- La Estación Experimental Caparo abarca 7000 hectáreas de la reserva forestal del mismo nombre en Barinas. Ahí se protege una de las últimas extensiones existentes del bosque llanero colombo-venezolano, hábitat del mono araña marrón, uno de los 25 primates más amenazados del mundo.
- En enero, 200 miembros de la Cooperativa Embajadores de Cristo 777 invadieron la Estación Experimental y continúan allí, pese a órdenes judiciales y promesas del Estado.
CAPARO, Venezuela: El 5 de enero de 2018, unas 200 personas pertenecientes a la Cooperativa Embajadores de Cristo 777, o CEC 777, invadieron la Estación Experimental Caparo dentro de la Reserva Forestal de Caparo en el municipio de Ezequiel Zamora, en el estado de Barinas, cerca de la frontera con Colombia.
La reserva está ubicada en la orilla sur del río Caparo, en la meseta interior del occidente de Venezuela, en la base de los Andes. La Estación Experimental protege una de las últimas extensiones existentes más grandes del bosque llanero colombo-venezolano. También es el hogar del mono araña marrón o multicolor (Ateles hybridus), uno de los 25 primates más amenazados del mundo.
La cooperativa invasora reclamó inmediatamente la propiedad de una porción de la Estación Experimental, tierra gestionada por la Universidad de los Andes, o ULA, y la porción más intacta biológicamente de la degradada Reserva de Caparo.
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Una reclamo de tierras reivindicado y negada
La comunidad de la CEC 777 justificó su ocupación al invocar la doctrina de “tierras ociosas”, decreta como ley en el 2001 por el gobierno nacional, la cual permite a las comunidades organizadas tratar de obtener la propiedad de tierras de cultivo en desuso para fines agrarios y solicitar créditos estatales para la producción de alimentos.
Los invasores dicen que su reclamo —que expulsaría a la comisión de profesores y estudiantes de la ULA, además de a los oficiales de la Guardia Nacional de Venezuela— estaba basado en un documento de diciembre de 2017 en el que se solicitaba un permiso de ocupación que fue presuntamente firmado por el Instituto Nacional de Tierras de Venezuela (INTI).
La comunidad de la CEC 777 sostiene que el documento les permite entrar en la reserva, construir viviendas y plantar café y cacao, siempre y cuando no impacten en el medio ambiente del lugar, dijo José Rafael Lozada, profesor de ecología de la ULA presente durante una visita de las autoridades militares y civiles a la ocupación el 22 de febrero y que fue entrevistado por Mongabay.
El 31 de enero, el Tribunal Penal de Primera Instancia de Barinas ordenó el desalojo de la comunidad de la CEC 777, una orden dictada en respuesta a una petición del fiscal César Mendoza Bencomo, con jurisdicción ambiental nacional. En la sentencia, el Ministerio de Ecosocialismo, los comandantes regionales militares y el decano de la ULA Darío Garay Jerez fueron reconocidos como los controladores legítimos de la Estación Experimental Caparo y tienen derecho a prohibir los asentamientos permanentes, al tiempo que supervisan la conservación de la flora y la fauna.
Anteriormente, el 8 de enero, el ministro de Ecosocialismo y Agua Ramón Velásquez, publicó una confirmación en su cuenta de Twitter en la que decía que el desalojo había sido efectuado. Incluso añadió fotos del presunto desalojo mientras era llevado a cabo por el ejército. Sin embargo, los invasores permanecieron en las tierras, incluso después de que el ministro visitara la comunidad a finales de abril. En ese momento, prometió a los ocupantes ilegales otra propiedad si desocupaban la Estación Experimental.
En la actualidad, según los funcionarios, los ocupantes ilegales siguen en las tierras y son una amenaza para la supervivencia del bosque de la Estación Experimental.
Mongabay también tuvo acceso a una resolución de la Oficina Regional del INTI, con fecha del 29 de enero de 2018, que niega la concesión del permiso a los invasores. Ese documento declara “inadmisible” la petición de la comunidad de la CEC777 porque el bosque Caparo ha sido un “Área Bajo Régimen de Administración Especial” (ABRAE) desde 1961. Según el documento del INTI, la petición de la comunidad también fue desbancada por un comodato de las tierras de la reserva en 1982 a la Universidad de Los Andes para la investigación científica.
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Una historia de deforestación y degradación
La Reserva Forestal de Caparo fue creada en 1961, con una extensión de 184 000 hectáreas (455 000 acres), con el fin de que se llevara a cabo tala sostenible mediante concesiones otorgadas por el gobierno a empresas privadas. Sin embargo, este objetivo nunca llegó a cumplirse.
A lo largo de los años, los agricultores de las comunidades de los alrededores invadieron la reserva y la degradaron a través de la agricultura, los incendios y el robo de los productos madereros. Un estudio cartográfico y por satélite publicado en el 2011 por Hernán Maldonado del Instituto Forestal de América Latina, junto con Alexander Parra y Angnes Aldana de la Universidad de Los Andes, encontró que la reserva original perdió el 62,5 % de su cubierta forestal entre 1987 y el 2007, o una media de 4,798 hectáreas, o el 3,2 %, al año.
La Estación Experimental Caparo está ubicada dentro de la reserva y comprende 7000 hectáreas (17 300 acres) de bosque continuo, que ha estado bajo la administración de la ULA desde 1982 con el propósito de desarrollar investigación científica, a la vez que permite algo de tala. Sigue siendo la porción de la reserva más intacta.
