Científicos y expertos internacionales en clima advirtieron que la mitigación global del metano podría verse debilitada por el uso político e industrial de nuevos enfoques para medir este potente gas de efecto invernadero. En una declaración pública, los especialistas señalaron que determinadas interpretaciones de métricas son utilizadas para justificar objetivos climáticos menos ambiciosos. Países con altas emisiones como Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay se encuentran en la mira.

“La mitigación climática global corre el riesgo de verse socavada por el uso indebido de nuevos enfoques sobre el metano”, sostienen los firmantes. Según explican, reducir de manera “rápida y profunda” las emisiones de metano es fundamental para cumplir con el objetivo de temperatura del Acuerdo de París y evitar puntos de inflexión climáticos irreversibles.

El documento advierte que gobiernos y grupos industriales de países con altas emisiones —entre ellos Estados Unidos, la Unión Europea, Nueva Zelanda, Irlanda, Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina— promueven nuevos enfoques que, aunque basados en metodologías científicas legítimas, están siendo aplicados para defender metas centradas en la “neutralidad de temperatura” o en “ningún calentamiento adicional”.

Para los científicos, el problema no radica únicamente en la existencia de estas métricas, sino en la forma en que se utilizan políticamente. “En la práctica, estos objetivos facilitan el debilitamiento de la ambición por debajo de lo que los países con altas emisiones pueden lograr fácilmente”, señala la declaración.

El grupo subraya que estas interpretaciones permitirían que grandes emisores continúen liberando importantes cantidades de gases de efecto invernadero mientras aseguran ser “climáticamente neutros”.

Los especialistas sostienen que si estos métodos se adoptan ampliamente podrían “minimizar los importantes impactos climáticos” de sectores intensivos en metano como la ganadería de rumiantes y la extracción de combustibles fósiles. Además, advierten que se correría el riesgo de legitimar “reducciones mínimas de metano y socavar el progreso hacia el Compromiso Global de Metano”, iniciativa internacional que busca reducir las emisiones de este gas en un 30 % hacia 2030.

La declaración también cuestiona que estos enfoques podrían vulnerar el artículo 4.3 del Acuerdo de París, el cual exige que los países persigan su “máxima ambición posible” en materia climática. Asimismo, señalan que podrían generar “confusión regulatoria y de cumplimiento” y debilitar la transición hacia “un sistema alimentario sostenible, resiliente, saludable y equitativo”.

Ante este escenario, los científicos hicieron un llamado a gobiernos, empresas, instituciones financieras y a la propia comunidad científica. A los gobiernos les pidieron rechazar la aplicación inapropiada de nuevos enfoques, como el denominado «Potencial de Calentamiento Global Estrella (GWP*)», y adoptar metas compatibles con el límite de 1.5 °C del Acuerdo de París, lo que implicaría recortes globales de metano de entre 47 % y 60 % hacia 2050.

*Imagen principal: movilización en Argentina durante la huelga mundial por el clima de 2021. Foto: cortesía LATFEM

La actual composición del Congreso peruano ingresa en la cuenta regresiva para culminar su mandato y uno de los dictámenes pendientes en agenda es el relacionado a la protección real y efectiva de las áreas marinas protegidas. La decisión de no abordar el tema por parte de la Mesa Directiva ha motivado a más de 400 científicos a emitir un comunicado exhortando públicamente a los legisladores a que sometan el texto a votación.

En el comunicado, los científicos instan a los parlamentarios a aprobar la ley para excluir definitivamente la pesca a mayor escala o industrial de las áreas marinas protegidas. “Estas áreas fueron creadas para proteger ecosistemas y especies vulnerables, así como hábitats críticos y procesos ecológicos que requieren condiciones de menor presión humana para recuperarse”, explican en el documento.

Los investigadores precisan que permitir actividades industriales a mayor escala dentro de las áreas marinas protegidas “reduce la efectividad real de la protección, fragmenta los ecosistemas y puede afectar procesos ecológicos, como la reproducción, el crecimiento, la alimentación y la migración de especies marinas”.

Un segundo fundamento es que “las áreas protegidas bien manejadas contribuyen a la recuperación y repoblamiento de los recursos pesqueros, beneficiando especialmente a las pesquerías artesanales costeras que dependen de ellos”. Esto supone un impacto económico a largo plazo.

