- Dirigentes indígenas acompañaron una inspección realizada por la Fiscalía Antidrogas en la que encontraron cultivos ilícitos y una pista de aterrizaje clandestina. Tras la diligencia, el vicepresidente de la comunidad fue agredido físicamente.
- La Federación Kichwa denuncia que el protocolo para proteger defensores ambientales no está permitiendo salvaguardar la vida de los líderes que están en peligro.
No es la primera vez que líderes indígenas de la comunidad kichwa de Santa Rosillo de Yanayaku denuncian agresiones por parte de taladores de madera y personas ligadas a los narcotraficantes que operan en el Bajo Huallaga, en la selva de San Martín, en Perú.
El 16 de julio, tras una visita realizada por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Tarapoto, para verificar la ilegalidad denunciada por la comunidad Santa Rosillo de Yanayaku, las tensiones se exacerbaron a tal punto que Quinto Innuma, vicepresidente de la comunidad, fue interceptado y golpeado, según narró en una entrevista vía telefónica con Mongabay Latam, por personas ligadas a los actores ilegales que operan en la zona. Las lesiones son en el cuerpo, la cabeza y el rostro. Además, confirmó que una vez más fue amenazado de muerte.
“Mi vida está en peligro, pero no me puedo ir así como así, no puedo dejar a mi familia y a mi comunidad. Todo esto está pasando porque decidimos no aceptar que quienes destruyen el bosque sigan haciéndolo, esto se tiene que saber”, dijo el líder indígena.
Mongabay Latam ha dado cuenta, en dos reportajes, de las actividades ilegales que acorralan a la comunidad nativa de Santa Rosillo de Yanayaku. El último de ellos, publicado a inicios de julio, narra los enfrentamientos entre pobladores indígenas y narcotraficantes junto a taladores ilegales que empiezan a dominar el territorio y a amenazar de muerte a quienes se interpongan en sus planes.
Los problemas empezaron en el 2018, cuando a la tala indiscriminada se sumó la expansión de cultivos ilícitos de hoja de coca. Un año después, cansados de la presión constante sobre su territorio, los dirigentes deciden, con la ayuda de la Federación de Pueblos Indígenas Kechua Chazuta Amazonas (Fepikecha), presentar una denuncia ante la Fiscalía a cargo de los delitos de tráfico ilícito de drogas. La abogada Cristina del Rosario Gavancho, abogada consultora del Instituto de Defensa Legal (IDL) que les brinda asesoría legal, asegura que desde ese primer momento y por seguridad de los denunciantes se llevó a cabo el proceso con reserva, aunque sin dejar de exigir la presencia inmediata en campo de las autoridades judiciales.
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Una visita esperada
Marisol García, dirigente kichwa de Fepikecha, resalta que la Fiscalía tardó mucho tiempo en atender su pedido. “Aunque se presentaron los documentos solicitados y se insistía en la necesidad de hacer inspecciones, la Fiscalía antidrogas siempre decía que no contaba con los recursos suficientes para las diligencias”. Por eso, frente al aumento de cultivos ilícitos en el territorio de Santa Rosillo de Yanayaku, Fepikecha precisa que tomó la decisión de organizar una colecta para reunir fondos que permitan apoyar la labor de la Fiscalía.
Después de mucha espera, el viernes 16 de julio, la Fiscal Ana Cecilia Lozano Montenegro realizó por primera vez una inspección en la comunidad junto al apu Manuel Innuma y el vicepresidente Quinto Innuma. Durante la diligencia, la Fiscal pudo constatar, según narraron pobladores indígenas de Santa Rosillo de Yanayaku, la presencia de una pista de aterrizaje clandestina que sería usada por narcotraficantes y se tomaron fotos de la deforestación en varios terrenos de la comunidad.
“Encontramos cultivos ilícitos en terrenos de la comunidad y los fotografiamos. No encontramos a los propietarios de esos predios. También se corroboró la existencia de la pista de aterrizaje en un lugar más alejado”, precisó una fuente local que por seguridad pidió mantener en reserva su nombre, pero que confirmó que la pista fue acondicionada en plena pandemia.
Este hallazgo ha elevado el temor entre los pobladores kichwa, sobre todo porque aseguran que el peligro también está dentro de la comunidad. Como explicó Wilger Apagueño, presidente de Fepikecha, en un artículo publicado hace unas semanas, hay quienes se resisten al avance de los taladores ilegales y narcotraficantes, pero también los que están a favor de estas actividades y pretenden desacreditar a los dirigentes. Hace un mes incluso, frente la ausencia de las autoridades principales, llegaron a nombrar a nuevos apus, señaló Apagueño.
