- En la segunda parte de esta serie que profundiza en REDD+, Mongabay analiza si este todavía puede cumplir su misión, qué haría falta para que eso pasara y por qué, a pesar de más de una década de decepción y polémica, todavía hay personas que creen en REDD+ y tienen esperanza.
- Los defensores de REDD+ han puesto su esperanza en un sector privado que de repente está ansioso por comprar créditos de carbono para compensar las emisiones de gases de efecto invernadero. Esperan que la demanda de créditos de carbono del sector privado aumente el volumen e impulse el precio de los créditos de carbono REDD+, dos cosas necesarias para guiar una financiación muy necesitada hacia la conservación forestal.
- A principios de 2020, esta esperanza parecía más cerca que nunca de hacerse realidad. Después, llegó la pandemia del coronavirus, lo cual hizo que la demanda de créditos de carbono del sector privado se desplomara. Parte de este descenso podría ser a corto plazo, pero la demanda de al menos un sector clave, el sector aéreo, podría tardar años en recuperarse.
- REDD+ también se enfrenta al problema de las opiniones enfrentadas sobre si los promotores de proyectos individuales deberían poder vender créditos de carbono directamente a los compradores o si tienen que ser los países o estados quienes decidan donde se llevarán a cabo los proyectos.
En septiembre de 2019, pasó algo importante en el mundo de la conservación forestal: Noruega acordó pagar $10 por tonelada métrica de carbono a Gabón por reducir sus emisiones de la deforestación.
El acuerdo es un ejemplo de la estrategia global conocida como REDD+ (reducir las emisiones de la deforestación y la degradación forestal), en el que las naciones industrializadas realizan pagos por resultados a países en desarrollo con bosque tropical por reducir y evitar las emisiones que se causan cuando se destruyen los árboles.
Los defensores de REDD+ vieron la oferta de Noruega como algo muy importante, ya que hasta el momento el precio había estado estancado en $5 por tonelada métrica, una cantidad que según el ministro del ambiente de Costa Rica, Carlos Manuel Rodríguez, era “un insulto para cualquiera que esté trabajando para detener la deforestación”.
“El precio se estableció en negociaciones desequilibradas por parte de los países compradores o instituciones multilaterales”, dijo Frances Seymour, miembro distinguida del Instituto de Recursos Mundiales (WRI), en una videollamada por Skype. “Básicamente era: te pagamos $5 por tonelada, lo tomas o lo dejas”.
La oferta de Noruega fue un paso en la dirección correcta, pero sigue sin ser suficiente. Un estudio del año pasado calculó que harían falta $20 por tonelada para frenar la deforestación de forma notable. Además, el precio solo es una parte de la ecuación. El financiamiento de REDD+ se ve eclipsado por las causas subyacentes de la deforestación, los beneficios de la agricultura a gran escala, la minería y otras actividades comerciales. Para pagar REDD+ a nivel global haría falta no solo un precio más alto, sino también un mayor volumen de ventas.
Los defensores de REDD+ ya habían puesto sus esperanzas en el sector privado para que ofreciera ambas cosas. Desde aproximadamente 2018, hubo un aumento en la demanda de créditos de carbono de empresas que querían compensar una parte de sus emisiones de gases de efecto invernadero, en particular invirtiendo en proyectos de reforestación y conservación forestal. Esta demanda siguió acelerándose en 2019 y 2020 cuando decenas de empresas se comprometieron a establecer objetivos climáticos —con la intención de limitar el aumento de la temperatura global según el objetivo del Acuerdo de París a 1,5º C por encima de los niveles preindustriales— en sus operaciones y cadenas de suministro. “Neutro en carbono” se convirtió en el nuevo “verde”, y todo el mundo, desde Amazon a JetBlue a Royal Dutch Shell se comprometió a cumplirlo. Unos meses después del acuerdo Noruega-Gabón, Microsoft se comprometió a pagar $15 por tonelada métrica de carbono como parte de sus esfuerzos por ser “negativo en carbono”.
Para los defensores de REDD+, eso fue como un salvavidas. Había pasado más de una década desde que la comunidad internacional se había puesto de acuerdo en REDD+ como estrategia global para frenar la deforestación y las emisiones forestales de carbono —como parte de la cumbre de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en 2007— y los negociadores aún estaban discutiendo sobre los detalles del mercado global de carbono que tenía que pagarlo. A los bosques se les estaba acabando el tiempo a causa del aumento de la deforestación. La señal de una gran demanda por parte de compradores del sector privado podía revitalizar el entusiasmo expresado por los gobernadores y jefes de estado cuando se propuso REDD+ por primera vez.
