- Mongabay Latam detectó una pérdida importante de bosque con la ayuda de imágenes satelitales dentro y alrededor de las comunidades indígenas de Santa Rosillo de Yanayaku y Anak Kurutuyaku en la región San Martín.
- Las 990 alertas de deforestación obtenidas en Global Forest Watch revelaron una historia de enfrentamientos entre pobladores indígenas y narcotraficantes junto a taladores ilegales que empiezan a dominar el territorio y a amenazar de muerte a quienes se interpongan en sus planes.
Un grupo de ronderos kichwa que vive en las comunidades indígenas de Santa Rosillo de Yanayaku y Anak Kurutuyaku hizo un descubrimiento inesperado en el 2018. En sus tierras, ubicadas en el Bajo Huallaga, se empezaba a cultivar coca en extensiones que no correspondían al uso tradicional de la planta. La tala indiscriminada ya representaba una amenaza latente y el ingreso de grupos de colonos a su territorio había desestabilizado la organización comunitaria, con la entrada del narcotráfico temían lo peor.
“¡No sabemos qué más hacer! Vemos cómo se terminan los bosques en la Amazonía con impotencia y por defenderlos, nuestras vidas corren peligro”, dice un comunero kichwa, que narra cómo la violencia desde entonces ha ido en ascenso.
Mongabay Latam llegó a las historias de las comunidades kichwa de Santa Rosillo de Yanayaku y Anak Kurutuyaku a partir de un análisis de la superficie de deforestación en varios sectores del Bajo Huallaga a través de la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch (GFW). Los parches de deforestación detectados entre 2020 y 2021 indicaban que había una perturbación importante en el bosque.
¿Qué más encontramos detrás de las más de 990 alertas de deforestación que muestran las imágenes satelitales de Global Forest Watch? Una historia de enfrentamientos y amenazas a dirigentes en medio de una lucha constante por conseguir la titulación de su territorio. Además de pedidos de intervención en la zona de parte de dos instituciones del Estado —la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro-Peruanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República—, sumados a múltiples solicitudes de las comunidades indígenas de la zona.
El informe de DEVIDA Monitoreo de la superficie cultivada con arbusto de hoja de coca en producción, Perú-2019, publicado en el 2020, confirma la existencia de cultivos de coca en zonas cercanas al Parque Nacional Cordillera Azul, donde se ubica Huimbayoc, distrito al que pertenecen las comunidades de Santa Rosillo de Yanayaku y Anak Kurutuyaku. Se resalta que en esta zona de amortiguamiento se han detectado en promedio 224 hectáreas de hoja de coca durante el 2019. Durante la pandemia no se tiene un cálculo oficial de la extensión de estos cultivos ilícitos, sin embargo la dirigente kichwa Marisol García de la Federación de Pueblos Indígenas Kechua Chazuta Amazonas (Fepikecha) ha denunciado ante el Congreso de la República el crecimiento de los sembríos ilegales durante los últimos dos años.
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Santa Rosillo de Yanayaku: presa del narcotráfico
Los kichwa están asentados en la región amazónica de San Martín y han sido reconocidos como pueblo indígena por el Ministerio de Cultura. Tradicionalmente se dedican a la agricultura, la caza y la artesanía. Wilger Apagueño, presidente de la Fepikecha, asegura que a pesar de este reconocimiento, llevan años luchando por la titulación, enfrentándose a todo tipo de actividades ilegales.
“Las comunidades de Santa Rosillo de Yanayaku y Anak Kurutuyaku —narra Apagueño— no tienen títulos de propiedad, y con el ingreso del narcotráfico y los madereros, corren peligro”.
El líder indígena expone, además, la complejidad de una actividad ilegal que muchas veces termina quebrando la organización comunitaria. Hay que considerar que es el efecto de la instalación del narcotráfico en zonas abandonadas por el Estado y con muy bajos ingresos económicos. La preocupación de Apagueño no se centra entonces solo en el ingreso de la ilegalidad, sino en las divisiones internas, pues algunos pobladores indígenas terminan trabajando en el cultivo ilegal de coca frente a la muy baja rentabilidad de otros productos agrícolas de la zona.
Según el informe de DEVIDA Monitoreo de precios de hoja de coca y derivados cocaínicos en zonas estratégicas de intervención, el precio de la hoja de coca en abril del 2021 bordeaba los siete soles con cincuenta céntimos (dos dólares) el kilogramo, frente a los dos soles con cincuenta céntimos (menos de un dólar) que se paga por el cacao en San Martín. La hoja de coca es uno de los productos que mejores ingresos genera pero el que trae también más conflictos ambientales y violencia.
