acelerada. Están la contaminación química, deforestación, desmonte, fragmentación de los ecosistemas, sequía, inundación y pérdida de diversidad biológica.
Lo otro que también encuentro son la expulsión de campesinos y comunidades indígenas. Y después deterioro en las condiciones de vida. También está la aparición de enfermedades que antes eran de la vejez. El cáncer, por ejemplo. El envejecimiento celular ahora es una enfermedad claramente de situaciones ambientales.
— Y ante la situación actual, ¿cómo está el ánimo en las comunidades? ¿Cuál es la resistencia que están construyendo?
—Este contexto es muy duro. Están desgastados, pero las comunidades cuando no tienen agua, salen. No es un problema ideológico, es un problema de subsistencia.
La localidad de Famatina echó cuatro mineras, no porque tengan una ley, echó cuatro mineras porque luchó el pueblo, luchó la comunidad y va a seguir luchando. Creo que se abre una época en Argentina sin leyes a favor, con las leyes en contra y sabiendo que solo la comunidad organizada va a ser la clave para seguir.
Tenemos que comprender que está en juego nuestra subsistencia. No tanto por un tema de esperanza o de optimismo. Hoy igual me levanté muy triste e hice un comentario en las redes en ese sentido. Pero me parece que tenemos que comprender que estamos en riesgo y que las condiciones de vida nos pueden seguir empeorando infinitamente.
Lo que noto también es mucha gente cansada que nunca luchó. Ahí no me parece justo. Por supuesto que atravesamos la pandemia, las redes sociales también son un factor. Del otro lado, el tema socioambiental no es anecdótico para el sistema, es uno de los grandes núcleos de hoy del modelo global y del rol que Argentina tiene como colonia.
—Recién habló de claves para seguir. ¿Cómo llegamos hasta esta situación social y ambientalmente crítica? ¿Por qué y cómo seguir?
—¿Por qué seguir? Porque lo que queremos es proteger la vida. Y el instinto natural es proteger la vida, eso lo aprendí como biólogo. Los seres vivos muy excepcionalmente se dejan morir. No se trata solo de recuperar algunas condiciones materiales, sino de una subjetividad que entienda que no nos salvamos si no es colectivamente.
Tiene que haber otro vínculo de las comunidades con su propia naturaleza. Digo, hay un desprecio hacia el pasado que ellas mismas vivieron, un desprecio hacia el futuro que van a vivir. Una comunidad no puede ser independiente de si está tomando agua con veneno.
Y la explicación no puede ser tampoco: “No llego a fin de mes”. Bueno, no llegas a fin de mes, pero están enfermando a tus hijos. Yo creo que ahí tenemos un desafío. Uno de los grandes errores que nos trajeron hasta acá es pensar que se podían poner parches. No se pueden poner parches cuando estamos hablando de la destrucción de la vida.
—¿Cómo vive ser un militante ambiental y un científico bajo este gobierno tan marcadamente anti-ciencia y negacionista del cambio climático?
—Como todo, tiene una historia. El enfrentamiento con una comunidad científica cooptada por los grupos de poder no empezó en diciembre con Milei, sería mucho más fácil ¿Y cómo vivo todo esto? Por un lado, como que de alguna manera para esto me formé, para dar esta discusión. Lo pienso todo el tiempo.
Tuve problemas en la facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en la que estoy y de alguna manera cerré los ojos y dije bueno, para esto estoy formado. Pero después es muy duro, no voy a mentir. Me encantaría que me aplaudan. Pero laburar en ambientes hostiles denunciando esos mismos ambientes y siendo un poco la oveja negra, es duro. Muy a contracorriente.
—¿Qué tipo de hostigamientos recibió? ¿Sus colegas científicos cómo ven este activismo?
—En CONICET y la UBA no tuve problemas porque son tan supraestructuras que, si me atacaron no me enteré. Tuve problemas en la facultad (de Ciencias Exactas), tuve problemas de diverso tipo, nunca de frente. Claramente personas que me corrieron por no agradar, porque de alguna manera trabajo denunciando muchas de las cosas que pasan en la facultad. La facultad tiene acuerdos con petroleras, con mineras, con agronegocios.
El último año fue duro. Pero tampoco me quiero sentir mártir o víctima porque no es eso tampoco. Y después, lo otro, que ahí soy un poco más crudo con mis colegas, es que a veces hay muchas ganas de que te aplaudan y te den premios. Yo tengo muy claro que no voy a recibir un premio en mi vida. De todas maneras, mi sensación nunca fue de mártir, eso quiero que quede claro.
Después, en términos de otros actores, en el último viaje que hicimos por San Juan y San Luis nos amenazó un empresario local. También, de vuelta, uno sabe que eso ocurre pero no fue agradable. Pero bueno, es parte también, porque sabemos que nos estamos metiendo con actores. Argentina todavía no es como otros países de la región como Colombia y México [los más peligrosos para los defensores del ambiente y el territorio], pero evidentemente esto va a endurecerse.
* Imagen principal: Esta imagen del 12 de junio de 20224, es en las afueras del Congreso de la Nación en Argentina, mientras se discutía en la Cámara de Senadores la Ley de Bases. Foto: Laura Berisso
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