- Quinto Inuma fue asesinado el pasado 29 de noviembre cuando regresaba a su comunidad Santa Rosillo de Yanayacu, luego de una reunión con defensores ambientales en Pucallpa.
- Desde hace varios años, el líder indígena recibía amenazas, por lo que contaba con medidas de protección del Ministerio de Justicia.
El líder kichwa Quinto Inuma Alvarado, presidente de la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu, fue asesinado el pasado miércoles 29 de noviembre en el río Yanayacu, en la región San Martín, en la Amazonía de Perú. El crimen ocurrió alrededor de las cinco de la tarde cuando el defensor, junto con varios de sus familiares, viajaba desde Tarapoto hasta su comunidad. En el trayecto, la embarcación en la que se transportaba se detuvo al toparse con unos árboles que impedían su desplazamiento por el río; al bajar, fue emboscado por hombres encapuchados que le dispararon varias veces y acabaron con su vida en minutos.
Días antes, en la ciudad de Pucallpa, Ucayali, Inuma contó, frente a otros defensores y activistas ambientales, lo que sucedía en su territorio comunal: invasiones, tráfico de tierras, presencia del narcotráfico y de tala ilegal. No era la primera vez que denunciaba estos hechos, pero no imaginó que sería la última vez que daría un discurso.
“Lo asesinaron por defender a la comunidad de los taladores. Mi tío reclamaba la intervención de la policía desde la pandemia, nadie le hizo caso. […] Pedimos que se investigue y se haga justicia, ahora estamos desprotegidos sin él”, dijo su sobrino Víctor Inuma a Mongabay Latam.
En la misma embarcación en donde viajaba Quinto Inuma también se trasladaba el vicepresidente de la comunidad, Meister Inuma Pérez, quien tuvo que esconderse en el bosque para evitar que lo mataran, y Axceldina Tapullima, sobrina del defensor asesinado, quien resultó herida con un impacto de arma de fuego en la pierna.
La lideresa kichwa de Chazuta, Marisol García, asegura que en la región de San Martín, en la Amazonía peruana, hay otros siete líderes indígenas que han solicitado medidas de protección al Ministerio de Defensa, por las amenazas que viven en sus territorios. Chazuta asegura que ninguno de ellos ha recibido respuesta. “Yo misma no tengo medidas de protección. Siempre que reclamamos nos dicen que no son casos graves. Sabemos que esas medidas de protección no sirven, pero lo realizamos para dejar registros de los reclamos cuando nos asesinen”.
Varios años de amenazas
“Estamos sumamente conmocionados por lo sucedido y es una gran pérdida para nuestro pueblo. En varias oportunidades hemos denunciado los problemas en Santa Rosillo de Yanayacu, conversamos con varias autoridades, incluso, hace unos días, una comisión se reunió con representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, institución que hace seguimiento de los casos de defensores amenazados”, afirmó Marisol García Apagueño, presidenta de la Federación de Pueblos Indígenas Kechua Chazuta Amazonas (FEPIKECHA).
Un día después del crimen, un equipo especial integrado por fiscales y policías ingresó a la comunidad para recabar información entre los testigos y buscar a los responsables. Ángel Gonzalez, director de Políticas y Gestión en Derechos Humanos del Ministerio de Justicia (MINJUSDH), informó a Mongabay Latam que la policía está a cargo de la seguridad de la familia de Inuma. El caso está a cargo del fiscal provincial Miguel Maquera Ticona, de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de San Martín.
“La ley no contempla reparaciones para la familia de defensores asesinados, pero vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para apoyarlos en todo el proceso judicial que le toca enfrentar. Además, enviaremos un reporte detallado del caso al Ministerio Público y las instancias judiciales”, añadió Gonzalez, del MINJUSDH.
El atentado del 29 de noviembre no fue el primero contra Quinto Inuma. El 25 de julio del 2021, una avioneta del Estado peruano ingresó a Santa Rosillo de Yanayacu para evacuar al líder kichwa, luego de que fuera golpeado por presuntos narcotraficantes. El incidente ocurrió días después de que la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Tarapoto realizara una visita a la comunidad para constatar la existencia de cultivos ilegales de hoja de coca.