“En un contexto de creciente incertidumbre ecológica —explican los científicos—, que enfrenta eventos climáticos extremos como El Niño, cada vez más recurrentes e intensos, proteger estos espacios fortalece la seguridad alimentaria, la estabilidad de las economías locales, el cuidado de la biodiversidad y la sostenibilidad futura de la actividad pesquera nacional.”

En tercer lugar, los especialistas subrayan la importancia de fortalecer la credibilidad institucional de Perú en el ámbito internacional en materia de conservación marina, en virtud a los compromisos asumidos: “Mantener actividades industriales dentro de áreas diseñadas para la conservación genera contradicciones regulatorias y debilita la confianza pública en el sistema de áreas protegidas”.

Un cuarto argumento es de orden jurídico: la Corte Suprema ya excluyó de manera definitiva la pesca industrial dentro de la Reserva Nacional de Paracas. Este precedente refuerza la exigencia de los científicos para que el Congreso apruebe una norma con rango de ley para el efectivo resguardo de las áreas marinas protegidas.

El 26 de marzo de 2024, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología aprobó un dictamen favorable para esta propuesta normativa. El texto permaneció encarpetado en el Congreso por dos años y recién el 5 de mayo último ingresó en la agenda.

Han transcurrido dos semanas y la iniciativa aún no ha sido sometida a votación. Todo está en manos de la Mesa Directiva de un Congreso que culmina su mandato en julio.

*Imagen principal: la Reserva Nacional Dorsal de Nasca, una de las áreas marinas más recientes de Perú. Foto: Eduardo Sorensen

A pesar de los esfuerzos del equipo veterinario del Central Florida Zoo, Mr. Ginger —el más joven de los perezosos recuperados del fallido proyecto Sloth World, en Orlando— murió este viernes 15 de mayo de 2026, luego de que los expertos debieran aplicarle la eutanasia debido a la gravedad de su estado de salud. Es el cuarto perezoso fallecido en las instalaciones del zoológico tras ser rescatados para recibir atención veterinaria por los impactos causados por este proyecto turístico en Estados Unidos.

“Mr. Ginger era el perezoso más joven que llegó a nuestro cuidado, con una edad estimada de entre cuatro y seis meses. Llegó en un estado extremadamente delicado y nuestro equipo veterinario le brindó cuidados intensivos”, escribió el Central Florida Zoo en sus redes sociales.

El perezoso era alimentado a mano cada pocas horas y pasaba gran parte del tiempo en una incubadora para regular su temperatura corporal. “Era un luchador y se aferró a la vida contra todo pronóstico. Aunque nuestro personal hizo todo lo posible por darle la mejor oportunidad de sobrevivir, su estado no mejoró y nuestro equipo tomó la difícil decisión de practicarle la eutanasia humanitaria. Estamos profundamente apenados por esta pérdida”, agregó el zoológico.

Antes de la muerte de Mr. Ginger, ya habían fallecido Dumpling, Bandit y Habanero desde el traslado de los 13 animales sobrevivientes al zoológico, el 24 de abril pasado. Las necropsias determinaron que la causa de muerte de los tres perezosos previos fue la emaciación, es decir, desnutrición extrema.

La especialista en comercio de vida silvestre de Wildlife Conservation Society (WCS), Susan Lieberman, advirtió en entrevista con Mongabay Latam que los perezosos son animales particularmente vulnerables al cautiverio, por lo que su extracción de la naturaleza implica un alto nivel de crueldad. Este medio se comunicó con el equipo de prensa de Sloth World por las denuncias pero no recibió respuesta.

Además, Lieberman alertó que el comercio legal de fauna silvestre —como ocurrió con el caso de Sloth World— tiene consecuencias indirectas: la existencia de un mercado autorizado puede aumentar la demanda y abrir espacio para redes ilícitas que ofrecen ejemplares más baratos. “El comercio legal suele estimular la demanda: la gente quiere más [animales silvestres], pero también quiere pagar menos. Por eso, si los consiguen mediante el comercio ilegal, a veces les resulta más barato. Por lo tanto, debemos tomar medidas enérgicas contra ambos”, señaló Lieberman, vicepresidenta de política internacional de WCS.

“Nos preocupa el aumento del comercio ilegal de perezosos hacia Estados Unidos y Asia”, agregó la especialista. “Esta es una de las razones por las que la WCS apoyó la inclusión de estas dos especies de perezosos [de dos dedos] en la CITES durante la reunión del año pasado. La propuesta fue presentada por Brasil, Panamá y Costa Rica”.