El profesor Wilfredo Franco, coordinador de la Estación Experimental en el 2012, dijo que en ese momento, el 90 % de la Reserva Forestal de Caparo estaba cubierta en pastizales y matorrales, mientras que 14 000 hectáreas (34 600 acres) todavía estaban cubiertas en bosque autóctono. La mitad estaba dentro de la Estación Experimental Caparo protegida por la ULA y el resto en un centenar de fragmentos dispersos de bosques pequeños, la mayoría de los cuales se espera que desaparezcan en los próximos años.
Los investigadores están de acuerdo en que la reserva ha sido seriamente degradada por los numerosos incendios y la bisección de una carretera, la cual ofrece acceso a los cazadores furtivos y los intrusos. “Los incendios tienen lugar, principalmente, durante la estación seca, entre enero y marzo. Casi todos son provocados por los agricultores para despejar los pastos. Pero es habitual que se descontrolen, lo que a veces ha afectado a las áreas forestales [de la Estación Experimental] bajo el cuidado de la ULA”, explicó Diana Duque-Sandoval, directora del Proyecto Mono Araña en Caparo, que desde diciembre del 2017 ha recibido financiación del Zoo de Auckland, Australia, y del Fondo de Conservación de Especies Mohamed bin Zayed, para una variedad de proyectos de investigación.
Desde esa fecha, la Estación Experimental ha sido vigilada por un guardaparques con una moto. Fue él quien dio el primer aviso de la invasión de la CEC 777, cuando vio a miembros de la comunidad que cazaban un jaguar, talaban árboles para viviendas y limpiaban áreas para conucos, parcelas pequeñas destinadas al cultivo.
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Una amenaza para las especies en peligro
Por degradada que esté, la Reserva Forestal de Caparo es ecológicamente importante. La zona protegida, sobre todo la Estación Experimental, es hogar de, al menos, 248 especies de aves, 30 anfibios y 60 mamíferos, entre ellos el jaguar (Panthera onca), el puma (Puma concolor), el ocelote (Leopardus pardalis), el oso hormiguero gigante (Myrmecophaga tridactyla) y el danta (Tapirus terrestris). Aquí viven tres especies de primates: el mono araña marrón o multicolor (Ateles hybridus), el capuchino de frente blanca (Cebus albifrons) y el mono aullador rojo (Alouatta seniculus).
La invasión de la comunidad de la CEC 777 “es muy preocupante para el mono araña (Ateles hybridus), registrado como en Peligro Crítico de Extinción en la Lista roja de la UICN y en la Lista Roja de Venezuela de especies amenazadas”, explica Duque-Sandoval.
Varios grupos de monos araña, que representan una importante población para la región de Llanos, se encuentran dentro de la Estación Experimental Caparo. Ocupan un área de un tamaño suficiente para sustentar una población viable a largo plazo, dicen los investigadores. El resto de la reserva incluye fragmentos de bosque pequeños también ocupados por los monos araña, pero son zonas demasiado pequeñas para su supervivencia a largo plazo.
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Un conflicto permanente
A la espera de un nuevo lugar donde asentarse prometido por el gobierno, los miembros de la comunidad de la CEC 777 continúan ocupando tres campamentos improvisados y una cabaña del Ministerio de Medioambiente arruinada dentro de la Reserva Forestal de Caparo y la Estación Experimental, con entre 30 y 40 personas acampadas en cada campamento, dijo Lozada, que ha impartido ecología y Evaluación del Impacto Ambiental desde 1996.
Mongabay entrevistó a Miguel Padilla, uno de los intrusos de la CEC 777. Afirma que la comunidad tiene derecho a las tierras como está establecido bajo la Constitución de Venezuela. Admite que la comunidad continúa ocupando cuatro puntos en los márgenes de la reserva. “Sabemos que esta es una zona protegida, pero solo en teoría”. Argumenta que las tierras ocupadas ya no están dominadas por la vegetación autóctona. “Hemos encontrado cultivos de cacao, operaciones madereras abandonadas y árboles de teca, los cuales no son endémicos”, dijo Padilla.
Esta ausencia de vegetación autóctona intacta es una crítica característica presentada contra la administración continuada de las tierras de la Estación Experimental por los investigadores de la ULA. Lozada responde que Caparo es un experimento de la madera sostenible en curso y conocido, que utiliza árboles de teca exóticos de rápido crecimiento con la esperanza de una recuperación ecológica. Señala casos exitosos de restauración probados en Uverito e Imataca, donde hizo su trabajo de doctorado. La Estación Experimental también es importante porque es usada para la educación de los estudiantes de Ingeniería Forestal de la ULA.
Padilla, miembro de la comunidad de la CEC 777, acusa a la ULA, a los funcionarios locales del ministerio, a las autoridades civiles y a los comandantes militares regionales de corrupción y conspiración contra los colonos. Solicita que la Asamblea Constituyente Nacional envíe un comité de inspección para que escuche las denuncias de los ocupantes ilegales y que le quite la administración de la reserva a la ULA.
Durante años, el Consejo de la Universidad de la ULA ha llevado a cabo proyectos de la agrosilvicultura en cooperación con los anteriores invasores de las tierras que recibieron la aprobación del ministerio para permanecer en las tierras de la reserva. Sin embargo, el 26 de enero de 2018, la ULA solicitó oficialmente el desalojo de la comunidad de la CEC 77 para rescatar la “biodiversidad de la última vía forestal” dentro de Caparo.
Darío Garay, el decano de la facultad de Ciencias Ambientales de la ULA, dijo a Mongabay que, a pesar de la falta de una respuesta definitiva por parte el gobierno, la Universidad y los investigadores continuarán presionando para que haya una designación del uso de las tierras más restrictiva. Los estudiantes de la ULA, la facultad y las ONG ambientales lanzaron una serie de protestas a principios de mayo en Caracas para pedir una mejora en el estado de la protección de la reserva, con la esperanza de que sea designada parque nacional.
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