A principios de 2020 esa señal parecía más confirmada que nunca. Entonces, llegó el coronavirus.
¿Otra esperanza frustrada?
En su mayoría, la gente que ha hablado con las empresas líderes que han hecho promesas de neutralidad de carbono, como las de los sectores de la tecnología y los bienes de consumo, dice que parece que las están cumpliendo, a pesar de las repercusiones económicas de la pandemia.
“Tengo la sensación de que el COVID afectará los planes y ambiciones de las empresas que esperaban unirse al movimiento pero aún no habían aceptado por completo la necesidad de la neutralidad de carbono”, dijo en una entrevista Gabriel Labbate, líder de equipo de REDD+ en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). “Si no estabas convencido de que tu empresa necesitara invertir en mitigación climática, esto reforzará tu tendencia a quedarte de brazos cruzados y no hacer nada”.
El volumen de lo que se conoce como mercados voluntarios, donde las empresas que no están obligadas por los gobiernos reducir las emisiones (que son la gran mayoría) compran créditos de carbono, llegó al punto más alto en 7 años en 2018, con una subida de un 52.6 % desde donde estaba solo dos años antes, según el informe más reciente de Ecosystem Marketplace. Esta demanda corporativa generalizada estaba causada sobre todo por empresas que entraban al mercado por primera vez, lo cual, según el informe, fue un cambio con respecto a los años anteriores. También estuvo dominado por el interés en las soluciones basadas en la naturaleza, que incluyen la conservación forestal y la reforestación, la restauración de humedales y pastizales y la agricultura regenerativa.
VERRA, uno de los principales organismos que establecen los estándares para los mercados voluntarios, informó recientemente que las soluciones basadas en la naturaleza representaban el 72 % de sus expediciones de VCU (unidades de carbono verificadas) en comparación con el 38 % en 2016. (Hasta la fecha, los proyectos REDD son la gran mayoría de esta categoría).
Se esperaba que estas tendencias en los mercados voluntarios continuaran en 2020, y así fue durante los primeros meses del año, según las cifras de las emisiones de VCU del primer trimestre de VERRA. Sin embargo, los datos del segundo trimestre analizados por Mongabay muestran que las emisiones de VCU para ese periodo se desplomaron en un 63 % en comparación con el primer trimestre.
No está claro si esta caída en la demanda será a corto plazo o durará años. Sin embargo, si se tiene en cuenta lo devastadores que parecen los efectos económicos de la pandemia, no sería de extrañar que muchas empresas dejaran suspendida la compra de compensaciones de carbono durante un tiempo.
Despegue interrumpido para las compensaciones de las aerolíneas
Quizás el caso principal de desaparición de la demanda sea el de la industria aérea, un sector que antes de la pandemia estaba a punto de ser un comprador clave de compensaciones de carbono a causa de CORSIA, el plan de compensación y reducción de carbono para la aviación internacional de la ONU. CORSIA empezará su fase piloto voluntaria, en la que básicamente todas las grandes aerolíneas habían acordado participar, el año que viene, antes de convertirse en un mercado de cumplimiento en 2027.
Con las normas originales del plan, las aerolíneas tenían que comprar compensaciones para contrarrestar el aumento de las emisiones de CO2 por encima de la media de los niveles de 2019-2020. Sin embargo, a causa del COVID, los viajes aéreos se han desplomado en 2020, de manera que las emisiones de las aerolíneas también lo han hecho. Debido a las graves consecuencias económicas, la industria aérea ha hecho presión para que solo se tenga como referencia el 2019, algo que la Organización de Aviación Civil Internacional de la ONU aceptó el 30 de junio.
Una línea de referencia que solo utilice el volumen de 2019 implica que las aerolíneas no tendrán que compensar sus emisiones hasta que el transporte aéreo vuelva a los niveles del año pasado, y eso podría ser en unos años.
Ese es un golpe duro para REDD+. Como la comunidad internacional no ha conseguido crear un mercado de carbono global obligatorio, solo existe un número limitado de mercados de cumplimiento. Esos mercados son el lugar donde las empresas que están obligadas por los gobiernos compran compensaciones, como el Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE y el sistema de limitación y comercio de California. Los regímenes de CORSIA y California son los primeros que podrían aceptar los créditos de REDD+ de nivel jurisdiccional que venden los países o estados con bosques tropicales. La Junta de Recursos del Aire de California votó en septiembre de 2019 apoyar el Estándar de los Bosques Tropicales, un conjunto de normas que esos países tendrían que seguir para vender créditos REDD+ en el mercado de California.
