- Tras 11 años de los asesinatos de cuatro líderes indígenas de la comunidad Alto Tamaya Saweto, la 1° Sala Penal de Apelaciones de Ucayali dictó sentencia de segunda instancia contra cuatro madereros.
- Los jueces supremos ratificaron la sentencia de primera instancia que dictó 28 años y 3 meses de cárcel para los madereros José Estrada y Hugo Soria y los hermanos Josimar y Segundo Atachi.
- En tanto, Eurico Mapes Gómez, sindicado por el Ministerio Público como el tercer autor material, no fue sentenciado y se encuentra prófugo de la Justicia desde 2023.
- Los sentenciados no asistieron a la audiencia y se ha dictado orden de captura para los cuatro madereros.
Tras once años, la comunidad Alto Tamaya Saweto consiguió la confirmación de las condenas por los asesinatos de los líderes indígenas Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintanísima y Francisco Pinedo, ocurridos en setiembre de 2014 en la frontera entre Perú y Brasil. Los dirigentes venían denunciado la presencia de madereros ilegales dentro de su comunidad desde 2008.
Este lunes, la 1° Sala Penal de Apelaciones en adición liquidadora de la Corte Superior de Ucayali ratificó la sentencia de primera instancia de 28 años y tres meses de prisión contra los empresarios madereros José Estrada y Hugo Soria y dos trabajadores de la industria maderera, los hermanos Josimar y Segundo Atachi. Los cuatro fueron condenados en segunda instancia por el asesinatos de los líderes ashéninkas.
“Este es un fallo histórico para Perú porque es la primera vez que el Poder Judicial reconoce la labor de los indígenas en la defensa de los derechos humanos y su relación con la naturaleza”, señaló a Mongabay Latam Maritza Quispe, abogada constitucionalista del Instituto de Defensa Legal.
A la lectura de sentencia, que duró unas ocho horas, no se presentaron los madereros, por lo que el Poder Judicial ordenó la captura inmediata de los implicados. “Pedimos que la Policía realice la captura de los sentenciados, si no están en la cárcel, no hay justicia”, señaló Ergilia Rengifo, viuda de Jorge Ríos, tras conocer la decisión del colegiado conformado por los jueces superiores Robin Barreda, Jonatan Basagoitia y Marco Santa Cruz.
El quinto investigado, Eurico Mapes Gómez, está prófugo de la Justicia desde 2022 cuando se desarrollaba el juicio en primera instancia.
A la lectura de la sentencia acudieron representantes del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, el Ministerio de Cultura y Amnistía Internacional.
Los jueces supremos, además, incrementaron la reparación civil, de un total de 200 000 soles (56 967.20 dólares) para las cuatro familias a 400 000 soles (113 934 dólares), es decir unos 100 000 soles (28 483.60 dólares) a favor de cada una de las cuatro viudas. “En esta sentencia no solo se reconoce el daño moral a las viudas e hijos, sino a toda la comunidad indígena Saweto y al pueblo ashéninka”, expresó Rocío Trujillo Solís, abogada de las viudas.
El caso Saweto
El 27 de febrero de 2023, el Poder Judicial sentenció en primera instancia a 28 años y tres meses de cárcel a Hugo Soria y José Estrada Huayta como autores intelectuales de los homicidios y a los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix como coautores materiales de la muerte de los líderes. Sin embargo, la sentencia señalaba que se ejecutaría luego de ser confirmada en segunda instancia. Los acusados siempre se declararon inocentes y rechazaron los cargos.
“Esto permitió que los implicados sigan la apelación en libertad y pese al incumplimiento de las medidas restrictivas no se dio orden de captura. Ahora esperamos que se les pueda ubicar para que cumplan la sentencia”, anotó Trujillo Solís.
La comunidad Alto Tamaya Saweto se encuentra en el distrito de Masisea, en la región de Ucayali, en la Amazonía del centro de Perú y colinda con la comunidad Kampa do Rio Amônia, de Brasil. En 2008, Edwin Chota, quien era jefe de la comunidad en ese momento, presentó su primera denuncia por tala ilegal ante la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de Pucallpa, a cargo del entonces Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena). El caso fue transferido a la Fiscalía Ambiental de Ucayali, pero archivado en 2010.
En 2011, a una embarcación de la empresa Eurosac —que tiene como representante a José Estrada, uno de los sentenciados— le prohibieron desembarcar en la comunidad de Saweto. Ya para esa época, la comunidad tenía conflictos constantes con madereros y las quejas eran registradas por la Dirección Ejecutiva Forestal de Ucayali, bajo la administración del Gobierno Regional de Ucayali.
