- El informe final de la comisión del Congreso de la República que investigó los derrames de petróleo concluye que empresas a cargo de la remediación ambiental no contaban con experiencia y se beneficiaron de montos millonarios.
- La investigación parlamentaria señala también que no se han encontrado indicios de que las comunidades indígenas hayan provocado algunos de los derrames, como se dejó entrever cuando Petroperú responsabilizó a terceros.
Luego de nueve meses, una comisión del Congreso de la República encargada de investigar y determinar las responsabilidades detrás de los últimos derrames de petróleo ocurridos en la Amazonía peruana, por problemas presentados en el oleoducto de la empresa estatal Petroperú, concluyó que existen indicios de corrupción en los procesos de contratación de las empresas encargadas de atender los desastres ambientales.
Este es uno de los tantos hallazgos que figuran en el informe final de la comisión investigadora, la misma que ha establecido que se derramaron por lo menos 25 000 barriles de petróleo en los últimos 9 años, es decir, alrededor de 4 millones de litros de crudo vertidos en la Amazonía. En muchos casos, estos derrames afectaron las únicas fuentes de agua de diferentes pueblos indígenas, ubicados principalmente en los departamentos de Loreto y Amazonas.
La gravedad de las evidencias encontradas ha llevado a que la comisión del Congreso recomiende que tanto el Ministerio Público como la Contraloría General de la República “investigue, sancione e identifique a quienes resulten penalmente responsables por el presunto delito de colusión y otros que la investigación fiscal determine”. El congresista César Villanueva (Alianza para el Progreso), quien encabezó el trabajo de esta comisión, señaló ayer que lo encontrado “evidencia posibles delitos y hechos de corrupción o cuando menos intolerable incapacidad de funcionarios de Petroperú”.

La labor de la comisión empezó con la meta de investigar los trece derrames de petróleo registrados en el 2016, pero se vio obligada en el camino a extender su trabajo hasta los incidentes ocurridos en el 2013, luego de detectar hechos irregulares. El informe final en mayoría que fue presentado ayer en el pleno del Congreso es suscrito por los parlamentarios María Elena Foronda (Frente Amplio), Jorge Meléndez (Peruanos por el Kambio) y Armando Villanueva (Acción Popular).
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Indicios de corrupción
Para la comisión parlamentaria, desde hace varios años empezó a gestarse un escenario de vacíos legales y poca previsión dentro de la administración de la empresa Petroperú, lo que propició que se contrataran, por ejemplo, empresas sin experiencia para realizar trabajos tan delicados como las remediaciones ambientales tras los derrames de petróleo, así como no considerar en las pólizas de seguro la cobertura total de los daños causados por estos desastres ambientales.
El informe final añade que Petroperú ha tratado de justificar la contratación de estas empresas sin experiencia señalando que era una situación de emergencia y estas se encontraban disponibles para operar. Sin embargo, la comisión encontró que desde el 2008 Petroperú no contaba con una base de proveedores calificados porque eliminó este requisito de su reglamento interno. Para la comisión, este es un indicio de que la empresa estatal petrolera ha hecho un mal uso de las contrataciones directas.
Esta acusación cobra mayor relevancia cuando se detallan las características de las empresas que atendieron las emergencias. La comisión ha encontrado que existen seis empresas que solo tenían meses de haber sido creadas y que contaban con un capital mínimo, a pesar de haber sido contratadas por sumas millonarias para realizar los trabajos de limpieza tras los derrames de crudo registrados en la Amazonía peruana. Todas estas contrataciones fueron posibles porque, hasta julio de 2017 y amparados en la emergencia, los funcionarios de Petroperú tuvieron la libertad de asignar a discreción los trabajos a cualquier empresa.