Lee más sobre el caso de los perezosos en Mongabay Latam. 

*Imagen principal: Mr. Ginger pasaba gran parte del tiempo en una incubadora para regular su temperatura. Foto: cortesía Central Florida Zoo

Un proyecto de ley que busca frenar de manera definitiva la pesca industrial dentro de áreas naturales protegidas se debate en el Congreso de Perú. El dictamen —que reúne tres iniciativas legislativas— propone una modificación en la Ley de Áreas Naturales Protegidas para fortalecer la protección de la biodiversidad acuática.

En el Congreso la propuesta ha sido analizada en dos comisiones. Una de ellas, la de Producción, ha planteado la no aprobación y el envío al archivo. En cambio, la comisión que aborda los temas ambientales emitió un dictamen a favor. El 7 de mayo, este grupo de trabajo propuso sancionar un artículo único que establece que queda “prohibida la pesca de mayor escala al interior de las áreas naturales protegidas marinas o continentales, cualquiera sea su categoría o zonificación”.

El mismo artículo sostiene que el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos dentro de las áreas naturales protegidas solo puede ser autorizado para acuicultura, pesca artesanal y de menor escala, y que no debe perjudicar el cumplimiento de los fines por los cuales se estableció el área protegida.

El dictamen para la aprobación de esta nueva ley data del 8 de abril de 2024. Es decir, el tema permaneció encarpetado durante más de un año. Recién el pasado 5 de mayo, la Junta de Portavoces acordó incorporarlo en la agenda del Pleno, en momentos en que la actual composición del Congreso se encuentra en la cuenta regresiva de sus últimos tres meses de mandato. Sin embargo, en el Pleno que se realizó el 7 de mayo, la norma no entró en el debate.

El Ministerio del Ambiente ha emitido un informe técnico donde señala que “la prohibición de extracción de mayor escala, ya sea marina o continental” ya se encuentra regulada en el reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas. Por tal motivo, dicho sector ha restado valor a la propuesta.

Un informe de la congresista Ruth Luque, publicado en octubre de 2025, señala que la aprobación de esta norma permite que la prohibición que existe en el reglamento tenga rango de ley. También destaca la inexistencia de sanciones efectivas frente a la pesca industrial en áreas naturales protegidas debido a que el Ministerio de la Producción ha eliminado de su cuadro de infracciones la tipificación por pescar dentro de áreas prohibidas o reservadas.

Carmen Heck, directora de Políticas de la organización Oceana en Perú, subraya que hace falta una norma con rango de ley: “La prohibición está ahí, pero cualquiera puede infringirla sin ser sancionado”.

El caso de la Reserva Nacional de Paracas es un ejemplo de lo que puede suceder sin una ley que especifique la prohibición de la pesca industrial en las áreas marinas protegidas. En los últimos años, esta área protegida ha estado en el centro de una disputa judicial por parte de la industria pesquera que buscaba abrir la puerta  a la pesca a gran escala en esta zona.

*Imagen principal: pesca industrial en el mar peruano. Foto: Agencia Andina

Científicos y ambientalistas han dado la voz de alarma por el incremento del turismo en los paisajes helados de la Antártida y el consecuente aumento del riesgo de contaminación, enfermedades y otros daños al continente.

Un brote mortal del inusual hantavirus a bordo de un barco neerlandés en un crucero polar de varias semanas ha llamado la atención sobre la creciente tendencia del turismo.

La mayoría de expediciones se dirigen a la península Antártica, uno de los lugares que se calientan más rápido en el mundo. De 2002 a 2020, se derritieron aproximadamente 149 000 millones de toneladas de hielo antártico por año, según la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio.

Una ruta común consiste en viajar hacia el sur desde Argentina rumbo a la Antártida, la misma ruta que tomó el MV Hondius. La Organización Mundial de la Salud (OMS) investiga una posible transmisión de persona a persona en este crucero, explicó la doctora Maria Van Kerkhove, directora de preparación ante epidemias y pandemias de la entidad internacional.

Crecimiento explosivo de los viajes

En 2024, más de 80 000 turistas pisaron el vasto continente cubierto de hielo y 36 000 lo observaron desde la seguridad de los barcos, según datos recopilados por la Asociación Internacional de Operadores Turísticos de la Antártida.

