- Llenado del embalse de presa Sinop estaría detrás del hallazgo de 13 toneladas de peces muertos en el río Teles Pires de Brasil. Se temen incidentes similares en otros lugares de la Amazonía.
- La evidencia muestra que la falta de oxígeno fue probablemente la causa de la muerte masiva de peces.
A finales de enero, un teléfono inteligente a bordo de un pequeño bote capturó un vídeo inquietante en el río Teles Pires en la Amazonía brasileña, cerca de la ciudad de Sinop, próxima a las fronteras estatales de Mato Grosso y Pará. El agua marrón oscura cerca de la orilla estaba cubierta de grandes bancos de peces muertos.
Un testigo en la escena lamentó: “¡Es algo que no puedes creer! Apesta. Mira al tamaño de los pacús y los piauís… Eso es todo lo que hay: un montón de peces muertos”. Entre el 30 de enero y el 4 de febrero se encontraron más de 13 toneladas de peces muertos en el río.
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Litigantes independientes del Ministerio Público del Estado y expertos dicen que la central hidroeléctrica de Sinop de 400 megavatios (MW) y su constructor y operador, el consorcio Sinop HPP, causaron la muerte masiva de peces durante el proceso de llenado del embalse de la presa. La operación fue autorizada por la Secretaría del Medio Ambiente de Mato Grosso, a pesar de la oposición de los ecologistas. Según los críticos, la presa crea un cuello de botella en el río Teles Pires donde las aguas tropicales se estancan y pierden oxígeno —volviéndose anóxicas— dentro del embalse de 337 kilómetros cuadrados (83.274 acres). Sinop HPP niega esta evaluación y dice que la alta sedimentación creada por error fue la causa de las muertes.
Los conservacionistas también dicen que la problemática presa de Sinop es emblemática. Es solo uno de los muchos proyectos similares en la cuenca brasileña del Amazonas que plantea importantes amenazas medioambientales a los ecosistemas acuáticos, las comunidades ribereñas tradicionales y las comunidades indígenas.
Según la Agencia Nacional de Energía Eléctrica de Brasil, hay al menos 80 plantas hidroeléctricas planeadas solo para la cuenca Juruena/Teles Pires del estado de Mato Grosso —una de las vertientes más importantes de la Amazonía brasileña—. Tanto el río Juruena como el río Teles Pires son afluentes del río Tapajós, una de las regiones de la cuenca del Amazonas más biodiversas y prístinas.
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El número total de centrales hidroeléctricas que finalmente podrían ser construidas en la cuenca Juruena/Teles Pires podría ser incluso mayor: según las ONG locales, en la zona hay al menos 125 pequeñas y grandes centrales eléctricas en las fases de planificación, construcción o finalización.
Hoy en día en todo el Amazonas, debido a los proyectos hidroeléctricos, ríos grandes y pequeños sufren reducciones de flujo, anoxia, una pérdida en las poblaciones de especies acuáticas y desequilibrios en el ecosistema.
Un desastre innecesario
Los críticos dicen que la matanza de peces de Sinop HPP podría haberse evitado si la Secretaría del Medio Ambiente de Mato Grosso hubiese prestado atención a las críticas encontradas en los estudios medioambientales para el proyecto. La agencia estatal es responsable de otorgar la licencia a la presa, la cual fue construida a través de una asociación entre el gobierno brasileño y el francés.
El experto en presas y profesor del Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonía, Philip Fearnside, fue uno de los que denunciaron el proyecto y que cuestionan la viabilidad ambiental hidroeléctrica en el Amazonas. Según su último informe, solo se quitó el 30 % de la vegetación original del área del embalse de la presa de Sinop, “en lugar del 100 % que exige la ley —una ley que ha sido ampliamente ignorada”— en Mato Grosso.
En las presas tropicales “la descomposición de la basura, las hojas y otras materias orgánicas de fácil degradación lleva a una reducción del oxígeno en el agua, sobre todo durante el llenado del embalse. Esto puede provocar la muerte de peces dentro del embalse, mientras que la liberación de agua con poco oxígeno de las turbinas y los vertederos puede matar a los peces aguas abajo de la presa”, señaló Fearnside.
Este comportamiento ambientalmente irresponsable no es precisamente nuevo. A finales de 2014, los periódicos locales habían denunciado la misma práctica en el mismo río llevada a cabo por la Teles Pires HPP.
