- La comunidad religiosa adquirió al menos 32 253 hectáreas en Puerto Gaitán, Meta, para expandir su proyecto agroindustrial.
- Algunos predios pertenecían a narcotraficantes, otros eran baldíos investigados por irregularidades en su compra. Comunidades indígenas de la región reclaman una parte del territorio.
*Este reportaje es una alianza entre Mongabay Latam, Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio.
Alexander Álvarez vivió sus primeros años en las sabanas de Puerto Gaitán, Meta, cuando no había reservas ni resguardos indígenas. Eran territorios libres, habitados por el pueblo sikuani. En los ochenta su familia salió del territorio amenazada de muerte, con el temor de ser reclutados por las guerrillas liberales de Guadalupe Salcedo, o asesinados por colonos en las cacerías de indígenas conocidas como “guahibiadas”.
Los primeros intentos por volver a Iwitsulibu, como llaman al territorio que reclaman y a su propia comunidad, no fueron posibles. “Ya había fincas y resultaron dueños, ganado y sembrados”, cuenta Álvarez, líder de la población. En 2009 la comunidad regresó del Vichada y tuvo que instalarse en Únuma, un resguardo indígena ubicado en Puerto Gaitán, pues no pudieron ingresar al que consideran territorio ancestral. En Únuma viven al menos 1500 indígenas, la mayoría de la etnia sikuani, en chozas de plástico, tablas y lona.
Gran parte de las tierras que reclaman los indígenas está en manos de los menonitas, de origen europeo, que llegaron desde México a Puerto Gaitán en 2016 (ver primera entrega “Menonitas deforestan un territorio ancestral en el Meta) con un proyecto agroindustrial para una zona que concentra al menos 31 predios de origen baldío.
Este amplio territorio, según las leyes colombianas, está destinado a las comunidades indígenas, o a campesinos pobres. Pero terminó controlado por una de las tantas colonias menonitas que existen en América Latina.
Rutas del Conflicto, Mongabay Latam y La Liga Contra el Silencio, en esta segunda entrega, encontraron que este grupo religioso ha acumulado en los Llanos al menos 32 552 hectáreas, un área cercana al área urbana de Bogotá. Uno de estos predios todavía es un baldío de la nación, varios tuvieron irregularidades en su adjudicación y otros estuvieron en poder de un narcotraficante, socio del paramilitar y narcotraficante conocido como ‘Memo Fantasma’.
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Acumulación en tierra ancestral
Las colonias menonitas están ubicadas en la zona rural de Puerto Gaitán, a media hora de la población más cercana. Sus casas modernas y sus parcelas prosperan en medio de extensas sabanas, junto a cultivos de palma aceitera y maderables. Algunos predios adquiridos por esta comunidad religiosa, antes usados para criar ganado, no registraban uso ni ocupación de al menos una década.
Los menonitas llegaron por primera vez a Puerto Gaitán en 2014. Dos años más tarde unas 30 familias se asentaron allí y conformaron su primera colonia: Liviney.
Según los certificados de Tradición y Libertad de los siete predios que conforman Liviney, cada uno mide mil hectáreas. En cada predio hay una parcela familiar. Los menonitas dicen que cada familia compró su terreno de forma individual. En la finca Liviney se encuentran la iglesia, la escuela de los niños y el cementerio. Allí, según las comunidades indígenas, está Ripialito, uno de sus sitios sagrados, donde enterraron al abuelo de Alba Gaitán, líder sikuani de Barrulia, otra comunidad reclamante.
Al principio los menonitas tuvieron que adecuar los suelos ácidos de la región para sembrar monocultivos de arroz, soya y maíz. Al tiempo construyeron vías para comunicar las colonias. Así se expandieron a medida que llegaban más integrantes de la comunidad. Según dicen, invirtieron mucho en la adquisición de predios, maquinaria y construcciones. “El año pasado mejoró la cosecha, pero los primeros años fueron difíciles. Yo vine en febrero de 2017 y en la primera cosecha perdí plata”, dice uno de los líderes menonitas que pide mantener en reserva su nombre.
Los colonos extranjeros construyeron un puente que conecta al sector de Liviney, a través del caño Chavilonia, con el sector de La Australia, la segunda colonia más grande de la comunidad, conformada por siete predios que suman otras 7000 hectáreas. Al sur está la colonia La Florida y otras fincas que operan de manera independiente, como San Roque, La Cabaña y Campo Alegre. Al norte se encuentra el sector de Las Piedras, con seis predios que suman alrededor de 6000 hectáreas. Allí está la mayoría de predios reclamados por la comunidad sikuani Iwitsulibu.