Mongabay Latam detectó una pérdida reciente de bosque con la ayuda de la herramienta de monitoreo satelital Global Forest Watch dentro de la comunidad de Santa Rosillo de Yanayaku. Se identificaron parches dispersos dentro del territorio indígena y 833 alertas de deforestación desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020. Lo que muestran las imágenes es que entre agosto y diciembre de 2020 la deforestación se disparó dentro de la comunidad. Luego tuvo un periodo de pausa hasta mayo de este año que se reanudó otra vez y que continuó hasta fines de junio.
La deforestación en la comunidad kichwa de Santa Rosillo ha aumentado exponencialmente durante el tiempo de la pandemia. Imágenes: Global Forest Watch.
Esta es una de las zonas patrulladas por las rondas indígenas de la comunidad. En esta área han encontrado, en otras oportunidades, árboles caídos, terrenos arrasados y señales evidentes de pérdida de bosque. En algunos terrenos se halló también madera cortada y lista para su transporte. Y ha sido este año que en ese lugar, que es parte del territorio de la comunidad, los ronderos de Santa Rosillo de Yanayaku han descubierto cultivos ilegales de hoja de coca que van en aumento.
Este hallazgo tiene un correlato en los testimonios de los comuneros. Ellos saben que este problema no es reciente, y no solo porque han identificado la llegada de colonos que talan sin autorización alguna el bosque, sino también porque ahora en el área despejada se expanden los cultivos ilegales para abastecer al narcotráfico.
“Nosotros hemos hecho intervenciones con la ronda, hemos identificado una cantidad de árboles milenarios talados por extractores ilegales de madera. Encontramos 8 mil pies de madera y se intervino con las autoridades. Luego de las denuncias nos dijeron que el Estado es el propietario de esos terrenos, que no le correspondía a la comunidad reclamar, pero seguimos luchando, no nos vamos a quedar callados”, relata un comunero kichwa, frente a la impotencia de un proceso de titulación de tierras que lleva más de 5 años en espera.
Las especies maderables que se están depredando son lupuna (Chorisia integrifolia ulbr.), aguanillo (Otoba parvifolia, O. glycycarpa) , misho (Helicostylis tomentosa), mari mari (Vatairea guianensis) y caupuri (Virola pavonis), entre otras tantas que son apreciadas en el mercado. Wilger Apagueño remarca la importancia de estas especies nativas en la conservación del bosque y asegura que cuando se derriba un árbol que puede tener hasta 100 años, al caer se trae abajo otras especies, lo que genera un daño mayor al ecosistema.
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Un Estado ausente
Cansados de las actividades ilegales, líderes de las comunidades indígenas acudieron en el 2020 a la Fiscalía Especializada en Material Ambiental de Alto Amazonas Yurimaguas (FEMA de Alto Amazonas) para interponer una denuncia por la deforestación detectada. La abogada consultora del Instituto de Defensa Legal (IDL), Cristina del Rosario Gavancho, quien representa a la comunidad, asegura que se pudo demostrar con fotos y videos tomados por las rondas la pérdida de bosque en los territorios de Santa. Sin embargo, Vanessa Vela del Águila de Rocha, fiscal adjunta de la FEMA de Alto Amazonas, respondió que no contaban con el equipo necesario y que requerían del apoyo de la policía porque se trataba de una zona muy conflictiva.
En el documento de respuesta del 11 de marzo del 2021 que recibió la abogada por parte de la Fiscalía “(…) se informa que la jurisdicción del Distrito de Huimbayoc, es considerada como zona de sembríos ilegales de coca y producción de PBC (pasta básica de cocaína), no se descarta la existencia de personas armadas, que al notar la presencia policial pretenderían atentar contra el personal PNP (Policía Nacional del Perú) y RMP (Representante del Ministerio Público), [por] lo que se tendría que contar con un aproximado de 20 y 30 efectivos policiales”.
Todavía no hay fechas de nuevas diligencias de la Fiscalía. La fiscal Vela del Águila le dijo en una entrevista a Mongabay Latam que “mientras no se puedan dar las garantías de seguridad para hacer las diligencias no puede arriesgar a su personal, sobre todo, porque se trata de una zona convulsionada”.
Mientras tanto, la ilegalidad avanza y los hallazgos no dejan de atemorizar a las comunidades kichwa. Hace dos meses, habitantes de la zona hallaron una pista de aterrizaje clandestina en territorio de la comunidad, lo que encendió alarmas sobre la presencia y asedio del narcotráfico. “Los cultivos han comenzado de forma reciente, hay sicarios armados que no nos dejan andar libremente por nuestro territorio, sabemos que si hablamos podemos ser víctimas nosotros o nuestras familias”, asegura un comunero kichwa que por seguridad ha tenido que abandonar su territorio y prefiere no ser identificado.