Además del problema de la anoxia, cuando un embalse se llena sin quitar todos los árboles, la materia vegetal inundada se descompone y suma de manera significativa a las emisiones de metano. El metano es un gas de efecto invernadero que es 20 % más poderoso que el dióxido de carbono. Los niveles globales de metano atmosférico han ido aumentado inesperadamente durante los últimos cuatro años, y los científicos no han sido capaces de determinar la causa específica, algo que muchos investigadores encuentran alarmante.
Los funcionarios cuestionan las evaluaciones ambientales de la presa
Cuando se desarrollaba la reciente catástrofe de Sinop el MPE, el Ministerio Público del Estado de Mato Grosso, un grupo de fiscales gubernamentales independientes, intervino para investigar las violaciones medioambientales. Los expertos viajaron 27 kilómetros (alrededor de 17 millas) a lo largo del río e iban midiendo los impactos en los peces —pruebas usadas para solicitar una suspensión de las actividades de Sinop HPP—.
“Presentamos una solicitud para detener el llenado [del embalse] y para que se hiciese responsable a la empresa. La Secretaría del Medio Ambiente multó a la [empresa] pero, desafortunadamente, fue demasiado tarde —como habíamos anticipado—”, explicó el fiscal Marcelo Vacchiano.
En los últimos años, el fiscal de Mato Grosso ha trabajado en otros casos hidroeléctricos por todo el estado. Vacchiano dijo que ha estado involucrado en la investigación de infracciones por parte de las HPP Colider y Teles Pires, ambas en el río Teles Pires en la frontera con el estado de Pará y muchos otros proyectos.
“Nos hemos unido a especialistas en casos específicos: creamos un proceso de trabajo que busca entender los impactos socioambientales de los [proyectos]. [Pero nuestros] estudios a menudo divergen de los informes presentados [por las propias evaluaciones de las empresas], los cuales habían sido aceptados por la Secretaría del Medio Ambiente de Mato Grosso”, dijo Vacchiano.
La Sinop HPP ha tenido problemas con el sistema judicial de Mato Grosso desde 2013. Para empezar, la presa de la empresa fue autorizada por la Secretaría del Medio Ambiente de Mato Grosso, a pesar de subestimar los impactos y realizar declaraciones medioambientales incompletas. Después de eso tuvieron lugar más episodios preocupantes: en un momento durante la construcción, los empleados incluso registraron el colapso de parte de la presa después de que tormentas golpearan la región y debilitaran la estructura.
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Vacchiano dijo que los intentos del Ministerio Público de cuestionar la insuficiencia de los estudios medioambientales pasados han tenido de alguna manera el efecto contrario. Al ir los tribunales que dictan órdenes que autorizan las licencias, la empresa se ha vuelto más facultada legalmente contra las críticas a las que se ha enfrentado. Esto, a su vez, hace aún más difícil poder cuestionar los impactos socioambientales futuros tanto en estos proyectos como en otros parecidos a este.
“Idealmente, disputas sobre este tipo de proyectos deberían ser resueltas [durante] el [proceso] de licencia medioambiental. Sin embargo, lo que [en cambio] vemos son procesos conflictivos; a menudo acaban en los tribunales”, explicó el fiscal de Mato Grosso.
Una empresa francesa controla la planta hidroeléctrica de Sinop
La planta hidroeléctrica de Sinop fue construida y es operada a través de una asociación entre el gobierno brasileño y Electricité de France (EDF) — una empresa transnacional pública francesa— la mayor productora y distribuidora de energía del mundo. EDF, a través de su sucursal brasileña Norte Fluminense, es la mayor accionista de Sinop Energia, mientras que entre los accionistas minoritarios están dos empresas públicas brasileñas, Chesf y Eletronorte, ambas controladas por Eletrobras, la mayor compañía eléctrica federal, con el 49 % del total de las acciones.
El sistema judicial de Mato Grosso ha levantado las alarmas en lo referente a la empresa desde la muerte masiva de peces de enero. En febrero, el MPE presentó una solicitud para vigilar a los directores de Sinop Energia a través de una tobillera electrónica, y prohibirles la entrada a la planta eléctrica. Entre los directivos vigilados está el presidente de la Sinop HPP, el ingeniero francés Jean Christophe Marcel Delvallet. Las tobilleras electrónicas están siendo utilizadas para evitar que tanto él como otros ejecutivos escapen del país mientras continúan las investigaciones.
Además, el Ministerio Público Federal posee 20 millones de reales (casi 5,2 millones de dólares) de los activos de la empresa para asumir los costes de compensación por daños. Esa multa ha sido añadida a otra de 50 millones de reales (13,1 millones de dólares), aplicada por el gobierno de Mato Grosso.