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Fiebre por la tierra
La comunidad religiosa adquirió los predios a través de hipotecas a cinco años, pero la transferencia de la tierra figura en los documentos de tradición y libertad, expedidos por la Superintendencia de Notariado y Registro de Puerto López, solo después de finalizado el pago. Por eso no es posible rastrear la totalidad de los predios que ocupan los menonitas y otros que están en proceso de compra. Sin embargo, en entrevistas a vecinos, trabajadores de parcelas contiguas, imágenes satelitales e información de las oficinas de instrumentos públicos, se pudieron determinar los predios que conforman sus cuatro colonias en Puerto Gaitán.
La Ley 160 de 1994, que regula los terrenos de origen baldío, prohíbe que un actor privado adquiera más de una Unidad Agrícola Familiar (UAF) —extensión de tierra que el Estado considera suficiente para que una familia subsista—. En Puerto Gaitán corresponde a predios entre las 1000 y 1340 hectáreas. La norma busca evitar que grandes empresas o terratenientes acumulen tierra destinada a campesinos sin ella.
Jenny Azucena Díaz, abogada de la comunidad menonita, dice que la adquisición de los predios se ha hecho de manera individual para la explotación familiar y no como comunidad, sin violar la ley. Díaz mostró una tabla de Excel donde están distribuidos los propietarios y el número de hectáreas en proceso o ya compradas, sin superar, según ella, el límite de la UAF. “Cuando salimos de México cada uno tenía su parcela y así entramos acá también; cada quien en su propia tierra, de manera individual”, señala un integrante de la comunidad.
La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, organización que trabaja en el restablecimiento de derechos territoriales de comunidades campesinas e indígenas, apoya con abogados a dos comunidades indígenas sikuani reclamantes, afirma que los menonitas al operar como una organización estarían concentrando tierras. “Si son una comunidad religiosa, ya de entrada están acumulando. No tienen personería jurídica, pero sí lo hacen desde sus integrantes. Ellos lo pueden dividir, pero al final es una única familia, la comunidad, quien se beneficia”, dice un vocero de la Corporación.
De acuerdo con Yamile Salinas Abdala, abogada e investigadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la compra fraccionada de tierra a través de familias se asemeja a la maniobra, aparentemente legal, a través de la cual varias empresas de agroindustria adquirieron grandes extensiones de tierra en la Altillanura, como fue el caso de la compañía estadounidense Cargill.
En 2013 la Contraloría de Colombia denunció a empresas nacionales y extranjeras por comprar tierras que superaban la UAF usando sociedades de papel. Según Salinas, los menonitas estarían acumulando tierras a través de maniobras legales para eludir la restricción de la Ley 160.
Ellos responden que compran y trabajan la tierra de forma individual. Pero sus colonias funcionan de maneras similares a otras empresas agroindustriales de la región, como La Fazenda, del Grupo Bios, con la cual comparten una vía de ingreso. De acuerdo con la ONG Centro de Información de Empresas y Derechos Humanos, según los estándares internacionales, los menonitas pueden considerarse una empresa, pues realizan actividades comerciales.
Según los certificados de tradición y libertad de algunos predios, varios menonitas venden la cosecha al grupo Bios y a la empresa arrocera Florhuila (ver certificado). Además, en la cadena de suministros es evidente que trabajan de forma conjunta para vender las cosechas. Los menonitas, como comunidad, importan los materiales y maquinarias necesarias para la cosecha de todos; un porcentaje de las ganancias se invierte en infraestructura dentro de la colonia.
De acuerdo con el Centro de Información de Empresas y Derechos Humanos, estas operaciones comerciales corresponden a medianos y grandes propietarios. Esto, bajo los Principios de Rectores de la ONU, los obliga a no afectar los derechos humanos de comunidades indígenas y campesinas.
En febrero de este año la Fiscalía pidió información a la Secretaría de Ambiente de Puerto Gaitán sobre las sociedades que los menonitas presuntamente usaron para comprar tierra y vender sus cosechas. El documento menciona a las empresas Alphafeheliviney Farm SAS, Viosion productiva del Meta SAS, Agrícola del campo Australia SAS, Productores Florida SAS, Agroindustria Llanos La Esperanza SAS y Agrícola ENNS del Llano SAS, cuyos representantes son menonitas dueños de fincas.
Según Jenny Díaz, abogada de los menonitas, estas empresas dejaron de funcionar hace mucho. Sin embargo, varias tienen matrícula mercantil activa y se dedican al cultivo de cereales y actividades posteriores a la cosecha.
La llegada de estos proyectos agroindustriales se estimuló en los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos; y ahora en el de Iván Duque, con el objetivo de “reconquistar la Altillanura y convertirla en la despensa agrícola más grande del país”, según un informe de la ONG Indepaz. Desde hace 10 años empresas nacionales y transnacionales han expandido allí sus proyectos agroindustriales, entre ellas el mencionado Grupo Bíos.