Este temor no es infundado. En el 2018, al Apu de la comunidad lo retuvieron en la casa de su suegra, “lo tenían secuestrado y luego lo llevaron a un calabozo, de ese caso tiene conocimiento la Fiscalía”, asegura uno de los dirigentes kichwa. Luego de 6 horas de angustia fue liberado por los captores, los hechos no han sido esclarecidos del todo.
Por la información recogida, serían estas mismas personas, que realizan la extracción de madera, quienes promueven también en la comunidad los cultivos ilegales de coca. En los últimos años, refieren fuentes de la zona, se habrían asociado también con algunos indígenas kichwa con quienes mantendrían una alianza. Esto ha generado divisiones y mayor inseguridad, pues vivir con el enemigo en casa los obliga a optar por el silencio.
William Ríos, funcionario a cargo de la Dirección de Titulación, Reversión de Tierras y Catastro Rural del Gobierno Regional de San Martín confirmó que existe un clima hostil entre los comuneros y desacuerdos en torno a la forma cómo debería llevarse adelante la titulación. “Algunos quieren que sea comunidad nativa, una titulación colectiva y otros, en cambio, piden la titulación individual. Mientras no se resuelva este conflicto, no podemos avanzar con el proceso desde el Gobierno Regional”, puntualizó.
Al respecto, Wilger Apagueño señala que la división en la comunidad es generada por colonos asentados en la comunidad que se oponen a la titulación colectiva y desean parcelar las tierras para alquilarlas. Lo que buscan, según el líder kichwa, es alquilar esas tierras al narcotráfico.
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El coordinador del módulo de la Defensoría del Pueblo en Tarapoto, Santiago Tamay, asegura que se solicitaron garantías ante la Prefectura del distrito de Huimbayoc para la vida de los dirigentes que se encuentran amenazados en las comunidades. “Ya les han dado garantías, aunque sabemos que no es suficiente por la distancia y las complicaciones de comunicación en que se encuentran las comunidades”, declaró a Mongabay Latam. Estas garantías implican el resguardo de la vida de los dirigentes.
Sin embargo, hasta el momento no se han hecho efectivas.
Anak Kurutuyaku: invadida y arrinconada
Es cada vez más evidente la presencia del narcotráfico.
En el mes de mayo un grupo de especialistas de la ONG Forest Peoples Programme llegó a Anak Kurutuyaku y en el camino pudo constatar la presencia de cultivos ilegales de coca en zonas cercanas a la comunidad. Notaron además algunos cambios, como una mayor presencia de comercio, y la proliferación de bares y restaurantes.
En las imágenes satelitales revisadas por Mongabay Latam, se observa que la deforestación está presente en las afueras de la comunidad, pero se acerca peligrosamente a los linderos, como si la estuviera cercando. La plataforma de GFW muestra que, dentro de la comunidad, existen 166 alertas de deforestación entre julio de 2020 y junio de 2021. Sin embargo, esta cifra crece significativamente cuando se observa el área alrededor de la comunidad, donde se han detectado 8600 alertas en el mismo periodo.
Wilger Apagueño de Fepikecha señala que son los centros poblados cercanos quienes invaden las tierras de la comunidad en un intento por ganar territorio para alquiler. Los comuneros que viven en Anak Kurutuyaku, a su vez, explican que en estas tierras rentadas ilegalmente se cultiva coca y que ya tendrían una extensión de 100 hectáreas.
Esta es la diferencia de las alertas de deforestación de Global Forest Watch en la comunidad kichwa de Anak Kurutuyaku. Imágenes: Global Forest Watch.
“Lo primero que se ha hecho es tumbar los árboles, deforestar de forma masiva, así cuando ya tienen el terreno limpio empiezan a sembrar coca”, asegura un comunero de la zona. El narcotráfico ingresa primero de forma silenciosa y luego se hace evidente con la expansión e invasión de cultivos ilícitos. Frente a este escenario, los Apus de Anak Kurutuyaku empezaron desesperadamente a tocar puertas solicitando apoyo.
Por eso en el 2019, con la ayuda de la abogada Cristina del Rosario Gavancho del IDL, las autoridades de Anak Kurutuyaku denunciaron también ante la FEMA de Alto Amazonas Yurimaguas la invasión de tierras y la deforestación causada por colonos provenientes de los centros poblados cercanos. Tras muchas trabas burocráticas, se logró agendar una inspección a la zona para el 2020, pero esta fue interrumpida por la pandemia y la cuarentena establecida por el Gobierno peruano. No hay una fecha establecida para una nueva diligencia fiscal a pesar de los reiterados pedidos de la abogada y los comuneros.
