- El reciente informe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas señala que de las 92 784 hectáreas de hojas de coca cultivadas en Perú , el 71 %, se encuentran en áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento, territorios indígenas, bosques de producción permanente y concesiones forestales.
- El reporte también aborda la relación que existe entre las zonas dedicadas al cultivo de coca y los territorios deforestados.
Durante 2023, en Perú se sembraron 92 784 hectáreas de hojas de coca en Perú, la mayor parte de esa cifra —66 317 hectáreas (71 %)— se encuentran dentro de los territorios denominados especiales, es decir las áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento, los territorios indígenas, los bosques de producción permanente y las concesiones forestales.
Esta cifra se desprende del Monitoreo de cultivos de coca, elaborado por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) de Perú, y que recoge datos hasta el año 2023 sobre la cantidad de sembríos ilícitos, así como los lugares en donde se han instalado.
El reporte de Devida también ofrece información sobre el crecimiento de los cultivos de coca entre 2019 y 2023, así como la relación entre estas plantaciones y la deforestación en el Perú. Este análisis muestra que, entre los años 2021 y 2023, estos sembríos se extendieron a siete nuevas zonas de producción. “Esta ampliación de la superficie cultivada con coca con fines ilícitos genera diversos daños ambientales”, señala el reporte.
Otro reporte elaborado por la Dirección Antidrogas de la Policía del Perú, presentado al mismo tiempo que el reporte de Devida, ofrece información sobre las características del tráfico de drogas en el país. El documento titulado Dinámica de la cocaína en el Perú también describe los cambios que están ocurriendo en la producción de cocaína en territorio peruano, en las rutas que se utilizan para transportar la droga y cómo esto confluye con otras actividades ilícitas como la minería ilegal o el tráfico de madera.
Estos documentos se publicaron días después de que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), presentara su Informe Mundial sobre las Drogas 2024, en donde Perú aparece como el segundo país a nivel global, después de Colombia, con mayor cantidad de plantaciones de coca destinadas a la producción de cocaína.
Este reporte indica que se cultivaron 355 000 hectáreas de hoja de coca en los tres países productores de este cultivo: Colombia, Perú y Bolivia.
Las cifras en Perú
Los datos presentados por Devida dan cuenta de cómo están distribuidos los cultivos ilícitos de coca en los territorios denominados especiales, entre los que se encuentran bosques primarios y espacios biodiversos que deberían ser protegidos.
Según estos datos, 25 343 hectáreas de cultivos de coca están en bosques de producción permanente, es decir, zonas con bosques primarios. A ellos se suman las 17 434 hectáreas ubicadas dentro de territorios de pueblos indígenas, tanto campesinos como nativos; 414 hectáreas en áreas naturales protegidas y 14 343 hectáreas en las zonas de amortiguamiento de estas áreas protegidas; así como 8 367 hectáreas en concesiones forestales.
“Las políticas del Estado no están priorizando la protección de nuestros recursos naturales y de los pueblos indígenas, más bien, están impulsando una serie de normas que favorecen el posicionamiento de actores foráneos sobre los territorios de la Amazonía”, señala Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
Si bien el informe de Devida indica que en el último año hubo una reducción del 2.3 % en la cantidad de hectáreas cultivadas de coca en Perú —de 95 008 hectáreas en 2023 bajó a 92 784 en el año 2022— los datos del último lustro, entre 2019 a 2023, indican un incremento de los cultivos ilícitos en general. Por tanto, los especialistas consideran que esta disminución no debería llamar al optimismo.
Andrea Buitrago, directora de la Fundación Conservación y Desarrollo Sostenible en Perú, dice que “históricamente, por lo menos en la última década, han estado subestimados los datos de cultivos de hoja de coca en el país, eso nos trae un déficit en la contabilidad general”, agrega.
Para Buitrago, las condiciones en la evolución del cultivo de hoja de coca en Perú pueden también estar relacionadas con la reducción del área sembrada, con las nuevas variedades de la planta, con una diversificación genética y una mayor resistencia a las plagas.
Las cifras presentadas por Devida, en el periodo comprendido entre 2019 y 2023, indican una tendencia al alza. Para el caso de las áreas naturales protegidas, el incremento fue de un 90 % en ese periodo pues pasó de 218 hectáreas en 2019 a 414 en el 2023. Lo mismo ha sucedido con las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas, cuyo incremento ha sido más del doble: de 6 805 hectáreas de cultivos de coca en 2019 a 14 343 en 2023, es decir un aumento del 111 %.
En el caso de los territorios indígenas, el monitoreo muestra un aumento de 120 % entre 2019 y 2022, tiempo en el que pasó de 8 218 a 18 076 hectáreas, extensión que abarca las comunidades originarias campesinas y las comunidades nativas amazónicas. El informe indica que la superficie sembrada de coca está presente dentro de territorios indígenas de 20 comunidades campesinas de pueblos originarios y 274 comunidades nativas amazónicas.
