- Uno de los detenidos confesó el crimen y aseguró que recibió el pago de 1000 soles (265 dólares) por el homicidio del líder indígena.
- El asesinato de Inuma ocurrió el 29 de noviembre de 2023, cuando el líder indígena y su familia retornaban a su comunidad Santa Rosillo de Yanayacu.
Casi tres meses después del asesinato del líder indígena y defensor ambiental Quinto Inuma Alvarado —quien era presidente de la comunidad nativa Santa Rosillo de Yanayacu—, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra tres de los presuntos autores del homicidio.
Los hermanos Genix Saboya Saboya y Jerly Saboya Saboya, junto con Limber Ríos Ruiz son los tres imputados por el delito de homicidio calificado que permanecerán en prisión hasta el 3 de agosto de 2025, según indicó el juez Miguel Quevedo Melgarejo durante la audiencia que se realizó el lunes 26 de febrero. Los abogados defensores de los tres inculpados indicaron que presentarán un recurso de apelación contra la medida.
Durante la audiencia, Quevedo destacó que “no se descarta que detrás de los autores materiales estén organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas y al tráfico ilegal de productos forestales maderables”. El juez precisó que la prisión preventiva resulta necesaria para garantizar la presencia de los imputados en el proceso penal, evitar una posible reiteración del delito y asegurar el desarrollo normal del proceso penal en sus tres etapas.
Manuel Inuma, hermano del líder asesinado y actual jefe de la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu, manifestó estar de acuerdo con la decisión del juez, pero recordó que aún falta la captura de otras personas que también han sido señaladas como autores del homicidio.
“Estamos con el corazón adolorido porque hemos perdido un líder y conservacionista internacional. Sabemos que no lo vamos a recuperar. Solo pido que se continúe con el juicio y se dicte cadena perpetua para los autores del crimen de mi hermano”, dijo Manuel Inuma a Mongabay Latam.
El asesinato del defensor ambiental Quinto Inuma ocurrió el 29 de noviembre de 2023. Ese día, el líder indígena y varios de sus familiares regresaban desde la ciudad de Tarapoto a la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu. Días antes había participado de una reunión de defensores ambientales en la ciudad de Pucallpa, en Ucayali. El líder indígena llevaba varios años pidiendo que se concretara la titulación de su comunidad y se enfrentaba a los invasores de tierras, taladores ilegales y personas relacionadas con el narcotráfico.
Debido a las constantes amenazas y agresiones, Inuma fue incluido en el Mecanismo Intersectorial de Protección para los Defensores de Derechos Humanos en febrero de 2021. Este sistema de protección implementado en Perú en el año 2021 no evitó su asesinato.
Una larga lista de amenazas
“Genix Saboya Saboya, uno de los principales sospechosos, se acogió a la confesión sincera y dijo haber sido el asesino del líder Quinto Inuma. También confesó que recibió un pago para que cometiera el crimen”, cuenta Wilmer Quiroz, abogado de la familia de la víctima a Mongabay Latam.
Quiroz señala que en el celular de Saboya se encontró una fotografía del voucher por el depósito de 1000 soles (265 dólares) que, según el acusado, habría realizado Segundo Villalobos Guevara, quien ahora está considerado como autor intelectual del crimen. El presunto homicida también habría acusado a Venustiano Saboya Pisco como una de las personas que disparó contra el líder indígena.
El abogado explicó que los nombres de los sospechosos surgieron durante la investigación que el equipo especial de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía realizó tras el crimen de Inuma. “Los familiares que estuvieron en el bote, cuando Quinto fue asesinado, y otros miembros de la comunidad sabían que estas personas ya lo habían amenazado con anterioridad”.
Quiroz agrega que Inuma, como presidente de la comunidad, había denunciado en más de una oportunidad la presencia de taladores ilegales, cultivos ilegales de coca y hasta la construcción de una pista clandestina dentro del territorio comunal. Algunas de las personas que ahora están acusados como autores del asesinato ya habían sido denunciados por el líder indígena.
La detención de quienes ahora se encuentran con prisión preventiva ocurrió el 4 de febrero de 2024, en una intervención conjunta de la Fiscalía de Crimen Organizado de Lima y 30 agentes de la Unidad de Servicios Especiales (USE) que se realizó en el caserío Santa Rosillo de Yanayacu, en la región San Martín.
La localidad mencionada es una zona ocupada dentro del territorio de la comunidad nativa Santa Rosillo de Yanayacu, que según habitantes de la zona, se formó por un grupo que se dedica a diversas actividades ilícitas.
En el operativo también fueron apresados Julio Barbarán Ojanama, agente municipal, y Jorge Segundo Ramírez Mandruma, teniente gobernador del mencionado caserío. Estas cinco personas estuvieron con detención preliminar en San Martín. Tras las primeras investigaciones, Barbarán y Ramírez fueron puestos en libertad, pero se mantienen como acusados dentro del proceso.
El abogado Quiroz asegura que existía un acuerdo previo entre los implicados para asesinar a Quinto Inuma: “El apu Quinto había contado a sus familiares que, en una ocasión, se le acercó una persona y le advirtió que algunos de los ahora acusados intentaron contratar un sicario para asesinarlo”. Esto sucedió solo un mes antes de su asesinato.