En la búsqueda de justicia, los Apus de Anak Kurutuyaku se han topado con varios obstáculos. Uno de ellos es la larga espera por la titulación y el otro la discriminación sufrida por parte del alcalde de Huimbayoc, Geyner Silva Macedo.
La autoridad municipal dijo públicamente, en una reunión realizada en diciembre del 2019, que en Anak Kurutuyaku no se hablaba una lengua indígena y que, por lo tanto, era una comunidad inventada. También solicitó la nulidad de la Resolución directoral que reconoce a la comunidad Nativa Anak Kurutuyak ante el Gobierno Regional de San Martín. El coordinador del módulo de la Defensoría del Pueblo en Tarapoto, Santiago Tamay, le confirmó a Mongabay Latam que el alcalde Geyner Silva estaba promoviendo incluso el desalojo de los indígenas kichwa de Anak Kurutuyaku lo que complicaba la situación.
“Tuvimos que intervenir junto a una delegación para evitar que el conflicto se acentúe. Se le explicó al alcalde que él no tenía facultades para reconocer o desconocer una comunidad, fue una situación muy tensa para la comunidad”, afirma Santiago Tamay, quien además confirmó que el alcalde incurrió en un acto de discriminación.
Mongabay Latam se comunicó con el alcalde pero hasta el cierre de este reportaje no dio su versión y por el contrario colgó el teléfono al escuchar que se trataba de una consulta de la prensa.
Mientras tanto, los pobladores de Anak Kurutuyaku temen un posible enfrentamiento con los invasores. Señalan que han sido amenazados y que el peligro es latente. “Sin el apoyo municipal ni del Gobierno Regional y menos de la policía, qué va a ser de nosotros, nos vemos cada día en mayor riesgo”, asegura un comunero kichwa.
Acciones de protección insuficientes
La defensora ambiental y dirigente de Fepikecha, Marisol García Apagueño, ha presentado la problemática de su pueblo ante entidades internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde pidió que se salvaguarde la vida de los dirigentes amenazados. “No podemos esperar que suceda una tragedia para que se actúe. Mis hermanos viven con miedo por los madereros, por el narcotráfico que sabemos está destruyendo el bosque que con tanto esfuerzo han cuidado nuestros ancestros”, dice.
Jorge Abrego Hinostroza, coordinador del Equipo de implementación del protocolo de defensores del Ministerio de Justicia, comentó que ya se había activado este mecanismo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos en el caso de la comunidad de Santa Rosillo y que se encuentra en trámite para los pobladores de Anak Kurutuyaku.
Para el coordinador de incidencia de Forest Peoples Programme, Matias Pérez Ojeda del Arco, el protocolo no es suficiente para asegurar la protección de la vida de dirigentes indígenas en el Bajo Huallaga. En su opinión, se requiere acciones concretas de parte del Estado como la instalación de una comisaría en el distrito de Huimbayoc, ya que para todas las gestiones de pedido de protección o para cualquier denuncia los comuneros kichwa tienen que viajar alrededor de 6 horas hasta Chazuta o un día para llegar a Tarapoto, la capital de San Martín.
“Se encuentran totalmente incomunicados, se necesita intervención de la policía y de las autoridades en conjunto, sabemos que este es un problema complejo y se puede agravar”, señaló Pérez.
Mongabay Latam se comunicó con el general José Ludeña Condori, director de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía, quien contestó que no han recibido aún información sobre las denuncias de deforestación o las actividades ilegales asociadas en la zona. Sin embargo, confirmó que han notado el crecimiento de actividades ilegales en toda la Amazonía y reafirma que requieren de mayor apoyo logístico y presupuestal para realizar intervenciones.
En diciembre del 2020, se envió un informe sobre la situación de las comunidades kichwa en el Bajo Huallaga al Congreso de la República. El parlamentario Lenin Bazán recibió en marzo de este año a representantes de las comunidades afectadas y sumó a la reunión a representantes del Ministerio de Justicia, Ministerio del Ambiente y Ministerio del Interior para dar a conocer los casos. Marisol García, lideresa indígena, asegura que los pobladores indígenas kichwa han quedado un tanto decepcionados porque no han recibido una respuesta tras la reunión en Lima.
“No tenemos temor de morir por defender una causa justa. La verdad, estamos cansados, ¿a quién más podemos acudir? A pesar de que nos ignoran, seguimos clamando, no queremos ver cómo se terminan nuestros bosques”, dice un dirigente kichwa que conoce de cerca el peligro de las actividades ilegales en su territorio.
Imagen principal: Se han encontrado invasiones y terreno desboscado en los límites con la comunidad Anak Kurutuyaku. Foto: Fuentes locales.
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