- El proyecto de ley para la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) ha sido calificado como una extensión disfrazada del actual y cuestionado Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
- Entre las principales objeciones está la propuesta de un régimen especial para establecer la minería aluvial y permitir esta actividad en áreas de amortiguamiento con áreas protegidas.
- También se cuestiona que se abran las puertas a la entrega de petitorios mineros en territorios indígenas.
- Quienes se oponen a este proyecto ven una nueva estrategia para seguir legalizando la minería ilegal, a pesar de sus impactos en el ambiente y la salud de las comunidades indígenas.
Una serie de cuestionamientos han surgido luego de que la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República presentara el predictamen del proyecto de ley para la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE). La propuesta, que fue debatida el martes 3 de junio, ha sido calificada como “Reinfo recargado” y “Reinfo 2.0” por congresistas de diferentes bancadas. Es su forma de indicar que esta ley no cambiaría las condiciones actuales de la actividad minera y, por el contrario, se convertiría en una extensión del tan cuestionado Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
El Reinfo es un sistema de formalización minera que se estableció en 2017 y debió concluir en 2020. Sin embargo ha tenido una serie de postergaciones, la última en diciembre de 2024, que lo extendió hasta el 30 de junio de este año. Expertos en temas mineros señalan que se trata de un régimen que facilita la minería ilegal.
La nueva norma conocida como Ley MAPE, que ha sido propuesta para regular la minería artesanal e informal, ha recibido un sinnúmero de críticas. “Es un mayor retroceso y desprotección general para darle las máximas facilidades a los mineros informales así como incluir a un grupo de mineros ilegales disfrazados de mineros informales”, señala César Ipenza, abogado especializado en temas ambientales.
Ipenza apuntó a varios problemas que tiene la propuesta de ley, como la inclusión de una nueva categoría de “minero tradicional, que no existe”; obligar a la gente a otorgar sus concesiones a través de la figura de servidumbre; permitir el uso de dragas o equipos similares sobre cuerpos de agua y ríos; y abrir las tierras de los pueblos indígenas al ejercicio casi obligatorio de la minería, así como las zonas de amortiguamiento de las áreas naturales protegidas.
Todas estas propuestas que incluye la norma en discusión han sido también criticadas por parlamentarios de diversas bancadas, así como expertos de la sociedad civil y gremios de empresarios.
Esta iniciativa reúne nueve proyectos de ley presentados entre 2022 y 2024, uno de ellos propuesto por el Poder Ejecutivo y los otros ocho por los grupos parlamentarios Podemos Perú, Somos Perú, Fuerza Popular, Avanza País y el Bloque Magisterial. Entre las propuestas también se incluyen normas para el uso de explosivos, para la trazabilidad y control de las actividades en plantas de beneficio —procesamiento del metal— y para mejoras de condiciones laborales.
Rechazo a la minería en ríos y territorios indígenas
Uno de los cuestionamientos ha sido la falta de inclusión de los pueblos indígenas en las mesas de trabajo de debate del proyecto de ley, sobre todo porque la contaminación, la violencia y los efectos nocivos de la minería ilegal está ocurriendo actualmente en las regiones amazónicas como Madre de Dios, Loreto y Amazonas.
Para Ipenza esta norma prácticamente “obliga a los pueblos indígenas a solicitar concesiones sobre sus tierras” o de lo contrario “se las van a entregar a mineros”. El abogado se refiere al artículo 23 del proyecto de ley que señala que “las comunidades campesinas, comunidades nativas y pueblos indígenas (…) gozan de un derecho de preferencia exclusivo para formular petitorios mineros sobre las áreas ubicadas dentro de su territorio comunal conforme”.
Este derecho tendrá un plazo de un año y vencido este tiempo los pequeños productores mineros, mineros artesanales y mineros tradicionales con inscripción vigente en el registro “gozan de un derecho de preferencia exclusivo y excluyente para formular petitorios mineros sobre las mismas áreas”, dice la propuesta.
Sobre este mismo tema, Gaby Rivadeneyra, especialista legal de la Oficina Descentralizada de Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) en Loreto, señala que “no se está reconociendo ni la propiedad ni la posesión previa de las comunidades sobre su territorio” y que por el contrario, se otorgan “privilegios a terceros para la formalización minera”. “Cualquiera puede llegar al territorio para hacer un petitorio y aprovechar el recurso en una comunidad indígena esté o no de acuerdo la comunidad”. Esto viola los derechos territoriales y el derecho a la consulta previa de las comunidades, agrega Rivadeneyra.
