- EXCLUSIVO. Un equipo de periodistas de cinco países de Latinoamérica investigó el mecanismo que utiliza el tráfico global para saquear y lavar la madera amazónica.
- Los tablones de origen ilegal de Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador y Colombia son incorporados en el mercado internacional con documentos oficiales que casi nunca son verificados.
- Las mafias ahora están detrás de nuevas especies forestales, pero los gobiernos no hacen nada para protegerlas.
Alertados por el ingreso de extraños que extraían ilegalmente los árboles más longevos de su territorio, en agosto de este año, los miembros de la comunidad indígena Shawi, en la zona nororiental de la Amazonía de Perú, convocaron a una asamblea para decidir qué acciones tomarían contra este grupo de taladores que estaba utilizando la única vía que conecta a la comunidad con el distrito más cercano, Balsapuerto. Los traficantes usaban la trocha para sacar en enormes camiones los troncos de los árboles de la Amazonía cortados, y a su paso, las enormes llantas y pesado cargamento destruía la vía. Los shawi decidieron instalar un punto de control y frenar con ello el tránsito de estos camiones. Hicieron lo que hace tiempo el Estado peruano no logra hacer: controlar las rutas del tráfico de madera. Lo que siguió fue una historia violenta de amenazas contra sus principales dirigentes.
No fue la primera vez que traficantes amenazaban a líderes indígenas. En setiembre del 2014 una de estas amenazas se cumplió. Un grupo de taladores ilegales asesinó a Edwin Chota, Leoncio Quinticima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo, miembros de la comunidad Saweto, ubicada en Ucayali, cerca a la frontera con Brasil. Chota era presidente de la comunidad y hacía más de doce años que venía denunciando el tráfico de madera en sus territorios, sin que las autoridades iniciaran una investigación seria. A cuatro años de este crimen, la justicia de Perú no ha logrado condenar a los asesinos, ni mejorar la seguridad de otros líderes amenazados, ni reducir la extracción de árboles en bosques prohibidos que luego acabarán siendo parte de ese millonario y sofisticado negocio del tráfico global de madera en el mundo.
Los cálculos del Programa de la Naciones Unidas para el medio ambiente señalan que este ilícito negocio supera los 50 000 millones de dólares y puede representar el 30% de toda la madera que se comercializa en el mundo. #MaderaSucia es una investigación -liderada por Ojo-Público y Mongabay Latam, en alianza con un equipo de reporteros y medios de Colombia (Semana, El Espectador), Bolivia (El Deber), México (Connectas) e Infoamazonía (Brasil)- que analiza la situación actual del mercado de la madera amazónica y los mecanismos que utilizan las mafias para lavar los productos de origen ilegal con el fin de incorporarlos a la cadena de comercio global.
Los papeles falsos de la selva
El sistema que permite la “legalización” de la madera extraída de bosques prohibidos para luego ser comercializada y exportada se repite en los países amazónicos incluidos en esta investigación. Los documentos oficiales -que no siempre cuentan con procesos de verificación en campo por parte de las autoridades de cada país- están permitiendo desde hace años un sistema impune de saqueo de los recursos forestales de la Amazonía latinoamericana. Los destinos más frecuentes de esta madera son Estados Unidos y China.
En los casos reportados y entrevistas realizadas para esta serie investigativa las autoridades confirman que el método que más usan las mafias madereras es la declaración de información falsa en documentos oficiales. Es decir, en la mayoría de casos, la madera de origen ilegal se vende con papeles que dicen que esos árboles salieron de una zona autorizada, cuando en realidad fueron extraídos de espacios prohibidos como las áreas naturales protegidas o tierras indígenas.
Los ejemplos más recurrentes se encuentran en Perú, país que después de Brasil, exporta más madera al mundo. Durante los últimos años, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (Osinfor) ha identificado planes forestales aprobados por los gobiernos regionales que sostienen tener un número determinado de una especie de árboles en tasas científicamente imposibles. Otros, declaran tener árboles en los cauces del río o en coordenadas equivocadas.
Las autoridades de Bolivia reconocen una situación similar: los traficantes de madera adulteran los Certificados Forestales de Origen (CFO) para incorporar cargamentos ilegales y comercializarlos.
La historia se repite, aunque en menor escala, en Colombia. Como señalan los reportajes de Semana y El Espectador, el 47% de la madera que se vende en este país es ilegal, según los cálculos del Ministerio del Ambiente. La investigación revela que el negocio de la madera de origen ilegal puede movilizar 750 millones de dólares al año, casi la tercera parte de lo que mueve el narcotráfico.
En Brasil, una investigación de Greenpeace detalla cómo se inventa información en los papeles que certifican el origen de la cotizada madera Ipe. El sistema es el mismo. Algunos madereros las declaran en sus inventarios, pero en realidad no existen en el campo. Según esta organización, Estados Unidos es el país que más madera de tipo Ipe ha importado con documentos oficiales que tienen evidencias de haber “inflado” o mentido sobre el origen real de los árboles de la Amazonía talados.
Solo en Perú, entre octubre del 2017 y agosto de 2018, Osinfor identificó la extracción ilegal de 274 000 metros cúbicos de madera valorizada en más de 30 millones de dólares, equivalente a la carga de 5000 camiones.
Parte de la madera que durante los últimos años se extrajo de la Amazonía peruana, fue exportada hacia México, para desde allí ser enviada a EEUU. En el reportaje desarrollado por Connectas, se identifica a las 10 empresas que compraron la madera de origen ilegal de uno de los operativos más exitosos contra el tráfico impulsado por la Interpol y la fiscalía peruana. El análisis de la documentación revela que el 81% del total de madera que se comercializó había sido extraído de áreas prohibidas.
