- ¿Cuáles son las oportunidades que traerá este manejo diferenciado?
- ¿Qué desafíos implicará el nuevo modelo de manejo?
Diecinueve áreas protegidas de las provincias ecuatorianas de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena y El Oro integran desde mayo la Red de Áreas Marinas y Costeras Protegidas (Red AMCP´s), formalizada mediante el acuerdo ministerial 030 para “administrar de forma articulada y sinérgica las áreas protegidas marino costeras del país”.
El Ministerio del Ambiente (MAE) ecuatoriano agrupó en esta red a las reservas bajo el criterio de que tengan ecosistemas marinos costeros en sus áreas protegidas, filo costero o ecosistemas estuarinos o de manglar.
El Parque Nacional Galápagos (PNG) y la Reserva Marina de Galápagos (RMG) integrarán la red “considerando lo estipulado en la Ley Orgánica del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos y su Reglamento”, se indica en el acuerdo.
La red, sin embargo, “no representa una estructura administrativa distinta al SNAP, sigue las mismas políticas y los mismos lineamientos de toda área protegida del sistema estatal”, indica el personal de la Subsecretaría Marino Costera del MAE. “La Red AMCP’s reconoce un manejo especializado de éstas áreas con respecto al resto de áreas protegidas”.
Especialistas consultados por Mongabay Latam ven en la creación de esta red oportunidades relacionadas con la gestión de estos espacios, y consideran que darles tratamiento especializado era necesario porque el manejo de las áreas protegidas terrestres y de las marino costeras debe ser diferenciado.
“Creo que está bien que haya cierta separación. Tradicionalmente las áreas protegidas fueron concebidas en tierra y muchas tienen áreas marinas y costeras que también fueron inicialmente concebidas y gestionadas con el mismo criterio terrestre. Es completamente diferente manejar un sistema terrestre —que es mucho más estático, visible y palpable— que un ambiente marino (…). Desde arriba lo único que vemos es simplemente el mar, pero realmente lo que nos interesa conservar es lo que está debajo de la superficie, y entonces aquí se necesitan criterios muy diferentes para poder hacer esa gestión”, sostiene el biólogo ecuatoriano Fernando Félix, del Museo de Ballenas de Salinas, en la provincia de Santa Elena, quien lleva más de 30 años estudiando mamíferos marinos.
A través de comunicación vía correo electrónico, el MAE señala que la importancia de este mecanismo precisamente “radica en la gestión diferenciada necesaria para manejar las AMCP’s eficiente y eficazmente, para lograr un manejo sostenible de nuestro gran ecosistema marino y no de manera puntual por áreas”.
También indica que “las áreas protegidas marino costeras deben trabajar de forma articulada para lograr cambios a gran escala considerando la dinámica, tamaño de los ecosistemas marino costeros y patrones de especies migratorias en el país y en el mundo” y que si bien cada área marina costera tiene límites establecidos en sus acuerdos de creación, “estas interactúan entre sí, por eso la importancia de trabajar en Red”.
Con esa visión se definieron cuatro propósitos fundamentales de la Red AMCP’s, según se indica en el Acuerdo 030: garantizar la conectividad biológica entre ecosistemas mediante la creación de corredores que promuevan la conservación de las especies y paisajes marinos costeros; conservar la biodiversidad del SNAP en la zona marino costera y generar actividades sustentables; asegurar la operación coordinada y sinérgica de las áreas marinas y costeras protegidas del SNAP para conservar la biodiversidad; y propiciar la integración de las áreas marinas y costeras con su entorno, y la conexión funcional de hábitats, ecosistemas y paisajes marinos y costeros.
Este el marco normativo con el que expertos concuerdan, pero advierten un problema de fondo que se debe solucionar: los vacíos de información en torno a la conservación de la biodiversidad marino-costera.