Entre los años 2016 y 2023, Quinto Inuma y comuneros de Santa Rosillo de Yanayacu presentaron 13 denuncias ante el Ministerio Público por delitos ambientales y narcotráfico, así como discriminación, secuestro y lesiones. Manuel Inuma también ha sido amenazado y agredido en varias ocasiones.
Quinto Inuma contaba con garantías para su vida desde febrero de 2021, debido a las amenazas que había recibido por parte de algunos de los ahora acusados de su asesinato. Ese mismo año, tras un atentado, Inuma fue evacuado de su comunidad y pasó a formar parte de la lista de los defensores ambientales resguardados por el Mecanismo Intersectorial de Protección para los Defensores de Derechos Humanos.
Se mantienen las amenazas
Tras el asesinato de Quinto Inuma, su esposa, hijos y familiares cercanos tuvieron que abandonar la comunidad por el peligro que corrían sus vidas y permanecen bajo custodia policial. Manuel Inuma cuenta que han debido abandonar su hogar y sus actividades económicas, por tanto, enfrentan dificultades económicas, mientras que los niños están bajo la incertidumbre de retomar la labores escolares ante el próximo inicio del año escolar.
Quienes quedaron en la comunidad tampoco están tranquilos. “Hay mucho temor de que los familiares que aún quedan en la comunidad también puedan ser victimados. Hay zozobra total, no hay garantías en la comunidad, no hay ningún puesto policial, no hay nada en realidad”, cuenta Manuel Inuma.
Por eso, Manuel Inuma reclama la instalación de un puesto de control en la zona. “Estamos protegiendo un bosque de 23 000 hectáreas. Conservarlo y defenderlo no es fácil. Hemos luchado, hemos hecho control y vigilancia para defender los bosques, nuestros ríos, nuestras cuencas de agua, para que estén intactos para el mundo entero”.
Cristina Gavancho, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL) y asesora legal de la comunidad, señala que la familia espera resultados concretos en el proceso y que se cambien las condiciones de seguridad en la comunidad, “para que puedan establecer un plan de retorno a su comunidad, de lo contrario, regresar implicaría permanecer en una situación de riesgo”.
El mecanismo se ha quedado solo en el papel, dice Gavancho, porque el Ministerio del Interior no tiene presupuesto para establecer planes de protección efectiva a los líderes indígenas o defensores de derechos humanos. “En el caso de Quinto, se habían presentado informes y hasta una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero siempre respondieron que no contaban con presupuesto y que la zona era complicada y de riesgo para sus propios efectivos. El Estado debería hacer su mejor esfuerzo para garantizar el acceso a la justicia efectiva”.
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Una titulación que no llega
El asesinato de Quinto Inuma se suma a la lista cada vez más larga de líderes indígenas y defensores ambientales que han perdido la vida por enfrentarse a las economías ilegales que se instalan en sus territorios comunales. Y muchas de las comunidades indígenas que viven esta violencia llevan años e incluso décadas esperando que se concrete la titulación de su territorio.
Durante muchos años, Quintu Inuma fue uno de los líderes indígenas que solicitó que se concluya el proceso de titulación de su comunidad Santa Rosillo de Yanayacu. El reconocimiento por parte del estado ocurrió en 2015 y dos años después, en el 2017, el territorio comunal de Santa Rosillo de Yanayacu fue georreferenciado. Sin embargo, el proceso de titulación hasta ahora no se ha concretado.
En el año 2019 la comunidad dejó de estar considerada dentro del Proyecto de Catastros, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú (PTRT3), debido a el conflicto social entre la comunidad y los colonos que han formado el caserío dentro del territorio comunal, según indicó en un informe la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de San Martín.
Matías Pérez Ojeda del Arco, coordinador de incidencia de Forest Peoples Programme, señala que el proceso de titulación no solo está paralizado, sino que a ello se ha sumado la reciente entrega de un permiso de aprovechamiento forestal por parte del gobierno regional en un sector del territorio en conflicto. El documento fue emitido el 26 de enero de 2024.
“Uno se pregunta, cómo es posible, que a casi dos meses del asesinato de Quinto Inuma se genere este instrumento de gestión forestal en uno de los predios rurales que está imposibilitando la titulación de la comunidad. Es totalmente incomprensible. Han matado a un líder de una comunidad que está buscando la titulación colectiva y el gobierno regional genera este permiso forestal”, lamenta Pérez Ojeda del Arco.
Esto es solo la punta del iceberg de cómo funcionan estas herramientas de derechos en reclamos de territorios indígenas, dice Pérez Ojeda del Arco, que genera más amenazas e imposibilita acuerdos. “Son como capas y capas que se van poniendo y al final el pedido de titulación se ve cada vez más lejano”, concluye el representantes de Forest Peoples Programme.
Imagen principal: el líder indígena Quinto Inuma fue asesinado el 29 de noviembre de 2023. Foto: Fondo Socioambiental del Perú.
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