El proyecto de la presa de Castanheira amenaza a los grupos indígenas
No importa que multas apliquen contra Sinop HPP, no pueden remediar su daño medioambiental. Sin embargo, Fearnside dice que las lecciones extraídas de este desastre pueden ayudar a prevenir errores similares en otras partes.
“El caso de Sinop HPP no solo es importante por los impactos, sino también como una lección para [solucionar] problemas en los sistemas de toma de decisiones y el proceso de licencias en otras plantas [hidroeléctricas]. Hay muchas otras en el estado, la hidroeléctrica Castanheira es la siguiente que tendrá licencia estatal”, advirtió.
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El proyecto de la presa de Castanheira está diseñado para ser construida en el río Arinos. La Empresa de Investigación Energética (EPE, por sus siglas en portugués), una empresa federal, es responsable de este proyecto y está siguiendo un argumento similar respecto al proceso de licencia medioambiental. Los investigadores y las ONG temen que, con el gobierno de Jair Bolsonaro, la licencia, subasta y construcción avance a pesar de los problemas señalados hasta ahora.
El Ministerio Público Federal (MPF) ha estado investigando el proyecto desde 2014. Según el MPF, la empresa ha minimizado los impactos socioambientales acumulativos provocados por las múltiples HPP que construyen presas en la cuenca del Juruana. Esta es una queja común entre los investigadores, quienes dicen que las presas no deberían ser evaluadas únicamente por el daño, sino más bien por los múltiples proyectos dentro de un sistema fluvial. En 2017, el MPF aconsejó a la Secretaría del Medio Ambiente de Mato Grosso que no otorgase la licencia a Castanheira (DOC: 710-2017-48 RPA – TAPAYUNAS – RECOMENDAÇÃO UHE Castanheira). Esta recomendación advierte que el proceso de licencia iría a juicio si sigue adelante tal y como está planeado sin ninguna corrección.
La EPE planea construir la presa de Castanheira en el río Arinos, incluido un embalse que cubre 94,7 kilómetros (23 400 acres), equivalente a 13 000 campos de fútbol, en las ciudades de Juara y Novo Horizonte do Norte. El Arinos es uno de los principales afluentes del Juruena, uno de los ríos más importantes de la cuenca del Amazonas en el estado de Mato Grosso.
La presa planeada destruirá las principales zonas de pesca y de suministro de alimento de varios grupos indígenas, que pescan cacharas, matrinxãs y otras especies importantes. La presa de Castanheira HPP bloqueará las rutas migratorias de los peces, lo que hace que haya riesgo de destrucción de las zonas de pesca a lo largo de todo el río tanto por encima como por debajo de la presa.
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El proyecto también amenaza las tierras indígenas de los Apiaká/Kayabi, Erikpatsa y Japuíra —estos tres territorios están a menos de 40 kilómetros (alrededor de 24 millas) de la ubicación de la planta hidroeléctrica—. Los Apiakás, Kayabis, Mundurukus y Rikbaktsas están resistiendo activamente este proyecto del gobierno federal.
“Ya hemos visto lo que ocurrió con Belo Monte [una presa inmensa en el río Xingú] y [en el] complejo del río Teles Pires [donde se han construido varias presas]. Nuestras tribus están unidas: no queremos esta planta hidroeléctrica aquí. Hemos sufrido mucho con la acción del hombre blanco, solo queremos que nuestra tierra esté en paz”, dijo Orengô, uno de los pocos indígenas Tapayuna que viven en la región y para los que la presa posee un importante peligro —su desaparición—.
Los Tapayuna casi fueron diezmados entre 1950 y 1970. Este pueblo indígena, conocido popularmente como los Beiços-de-Pau (Labios de Madera), con una población hoy en día de solo 160, fueron ignorados en los estudios medioambientales para el proyecto de Castanheira; como resultado de esta negligencia, FUNAI, la Fundación Nacional Indígena, aconsejó contra la licencia. Oficialmente, otros miembros de esta tribu viven en el Parque Nacional de Xingú, una reserva indígena federal creada durante la dictadura brasileña a más de 300 millas de distancia de su territorio original y la cercana ubicación de la presa de Castanheira.
Para obtener las licencias medioambientales de la presa, se requirió a la EPE que proporcionase un Estudio del Componente Indígena (ECI), un informe que solo fue entregado después de importantes retrasos y con grandes lagunas. En diciembre 2017, un análisis del estudio fue entregado por la FUNAI, en el que aconsejaba contra el proyecto hidroeléctrico.