Para la abogada Salinas Abdala, esto se conoce como “la extranjerización de la tierra”, una política apoyada desde organismos internacionales como el Banco Mundial. Se otorga a multinacionales incentivos económicos para que exploten la tierra en la producción de alimentos. “Con negociaciones que no son del todo transparentes y dentro de una debilidad institucional”, dice el informe Así se roban la tierra en Colombia, de la ONG Semillas.
La extensa compra de tierras de los menonitas no es un caso aislado. Existen 214 colonias que han adquirido unas 3,9 millones de hectáreas en nueve países latinoamericanos, una extensión que supera el área de los Países Bajos, según una investigación de la Universidad McGill. En Paraguay esta comunidad figura entre los mayores 15 propietarios, con 2 millones de hectáreas que corresponden al 4,5 % del territorio, según reseñó la organización internacional Oxfam en su informe Yvy Jára.
El pasado de las tierras
Según la abogada de la comunidad, Jenny Azucena Díaz, antes de la adquisición de los predios se realizó un estudio de títulos para asegurar que la transacción de la tierra fuera legítima. Sin embargo, algunos de los terrenos comprados tienen en su historia adjudicaciones irregulares y transacciones donde figuran narcotraficantes. En otros casos, como los predios de La Australia y Liviney, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Unidad de Restitución de Tierras (URT) han iniciado investigaciones de clarificación de baldíos, para ver si las tierras le pertenecen a la nación y fueron adjudicadas correctamente, sin haber resuelto hasta hoy la investigación ni recuperado materialmente fincas.
Un documento de 2014 del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) —hoy la Agencia Nacional de Tierras— sobre la investigación de la historia del sector La Australia indicaba el inicio de transacciones de falsa tradición o no titularidad del predio, que empezó en 1979 cuando era considerado un solo predio y no siete como está actualmente. En dicho documento los poseedores eran Rosenda Garzón, Belisario, Abelardo y Oliverio Céspedes.
El predio fue transferido en 1992 a Rodrigo Vargas Cuéllar, capturado en España en 2003 por lavar alrededor de 165 millones de dólares procedentes del narcotráfico. Según Insight Crime, Vargas Cuéllar fue socio del narcotraficante Guillermo León Acevedo, conocido como ‘Memo Fantasma’ y líder de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), capturado el 25 de junio de 2021 por blanquear dineros de paramilitares. Además fue señalado en España de pertenecer a la banda que mandó asesinar al esmeraldero y narcotraficante, Leonidas Vargas, quien también acumuló predios en la zona.
El proceso del Incoder sobre La Australia cerró tras encontrarse siete adjudicaciones de fincas que coincidían y conformaban la totalidad del predio, realizadas entre 1997 y 2000. De acuerdo al auto del Incoder, siete integrantes de una familia con los apellidos Rodríguez Marín recibieron las tierras el 27 diciembre del 2000, después de comprar las mejoras a Vargas Cuéllar.
Según la investigadora Yamile Salinas Abdala, la Ley 160 permite que se entreguen varios predios baldíos a distintos miembros de una familia, pero prohíbe a los beneficiarios de las adjudicaciones tener otras propiedades a su nombre. Esta investigación encontró que uno de los compradores de la familia, Rodrigo Jiménez Marín, adquirió un predio antes de la adjudicación en Restrepo, Meta.
Otro de los requisitos que impone la Ley 160 para la entrega de predios es haber ocupado tres terceras partes de la tierra solicitada, o haber tenido una ocupación de al menos cinco años. De acuerdo con relatos de algunos habitantes del sector, la familia Jiménez llegó en el mismo año que recibió los predios de La Australia.
Otro predio relacionado con el narcotráfico es Florida 1, una finca de 934 hectáreas. Según su certificado de tradición y libertad, fue adjudicada en 1993; luego fue vendida entre 2003 y 2005. En 2007 llegó a manos de Carlos Gutiérrez Pachón, alias ‘Pitin’, un piloto que transportó droga hasta su captura en Brasil en 2007.
En 2014, tras varias transacciones, Florida 1 fue comprada por la empresa Soluciones Globales y Logísticas de Transporte, cuya representante legal es Edelmira Gutiérrez Buitrago, hermana de Carlos Gutiérrez Buitrago, quien fue extraditado de Bolivia a Brasil por el delito de narcotráfico en 2019.
Otro terreno nunca salió formalmente de manos del Estado, y podría ser un baldío. Las imágenes satelitales y una investigación por tala mecanizada adelantada por Cormacarena, la autoridad ambiental del Meta, determinaron la ocupación de los menonitas en las 6200 hectáreas que comprenden el predio Campo Alegre. El folio de matrícula prueba que el predio no ha sido adjudicado.