Una de ellas fue Benites Servicios Industriales EIRL, representada legalmente por Carlos Eduardo Benites Guevara, que fue la primera empresa que contrató Petroperú para atender el derrame ocurrido el 21 de setiembre del 2013, en el kilómetro 504 del oleoducto, cerca de la provincia de Bagua. Benites Servicios Industriales no tenía experiencia, fue creada tan solo dos meses antes del desastre y fue contratada por S/192.418, cerca de 60 000 dólares. Al año siguiente, el monto asignado aumentó considerablemente hasta alcanzar la suma de S/4 604 962, cerca de un millón y medio de dólares, para remediar el derrame ocurrido en Cuninico.
Cuando la comisión pidió que se justificara esta contratación, Petroperú señaló que el representante legal, Carlos Benites, “había realizado este servicio en repetidas oportunidades a través de otras empresas con personal idóneo y a satisfacción de Petroperú”. Sin embargo, cuando se le pidió a la empresa petrolera estatal que detalle la experiencia de este proveedor en años anteriores, señaló que participó en seis contratos como administrador, mas no como un profesional con experiencia en remediación.
Para la comisión no existe un sustento para que Petroperú contrate una empresa con tan poca experiencia y que esta se beneficie de sumas millonarias. “Se presume que esta improvisación no fue casualidad, ya que el oleoducto siempre estuvo expuesto a riesgos de derrames. Petroperú debió contar a esa fecha con una lista de empresas con experiencia, solvencia económica y técnica para intervenir oportunamente en estos siniestros”, dice el informe.
Como agravante, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) advirtió que en Cuninico se denunció la contratación de menores de edad para las labores de recojo de crudo y recomendó que la empresa Benites Servicios Industriales EIRL sea multada por S/.760 mil (US$ 235 mil). Luego de esta advertencia, la empresa cesó sus operaciones pero constituyó una nueva a la que llamó Servicios y Representaciones Generales Benites EIRL.
Esta nueva empresa volvió a ser contratada por Petroperú para realizar otros trabajos de remediación ambiental y por un monto de S/.55 millones (US$ 17 millones).

Son estos indicios los que llevan a la comisión investigadora a recomendar que el Ministerio Público abra una investigación por los presuntos delitos de colusión y por la posible existencia de una organización criminal.
Además de estas irregularidades, el informe final de la comisión investigadora del Congreso deslinda que las poblaciones indígenas hayan estado detrás de los supuestos sabotajes al oleoducto denunciados por Petroperú “No se han encontrado indicios razonables para establecer responsabilidades en las comunidades nativas frente a los derrames de petróleo. (…) Incluso Petroperú señaló que no existe evidencia de que las primeras contrataciones de las empresas locales fueran por presión de las comunidades”.
Esta conclusión cobra importancia tomando en cuenta que la empresa estatal petrolera ha responsabilizado de varios de los derrames de petróleo a terceros. Y a este panorama hay que sumar que muchos de los pobladores de las comunidades afectadas trabajaron en las tareas de limpieza por montos los S/ 150 soles diarios (US$ 46), mientras las empresas sin experiencia encargadas de atender los derrames, como lo señala el informe final, cobraban montos millonarios.

Villanueva fue más allá y señaló ayer en el Congreso que lo hallado los ha llevado a presumir que existen actos de corrupción. “Los funcionarios encargados de atender estas emergencias ambientales habrían concertado contrataciones directas con los representantes legales y dueños de empresas para beneficios personales indebidos, presumiendo incluso la posible existencia del delito de colusión”, manifestó.
Para Alicia Abanto, adjunta para el Medio Ambiente y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, si se comprueban estos actos de corrupción en Petroperú se demostraría que fueron causantes directos del daño ambiental en la Amazonía, porque se crearon incentivos económicos perversos para que sigan ocurriendo derrames.
“La gestión que ha realizado Petroperú demuestra una irresponsabilidad tremenda para evitar los desastres. Lo preocupante es si esa mala gestión ha estado vinculada a los intereses particulares de funcionarios en la empresa”, dijo Abanto.

En tanto, Beatriz Alva Hart, gerente corporativa de Gestión Social y Comunicaciones de Petroperú, aseguró a Mongabay Latam que se están revisando todas las empresas que han sido contratadas para trabajos en el oleoducto. “Estamos analizando las estructuras de constitución de las empresas. Ya tenemos una lista de empresas hábiles para poder contratar”, señaló.
Cuando se le preguntó por qué no elaboró una lista similar en los años anteriores, dijo que “es algo que se está revisando”. “Si hay que sancionar, se sancionará. Mientras tanto hemos pedido oficialmente el informe para revisarlo y presentaremos nuestra posición sobre las conclusiones”, agregó.
Planes de seguridad desactualizados
La comisión también reveló que el plan de contingencia que Petroperú presentó al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), luego del primer derrame del 2013, era de enero del 2008, estaba desactualizado. Es decir, la petrolera no había cumplido con actualizar este instrumento diseñado para atender emergencias ambientales, algo que el OEFA señaló en un informe técnico de febrero del 2014.
La respuesta de Petroperú ante esta falta fue que “la gerencia del oleoducto no actualizó el plan de contingencia porque no contaba con un estudio de riesgos elaborado por profesionales, tal y como lo establece la ley”. Para la comisión, esto denota una desidia de parte de la empresa estatal.
“De haber contado con un plan de contingencia actualizado, Petroperú habría definido explícitamente el perfil de las empresas calificables para la atención de los derrames”, señaló la comisión.