Quinto Inuma y su familia estuvieron dos meses fuera de la comunidad, en la ciudad de Tarapoto, a doce horas por río, lugar al que el Ministerio de Justicia dispuso su traslado. El líder indígena estaba amenazado de muerte por oponerse a las actividades criminales que se habían instalado en el territorio de la comunidad. El defensor cuestionó la estrategia porque el resto del pueblo, también amenazado, permanecía en la comunidad. Por eso, a pesar del riesgo, decidió regresar a Santa Rosillo de Yanayacu.
“Se imaginan, si nos vamos todos los que defendemos la Amazonía, si al final nos retiramos de las denuncias por miedo, qué va ser del resto, van a quedar a merced de los taladores y el narcotráfico, por eso no es tan fácil como decir que me voy”, le dijo Quinto Inuma hace dos años a Mongabay Latam anticipándose a la tragedia.
En un comunicado emitido por la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín (CODEPISAM) —que reúne a 128 comunidades indígenas de los pueblos kichwa y awajún en ocho federaciones locales—, las organizaciones indígenas hicieron un llamado público por la justicia. “Condenamos la muerte de Quinto Inuma Alvarado, nuestro hermano kichwa defensor del territorio de su comunidad y responsabilizamos al Estado peruano por su inacción e inoperancia para proteger la vida de defensores de derechos humanos en los territorios indígenas”, dice el documento.
El comunicado hace referencia a la inacción del Estado ante las amenazas y los crímenes. “Después de mucha incidencia y meses, logró la activación de la alerta temprana en el marco del Protocolo de Protección de Defensores de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, sin que a la fecha hayan hecho efectivas algunas de las medidas adoptadas en la resolución que incluían la visita del ministro [de Justicia y Derechos Humanos] a su comunidad y el apoyo a la titulación del territorio comunal desde el 2020”, indica el documento.
También se afirma que Inuma “recurrió a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y a la Fiscalía Antidrogas implorando por diligencias fiscales que se postergaron en más de una docena de veces”.
Al día siguiente del asesinato de Quinto Inuma, llegaron a San Martín los viceministros de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Minjusdh, Luigino Pilotto; de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente (MINAM), Mariela Cánepa; y de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, José Rivadeneyra. Se sumaron a la comitiva, el viceministro de Orden Interno, Miguel Núñez; el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Jorge Angulo; el jefe de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri, Víctor Revoredo; y el fiscal de crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina. Todos para intervenir en la zona y apoyar las investigaciones del crimen.
Protección solo en papeles
En varias oportunidades, Inuma se comunicó con Mongabay Latam para hacer pública la situación de amedrentamiento que vivían él y su familia. Al principio, solicitó no ser citado en los informes periodísticos, pero al crecer las amenazas empezó a hacer públicas las denuncias. De hecho, en marzo del 2021, el dirigente expuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la situación de peligro que atravesaban él y su comunidad.
Ese mismo año, como medida de protección para Quinto Inuma, el Ministerio de Justicia activó el Protocolo para Defensores de Derechos Humanos. Quien también se acogió a ese mecanismo fue su hermano Manuel Inuma, pues ambos habían sido amenazados y atacados en varias oportunidades. Sin embargo, ese documento “no le daba ninguna seguridad”, en opinión del dirigente indígena. En más de una oportunidad declaró a Mongabay Latam que las acciones de protección no le parecían claras y que en San Martín no había condiciones para garantizar su seguridad.
“Ese mecanismo era imposible de aplicarse, las autoridades policiales siempre les decían que no tenían fondos, se negaban a ir hasta Santa Rosillo de Yanayacu. Incluso, en los últimos meses, el Ministerio del Interior —encargado de brindar protección— ya no respondía sus solicitudes”, afirma Cristina del Rosario Gavancho, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL), quien seguía su caso.
Días antes del asesinato de Inuma, dirigentes indígenas del Huallaga se reunieron con representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y uno de los temas abordados fue la inseguridad que se vive en San Martín. “El día lunes 27, representantes del pueblo kichwa se reunieron con la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, a cargo del Protocolo de Defensores, con quienes se conversó sobre la falta de atención, la demora y el peligro que corren los líderes en San Martín”, afirma Gavancho.
La abogada de IDL asegura que la situación en Santa Rosillo de Yanayacu es grave, porque no hay presencia de las autoridades en la zona y no se cuenta con una comisaría. Para ir a realizar cualquier denuncia —explica Gavancho— Quinto Inuma tenía que viajar 12 horas hasta Tarapoto, donde está la estación de policía encargada de velar por la seguridad en la zona. En la ruta de traslado el peligro aumentaba, ya que —como él mismo advirtió— sus enemigos se escondían en el bosque para vigilarlo y planear un ataque.
