- En el río Aguaytía, en la región Ucayali, se registraron imágenes satelitales de siete dragas, mientras que en el río Nanay, en Loreto, se captaron las imágenes de 31 de estos equipos usados en la minería ilegal.
- Las fiscalías ambientales de Loreto y Ucayali destruyeron 16 dragas en los operativos realizados en los ríos Nanay y Aguaytía.
La minería ilegal sigue amenazando los ríos de la Amazonía peruana. A los reportes de la presencia de dragas dedicadas a la extracción ilegal de oro en los departamentos de Loreto y de Amazonas, en la selva norte de Perú, se suma ahora la presencia de dragas en el río Aguaytía, en la región Ucayali, en la selva central de Perú.
De acuerdo con el último reporte de la plataforma de Monitoreo de Minería Satelital con Imágenes de Radar (RAMI), elaborado por Conservación Amazónica (ACCA), en el río Nanay fueron registradas 31 nuevas estructuras mineras durante el mes de junio, mientras que en el río Aguaytía se detectaron siete dragas dedicadas a la minería ilegal.
Sobre las dragas detectadas en el río Aguaytía, Sidney Novoa, director de SIG y Tecnologías para la Conservación en ACCA,señala que “podría ser relativamente recientes”, pero aclara que la ACCA no cuenta con un acervo extenso de imágenes satelitales para esa zona. En una revisión de las imágenes disponibles captadas entre 2011 y 2024 constataron que sólo se encontraron dragas en las imágenes más recientes.
En el caso de Loreto, la cuenca del Nanay es la más crítica, asegura Novoa. “En esa región hay 12 ríos en los que se han detectado la presencia de minería ilegal, pero ninguna llega al nivel del Nanay”.
La detección de las dragas mediante imágenes satelitales sirvió para que la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Loreto realizara dos operativos en el río Nanay entre el 19 y 28 de junio. Por otro lado, el 19 de junio se ejecutó un operativo en el río Aguaytía. En total fueron 16 las dragas destruidas en los tres operativos realizados durante el mes de junio.
Operativos en los ríos Nanay y Aguaytía
Un total de 12 dragas fueron destruidas en los dos operativos que se ejecutaron en el río Nanay. Tres se destruyeron durante las acciones de la FEMA de Loreto realizadas entre el 19 y el 21 de junio, mientras que otras nueve corresponden a las acciones entre el 23 y el 28 de junio. En los operativos también se desmantelaron cuatro campamentos mineros.
Bratzon Saboya, fiscal de la FEMA de Loreto, señala que durante la intervención ingresaron a la comunidad nativa Alvarenga y a la comunidad nativa San Juan de Ungurahual. “Encontramos algunos accesorios y motores escondidos entre la maleza”, comenta el fiscal sobre esta última comunidad en la que anteriormente habían sido agredidos durante una intervención.
Lo que más llamó la atención del fiscal fue ver cómo “los niños de la comunidad se están identificando con la actividad ilícita”. Saboya cuenta que los pequeños tienen entre sus juguetes pequeñas dragas con todos sus accesorios, construidas por ellos mismos. “Es preocupante lo que esta actividad ilícita está generando en la mente de los niños que la están normalizando”.
La mayoría de las dragas encontradas en el Nanay estaban dentro del Área de Conservación Regional (ACR) Alto Nanay Pintuyacu Chambira, como se observa en el mapa elaborado por ACCA. La presencia de estas dragas en el Alto Nanay “también impacta en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana”, comenta Saboya.
“El sector que abarcamos es esencialmente dentro del Área de Conservación Regional Alto Nanay Pintuyacu Chambira, cuando hemos evaluado fuera del ACR no encontramos dragas. Es como si en el ámbito de la ACR estuvieran los sedimentos que cargan el oro. Siempre es el mismo sector que llega hasta la comunidad Alvarenga”, explica Sidney Novoa, de ACCA.
Novoa comenta que en las imágenes satelitales captadas para el último reporte —que se utilizaron para el operativo— se han encontrado dragas casi en el límite de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana.
Otro dato que muestran las imágenes del monitoreo en el Nanay es que las dragas permanecen estacionadas, operando en una zona de playa en la ribera del río. “Es un patrón que estamos viendo ahora; en cambio, anteriormente estaban solo dentro del cuerpo de agua”, señala Novoa.
El monitoreo satelital también mostró la presencia de siete dragas en el río Aguaytía, en Ucayali. Cinco de ellas estaban agrupadas y, a través de las imágenes, se observan montículos de arena dejados por la actividad minera ilegal.
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Ucayali, junto con la Capitanía de Puerto de Pucallpa, realizó un operativo contra la minería ilegal el pasado 18 de junio, en el río Aguaytía, a la altura del caserío Bello Horizonte, en el distrito de Curimaná, provincia de Padre Abad.
Durante la intervención se destruyeron cuatro dragas equipadas para la extracción ilegal de oro, además, según informó la fiscalía, entre quienes realizaban la actividad ilícita había menores de edad que huyeron de la zona.
Un presupuesto insuficiente
“La minería ilegal ha crecido mucho, pero en términos presupuestales el Estado invierte apenas un 0.03 % del presupuesto nacional en la lucha contra la minería ilegal y para formalización el 0.01 %”, dice Ana Leyva, especialista en temas minero ambientales de Cooperacción.
El presupuesto del 2024 para la reducción de la minería ilegal en Perú es de 80 millones 395 304 soles (21 millones 438 747 dólares); mientras que el presupuesto para la formalización minera de la pequeña minería y minería artesanal es de 24 millones 538 883 soles (6 millones 543 702 dólares).
“Es muy poco lo que se invierte, Y si además consideramos que, según la Unidad de Inteligencia Financiera, la minería ilegal mueve alrededor de 10 mil millones de dólares al año, qué puedes hacer con los casi 22 millones de dólares ante un problema que implica que 10 mil millones de dólares”, comenta la especialista de Cooperacción.
Leyva señala que estos datos explican “cuáles son las prioridades del gobierno peruano y del Congreso”, tomando en cuenta que el presupuesto nacional lo propone el Ejecutivo pero lo aprueba el Legislativo. “No hay voluntad política para hacerlo”, agrega.
Manuel Zapata, de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible y vocero del Observatorio de la Minería Ilegal, señala que el Estado y las instituciones destinadas a prevenir, contener y mitigar los impactos de la minería ilegal no cuentan con información satelital, “entonces, si no monitoreadas y no tienes información del problema, ¿cómo lo vas a combatir?”.
Pero lo más complicado, sostiene Zapata, es una debilidad presupuestal o de recursos y una brecha grande en la articulación de los distintos sectores y entidades que tienen competencia para controlar la minería ilegal. “En la gestión institucional para atender la problemática hay desorden y poca claridad. No hay un norte ni hay visión clara de atender la problemática”.
José Manuyama, presidente del Comité de Defensa del Agua de Iquitos, considera que no hay voluntad del Estado para combatir la minería ilegal. “No hay voluntad política nacional ni regional para resolver este problema. Es lamentable constatar la desidia, negligencia e incluso complicidad de algunos funcionarios del Estado”.
Para Manuyama esta falta de interés del Estado para atender el problema podría llevar a un colapso del río Nanay, en Loreto, así como de los otros ríos de la región donde también se ha detectado esta actividad ilícita. “No hay un Estado que asuma su rol para resolver el entrampamiento en que estamos pese a la amenaza a la vida de tanta gente”.
Imagen principal: Operativo contra la minería ilegal en el río Nanay. Foto: FEMA Loreto.
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