Cabe destacar que los créditos REDD+ que se están vendiendo en los mercados voluntarios no son los mismos que los créditos REDD+ jurisdiccionales. Los créditos en el mercado voluntario son créditos a nivel de proyecto, que venden sobre todo los promotores sin ánimo de lucro y del sector privado de cientos de proyectos REDD+, de calidad diferente, que se han desarrollado en los últimos diez años o más.
El último debate en la tierra de los debates interminables
Otro reto al que aún se enfrenta REDD+, más allá de la perspectiva de la demanda inestable del sector privado, es la pregunta sin respuesta de cómo vender créditos REDD+ a los compradores del sector privado que los quieran, lo cual ha llevado a una disputa sobre quién tendría que desempeñar el papel de vendedor.
“De verdad, no hay nadie que se haga la vida más difícil que la comunidad REDD”, dijo en una llamada por Skype la fundadora de Climate Focus, Charlotte Streck. Climate Focus es un asesor del mercado de carbono con sede en Ámsterdam que trabaja con empresas, como EasyJet, para incorporar compensaciones de calidad a sus estrategias de neutralidad de carbono.
Existen dos corrientes de pensamiento. Una favorece un enfoque puramente jurisdiccional en el que solo los países y estados con bosques tropicales pueden vender créditos porque, según los partidarios de ese sistema, reducir la deforestación a gran escala suele requerir acciones que solo los gobiernos pueden llevar a cabo. Los defensores de este enfoque dicen que puede ayudar a resolver muchos de los problemas que han hecho que REDD+ sea tan polémico, como el tema de los desvíos que se dan cuando la deforestación que se evita en una zona simplemente se traslada a otra. Los promotores independientes de proyectos no pueden hacer mucho para evitar los desvíos, solo los gobiernos pueden aplicar la ley cuando la pérdida forestal se da por actividades ilegales, según dicen.
Con un enfoque puramente jurisdiccional, los proyectos individuales podrían existir con una política nacional REDD+, pero los promotores de proyectos no podrían vender sus créditos a los compradores directamente, recibirían su financiación a través de la jurisdicción.
La otra corriente dice que los compradores del sector privado ya han invertido en cientos de proyectos de los mercados voluntarios y que, si tienen la opción, muchas empresas preferirían comprar compensaciones de conservación forestal o reforestación en transacciones comerciales con promotores de proyectos individuales, más que tener que tratar con gobiernos. Así que las empresas van a resistirse a cualquier intento de limitar la venta de créditos de carbono a las jurisdicciones.
“Los proyectos no se van a ir […] así es como funciona el sector privado y como se sienten más cómodos, honestamente”, dijo Streck. “Es mucho más bonito si está todo a nivel jurisdiccional, pero, en primer lugar, tenemos el problema de que los gobiernos suelen fallar por ahora. En segundo lugar, que el sector privado asuma el riesgo y dependa de la actuación del gobierno es tóxico. Hay mucho riesgo de corrupción, mira Brasil. Para las empresas es mucho más fácil decir que tenemos este trozo de bosque aquí y una ONG muy creíble consigue nuestro dinero, en lugar de decir que le damos dinero al gobierno para que reduzca la deforestación. Eso no es nada realista”.
Streck cofundó Climate Focus hace 15 años y como otros defensores de REDD+ que hablaron con Mongabay para este artículo, tiende a ser pragmática y está frustrada con el ritmo lento del cambio. Para ella y los otros que dicen que no creen que un enfoque puramente jurisdiccional sea práctico, podrían existir buenos proyectos con una estrategia REDD+ nacional y el promotor del proyecto podría vender los créditos directamente a los compradores, siempre y cuando la contabilización del carbono coincida con la contabilizada a nivel jurisdiccional y las emisiones del mismo fragmento de bosque no se cuenten dos veces.
