En la comunidad Muchik Santa Catalina de Chongoyape continúa el conflicto. Chaparrí, la primera Área de Conservación Privada (ACP) del Perú, sigue siendo la manzana de la discordia entre comuneros y una víctima más de las invasiones ilegales.

Frente al avance de la deforestación para el tráfico de terrenos, un grupo de campesinos y defensores ambientales temen que los bosques pierdan su protección. Han denunciado que campesinos foráneos quieren desaparecer la reserva para vender las tierras.

Otro grupo de comuneros, los acusados de querer lucrar con la tierra de Chaparrí, insiste en la necesidad de ceder terrenos desocupados de la ACP a los miembros de la comunidad para evitar las invasiones.  

Ambas posiciones se manifestaron el 6 de agosto, en una asamblea donde participaron tanto los miembros de la comunidad Muchik Santa Catalina como autoridades y representantes del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

La congresista María Elena Foronda, quien preside la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro-Peruanos, Ambiente y Ecología, sigue de cerca el problema y señaló en una entrevista con Mongabay Latam que no es posible recortar el área de conservación  para el beneficio económico de algunos comuneros. “Hemos participado de la asamblea y ha sido el tercer intento de la comunidad para reducir el área de reserva, no lo han logrado”, refirió la parlamentaria.

Esta amenaza de recorte también la advierte Javier Ruíz, uno de los defensores ambientales de Chaparrí. “Quieren que comuneros de otros sitios aprueben el recorte de la reserva, incluso están ingresando personas de alta peligrosidad. No dicen cuánto quieren recortar, pero está claro que su intención es desaparecer Chaparrí como reserva”, explicó.

Como lo advierten Foronda y Ruíz, algunos comuneros pretenden que en asamblea se apruebe ceder algunos terrenos de Chaparrí. De modo que si la mayoría está de acuerdo se procedería con dicha intención. A simple vista, no se trataría de una ilegalidad porque sería la decisión de la comunidad, la propietaria de la ACP.

¿Se puede recortar un área protegida?

Las más de 34 000 hectáreas de bosque seco de Chaparrí fueron reconocidas como Área de Conservación Privada en el 2001 y en el 2011 se renovó tal reconocimiento y protección. El Estado confió el cuidado de este ecosistema a la comunidad Santa Catalina de Chongoyape.

A través de la Resolución Ministerial 153-2011 MINAM, queda plasmado el objetivo general de la ACP: “Conservar y desarrollar sosteniblemente el ACP Chaparrí, asegurando la conservación de la biodiversidad y servicios ambientales; así como la generación de oportunidades de desarrollo sostenible para la comunidad”.

En el mismo documento se leen las prohibiciones: “No efectuar cambio de uso de la tierra. No realizar actividades que pongan en riesgo los objetivos del área, así como la zonificación  respectiva del área. No desarrollar proyectos de infraestructura que alteren el paisaje”.

Bajo este fundamento legal, la congresista Foronda afirmó que no se puede recortar, ni menoscabar Chaparrí. Y durante la asamblea, frente a los comuneros, los representantes de Serfor y Sernanp lo recalcaron. Chaparrí no se vende.

Lázaro Rodas, actual presidente de la comunidad Muchik Santa Catalina de Chongoyape, dijo a Mongabay Latam que no se pretende recortar el área de la reserva, solo intentan reforestarla y cuidarla de las invasiones. “No es un recorte, quiero aclarar. Hay muchas áreas desocupadas que están despobladas y nosotros queremos dárselas a los comuneros para reforestarlas. No era una intención de recortar para zonas agrícolas, ni para beneficiar a un grupo de empresarios como se está diciendo”.

El dirigente admite que existe tráfico de tierras en Chaparrí. Y considera como una posible solución otorgar a los comuneros de la zona los terrenos en peligro de invasión, para evitar que foráneos o delincuentes ingresen fraudulentamente. “Lo queríamos hacer por grupos, un ejemplo era dar dos hectáreas a cada comunero y que una ong nos ayudara con la reforestación, esa es la intención”, sostuvo Rodas.

Pero Foronda dijo que la comunidad debe respetar el uso de la ACP, no se puede hacer otra actividad más que la conservación. “No se permitirá ningún tipo de modificación del área, no pueden hacer un cambio de uso, eso sería un delito”, sentenció. Por su parte, Rafael Velázquez, representante del Serfor en Lambayeque, consideró que hay mucho conflicto y “mentira” entre los integrantes de la comunidad, debido al destino de Chaparrí.

Defensoría del Pueblo también estuvo presente en la asamblea. Julio Hidalgo, representante de dicha entidad, aclaró que la comunidad Muchik Santa Catalina no tiene la autoridad para hacer modificaciones. “No puede haber una disposición a través de una asamblea sobre las áreas de Chaparrí ni recortarlas ni disponer de ellas”, dijo.

Javier Ruíz explicó que hacer un recorte en Chaparrí, supone iniciar nuevamente los trámites para crear una nueva ACP. Primero la comunidad debe decidir cambiar su estatuto, es decir describir las intenciones y objetivos que tienen para el área de conservación. Para ello el 70% de sus integrantes tendrían que estar a favor de dicho cambio y solicitar al Sernanp la creación de la nueva área a través de un expediente técnico que detalle cuáles serían los espacios de conservación. Si es que Sernanp y el Ministerio del Ambiente lo aprueban, entonces se publica una Resolución Ministerial que reconoce la nueva ACP.

Hasta el momento, ninguno de los pasos descritos por Ruíz se ha cumplido.

Ruíz recordó que en la última inspección que hicieron Serfor y Sernanp en junio pasado, se confirmó la deforestación de más de 20 hectáreas, en el sector Yaipon, que fueron arrasadas con maquinaria pesada. En total más de 1000 hectáreas han sido deforestadas en Chaparrí, así está registrado en la denuncia que hizo el comunero Juan De Dios Carrasco, uno de los hombres que vigila constantemente la reserva.

¿Chaparrí, un proyecto de agricultura?

La construcción del reservorio La Montería es la otra preocupación. Javier Ruíz precisó que se pretende construir en el sector 1 de la ACP, de modo que alrededor de 5000 hectáreas serían destruidas para tal fin. Rodas descartó que tal proyecto tuviera lugar dentro del área protegida, detalló que se ubicaría en una zona fuera de los límites protegidos.  

Y en la última asamblea se habló de aquello. La congresista Foronda detalló que según los estatutos de la ACP no se puede construir ningún tipo de infraestructura dentro de Chaparrí. Implementar una represa supone que cerca de ella podrían habilitarse campos para el cultivo. El temor de algunos pobladores de la comunidad de Chongoyape es que con el inicio de este proyecto, el tráfico de tierras se salga de control y Chaparrí se ponga a la venta.

“El proyecto del reservorio La Montería, tal y como está diseñado, no va”, enfatizó la parlamentaria Foronda. Y por su parte, Lázaro Rodas aclaró que dicha represa no beneficia a la comunidad y por lo tanto también se opone al proyecto.

Entre las intenciones de modificar Chaparrí y la polémica por la construcción de un reservorio, las denuncias de deforestación y los reportes de incendios forestales continúan. El último ocurrió el mismo día de la asamblea. El próximo 18 de agosto se realizará una nueva reunión. Por ahora el bosque seco de Chaparrí sigue en pie.

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Alexa Editor/a

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