24 países de Latinoamérica sellan acuerdo para proteger a defensores ambientales

La fotografía de Berta Cáceres –indígena hondureña asesinada hace dos años por enfrentarse a un polémico proyecto hidroeléctrico– destacaba en la mesa de negociaciones en la que se aprobó el Acuerdo regional sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia ambiental, conocido también como Principio 10.

La presencia de la imagen de la activista ambiental asesinada, un 3 de marzo de 2016, resumía uno de los aspectos más sensibles de este tratado internacional que se refiere a las medidas especiales que deberían adoptar los gobiernos para la protección de los defensores ambientales en América Latina, la región con más ambientalistas asesinados en el año 2017, según el último informe de Global Witness.

Este tratado, denominado Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, fue aprobado el domingo 4 de marzo, en Costa Rica, por 24 países de Latinoamérica y El Caribe.

Los compromisos relacionados con la protección de los defensores ambientales se exponen en el artículo 9 del también llamado Acuerdo de Escazú –por el lugar donde se realizó la reunión.

En este artículo titulado Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales se precisa que cada país “garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.

También indica que se tomarán las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales; así como las medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones.

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Un largo camino

“Se trata de un momento histórico para América Latina y el Caribe. Los países de la región tienen la oportunidad de aprobar un acuerdo de derechos ambientales jurídicamente vinculante que no solo ayudará a prevenir y castigar los ataques contra los defensores del medio ambiente, sino que también facilitará que millones de personas accedan a información ambiental y participen en la toma de decisiones que afectan sus vidas”, señaló Carole Excell, directora de la Oficina de Democracia Ambiental en el World Resources Institute.

El proceso para llegar a este acuerdo empezó hace seis años, relató Excell a Mongabay Latam. “Hemos llegado al final de una negociación importante porque se trata de la primera vez que países en vías de desarrollo toman un acuerdo que se concentra específicamente en los derechos ambientales, la participación ciudadana y el derecho a la justicia”, agregó.

Por su parte, la chilena Andrea Sanhueza Echeverría, representante del público para el Principio 10, precisó que “este convenio cambiará las reglas del juego sobre cómo se toman las decisiones en los asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Una vez que entre en vigor la ciudadanía podrá ser parte de las decisiones sobre proyectos y políticas que los afectarán”

En las negociaciones participan representantes de los gobiernos y de la sociedad civil, éstos últimos se denomina representantes del público.

Sanhueza destacó que se trata de un acuerdo vinculante, es decir, que los gobiernos deberán cumplirlo una vez firmado y ratificado en cada uno de sus países. “La región ya había avanzado bastante en materia de acceso a la información pública, pero en cuanto a participación ciudadana, nuestros países tienen mecanismos aún muy pobres”, explicó.

Recordó también que en el 2012 se firmó el primer documento que sentaron las bases para el acuerdo suscrito el último domingo. En ese entonces fueron 10 países los que se comprometieron en este proceso de democracia ambiental. Luego, en el 2016, empezaron las negociaciones que culminaron este fin de semana.

En cuanto a los acuerdos destinados a la protección de los defensores ambientales, Sanhueza dijo que “será el primer tratado internacional en el mundo que reconozca la situación que están viviendo estas personas y que ofrezca garantías para su mejor protección”.

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Compromiso de las naciones

Para que entre en vigor el tratado, los países que hasta ahora han formado parte de las negociaciones tienen que firmar y ratificar el tratado. Su entrada en vigencia depende de que 11 de los 24 gobiernos de las naciones que aprobaron el acuerdo lo ratifiquen en sus respectivos países.

Se espera que los países comprometidos lo firmen dentro del plazo establecido que va de setiembre de 2018 hasta setiembre de 2020. A partir de esta fecha, deberán pasar 90 días para que entre en vigor en cada nación que ratificó el acuerdo.

Desde Jamaica, la abogada Danielle Andrade, del estudio de abogados Goffe y representante de la sociedad civil de ese país caribeño, consideró que “este tratado logrará fortalecer sus leyes, especialmente aquellas que permiten al público participar en las decisiones que afectan el medio ambiente”.

Expresó que los representantes de su gobierno siempre se inclinaron por aprobar un acuerdo que puedan firmar y ratificar, por lo que considera que Jamaica será uno de los países que se adherirá al mismo.

Por su parte, voceros del Ministerio del Ambiente peruano, señalaron a Mongabay Latam que durante todo el proceso de negociación, Perú ha estado a favor de que sea un acuerdo jurídicamente vinculante. Explicaron que este instrumento tiene que ser presentado ante el Congreso de la República, por tanto, corresponde a ese poder del Estado la ratificación de este instrumento y su incorporación al sistema normativo.

Explicaron también que Perú, junto con Costa Rica y Paraguay, respaldó la propuesta de que se reconozca el término “defensores de derechos humanos en materia ambiental”.

Desde el Ministerio del Ambiente indicaron que en Perú se ha avanzado en ese ámbito, pues el 31 de enero de este año se aprobó, mediante decreto supremo, el Plan Nacional de Derechos Humanos 2017-2021, que entre sus lineamientos estratégicos considera el diseño y ejecución de políticas a favor de los grupos de especial protección, como los defensores de derechos humanos. En ese contexto, el Estado peruano está comprometido en generar un registro de situaciones de riesgo de defensores de derechos humanos e implementar un mecanismo para su protección.

“Es nuestro acuerdo más importante en la región que fortalece la democracia ambiental, eso es lo importante puesto que ha demandado compromiso, seriedad, liderazgo en la vicepresidencia de la mesa directiva del acuerdo. Partimos de la premisa de que no podemos tener miedo a la participación y que necesitamos consolidar mecanismos para su defensa y protección, pero sobre todo, para que puedan acceder a la justicia ambiental”, señalaron a Mongabay Latam desde el Ministerio del Ambiente.