Los defensores de un REDD+ jurisdiccional podrían tener la solución para el problema. En febrero, la nueva Arquitectura para Transacciones REDD+ (ART) apoyada por el sector filantrópico publicó la primera normativa para créditos REDD+ jurisdiccionales; básicamente un conjunto de normas parecidas a los requisitos que los países deben cumplir para recibir pagos por resultados del Fondo de Carbono del Banco Mundial. Seymour, de WRI, quien dice que prefiere un enfoque puramente jurisdiccional, es parte de la junta directiva de ART. Una especie de acompañante de ART es el Acelerador de Finanzas Forestales Emergentes, que se creó para que fuera un intermediario, algo así como un mediador, para facilitar las transacciones entre empresas y países. Comprar compensaciones en el mercado voluntario a través de un intermediario es habitual, ya existen decenas de ellos, y si el Acelerador consigue facilitar las transacciones entre compradores corporativos y vendedores jurisdiccionales, podrían sumarse otros.
Aunque este no parece el mayor desacuerdo en la larga y tumultuosa historia de REDD+, es importante. Cómo tratar los proyectos heredados es una de las muchas disputas sin resolver que han paralizado las negociaciones en torno al mercado de carbono internacional en el Artículo 6 del Acuerdo de París.
Sí, el Artículo 6 sigue en el horizonte
A causa del COVID-19, las conversaciones climáticas, que habrían sido la siguiente oportunidad para que la comunidad internacional puliera los detalles del Artículo 6, se aplazaron hasta noviembre de 2021. Todavía no está claro si algún tipo de créditos REDD+ estará incluido en el acuerdo final sobre un mercado según el Artículo 6. No obstante, los partidarios de un REDD+ jurisdiccional esperan que si los créditos basados en proyectos quedan excluidos, se aplaquen las polémicas que han atormentado a REDD+ desde el principio. Porque, como dicen, esas polémicas se derivan en gran parte de proyectos REDD+ malos.
Esta esperanza parece poco realista. REDD+ ha tenido muy mala acogida en los grupos ambientales comunitarios y los grupos de defensa de los derechos humanos. La idea de que se les pueda convencer de que se puede confiar en los gobiernos, pero no en las ONG ni en los promotores de proyectos del sector privado parece poco probable a pesar del progreso que han hecho los países con bosques tropicales para crear políticas y protecciones REDD+ sólidas.
Además, aunque se alcanzara un consenso sobre un mercado según el Artículo 6 el próximo año y se incluyeran algún tipo de créditos REDD+, dada la cantidad de tiempo que suele hacer falta para que se desarrollen las acciones climáticas después de que se hagan los acuerdos, podrían pasar años antes de que un mercado de carbono global esté en funcionamiento.
La mayor amenaza para los bosques sigue siendo el tiempo. Nadie lo entiende mejor que los defensores de REDD+.
Juan Chang, subdirector del Fondo Verde para el Clima de la ONU, alberga una visión de cómo podría ser REDD+: “Para algunos REDD+ es un mecanismo de compensación que paga por no cortar bosques”, dijo. “Para mí esa definición es incorrecta. Hace que el sistema sea frágil y esté sujeto a tantos cambios que se vuelve insostenible. Sin embargo, si vemos REDD+ como una transición en la que ofreces modos de vida sostenibles en lugar de actividades no sostenibles, llega un punto en el que no dependes de los pagos de REDD+ para mantener tu medio de subsistencia y mantener el bosque. Ese sería el objetivo final. REDD+ debería ser una transición hacia un desarrollo resiliente y de bajas emisiones”.
Para llegar a empezar a transformar esta idea en una realidad, hará falta un nivel de cooperación entre los sectores público y privado sin precedentes que lleve a cabo con integridad y velocidad. Las causas de la deforestación están incrustadas en nuestro sistema económico global y en los bienes de consumo globales como la carne de vacuno, el aceite de palma, la soya, el cacao y la madera.
Aun así, Arild Angelsen, profesor de economía en la Universidad Noruega de Ciencias de la Vida, quien se describe no como pesimista sino como un optimista bien informado, dijo que no tiene sentido decir “de acuerdo, lo intentamos con REDD+ y fracasó, vamos a probar con otra moda, la siguiente fórmula milagrosa” en este momento. “Es difícil cambiar el mundo”, dijo.
Imagen principal: Camaleón pantera (Furcifer pardalis), un residente de la Península Masoala en el noreste de Madagascar, donde la tala ilegal de palisandro ha afectado gravemente a los bosques. Imagen de Rhett A. Butler.
Artículo original: https://news-mongabay-com.mongabay.com/2020/07/in-the-battle-to-save-forests-a-make-or-break-moment-for-redd/
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