- Con presupuestos y equipos insuficientes, los guardaparques en Bolivia son contratados de forma eventual y sin beneficios legales.
- Bolivia tiene 23 áreas protegidas de control nacional y en esos espacios solo hay 270 guardaparques, quienes realizan su trabajo bajo amenazas por la minería ilegal y otras actividades ilícitas.
- Bolivia tiene un presupuesto anual de alrededor de 10 millones de dólares para la gestión de sus áreas protegidas y esa cifra no aumenta desde 2020.
- Se aprobó una ley que busca una mejor protección de las reservas naturales y la aceptación de recursos de apoyo externo.
Bolivia tiene 23 áreas protegidas de alcance nacional y cada una de estas reservas esquiva diferentes amenazas, como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala de árboles, los avasallamientos, incendios, proyectos petroleros o deforestación. Además, estas áreas también tienen que enfrentar peligros internos: reducción de guardaparques y de recursos económicos. Con estos factores adversos, los parques naturales en Bolivia están en crisis, ya que los presupuestos actuales y la vigilancia humana solo alcanza para cubrir el 9 % del territorio que ocupan.
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Según información enviada a Mongabay Latam por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), esta entidad, que es la encargada de administrar las áreas protegidas de alcance nacional, cuenta con un presupuesto económico para esta gestión de 66 585 032 bolivianos, que equivale a 9 566 814 dólares al tipo de cambio oficial. De este monto, el 5.35 % proviene de cooperación internacional y el resto es fuente del Tesoro General de la Nación (TGN) y otros ingresos, como multas por minería ilegal o deforestación, pago de turistas para el ingreso a las áreas protegidas y convenios.
De acuerdo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bolivia tiene 23 áreas protegidas de relevancia nacional que cubre 17 millones de hectáreas, lo que equivale un 15.5% del territorio nacional, superficie que cuenta con leyes, decretos y reglamentos que obligan a una protección especial. Además de las 23 áreas protegidas de alcance nacional, hay 29 departamentales y 144 municipales. También existen reservas indígenas, como el Ñembi Guasu o Loma Santa.
Según las estimaciones de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA), el presupuesto solo alcanza para proteger el 9 % de la superficie del territorio nacional, principalmente por la reducción drástica de guardaparques, una baja asignación presupuestaria y la presencia de actividades extractivistas con aval del Gobierno e incluso actividades ilícitas.
“La reducción de guardaparques en casi todas las áreas protegidas, hasta en un 40 % o más, se ha traducido en el cierre de campamentos. Por ejemplo, el parque Noel Kempff Mercado, que tenía 30 guardaparques a inicios de 2005, acabó ahora con básicamente 11. Y hay casos aún peores donde se han cerrado campamentos en zonas clave para la conservación de la biodiversidad”, afirmó a Mongabay Latam Marco Ribera, investigador de LIDEMA.
En el SNAP se registra a 270 guardaparques para controlar 17 millones de hectáreas. Es decir que esa cantidad de vigilantes se reparten entre las 23 áreas protegidas nacionales. Además, dijo Ribera, la baja asignación de recursos por parte del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el SNAP afecta al mantenimiento de las áreas protegidas. “Hay un vacío tremendo de financiamiento ”, detalló.
Todos estos factores, añadió Ribera, se traducen en limitaciones de logística para el cuidado de las reservas de todo el país. “No funcionan los motores, no funcionan los botes, no funcionan los cuadratracks, las movilidades están parqueadas, no tienen mantenimiento, no hay gasolina, no tienen diésel de gasolina, hay una serie de situaciones que limitan las actividades de control, de la gestión”, afirmó.
Los gastos del SERNAP
El SERNAP detalló a este medio que el 60 % de su presupuesto se destina al pago de “servicios personales” (salarios) y el resto, al pago de “servicios no personales”, materiales y suministros, y al pago de “impuestos, regalías y otros gastos”.
El tema de control y protección, apuntó Ribera, es el “neurálgico” y el más importante. De acuerdo con el Comité Impulsor para el Financiamiento de Áreas Protegidas, que se conformó en 2024 y que reúne a distintas organizaciones sin fines de lucro, se requiere anualmente un presupuesto de 160 millones de bolivianos (23 millones de dólares) para la gestión efectiva en áreas protegidas. Este comité, que también coordina acciones con el SERNAP, dijo que con el presupuesto actual solo se cubren los temas básicos.
>“Ni qué decir de las zonas donde hay riesgo de narcotráfico, hay zonas rojas en las áreas protegidas donde los guardaparques no pueden entrar, están bajo riesgo de muerte”, cuestionó Ribera.
Sobre el tema, el presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (ABOLAC), Marcos Uzquiano, cuestionó que factores externos, como la minería ilegal o el narcotráfico, estén por encima de la labor que realizan los guardaparques en Bolivia. El vigilante recordó que fue destituido a inicios de este año como guardaparque debido a que denunció minería ilegal en el Parque Nacional Madidi, en el norte de La Paz. Luego, la Justicia ordenó la restitución de Uzquiano.
“La principal amenaza para las áreas protegidas es la minería ilegal”, consideró Uzquiano sobre los riesgos que enfrentan las zonas de conservación. “Cuando vamos a una zona donde están los mineros, dicen que tienen convenio con las autoridades de arriba y que les han dicho que trabajen nomás, que no va a pasar nada. Nosotros nos exponernos para hacer cumplir las normas ambientales y hay gente que está en niveles jerárquicos que está transando con nuestro servicio”, cuestionó el guardaparque.