El Incoder, en una resolución de 2014, inició la recuperación de baldíos ocupados indebidamente en Campo Alegre. Pero las mejoras del terreno hoy pertenecen a los herederos de Slotkus Gaillausis Wenceslao, un lituano que falleció en 2016. El folio de matrícula no registra arrendamiento o compra del predio por parte de los menonita. Sin embargo, según varios vecinos, desde hace tres años esta comunidad está en el predio con sus monocultivos de soya y maíz.
Como se expuso en la primera entrega de este especial, Cormacarena abrió una investigación al miembro de la comunidad menonita Abraham Wolle Frosse por la tala de bosque de sabana en ese predio.
Indígenas versus menonitas
Las comunidades indígenas despojadas de sus territorios en los Llanos Orientales se han organizado en los últimos 20 años para reclamar sus tierras. Los indígenas sikuani de Iwitsulibu iniciaron el proceso en 2016, basados en un decreto de 2014 que permite solicitar la protección de los territorios despojados a comunidades indígenas. Cerca de 11 000 hectáreas solicitadas corresponden al sector de Las Piedras, explotado por la comunidad menonita junto a terceros.
“En Las Piedras hay ocho sitios sagrados, y tres con cementerios”, señala Alexander Álvarez, líder sikuani de Iwitsulibu. “Cuando mi papá llegó, por ahí en el año 1930, no existía la palabra reserva o resguardo. Tumbaban montañas, sembraban cultivos, hacían canoas”, cuenta. Según el líder, la violencia de Guadalupe Salcedo, las masacres conocidas como “guahibiadas” y la presencia paramilitar los obligó a huir.
“Cuando vi la maquinaria y los arados en los predios, yo me presenté. Les dije que ese territorio lo estaba solicitando hace mucho tiempo como medida de protección. Ellos [los menonitas] me dijeron que habían comprado”, cuenta Álvarez.
La Agencia Nacional de Tierras ha tardado en tramitar las solicitudes de los indígenas. Por eso ellos volvieron a sus territorios en los últimos dos años. La comunidad Iwitsulibu regresó en enero de 2020 a uno de los predios reclamados, ubicado en el sector Piedras.
La ANT solicitó que los indígenas no podían ser desalojados, amparándose en el Decreto 2333 de 2014, pero la comunidad Sikuani fue expulsada un mes después por la Policía Nacional. Además, la comunidad sigue esperando la visita técnica de la entidad de tierras, que ya fue pospuesta tres veces, por lo que decidieron tomar el territorio reclamado.
Testimonios de pobladores indígenas sikuani. Créditos: Rutas del Conflicto.
Los menonitas y su abogada Jenny Azucena Díaz dicen que en un principio existió una buena relación con los indígenas. “La entrada a los territorios era de libre acceso, hubo colaboraciones de dinero, paneles solares y trabajos por días. Sin embargo, con el tiempo esas ayudas se volvieron extorsiones al punto de convertirse en amenazas”, dice Díaz. Los menonitas dicen que hicieron denuncias en la Fiscalía.
Entre los trabajos que esa comunidad ofreció a los indígenas está el ‘espigeo’, que consiste en recoger el maíz sobrante de la cosecha. Según la investigación de Rutas del Conflicto “Tierra de Nadie”, este trabajo es informal y no cumple los requisitos laborales mínimos. De acuerdo con el Centro de Información de Empresas y Derechos Humanos, los menonitas están obligados a contratar dentro del marco legal como la empresa que son. Esto puede considerarse como un forma de esclavitud que precariza la mano de obra.
Mientras los indígenas esperan acciones de la ANT y la URT, los menonitas siguen comprando tierras en la Altillanura para ampliar su negocio agroindustrial, en una tierra que, según la Ley 160, debe dedicarse a comunidades pobres, indígenas y afro. Este año han formalizado la compra de tres predios más, que oscilan entre los 1000 y 3000 millones de pesos.
“Nos perdimos un tiempo porque en los años 50, indígena que veían, indígena que mataban. Ahora que retornamos, queremos sembrar y vivir en nuestro territorio, donde están enterrados nuestros ancestros”, dijo el líder indígena.
*Rutas del Conflicto, Mongabay Latam y La Liga hablaron con Justapaz, una organización de la Iglesia Cristiana Menonita de Colombia que está en el país desde los años ochenta y se ha dedicado a la construcción de paz y a la reconciliación de zonas en conflicto. Esta comunidad no tiene relación con la de Puerto Gaitán, y manifestó que el grupo asentado en el Meta responde solo a la iglesia en México.
Imagen principal: Camilo Vargas.
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