Otro de los principales cuestionamientos tiene que ver con el régimen sobre la minería aluvial incluido en la propuesta. Actualmente, el uso de dragas y cualquier otro artefacto similar para la explotación minera en ríos u otras fuentes de agua está prohibido. Además, una sentencia del Tribunal Constitucional de 2019 reafirma esta prohibición. El pedido de abrir los ríos y fuentes de agua a la explotación minera no es reciente, ya que en 2021 se debatió un proyecto de ley que buscaba este mismo objetivo: permitir el uso de dragas.
“En un país como el nuestro, donde la mayor cantidad de intervención de minería está en los cauces de ríos y, sobre todo, en lugares amazónicos donde la población depende del río, deberíamos promover y garantizar derechos como la seguridad alimentaria, el derecho al medio ambiente, el derecho al agua potable, en general, los derechos fundamentales”, señala Rivadeneyra.
“Creo que esto desnaturaliza por completo el tema de la formalización minera, pues lo que se está buscando es más bien generar impactos dentro de territorios que dependen del agua”, agregó el experto.
La propuesta también establece un régimen excepcional para autorizar la formalización de actividades de minería aluvial de pequeña escala en zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas. “Se está quitando del marco normativo actual la ilegalidad, incluso la posibilidad de hacer minería en las zonas de amortiguamiento”, afirma Rivadeneyra.
“Solo va a ser ilegal cuando sea en áreas naturales protegidas porque es lo único que no ha abierto este proyecto de ley”, agrega el especialista legal. Es un “Reinfo empeorado”, concluye Rivadeneyra, “porque con otro nombre otorga las mismas facilidades y vulnerabilidades sin promover una formalización adecuada” de los mineros ilegales.
Durante la mesa de trabajo «Implicancias, limitaciones y alternativas para la formalización minera en el Perú», que se realizó el 2 de junio, la asesora de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) Rocío Trujillo señaló que el predictamen “vulnera el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada” y afirmó que esta norma “afecta directamente los derechos territoriales de las comunidades indígenas y fomenta conflictos sociales al permitir que mineros con concesiones invadan territorios indígenas”.
En esa misma reunión, Ángela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), manifestó su preocupación por los impactos negativos de la minería ilegal en el país. “El proceso de formalización ha fracasado en las últimas dos décadas, con un alto porcentaje de mineros que no han cumplido con los requisitos básicos, como la presentación de instrumentos de gestión ambiental”, aseguró.
La representante del SNMPE también cuestionó la creación del Régimen Especial Tributario de la Minería de Pequeña Escala y Tradicional (Retmape) propuesto en el proyecto de ley, ya que “en lugar de terminar el proceso de formalización estamos creando un nuevo Reinfo”.
La discusión en el Congreso
En la sesión de la Comisión de Energía y Minas se encendió el debate y la discusión de la propuesta pasó a un cuarto intermedio, figura que permite poner en pausa la discusión hasta una nueva sesión.
El congresista Paul Gutiérrez, del Bloque Magisterial y presidente de la Comisión de Energía y Minas, defendió el proyecto. Durante su intervención dijo que el predictamen recoge los aportes consensuados del Congreso de la República, del Poder Ejecutivo y de los propios actores del sector.
“Es el resultado de una coincidencia histórica entre todas las bancadas, los representantes en el Congreso y el Poder Ejecutivo, con una visión compartida, de tal manera que se pueda abrir un camino viable, justo y sostenible para integrar la MAPE a la economía formal del país”, afirmó el congresista.
Gutiérrez también dijo que con esa norma se da un “mensaje potente y claro de que el Estado no persigue al que quiere formalizar, sino que le tiende la mano, lo reconoce y lo incorpora con dignidad y derechos al circuito económico legal con inclusión productiva, orden territorial y justicia tributaria”.
En otro momento, Gutiérrez señaló que “de todas maneras tiene que haber un registro de quienes se van a formalizar, obviamente no va a ser el mismo nombre”, respondiendo así a los cuestionamientos de que la propuesta del Renatmap —el nuevo registro que crea el proyecto de ley— solo es un cambio de nombre para el Reinfo.