La Unión Internacional de Científicos Preocupados estima que el turismo a la Antártida se ha multiplicado por diez en los últimos 30 años.

Esa cifra podría aumentar en la próxima década a medida que bajen los costos, ya que entrarán en servicio más cascos capaces de navegar entre hielos, señaló Hanne Nielsen, profesora de la Universidad de Tasmania. Sus colegas estiman que el número anual podría triplicarse o cuadruplicarse hasta superar las 400 000 visitas en ese periodo.

Riesgos de contaminación

Bandadas de aves migratorias han llevado la gripe aviar desde Sudamérica a la Antártida en los últimos años, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Ese brote llevó a la Asociación Internacional de Operadores Turísticos de la Antártida y a otros a endurecer las normas de conducta e higiene de los turistas.

Además, los cruceros han sufrido brotes de enfermedades como el norovirus, que puede propagarse rápidamente en los espacios reducidos de un barco. En 2020, un brote de Covid-19 en el Diamond Princess convirtió al crucero en una incubadora.

La Antártida se rige por el Tratado Antártico desde 1959, cuando las cifras de turismo eran mucho más bajas. «La actividad debe regularse de manera adecuada, como se haría con cualquiera de los sitios ecológicos sensibles y valiosos del mundo», plantea Claire Christian, directora ejecutiva de Antarctic and Southern Ocean Coalition.

Lee en Mongabay Latam más sobre señales de degradación en la Antártida.

Imagen principal: pasajeros observan mientras un barco navega por el canal de Lemaire en Antártida. Noviembre de 2025. Foto: archivo AP/Mark Baker

Con la participación como adherentes de más de 850 000 ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil argentina presentaron ante el Juzgado Federal de La Pampa una demanda de inconstitucionalidad y una medida cautelar contra la reciente Ley de reforma 27.804 que, según advierten, debilita seriamente la protección de los glaciares y del ambiente periglacial.

Los ciudadanos piden al tribunal declarar inconstitucional la nueva ley 27.804, modificada a pedido del gobierno de Javier Milei y promulgada el 24 de abril. Esta norma realiza cambios a la ley 26.639, que regula la preservación de los glaciares y del ambiente en Argentina. Los demandantes plantearon también una medida cautelar para que el juez evalúe suspender la implementación de la cuestionada norma.

Son cuatro los argumentos generales planteados por los demandantes para sustentar la inconstitucionalidad de la ley 27.804: 

1. Proceso legislativo inválido

Los demandantes advierten la ausencia de un verdadero proceso de consulta. Hubo más de 100 000 inscritos para participar en una audiencia pública de dos días, convocada por la Cámara de Diputados. Sin embargo, solo se permitió la participación de 122 personas. 

2. Contenido ambiental regresivo

Los demandantes subrayan que la Constitución de Argentina (en su artículo 41) regula la obligación del Estado de no comprometer las necesidades de las generaciones futuras, en este caso el acceso al agua. Apuntan también que la Ley General del Ambiente (25.675) desarrolla el “principio de progresividad”. Es decir, hay una tácita “prohibición de retroceder en la protección ambiental”. Y además, el Acuerdo de Escazú, al que adhiere Argentina, establece directamente el “principio de no regresión”.

3. Vulnera la distribución de competencias

En la demanda se rechaza la delegación a los gobiernos provinciales de las cuestiones vinculadas con las cuencas, ya que estas son interjurisdiccionales y deberían ser gestionadas por el gobierno nacional. En la práctica, rechazan que un gobierno provincial pueda validar la destrucción de determinado curso de agua, sin tomar en cuenta el perjuicio que esto generaría en una provincia vecina.

4. Contra los tratados internacionales

Finalmente, los ciudadanos recuerdan que el Gobierno argentino “aprobó definitivamente el Acuerdo Interino de Comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea”. El artículo 18.2 de este acuerdo precisa que las partes no deben debilitar sus leyes “en materia medioambiental”.

Y frente al supuesto de que tal acuerdo no ha entrado en vigor, los demandantes precisan que la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados prohíbe la mala fe, por lo que Argentina tenía que abstenerse de sacar normas en perjuicio de la protección ambiental.

Lee en Mongabay Latam más sobre esta reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei. 

*Imagen principal: movilización ciudadana del 8 de abril frente a la sede del Congreso en Argentina, en rechazo a la reciente ley de reforma que debilita la protección de los glaciares. Foto: cortesía Santiago Pellegrini