En el Análisis de Vacíos e Identificación de Áreas Prioritarias para la Conservación de la Biodiversidad Marino-Costera en el Ecuador Continental, publicado por el Ministerio del Ambiente en 2006, se reconoce esta problemática: “En el Ecuador, las investigaciones marinas se han enfocado más en las Islas Galápagos que en la costa continental. Los pocos estudios de la biodiversidad marina de la costa se centran principalmente en los organismos planctónicos o en las especies importantes para la pesca (…) En general, existe poca información sobre los ecosistemas marinos, las condiciones ambientales, los parámetros físico-químicos marinos, los patrones de corrientes, la biología de especies específicas y las amenazas enfrentadas por el medio marino y costero. Esta falta de información actualizada y georreferenciada es el mayor limitante para el diseño y manejo efectivo de una red de áreas marinas protegidas”.
Se trata de un análisis de once años atrás, pero su entramado sigue vigente. Eddy Silva, coordinador nacional del Programa Océanos y Costas de WWF en Ecuador, dice que como no se tiene “una línea base de información en todas las especies y ecosistemas, es difícil establecer indicadores para determinar a ciencia cierta el estado de especies y paisajes marinos”, que hay pocos estudios sobre la condición de las especies y ecosistemas marinos y costeros en el país y que la data que existe sobre ciertos de ellos “puede ser dispersa y hasta desactualizada”.
El primer estudio de vacíos y prioridades de conservación para la biodiversidad terrestre en el Ecuador continental data también del 2006 y fue la línea base de información usada para proponer la creación de la Red de AMCP’s, dice Silva.
Para ese estudio elaborado por el MAE y las organizaciones EcoCiencia, The Nature Conservancy y Conservación Internacional, se dividió al Ecuador en tres subregiones: Costa, Sierra y Amazonía. La identificación de los vacíos y prioridades de conservación se basó en un conjunto de indicadores de biodiversidad integrado por aves, algunos géneros de plantas vasculares, sistemas ecológicos y los humedales lénticos del Ecuador continental, aquellos de agua no corriente y sin influencia directa de mareas como los lagos, o los pantanos.
Lo que se evaluó de la Costa —como adelanta el documento desde su mismo nombre— fue su biodiversidad terrestre: “Los bloques más grandes de vacíos de conservación se concentran en los bosques siempreverdes de la porción oriental de provincia de Esmeraldas, el área de colinas bajas al nororiente de Manabí y los bosques deducidos en la porción occidental de Guayas y Manabí”, se advierte. El aporte a la conservación de la biodiversidad marina de las áreas protegidas de la Costa, en general, no fue estudiado, como también se indica en la segunda edición del trabajo (2013).
Por este tipo de vacíos es que Félix señala que el país tiene “una deuda enorme con la investigación marina”. Y añade: “Casi de ninguna especie que se extrae comercialmente existen evaluaciones de stocks, no se conoce cuántos hay. Toda la gestión de todos estos recursos y ecosistemas debería estar basada en un conocimiento científico, y no existe casi de ninguna especie de este país”.
Aunque enfatiza que “todavía existen muchas deficiencias en la gestión de estas áreas y mucho trabajo que hacer con las comunidades locales para que entiendan el alcance de esta medida”, Félix ve que la Red traerá oportunidades.
Desde su perspectiva, esta iniciativa permitiría involucrar a más especialistas en temas marinos, lo que ayudaría “a tener una mejor comprensión de los procesos ecológicos”. Además, piensa que habrá la oportunidad de “incluir un enfoque terrestre marino más integral, tomando en cuenta que las principales amenazas al ambiente marino vienen de tierra”.
Otra de las oportunidades que menciona Félix es la que conllevaría la descentralización de la gestión de áreas protegidas, “pues esperaríamos que esta red sea manejada desde la Subsecretaría de Gestión Marino y Costera que tiene sede en Guayaquil”.
El artículo 6 del Acuerdo 030 establece que la administración y coordinación de la Red de AMCP’s le corresponderá a la SGMC, para cuyo efecto se realizarán acciones coordinadas con las correspondientes direcciones provinciales.
Aquí, en cambio, Félix ve que habrá desafíos. “El primero será romper la resistencia de la burocracia centralista para dar más autonomía y recursos a la Subsecretaría de Gestión Marino y Costera para gestionar la Red”, dice, al tiempo que incide en la necesidad de trabajar con los municipios costeros para mejorar la gestión, compartir responsabilidades e integrar las áreas protegidas a los planes municipales.