“Nos respondieron que ellos hacían lo que podían con el poco personal y el poco presupuesto que tienen. También dijeron que no hay apoyo de parte del Ministerio del Interior para hacer operativos y patrullajes ni para que la policía esté presente en la comunidad amenazada”, afirmó la abogada de IDL.
Gonzalez, del Ministerio de Justicia, aseguró que “aunque efectivamente Inuma contaba con una resolución directoral que le brindaba medidas de protección en el marco del Protocolo, en la práctica la situación del líder kichwa era muy compleja porque vivía en una zona de alto riesgo”.
El funcionario señaló que en estos casos, lo único que se puede hacer es brindar protección policial permanente, y que lamentablemente no es posible instalar una comisaría en el distrito de Huimbayoc, adónde pertenece Santa Rosillo de Yanayacu.
El 30 de noviembre, el Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia emitieron un comunicado en redes sociales en el que lamentaron el asesinato de Quinto Inuma y adelantaron que se iniciarían las investigaciones correspondientes. Mongabay Latam se comunicó con el Ministerio de Cultura y el Ministerio del Interior a fin de consultar sobre sus acciones en el caso, pero hasta el cierre de la nota no brindaron declaraciones.
No es el único líder indígena que estaba en peligro. “Hay otros casos de defensores en San Martín que han presentado solicitudes de alerta temprana hace meses y hasta ahora no tienen ni un documento ni respuestas del Ministerio de Justicia”, comentó Gavancho, de IDL.
La lucha por la titulación
En junio del 2015, la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu fue reconocida por el Gobierno Regional de San Martín como una comunidad kichwa ubicada en el distrito de Huimbayoc. Desde esa época, la comunidad reclama la titulación de sus tierras.
Actualmente se encuentra en proceso de titulación dentro del Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú (PTRT3), pero la comunidad asegura que este proceso no avanza. Hace un año, el entonces director de Titulación de Tierras y Catastro Rural de la Dirección Regional de Agricultura, Wiliam Ríos Trigoso explicó a Mongabay Latam que existían problemas para realizar la georreferenciación y demarcación territorial por el conflicto interno que existe entre los pobladores indígenas y el grupo de colonos que se ha asentado en la comunidad.
El exfuncionario explicó que dentro de la comunidad hay dos grupos: los indígenas kichwa que piden la titulación del territorio como comunidad; mientras que los foráneos reclaman el reconocimiento legal de predios individuales.
“El grupo de foráneos que vive dentro de la comunidad no está de acuerdo con la titulación de las tierras en conjunto. Sabemos que fueron ellos los que contrataron a los sicarios para emboscar al apu”, cuestionó Víctor Inuma, sobrino del líder asesinado.
Recientemente, Quinto Inuma y líderes de Santa Rosillo de Yanayacu lograron ganar un proyecto financiado por el Fondo Socioambiental del Perú, con el que buscaban mejorar el sistema de monitoreo del bosque amazónico. “El proyecto que el Apu estaba planteando era la instalación de Internet, el uso de GPS y nuevas herramientas para que los kichwa puedan alertar y denunciar de manera inmediata cuando aparezcan los madereros a tumbar los árboles. Ya había logrado gestionar capacitaciones de monitoreo ambiental, se había involucrado en la vigilancia a mujeres lideresas de la comunidad y estaba contento por este avance cuando retornaba a su hogar”, afirma Lilyan Delgadillo, presidenta del Foro Socioambiental del Perú.
Delgadillo cuenta que la última comunicación que tuvó con Quinto Inuma fue el 27 de noviembre, dos días antes del asesinato. En su viaje de retorno lo acompañaba una de las lideresas que participó en el encuentro, Axceldina Tapullima, quien también resultó herida de bala. “La vida de las mujeres defensoras en Santa Rosillo de Yanayacu también corre peligro por la situación de inseguridad que se vive”, aseguró.
Los peligros y la muerte de líderes indígenas que defienden sus territorios están en aumento. La organización internacional Global Witness reportó que al menos 177 personas defensoras ambientales y de territorio fueron asesinadas en 2022 en América Latina y los indígenas están sufriendo violencia permanentemente. Según el registro de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) de Perú, 15 defensores ambientales fueron asesinados entre 2020 y 2023 por su labor de defensa de los territorios indígenas y zonas de conservación en el Perú.