“Esto ha ido creciendo, porque nosotros promovemos la titulación comunal y la otra facción desea títulos individuales que les permitan rentar las tierras o extraer madera. Si se hiciera eso, los cultivos ilegales proliferarían”, afirma Quinto Innuma.
Mongabay Latam se comunicó con la Fiscal Ana Cecilia Lozano Montenegro para conocer más sobre los hallazgos tras su visita a la comunidad, pero hasta el cierre de esta publicación no contestó las consultas sobre el caso. Lo encontrado en la comunidad, asegura la abogada Cristina Gavancho, sigue bajo investigación en la Fiscalía.
No es el primer ataque
Dos días después de la inspección de la fiscal Ana Cecilia Lozano Montenegro, cuando el vicepresidente de la comunidad, Quinto Innuma, regresaba a su casa desde la ciudad de Tarapoto, fue interceptado y agredido físicamente, según narró, por personas afines a los narcotraficantes que operan en la zona.
“Quienes me han atacado son de la facción que se opone a la titulación colectiva de Santa Rosillo, están extrayendo madera, negocian la tierra para actividades ilegales”, declaró Innuma.
Si bien el dirigente indígena se recupera hoy de las lesiones producto de la golpiza, teme por su familia, sobre todo porque esta no es la primera vez que atacan a un dirigente. En el 2018, Manuel Innuma, apu de la comunidad y hermano de Quinto, narró que fue retenido en su casa por un grupo de personas y luego llevado a una especie de calabozo durante unas seis horas.
Matias Pérez Ojeda del Arco, coordinador de incidencia de Forest Peoples Programme, considera que hay una urgencia en salvaguardar la vida de Quinto Innuma. Señaló que aunque los mecanismos de protección se activaron ante las primeras amenazas, se trata más de formalidades que no se hacen efectivas.
Al no haber un puesto policial en el distrito al que pertenece la comunidad, Quinto Innuma no ha podido sentar una denuncia a tiempo, informa la abogada Gavancho. Sin embargo, añadió que el prefecto de Huimbayoc, Mario Vásquez Gonzáles, ya tiene conocimiento del caso y le ha otorgado garantías personales en febrero de este año. “El vice apu tiene que viajar hasta Tarapoto para que proceda la denuncia y debe pasar por médico legista, sin embargo, ese viaje dura 8 horas y debe trasladarse por lugares deshabitados, lo que lo pondría en mayor peligro”, asegura la abogada.
La dirigente de Fepikecha, Marisol García, que viene haciendo seguimiento al caso, señala que han solicitado la presencia de la policía en la zona para que pueda resguardar a Inuma. Los apus de Santa Rosillo de Yanayaku están a la espera de la respuesta de la PNP para poder trasladarse a Tarapoto. Sin las fuerzas del orden nada asegura la protección de su vida.
Jorge Abrego Hinostroza, coordinador del Equipo de implementación del protocolo de defensores del Ministerio de Justicia, aseguró que el Ministerio de Justicia activó el Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos para los líderes Manuel Innuma y el vicepresidente Quinto Innuma el 8 de febrero de este año. En el documento de la resolución del MINJUS se lee los siguiente: “Se identifica que la situación de riesgo se encuentra asociada a la falta de seguridad jurídica del territorio de la comunidad nativa Santa Rosillo de Yanayacu, así como a la lejanía de las dependencias policiales respecto de la comunidad y la falta de logística necesaria para atender las denuncias sobre los ataques registrados contra sus dirigentes y las actividades ilegales relacionadas con la tala ilegal de recursos maderables que los mismos denuncian”.
En el mismo documento se propone “como acción urgente de protección, la comunicación con las autoridades competentes para la oportuna protección policial de Manuel Inuma Alvarado y Quinto Inuma Alvarado”.
Al vicepresidente, sin embargo, le parece que las acciones de protección no son claras y que no hay condiciones en su región para que se tomen las acciones que señala el documento del Minjus. Asegura que hasta el momento no hay medidas concretas para proteger su vida.
“Se imaginan, si nos vamos todos los que defendemos la Amazonía, si al final nos retiramos de las denuncias por miedo, qué va ser del resto, van a quedar a merced de los taladores y el narcotráfico, por eso no es tan fácil como decir que me voy”, concluye Quinto Innuma.
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