El informe también hace un recuento de otras obligaciones que Petroperú no cumplió, como ejecutar de manera oportuna su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), al no realizar inspecciones de corrosión y pérdida de espesor del ducto entre 1999 y el 2015, por lo que fue multada con S/.10 millones (más de US$3 millones) por el OEFA.
Tampoco cumplió con la ejecución adecuada de su plan de mantenimiento. De acuerdo con el informe, en el 2014 las tareas de monitoreo del estado de corrosión del ducto solo se ejecutaron al 12 % y las de mantenimiento al 38 %, es decir, no se realizaron en su totalidad. Por último, se menciona que no se adoptaron medidas de seguridad permanentes para vigilar el oleoducto, pese a que Petroperú denunció que varios de los derrames fueron causados por terceros y no por fallas en el ducto.
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Desastre ambiental débilmente atendido
Otro de los grandes problemas que aún no tiene una solución integral es el daño ambiental que han dejado los derrames en la Amazonía peruana ocurridos en los últimos años. En un cálculo realizado por la comisión investigadora, se concluyó que las pérdidas por el daño causado al medio ambiente y a la biodiversidad ascienden a más de S/ 271 millones (US$ 84 millones) entre el 2008 y el 2016. Sin embargo, a esto debe sumarse los S/434 millones antes mencionados que Petroperú destinó para limpiar los derrames del 2014 al 2016, y otros S/ 274,5 millones perdidos ante la paralización de las actividades del Oleoducto Norperuano por estos desastres desde el año pasado.
Así, las pérdidas económicas ocasionadas por los derrames es de al menos S/979,5 millones, más de 300 millones de dólares. Sin embargo, la cifra sería mayor porque por cuestiones geográficas, el cálculo solo se ha hecho en el Tramo I y en el Ramal Norte del Oleoducto. Calcular el desastre ambiental ocurrido en el Tramo II del tubo —donde han ocurrido gran parte de los derrames— implica otro tipo de análisis que el propio Estado ha fallado en realizar, de acuerdo con el informe de investigación.

Alicia Abanto señaló que sí existe una normativa vigente en el OEFA para determinar el costo del daño ambiental causado por una actividad, con la cual se establecen las multas a la empresa responsable. Sin embargo, estas cifras no se han hecho públicas hasta la fecha.
Para la comisión parlamentaria, este desconocimiento público de los daños reales ha trasladado sus costos a las poblaciones indígenas afectadas. “Estas asumen directamente los efectos de la pérdida de recursos alimenticios, hídricos y de otros servicios ecosistémicos”, señala el documento. Esto se suma a la “escasa y limitada información del impacto de los derrames de petróleo sobre la salud pública de las comunidades”, donde se resalta la inacción del Ministerio de Salud para resolver la emergencia sanitaria en 70 comunidades indígenas de Loreto.
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Desenlace
Ayer, el congresista César Villanueva leyó las principales conclusiones y recomendaciones de este informe en el Pleno del Congreso. Al término de esto, el presidente del Legislativo, Luis Galarreta, decidió que el debate para la aprobación de este informe se realizará la próxima semana, donde también se expondrá el informe en minoría suscrito por los congresistas de Fuerza Popular María Melgarejo y Miguel Castro. Cuando termine la discusión en el pleno, se entregarán las pruebas recogidas al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República para que puedan abrir investigaciones.
Villanueva dijo ayer que la comisión comparte la opinión de que el Oleoducto Norperuano no puede ser rentable en las actuales condiciones y que preocupa que tenga planes para reiniciar sus operaciones en estos términos. “Continuar así solo garantizará el fracaso del oleoducto y de inversiones como la modernización de la refinería de Talara o la explotación del Lote 192”, indicó.
Foto de portada: Copyright © Daniel Martínez-Quintanilla. Imagen que forma parte de la campaña Estado Tóxico de Amnistía Internacional.