En el caso de las reservas indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI), las cifras crecieron en 144 %, pues pasó de 171 hectáreas en 2021 a 416 en 2023. Esta superficie cultivada con coca se observa al interior de la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur. “Esta situación constituye una seria amenaza contra los derechos del pueblo indígena Kakataibo en aislamiento, quienes residen y se desplazan dentro de la reserva, puesto que, debido a su condición, enfrentan una vulnerabilidad significativa en términos de salud, territorio, sociocultural y demografía frente al contacto con personas externas a sus grupos y sistemas”, señala el reporte.
“Lo que vemos es que la dinámicas de penetración en los territorios indígenas son comunes, se aprovecha una situación de inseguridad jurídica de las tierras indígenas y unas políticas del Estado que favorecen el posicionamiento de actores foráneos sobre las tierras indígenas”, comenta Mar Pérez, de la CNDDHH.
Pérez señala que los actores foráneos invaden los territorios de los pueblos indígenas que, en muchos casos, no tienen sus títulos de propiedad saneados y no tienen acompañamiento del Estado. Incluso, señala Pérez, estos actores foráneos muchas veces están relacionados con autoridades corruptas que les facilitan el acceso a las tierras indígenas.
La Amazonía central del Perú es una de las zonas con más presencia de cultivos de coca y narcotráfico en Perú. Desde el año 2020, las amenazas y asesinatos de los líderes indígenas han sido constantes. En los últimos cinco años, 23 líderes indígenas y defensores ambientales han sido asesinados en Perú y de ellos ocho se vinculan directamente con la acción del narcotráfico, señala la CNDDHH de Perú.
La presencia del narcotráfico ha ido en aumento en la selva central de Perú, sobre todo en Ucayali, Huánuco y Pasco, regiones a las que pertenecían varios de los líderes indígenas asesinados. Estas zonas también coinciden con las identificadas por Devida como lugares donde existe una importante superficie cultivada con arbusto de hoja de coca en comunidades nativas habitadas por pueblos indígenas u originarios.
“En estos momentos están aumentando los cultivos de coca. Disminuyó cuando hubo erradicación, pero ahora está aumentando. Las cosas están de mal en peor, está pésima la situación”, asegura Elías Noico, líder del pueblo kakataibo, uno de los territorios indígenas de Perú más afectados por el narcotráfico.
Noico señala que en el territorio kakataibo también están aumentando las invasiones, incluso en las comunidades tituladas. Por ello, el pasado 27 de junio, la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) declaró en emergencia el territorio Kakataibo como respuesta a la desaparición de uno de sus líderes, Mariano Isacama, de quien no se tienen noticias desde el 21 de junio.
Otro sector que también concentra cultivos ilícitos de coca es la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil, en la selva norte de Perú. En el sur, el mapa muestra la concentración de los cultivos ilícitos en Cusco y Puno, en especial en la frontera con Bolivia.
La zona de los Valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, ubicado en la selva central, continúa siendo la que concentra la mayor superficie de cultivos ilícitos. Según el informe son 38 253 hectáreas reportadas en esta región. Ahí se registró un aumento del 7.2 % con relación al año anterior.
“La mayor preocupación está en la articulación criminal, porque si algún fenómeno está bajando, otros están creciendo. Entonces, la percepción de que la situación es peor, no es solo una percepción, hay muchas condiciones por las que no podemos ver el problema solamente desde la perspectiva del narcotráfico”, señala Leonardo Correa, coordinador de la UNODC para la Región Andina y Cono Sur.
Un estudio de la deforestación
Los vínculos entre la deforestación y el cultivo ilícito de coca ilícitos también fueron incluidos en el estudio de Devida. Según este análisis, que tuvo como principal fuente de información las imágenes satelitales, entre el año 2021 y 2023 se han identificado siete nuevas zonas de producción: Amazonas, Bajo Huallaga, Bajo Ucayali, Camanti, Madre de Dios, Tahuamanu y Yaguas, todas ubicadas en el bioma amazónico peruano.
La ampliación de la superficie cultivada con coca para fines ilícitos genera diversos daños ambientales: deforestación, contaminación y empobrecimiento del suelo, contaminación y agotamiento del agua, así como contaminación del aire, señala el reporte.
“Buscando entender la relación entre delitos ambientales y actividad cocaleras, hemos identificado esta fuerte expansión de cultivos en zonas de bosque primario en Ucayali, donde hemos encontrado parcelas de coca gigantes, mayores a ocho hectáreas y que pueden llegar casi a 30”, señala Luisa Sterponi, coordinadora de UNODC en Perú.
Sterponi explica que los cultivos de coca detectados en el monitoreo para este estudio son aquellos que tienen 12 meses de producción. Con los análisis que hicieron, explica, comprobaron que la deforestación causada por los cultivos de coca ocurre hasta tres años antes de que se establezca el cultivo.
