- La IFC (Corporación Financiera Internacional) es el brazo de préstamos del Banco Mundial y desde hace mucho tiempo ha respaldado el proyecto de Eco Oro en los páramos de Santurbán.
- Colombia tiene 34 páramos, entre ellos Santurbán, que proveen la gran mayoría de agua dulce a los residentes del país.
- Una nueva ley colombiana que prohíbe la minería en los páramos, seguida de una auditoría independiente, llevó a la desinversión de la IFC.
BOGOTÁ – Una queja de cuatro años contra la empresa minera global Eco Oro Minerals Corp. ha dado lugar a una investigación y desinversión de los principales inversionistas en un proyecto regional en Colombia. La Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), el brazo de préstamos del Banco Mundial, fue presionada para desprenderse de un importante proyecto minero en Colombia propiedad de Eco Oro en diciembre del 2016. La compañía minera junior canadiense (antes llamado Greystar Resources Limited) ha luchado para desarrollar desde los años noventa la mina de oro Angostura que se prospecta en el páramo Santurbán de Colombia, un ecosistema de humedales de altitud elevada.
Colombia cuenta con 34 páramos, y según el Centro de Derecho Ambiental Internacional son una fuente de agua dulce para millones de personas y el hogar de metales preciosos a menudo solicitados por las empresas mineras.
En el caso de Santurbán, a pesar del interés de la IFC en los generosos depósitos de oro de la zona, la situación jurídica se complicó de forma prohibitiva con el tiempo. Una nueva ley colombiana que se publicó el año pasado prohíbe la minería en los páramos; sin embargo, las empresas continúan participando en proyectos cercanos de desarrollo. Una denuncia hecha en el 2012 ante el Defensor Asesor de Cumplimiento (CAO) del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán llevó a una investigación de seguimiento por parte del mecanismo independiente de rendición de cuentas del Banco Mundial.
El informe final de la CAO publicado en agosto del 2016 encontró que Eco Oro: «Planeaba desarrollar una mina que no se sabía si iba a cumplir con los estándares ambientales y sociales de la IFC, lo cual era potencialmente desafiante». Los resultados de la investigación también determinaron que la supervisión de los arreglos de seguridad de la IFC y sus avances en los estudios de biodiversidad eran inadecuados para que la compañía cumpliera con los estándares de la IFC.
Carlos Lozano Acosta, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), calificó la decisión como un gran retroceso para la minería regional.
«La decisión es un grave golpe político y financiero, no solo para el proyecto Angostura, sino también para toda la minería a gran escala en el páramo de Santurbán, un páramo que abastece de agua a más de un millón de personas», dijo Lozano. Según él, los páramos funcionan como un «tejido de agua» que agrega “un sumidero de carbono que mitiga el cambio climático y es una reserva estratégica de biodiversidad».
El páramo de Santurbán tiene una superficie de más de 142 000 hectáreas (casi 351 000 acres). Los grupos ambientalistas colombianos como AIDA consideran la decisión de la IFC como un paso esencial en la protección del páramo de Santurbán.
Los páramos funcionan como una enorme esponja y son muy importantes para la generación y conservación de agua limpia. Según AIDA representan alrededor del 85 % del suministro de agua de Colombia. Los páramos almacenan el agua recogida de las lluvias y las nieblas en lagunas glaciales, turberas, pantanos y suelos húmedos, según el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.
Problemas de minería
Los conflictos en torno a la minería son causados principalmente por la contaminación y el uso extensivo de agua, dijo Lozano. Ambos tienen repercusiones ambientales y sociales, especialmente en regiones donde la población y sus medios de subsistencia dependen de los recursos acuáticos.
Desde 1995, cuando operaba como Greystar, Eco Oro Minerals Corp. intentó desarrollar el proyecto Santurbán, pero nunca llegó más allá de la fase de exploración. Su evaluación de impacto ambiental fue rechazada por el gobierno colombiano en el 2009 y de nuevo en el 2011. Eco Oro cambió su enfoque de una mina a cielo abierto a una mina subterránea.
La salida de la IFC del proyecto el pasado diciembre y la decisión de vender su participación del 10 % podría tener consecuencias: su inversión en acciones fue de más de 19 millones de dólares. El valor de Eco Oro ha disminuido significativamente en los últimos años —sus acciones fueron valoradas en $8.90 hace diez años y actualmente están valoradas en $0.72 canadienses (alrededor de $0.54) a partir del 23 de marzo, según Bloomberg.
El sitio web de la IFC afirma que enfrentar el cambio climático es una de sus prioridades, ya que sus inversiones esperan lograr un crecimiento a largo plazo y resultados de desarrollo positivos. Sin embargo, la IFC aún tiene numerosas inversiones en proyectos en la industria minera, y el dinero de los combustibles fósiles se ha relacionado con el desplazamiento forzado, según una investigación a fondo realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
«Se puede ver que las comunidades locales que han tenido proyectos mineros a gran escala durante treinta o cuarenta años son más pobres, iguales o peores que antes», dijo Manuel Becerra, que fue primer ministro de Medio Ambiente de Colombia en 1994 y actualmente es miembro del comité directivo de la CAO. Él dice que la IFC debe tener cuidado de invertir en proyectos mineros controversiales y sugiere que deben dejarlo al sector privado.
Otros planes
El año pasado, Eco Oro trató de buscar otros emprendimientos monetarios en Colombia en lugar de buscar físicamente el desarrollo de la mina Angostura en Santurbán. En diciembre, la compañía anunció que había presentado una solicitud de arbitraje con el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial. La empresa argumentó que Colombia violó sus obligaciones bajo el Tratado de Libre Comercio Canadá-Colombia cuando el estado implementó medidas para proteger el páramo de Sánturban y limitó las perspectivas futuras de la compañía.
Los reclamos basados en cláusulas de los tratados de libre comercio podrían convertirse en una preocupación para Colombia, ya que muchos títulos mineros han sido otorgados en áreas ambientalmente protegidas. La empresa estadounidense Tobie Mining & Energy Inc., la empresa canadiense Cosigo Resources y la sucursal colombiana de Cosigo, Colombia Sucustral, han dicho que han sufrido demoras injustas en un proyecto que quieren desarrollar en el Parque Nacional Yaigojé Apaporis y por ello buscan compensación.
La demanda tiene que ver con que el gobierno colombiano cree un área de protección natural en vez de autorizar actividades mineras en la región amazónica. La demanda de las tres compañías mineras apunta a alcanzar un valor en oro que equivale a 16 500 millones de dólares que se cree que existe en el área, según el reclamo judicial, que fue publicado por el gobierno. Esa cifra empequeñece la asistencia de 10 mil millones de dólares que Estados Unidos destinó a Colombia desde el 2000.
Un portavoz de Eco Oro se negó a comentar el caso a Mongabay, ya que todavía se encuentra en curso.
Imagen de portada: Páramos de Santurbán en Colombia. Foto de CORPONOR vía Wikimedia Commons
Bram Ebus es un periodista freelance radicado en Colombia. Puedes encontrarlo en Twitter en @BramEbus.
REFERENCIA:
Carbonell, M. H., (2012) The Angostura Mining Project in the Paramo of Santurban, Colombia. EJOLT Factsheet No. 002.
Esta historia fue publicada por primera vez en la web en inglés el 23 de marzo de 2017.
Créditos