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La FUNAI encontró un gran número de problemas. Durante la construcción de la presa, dijo la agencia, la población local de la región aumentaría significativamente cuando los trabajadores llegasen de fuera del Amazonas para construir la presa, sus líneas de transporte, carreteras de acceso y otras infraestructuras. Este influjo provocaría impactos negativos a las tierras Tapayuna, su cultura y memoria tribal y aumentaría enormemente el riesgo de exposición al alcohol y las drogas para su grupo y otros grupos indígenas.
“Ya es conocido que la incomprensión gobierna las relaciones [entre] los indígenas con los no indígenas. Uno de los posibles malentendidos está relacionado con el [posiblemente compartido] uso del territorio fuera de las tierras indígenas [demarcadas], lo cual provoca conflictos por el uso de los recursos naturales”, destaca el informe.
Pero desde el principio, las políticas de concesión de licencias medioambientales del gobierno de Bolsonaro, el cual tomó posesión de su cargo en enero, han creado importantes reveses. Por ejemplo, el gobierno debilitó la autoridad de la FUNAI, al mover la porción de la agencia que se encarga de la demarcación de las tierras indígenas y la aplicación de la política al Ministerio de Agricultura, el cual está controlado por los ruralistas, los productores de la agroindustria que llevan mucho tiempo buscando el control de las tierras indígenas. La Secretaría Especial de Asuntos de Tierras está ahora dirigida por Nabhan García, un enemigo declarado de todas las demarcaciones indígenas y concesiones de tierras en el país.
Castanheira vinculada a las grandes operaciones mineras del Amazonas
Las organizaciones civiles han realizado un análisis de rentabilidad de la presa de Castanheira, un informe usado como referencia en las decisiones del Ministerio Público tomadas contra este proyecto federal. Según este documento, los costes socioeconómicos estimados de los proyectos vienen a ser unos 558 millones de reales (142 millones de dólares), los cuales incluyen las emisiones de gas de efecto invernadero, pérdidas económicas debido a la inundación de tierras productivas y la disminución de las reservas de peces.
Con tanto por perder, muchos expertos han cuestionado que tipo de intereses están impulsando tan energéticamente por Castanheira. No es ninguna sorpresa que la presa esté siendo construida en la proximidad de extensas reservas de cobre, diamantes y oro. Si hay más energía disponible gracias a la cercana presa construida y mantenida por el gobierno, las empresas mineras brasileñas y transnacionales podrán extraer los minerales a escala industrial. Aunque los patrocinadores a menudo ofrecen la energía que suministrarán las nuevas presas del Amazonas, la realidad es que muy poca de esa energía beneficiará a los brasileños, en cambio la electricidad es producida para ayudar a las minas asociadas y el procesamiento de minerales.
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“Tenemos que pensar en las propuestas hidroeléctricas en asociación con otros sectores, sobre todo con la minería. [Sabemos] que hay minerales valiosos en los alrededores de toda la cuenca del río Juruena, como plomo, azufre y oro”, dijo Herman Oliveira, secretario ejecutivo del Foro de Mato Grosso sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (Formad), una ONG que está observando el caso.
No solo la administración favorable a la minería de Bolsonaro está interesada en esta planta hidroeléctrica. En enero, Mato Grosso vio como un nuevo gobernador, Mauro Mendes, tomó posesión del cargo: es socio en una empresa de extracción de oro problemática en Cuiabá, lo que plantea posibles conflictos de interés.
“Como en otros procesos aquí, en la cuenca del Juruena, las decisiones sobre las plantas hidroeléctricas tienen un carácter mucho más político que técnico. Por este motivo, nuestra resistencia es muy difícil”, explicó el investigador Ricardo Carvalho con la Operación Amazonia Nativa (OPAN), una ONG que está investigando la presa de Castanheira.
Mientras tanto, Thiago Barral, el actual presidente de la Empresa de Investigación Energética, dio signos de que Castanheira se aprobará —y pronto—.
Barral dijo recientemente que la administración de Bolsonaro tiene como objetivo anunciar la planta hidroeléctrica para la próxima subasta de energía programada para la segunda mitad de 2019. Aún está por verse cómo responderá la Secretaría del Medio Ambiente de Mato Grosso a esta expectativa a través del proceso de licencias y si los grupos de indígenas serán capaces de resistir el proyecto eficazmente.
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Imagen principal: Peces muertos recogidos como prueba de la muerte masiva de peces del río Teles Pires. Imagen cortesía del Ministerio Público del Estado de Mato Grosso.
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