“La instalación de nuevos cultivos ilícitos de coca en áreas de bosque implica múltiples efectos negativos. Estos incluyen la deforestación y la sucesiva aparición de asentamientos humanos y caminos no autorizados que fomentan actividades como la agricultura familiar y la ganadería. Además, se produce una confluencia de delitos conexos, como la contaminación, la tala ilegal, el tráfico ilícito de drogas, la minería ilegal y el tráfico de fauna silvestre, entre otros factores que impactan directamente en la naturaleza”, agrega el estudio sobre los problemas relacionados con la deforestación que están causando los cultivos de coca ilícitos.
Leonardo Correa, de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, indica que de las nueve subcuencas que interconectan el bosque andino con el bosque amazónico, siete tienen cultivos de coca. “Quizá los cultivos de coca no tengan un impacto en términos de magnitudes muy grandes sobre la deforestación pero, por las características de los territorios en donde se implementa, el impacto puede ser mucho mayor”, comenta.
Otro dato que muestran los mapas del estudio es que los principales puntos de calor de la deforestación, por las nuevas áreas de coca detectadas entre 2020 y 2023, se localizan en zonas próximas a las fronteras: Uyacali (con Brasil) y Madre de Dios (con Bolivia).
“Estos territorios se caracterizan principalmente por la disponibilidad de tierras con escasa capacidad de vigilancia e intervención estatal debido a su difícil accesibilidad. En estas áreas, los cultivos de coca se están expandiendo hacia rutas transfronterizas, aéreas y fluviales, así como en territorios con comunidades vulnerables”, señala el estudio.
El panorama regional del tráfico
El informe mundial de UNODC indica que los principales flujos de tráfico de cocaína parten desde la región andina —Colombia, Perú y Bolivia— hacia otros países del continente, así como a Europa occidental y central.
El reporte también indica que en los últimos tres años, las incautaciones de cocaína han sido de alrededor de las 2000 toneladas anuales. Países como Colombia, Ecuador y Perú reportaron mayores incautaciones en 2022 comparado con 2021.
Los delitos conexos con el narcotráfico también son mencionados en el reporte mundial. Se menciona la ola de violencia que se vive en Ecuador, vinculada a grupos criminales locales y transnacionales, principalmente de México y los países balcánicos.
A nivel regional se está reportando un aumento tanto en la demanda como en la oferta y hay muchos factores de preocupación. Por ejemplo, que se estén reportando cultivos fuera de la región andina”, indica Correa. Uno de estos casos, precisa, está ocurriendo en Honduras. También hay reportes en Guatemala.
Correa también menciona los cambios que están ocurriendo en la producción de la pasta básica de cocaína. “Inicialmente toda la fase de transformación hasta la obtención del clorhidrato estaban en Colombia, Perú y Bolivia, pero actualmente se trafica la pasta básica de cocaína que luego se transforma en otros países, inclusive los europeos”.
El problema no solo está creciendo, comenta Corea, sino que se está saliendo de las zonas donde tradicionalmente estaba, lo que implica no solamente la fase de producción, sino de consumo, de tráfico que incluye una diversificación de rutas. “Sigue siendo prioritario llevar la droga a Europa y a Norteamérica, pero cada vez hay más rutas llevando cocaína a diferentes países del mundo. El aumento del consumo de cocaína en África, por ejemplo, es un tema para el que cada vez hay más evidencias”, dice Correa.
Durante la presentación del informe Dinámica de la cocaína en el Perú , el comandante de la Policía, César Rojas, señaló que en el año 2023 se logró la destrucción de 946 laboratorios de producción de droga, de ellos, el 97 % estaba dedicado a la producción de la pasta básica de cocaína y solo el 2.6 % al clorhidrato de cocaína. Una tendencia que va de acuerdo a los presentado en el informe mundial.
“Entre las razones por las cuales se habría incrementado la producción de cocaína base y el tráfico de este producto podría ser un acceso más fácil a las sustancias químicas necesarias para procesar el clorhidrato de cocaína en los países de tránsito, pues en muchos de ellos no están controlados”, señala Rojas.
Otra razón sería que para procesar la pasta básica de cocaína no se requiere mucha experticia química, mientras que para el clorhidrato de cocaína se requiere contar con un experto. A ello se suma un menor riesgo de pérdida económica cuando ocurre un decomiso de la cocaína base, pues este insumo cuesta mucho menos que el clorhidrato de cocaína procesado.
El comandante Rojas también menciona otro de los cambios importantes en la forma de producción de la droga. Se trata del cambio de las pozas de maceración por una tendencia a utilizar cilindros para la producción de la droga.
“En el 2023 encontramos 135 laboratorios que utilizaban este método”, comenta Rojas. Este cambio en el método para producir droga, agrega, requiere menos inversión, menos volumen de hojas de coca y menos tiempo para el proceso, pues solo demora un día en comparación con los tres días que toma elaborar la droga en los pozos de maceración. Además, los cilindros reducen los pasos que se requieren para obtener la droga.
Una serie de cambios y una reconfiguración del narcotráfico que se presenta a nivel global, pero también a nivel regional, ya que países como Colombia, Perú y Bolivia se han constituido en el centro de atención de la producción y el tráfico de cocaína.
Imagen principal: cultivos de coca en Perú. Foto: Devida
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