Un año antes de la muerte de los cuatro apus de Saweto, en agosto de 2013, Edwin Chota volvió a denunciar a los mismos madereros ante el Ministerio Público Fiscal y, en esta oportunidad, se quejaba de la labor del Gobierno Regional de Ucayali para realizar la constatación de la extracción ilegal de la madera. Sin embargo, una vez más, el caso no progresó.
La desaparición de los líderes se dio el 31 de agosto de 2014, cuando salieron de la comunidad rumbo a Brasil para una reunión con otros líderes ashéninkas. Nunca llegaron a su destino.
Los restos de los líderes fueron hallados el 6 de setiembre de 2014. La pericia determinó que murieron por proyectiles de arma de fuego (perdigones). Además, sus restos fueron desmembrados e incinerados.
Defensa del territorio
“No puedo volver a mi comunidad. Estamos amenazadas de muerte por exigir justicia”, dijo a Mongabay Latam Ergilia Rengifo, viuda de Jorge Ríos. “A pesar de que ahora tenemos título de propiedad, los madereros ilegales siguen en el territorio, ellos no nos permiten volver”, agregó.
La lideresa dejó definitivamente su comunidad en 2022. Actualmente, en Saweto viven 25 mujeres y niños. “Éramos 20 familias antes de los asesinatos, pero después de eso la mayoría de los varones se fueron por amenazas o falta de trabajo. Las que seguimos resistiendo en el territorio somos las mujeres”, contó Karen Shawiri López, actual jefa de la comunidad.
Shawiri López, de 34 años, asumió la jefatura de la comunidad por primera vez en 2018, tras el liderazgo de Ergilia Rengifo, quien asumió el cargo luego de la muerte de Edwin Chota.
La lideresa confirmó que la tala ilegal no se ha detenido pese a que ahora cuentan con título de propiedad de la comunidad, el cual consiguieron en abril de 2015, luego de los asesinatos de sus líderes. También, contó, hay presencia de cazadores y pescadores ilegales. “Con el Comité de Vigilancia realizamos una intervención al principal promotor de la caza ilegal, por ahora hemos detenido la actividad”, comentó Karen Shawiri.
La presencia de foráneos también está incrementando en la frontera entre Perú y Brasil. “No hemos visto exactamente la presencia de narcotraficantes en nuestra comunidad, pero sí notamos que el pase de los extraños ha incrementado por los caseríos colindantes y no hay control de la Policía”, anotó la lideresa.
Otros casos pendientes
El lunes 25 de agosto también se realizó la audiencia de control de acusación del caso Quinto Inuma, líder indígena asesinado en el Bajo Huallaga en noviembre de 2023. El presunto móvil del homicidio fue la oposición del kichwa al narcotráfico. Al igual que el caso Saweto, la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu no cuenta con título de propiedad y denuncia la invasión de su territorio.
Según el Monitoreo de cultivos de hoja de coca de 2024, los cultivos ilícitos de coca se registran en la comunidad de Inuma desde 2021, año en el que el líder presentó una denuncia por tala ilegal ante el Ministerio Público Fiscal de la región San Martín.
Por estas denuncias, Inuma fue amenazado en reiteradas ocasiones y fue asesinado, pese a contar con medidas de protección del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos. En marzo de 2024, cuatro meses después de su homicidio, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra tres presuntos implicados.
“Si bien estos casos están avanzando, aún faltan otros 30 asesinatos de líderes que defendían sus tierras de ilegales. Confiamos en que la sentencia del caso Saweto va marcar un hito en el acceso a la Justicia para el pueblo indígena”, comentó Miguel Guimaraes, líder de la Organización Regional Aidesep de Ucayali (ORAU).
Para la abogada Maritza Quispe, del IDL, el acceso a la Justicia para los indígenas tiene problemas estructurales, ya que no existe un presupuesto asignado para que el Ministerio Público pueda acceder con rapidez a los territorios indígenas. “Si bien es un avance tener Fiscalías Interculturales eso no soluciona el problema. Los fiscales no pueden acceder a las zonas a investigar porque no cuentan con recursos para movilizarse ni personal especializado en las provincias”, señaló.
Los líderes indígenas coinciden en que la sentencia del caso Saweto les otorga justicia, pero aseguran que los procesos deben ser más rápidos. “Hay otros 36 casos de líderes que están pendientes a conseguir justicia, esperamos que el caso Saweto pueda acelerar las investigaciones para que el pueblo indígena consiga justicia, las comunidades no pueden esperar más de una década por justicia”, dijo Jamer López, presidente de la ORAU, tras la lectura de sentencia del caso Saweto.
Imagen principal: la lectura de la sentencia de segunda instancia del caso Saweto se llevó a cabo este lunes 25 de agosto y duró unas ocho horas. Foto: Geraldine Santos
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