En la reunión de Costa Rica estuvo presente el Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales de Perú, Fernando León Morales.  

Isabel Calle, directora del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, señaló que se trata de un instrumento internacional que regula los estándares para el acceso a la información y justicia ambiental en América Latina y El Caribe.

Mencionó que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) actuó como secretaría técnica de este proceso y que impulsó la participación de la ciudadanía y la implementación de la intervención pública.

Boletín de noticias y alertas

Destacó que el Perú ha logrado avances en el tema de derecho ambiental, pero que también quedan muchos retos. Mencionó logros como el Pacto de Madre de Dios por la Justicia Ambiental y la creación del Primer juzgado especializado en delitos ambientales de Madre de Dios.

Agregó que el artículo que se refiere a las medidas apropiadas, efectivas y oportunas que deben tomar los gobiernos para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones a los defensores ambientales fue el que generó más debate porque al ser un tratado vinculante obliga a los estados a plasmar el acuerdo en acciones concretas.

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Discrepancias en la aprobación del tratado

Natalia Gómez, responsable de Democracia Ambiental de la ONG Asociación Ambiente y Sociedad, quien también estuvo presente en las negociaciones, se refirió a la participación de su país, Colombia, que ha sido criticado por mostrarse en contra de algunos acuerdos.

Al respecto, dijo que si bien Colombia firmó el documento base en el 2013, en las últimas negociaciones “ha sido regresiva”.

Gómez señaló que en la negociación de Costa Rica, Colombia retrocedió en dos temas, una de ellos se refería al comité de seguimiento que proponía que cualquier ciudadano pueda vigilar y comunicar a este comité sobre el cumplimiento del tratado en su país, y Colombia pidió que se borrara ese artículo. “También México adoptó esta posición, pero después de negociaciones se llegó a un consenso, pero se excluyó el párrafo de que se pueda recibir comunicaciones acerca del cumplimiento del acuerdo”.

Otro tema cuestionado por el gobierno colombiano estuvo relacionado con el pedido de que se incluya un artículo que permita a los gobiernos tener reservas. Con ello, cada gobierno tendría la posibilidad de firmar el acuerdo pero podría elegir qué artículos del tratado acepta y en cuáles se mantiene al margen y no los adopta para su país. Así cada país hubiera podido elegir cómo se aplica el acuerdo en su territorio, explicó la experta en democracia ambiental.

Sin embargo, esta oposición no prosperó y el Acuerdo de Escazú ha sido aprobado excluyéndose cualquier reserva. “Los compromisos medioambientales y de derechos humanos siempre han sido aprobados con la exclusión de las reservas”, menciona Gómez.

En opinión de Natalia Gómez “Colombia ha retrocedido en estos temas porque, a pesar de que en nuestra Constitución tiene muchos mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental, actualmente está pasando por una crisis ya que cada vez más comunidades realizan procesos de consulta previa para la explotación minera en su territorio y creo que al gobierno le preocupa esta situación”. No obstante, Gómez espera que su país sea uno de los que firme y ratifique el acuerdo.

Si bien cuestionó que no se logró todo lo que los participantes de la sociedad civil esperaban, considera que se trata de un avance y de una esperanza porque se ha logrado que en un tratado internacional se hable de los defensores ambientales y los gobiernos se comprometan para proteger su labor. No obstante, mencionó el contexto político en algunos países como Costa Rica, Chile y Colombia, que este año están en elecciones y, por lo tanto, la ratificación dependerá del nuevo gobierno.

Precisó que el reconocimiento expreso que se hace a los defensores ambientales es muy importante porque ahora se cuenta con un tratado que los reconoce. Entre las acciones específicas que deben asumir los gobiernos menciona el reconocimiento a su labor, la no criminalización de sus acciones, la garantía del acceso a la información, puesto que en muchos casos los conflictos socioambientales se originan por la falta de información sobre los proyectos que se realizarán en su comunidad.

Vanessa Cueto, coordinadora para la gobernanza y gestión ambiental de la ong peruana  Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, explicó que la cláusula referente a los defensores ambientales no estaba considerada al inicio de las negociaciones y que fue la sociedad civil la que impulsó que se incorpore.

También se refirió a las posiciones de Colombia y México para incluir una disposición relacionada con las reservas. “Esta situación fue muy preocupante pero finalmente no se aprobó y el gobierno peruano votó a favor que no se incluya el artículo de la reserva”.

Cabe mencionar que Colombia y México están entre los países con mayor cantidad de asesinatos y amenazas a ambientalistas, según el reporte de Global Witness de 2017, por ello, su pedido de que el acuerdo permita a los países no ratificar algunos artículos preocupaba a los otros gobiernos y ambientalistas que asistieron a la reunión de Costa Rica.  

Cueto dijo que esperan que el Congreso de la República peruano ratifique el acuerdo y que con las medidas que se adopten dentro de este marco se pueda reducir la conflictividad social y los ataques a los ambientalistas.

Agregó que el derecho a la transparencia en la información muchas veces no es tomado en cuenta pero que es importante el acceso oportuno de parte de la población para evitar la vulneración de otros derechos “Es un tema que se vulnera todos los días no solo en los procesos de consulta previa, sino en los procesos de estudio de impacto ambiental para megaproyectos. Es importante que las poblaciones locales cuenten con información oportuna desde la promulgación del proyecto de inversión y esperamos que uno de los efectos sea la reducción de los conflictos ambientales”, precisó.

El primer paso está dado, ahora toca a los gobiernos ratificar el acuerdo para que el documento firmado en Costa Rica se plasme en acciones concretas en la defensa de los derechos ambientales.