“Hay un fomento de la minería dada la situación económica crítica que está atravesando Bolivia y cierto permisivismo estatal de las actividades mineras, muchas de ellas ilegales. Hay un fuerte acecho a las áreas fiscales disponibles y a las que están en reservas y áreas protegidas”, agregó quien también es el jefe de Protección de la Estación Biológica del Beni.
Bolivia es uno de los más de 190 países que se comprometieron en 2024 con la tercera meta del Marco Global para la Diversidad Biológica (MGDB) denominada 30 x 30. Para lograr este resultado es urgente dar una eficiente protección a las áreas protegidas -nacionales y subnacionales-, sitios Ramsar y ecosistemas estratégicos para garantizar la conservación de al menos el 30 % de su superficie al 2030.
Las áreas protegidas ofrecen funciones ecosistémicas vitales, incluyendo la conservación de la biodiversidad y la agrobiodiversidad; medios de vida; especies; hábitats y diversidad genética; regulación del clima y del ciclo hidrológico; la protección de cuencas; purificación del aire; mitigación de desastres, como inundaciones y sequías; además de mantenimiento de la salud del suelo para la agricultura y otros usos.
La importancia de la conservación de las áreas protegidas está respaldada por un poderoso marco legal, que va desde la Constitución Política del Estado hasta más de veinticinco leyes y decretos supremos. Sin embargo, en los hechos, la protección de estos espacios naturales parece no ser una prioridad para el Estado boliviano, según expertos.
Vincent Vos, biólogo y miembro del Instituto de Investigaciones Forestales de la Amazonía de la Universidad Autónoma del Beni, consideró que para una protección eficiente de las áreas protegidas se necesita básicamente dos cosas: un buen presupuesto económico y los recursos humanos suficientes que garanticen el bienestar de estos territorios de invaluable riqueza natural.
“En las áreas protegidas nacionales hay una clara intencionalidad del Gobierno de debilitarlas dando acceso a mineros, de negociar con empresarios para que deforesten. No han creado áreas protegidas significativas en los últimos 20 años”, dijo Vos.
El experto acotó que el SERNAP pasó por una difícil situación económica que afectó el trabajo de los guardaparques y que esta entidad sufre un debilitamiento institucional. “Los mineros pueden ingresar fácilmente a destruir las áreas protegidas, pero un fotógrafo o un periodista debe pedir permiso”, dijo.
La lucha por las reservas
A finales de 2019, el SERNAP tuvo un déficit de 22 millones de bolivianos (3 millones de dólares), una situación que puso en riesgo la continuidad laboral de 300 guardaparques contratados por esta institución. Esta situación implicó complicaciones, considerando las adversidades que debe sobrellevar un reducido cuerpo de protección que debe cuidar extensos territorios, en donde surgen amenazas como la minería, tala, caza y pesca ilegal, avasallamiento de tierras, narcotráfico, quemas, entre otros.
“En 2020 nos vimos en la obligación de buscar los recursos que faltaban, tocamos varias puertas nacionales e internacionales y conseguimos el apoyo de la Unión Europea, que salvó la gestión para mantener a todo el personal”, explicó Maikol Melgar, exdirector del Sernap.
Para la exautoridad la situación es crítica, porque el presupuesto de 70 millones de bolivianos (10 millones de dólares) que otorga el Tesoro General de la Nación (TGN) al SERNAP es “insuficiente”. Y considerando que son 23 áreas protegidas nacionales, esto apenas alcanza para cubrir los costos de salarios y una gestión bastante limitada, dijo.
Ruth Alipaz, representante de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP), aseguró a Mongabay Latam que las políticas del Gobierno boliviano no benefician a las áreas protegidas. “Si hacemos un recuento de cómo se ha venido debilitando la protección de los espacios protegidos vemos que cuando Evo Morales asumió la Presidencia empezó a poner en los altos cargos del sector de Ambiente a personas que eran afines al partido y no a personas que conocieran sobre la necesidad de proteger el agua o proteger el medio ambiente”, dijo.
Alipaz agregó que en los últimos 20 años se cambiaron las políticas públicas sobre las áreas protegidas. “Han cambiado los planes de manejo, han flexibilizado la consulta previa y han abierto estas áreas para exploraciones petroleras. El Madidi está siendo invadido por la minería. Ellos [el Gobierno] tienen que responder a sus bases de interés político y cederles espacios”, lamentó.
Mongabay Latam solicitó al Ministerio de Medio Ambiente y Agua información sobre la situación de las áreas protegidas en Bolivia, pero no logró una respuesta.
El pasado 24 de septiembre, el Senado boliviano aprobó un proyecto de ley que eleva a rango legal la protección de las 23 áreas protegidas nacionales, consolidando su estatus y evitando vulnerabilidades frente a presiones externas. Entre las zonas protegidas incluidas están parques nacionales emblemáticos como Madidi, Noel Kempff Mercado, el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), además de reservas y áreas naturales del Chaco y el norte amazónico.
La senadora Cecilia Requena, que pertenece a la alianza Comunidad Ciudadana (CC), destacó que con esta ley Bolivia podrá acceder a fondos y recursos internacionales destinados a mantener los bosques y ecosistemas en pie, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático y la protección de la biodiversidad.
Sin embargo, la legisladora advirtió que la promulgación de la ley no garantiza automáticamente su cumplimiento total. Recordó que existen normas ambientales vigentes que no se respetan plenamente, pero insistió en que el nuevo marco legal será fundamental para fortalecer la defensa activa de estos hábitats naturales.
Imagen principal: en todas las reservas naturales de Bolivia, la labor de los guardaparques es vital, no solo para la conservación, sino porque son los que mejor conocen las zonas cuando se reporta un incendio. Foto: cortesía Guardaparques Madidi
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