Más allá de los vacíos
El Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 2013-2017, dentro de su séptimo objetivo, planteó como meta aumentar la superficie del territorio marino costero continental bajo conservación o manejo ambiental a 817 000 hectáreas. El MAE indica que considerando que el PNBV define a esta franja hasta los 10 kilómetros del filo costero, al 2017 el país cuenta con una superficie de territorio marino costero bajo conservación o manejo ambiental de 789 640,44 hectáreas, “y se espera a finales del 2017 llegar a los 27 359,56 hectáreas que faltarían para llegar a la meta”.
El país también debe responder a los convenios y tratados internacionales a los que está adherido. Uno de ellos es el Convenio de Diversidad Biológica, por el cual mantiene el compromiso del cumplimiento de las Metas de Aichi. La meta 11 establece que para el 2020 al menos el 10 % de las zonas marinas y costeras se conservan por medio de sistemas de áreas protegidas.
Al respecto, el MAE comenta: “Actualmente Ecuador, incluyendo las Islas Galápagos, tiene 12,03 % de área marina protegida en relación a la zona económica exclusiva nacional. Si tomamos en cuenta únicamente la plataforma continental y el área marina de las AMCP’s, se tiene el 2 % de zona marina continental protegida”. Y agrega: “Existen estudios de vacíos de conservación que demuestran que sí existen más zonas por proteger, sin embargo se debe evaluar mediante información científica”.
Las presiones a la biodiversidad
Tanto para especialistas como para las autoridades ambientales, las mayores presiones sobre la biodiversidad marino costera están relacionadas con actividades humanas productivas: colisiones con embarcaciones, problemas con artes de pesca, contaminación, degradación del hábitat y sobrepesca, que muchas veces está asociada a capturas ilegales. La pesca dirigida hacia los tiburones, por ejemplo, quedó prohibida en 2007 con el Decreto Ejecutivo 486, sin embargo, dice el MAE, estos son atrapados ilegalmente para obtener sus aletas y comercializarlas en los mercados internacionales.
En cuanto a los ecosistemas marinos costeros, a uno que el país ha dedicado “mucho esfuerzo en la protección y uso sustentable” es el manglar. Así lo sostiene el MAE. Félix dice que, en efecto, el manglar se está recuperando, al igual que sus recursos asociados (la concha prieta y el cangrejo rojo). “En el manglar se detuvo ya la tala ilegal que se hizo en la década de los 70 y 80, por parte de los camaroneros. También se han desarrollado instrumentos de gestión. Por ejemplo ahora hay concesiones de manglares para comunidades que tienen la exclusividad del uso de sus recursos y a su vez ellos cuidan que el manglar no se deteriore o que otras personas vengan a hacer uso o abuso de sus recursos”.
Los sistemas coralinos, en cambio, siguen afectados principalmente por la actividad pesquera. “A lo largo de la Costa de Ecuador hay pequeños bajos donde hay arrecifes de coral y estas áreas son áreas normalmente de agregación de especies. Estos bajos están sumamente explotados porque todo el mundo va para allá a poner artes de pesca y redes. Hay basura, hay una cantidad de problemas en estas zonas que los hace cada día menos productivos”, sostiene Félix.
Los vacíos de información también inciden a la hora de evaluar el impacto de esas medidas de conservación. El modelo de gestión de las áreas protegidas es la Evaluación de Efectividad de Manejo (EEM) y abarca temas de planificación, procesos, insumos asignados, bienes y servicios producidos, resultados, monitoreo de biodiversidad, turismo, entre otros indicadores. Eddy Silva explica que aunque ha sido significativa en áreas que son parte del Patrimonio de Áreas Naturales del Ecuador, “esta herramienta de evaluación no permite evaluar el impacto y el estado de conservación de los recursos marinos y costeros”.
El MAE afirma que ya se está trabajando en ello y que la EEM “se ha modificado para las necesidades de las áreas protegidas marino costeras” ya que “permite un análisis comparativo y toma de decisiones a mediano y largo plazo para la gestión de la Red de AMCP’s”.