En relación al abrir las puertas a la minería en las zonas de amortiguamiento, dijo que “definitivamente hay en el país muchas zonas declaradas intangibles y es un deber cumplir con la normativa”. Gutiérrez señaló que “no es que en todas las zonas intangibles se pretenda hacer minería, lo que se quiere es dar la posibilidad de que formalmente puedan realizar esta actividad”.
“Este Reinfo recargado tiene como política pública legalizar la ilegalidad”, dijo la congresista Diana Gonzales, de la bancada Avanza País. “Interesante cómo en teoría se busca la formalización, pero no se define minería formal. ¿Y eso por qué? Porque en esencia estamos frente a una propuesta de formalización disfrazada y distorsionada que en el fondo sigue siendo ilegalidad, ahora institucionalizada”, cuestionó la parlamentaria.
Gonzales también objetó la laxitud en los requisitos para la inscripción de los mineros informales. “Para ser formal solo necesito ingresar un expediente con mi DNI, mi RUC (Registro Único de Contribuyente) y las coordenadas del espacio que quiero explotar. Nada más. Por eso me reafirmo, estamos ante un Reinfo recargado”.
En otro momento, Gonzales cuestionó que no se exija como requisito para ingresar al nuevo registro contar con autorización para insumos químicos. “Lo peor de todo es que tampoco se contempla como causal de exclusión el no tenerlo. Entonces, la lógica es simple, si la falta de autorización de insumos químicos no me hace perder la inscripción en el registro, ¿cuál sería el incentivo para obtenerlo y cumplir con los requisitos de trazabilidad del insumo químico que establece la normativa sobre la materia? El hecho de que la ausencia de la autorización de insumos químicos no sea causal expresa de exclusión solo favorece al narcotráfico”, señaló.
A su turno, la congresista Ruth Luque se centró en las preocupaciones en relación al tema ambiental y los impactos que genera la actividad minera. “Los principales actores afectados por esta actividad, que lamentablemente, además, está acompañada en muchos casos por economías ilícitas, y el ejemplo más concreto es el territorio de Madre de Dios, son los pueblos indígenas”.
Luque agregó que “los pueblos indígenas no han sido escuchados en ninguna mesa de trabajo”, pero que ellos tienen mucho que decir porque en este predictamen “se está hablando de servidumbre minera y no se está hablando de instrumentos de gestión ambiental, se está hablando de disposición de tierras agrícolas y se está hablando de un conjunto de mecanismos que sí van a tener impacto también en el territorio de las poblaciones indígenas”.
Luque también considera que en cuanto al registro de formalización minera se trata solo de un cambio de nombre. “Del Reinfo pasamos al Renatmap [Registro Nacional de la Pequeña Minería, Minería Artesanal y Minería Tradicional] y mantenemos el mismo esquema. Esta es una ley de Reinfo 2.0, que no nos plantea ninguna alternativa legal”.
Además, la congresista manifestó su preocupación por una disposición complementaria final que señala que excepcionalmente se autoriza al Ministerio de Energía y Minas a levantar la suspensión de territorios mineros excluidos en el departamento Madre de Dios.
Otro tema que puso sobre la mesa Luque fue el del mercurio. “Tenemos el convenio de Minamata que el Estado ha suscrito. De hecho, en la Comisión de Energía y Minas existe una iniciativa legislativa, sobre la que la comisión debería pronunciarse para obligar a una eliminación progresiva del mercurio. No se menciona absolutamente nada sobre el mercurio ni una palabra”.
La congresista Karol Paredes, de Avanza País, también cuestionó la norma. “No podemos permitirnos bajo la premisa de avanzar en la formalización, legitimar prácticas que han causado graves daños sociales y ambientales en nuestras regiones y principalmente a nivel del país”. Paredes, quien es congresista por San Martín, dijo que esa región tiene “tres economías clarísimas totalmente sostenibles: turismo, comercio y agricultura”, por tanto, cuestionó la reciente entrega de concesiones mineras en ese departamento.
Imagen principal: minería ilegal para la extracción de oro en Madre de Dios . Foto: Max Cabello
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