Hoy aseguran que se cuentan por miles los niños que han muerto por desnutrición. Y se escribe “por desnutrición” porque es esa la causa médica, pero en Fuerza de Mujeres nombran algunas otras. A Karmen le sube el tono de voz cuando dice esto, se exalta y parece al borde del llanto: “Ellos no han muerto por desnutrición. Ellos han sido asesinados por un Estado que se desentendió de la necesidad de garantizar el agua a un pueblo que antes, si había sequía, podía moverse por el territorio, llegar a los ríos y abastecerse. Un pueblo al que, además, le han contaminado su único espíritu de agua. Porque, para nosotros, el Ranchería es un espíritu que ha sido contaminado y privatizado por el Cerrejón con la vehemencia del Estado”.

Y continúa: “Hoy hablan de que los niños Wayuú murieron por la corrupción. Y sí, pero también murieron por la acelerada explotación y por la cooptación del territorio por parte de la mina con conocimiento del Estado. En el lugar donde se produce una de las economías más importantes de Colombia mi gente desaparece porque no hay agua y no hay posibilidades de garantizar el alimento para la niñez. Como contraparte de ser uno de los mayores exportadores de carbón, hay 5 000 niños, una generación de mi pueblo que ha sido asesinada”.

Es un testimonio duro, crudo y doloroso. Y tiene un correlato en las cifras oficiales. El Cerrejón es la segunda carbonera con más ingresos del país, según datos oficiales de la Superintendencia de Sociedades, y ha alcanzado ganancias de más de 265 millones de dólares. Mientras tanto, La Guajira es el segundo departamento más pobre de Colombia y el 61,8% de sus habitantes viven con menos de 87 dólares al mes, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. El contraste es claro.

En 2017, la Organización obtuvo el Premio Nacional a La Defensa de los Derechos Humanos en la categoría de Experiencia Colectiva, el cual es otorgado por Diakonia y la Iglesia Sueca con el apoyo del Gobierno Sueco. Foto: Cortesía Fuerza de Mujeres Wayuú.

En el 2017, la Corte Constitucional declaró que lo que sucede con los niños y niñas Wayuú está asociado a una vulneración generalizada, irrazonable y desproporcionada de sus derechos. También ordenó una serie de medidas para garantizar el agua, la alimentación y la salud a los niños indígenas, pero no se han cumplido. En una audiencia, realizada en junio de 2021, tanto la Procuraduría General como la Defensoría del Pueblo denunciaron que ni siquiera se había creado un plan de acción riguroso para superar esta crisis humanitaria.

Y aunque necesaria, la batalla de Fuerza Mujeres y el pueblo Wayuú por el agua es poco balanceada, considera Jakeline Romero, otra integrante de la organización. “Cuando tenemos que enfrentarnos a grandes corporaciones, o a un Estado que está a disposición de los grupos económicos y no de las comunidades, el trabajo es muy desigual”, dice.

Mina de Cerrejón en el departamento de La Guajira, norte de Colombia. Foto: Lucy Sherriff para Mongabay.
Mina de Cerrejón en el departamento de La Guajira, norte de Colombia. Foto: Lucy Sherriff para Mongabay.

Incluso la ONU le ha pedido a Colombia que suspenda, así sea temporalmente, las actividades del Cerrejón. El relator especial de la ONU sobre derechos humanos y el medioambiente afirmó en septiembre de 2020 que, entre otras cosas, la actividad minera ha afectado la calidad del aire en la región y “provoca la contaminación de los recursos acuíferos no sólo al desviar y usar un gran número de arroyos y afluentes, sino también al verter agua contaminada con metales pesados y productos químicos”.

Nada funciona. La mina sigue extrayendo carbón 24 horas diarias, siete días a la semana. Lo que pasa en Colombia es todo lo contrario a lo que debería hacerse. Mientras el mundo discute en la COP26 la eliminación del carbón como fuente energética, Colombia no se ha adherido al acuerdo para reducir la producción y uso del combustible fósil, el mayor contribuyente al cambio climático.

Respecto a las denuncias, Mongabay Latam y Rutas del Conflicto contactaron a El Cerrejón. La empresa asegura que, desde el 2014, ha entregado más de 200 millones de litros de agua potable a las comunidades afectadas de la Alta Guajira mediante un programa que sigue vigente. También afirma que, durante la pandemia, invirtieron casi 3 millones de dólares para fortalecer el sector salud del departamento y que entregaron más de 50.000 “para ayudar a las comunidades de su área de influencia”. Finalmente, rechazan que se les acuse como una de las causas de la desnutrición de los niños y niñas indígenas.

Karmen enfatiza en que la solución a la situación de su pueblo no está en la entrega de alimentos o en carrotanques (camiones cisterna) de agua que recorran el departamento. Para la lideresa indígena, la solución es que los Wayuú puedan volver a cultivar como lo hacían antes, para ello necesitan fuentes de agua y moverse libremente por sus tierras ancestrales.

En este contexto, es fácil entender la respuesta rápida de Epaya’a a la pregunta ¿cuál es la bandera de tu defensa?:

“Definitivamente el agua como medio de subsistencia de nosotros y nosotras en La Guajira”, responde, “de sobrevivencia, más bien”.

Un tejido de mujeres

Epaya’a se unió a la Fuerza de Mujeres el mismo año en que Mülo’u fue amenazada en el taxi. Su vida, hasta entonces, había estado marcada por la violencia. El Estado, las guerrillas, los paramilitares y, como ella lo menciona, la multinacional Cerrejón habían causado muertes y víctimas en su familia y pueblo indígena. De allí nació la motivación para unirse al proceso: no quedar inmovilizada ante su dolor y el de los suyos.

A la organización, Epaya’a llegó por invitación de Jackeline y ha pasado tanto que ya no cuenta los años. Jackeline, a su vez, había sido invitada por Mülo’u y esta última por Karmen al fundar Fuerza. Es una red que se hizo fuerte desde que empezaron a juntarse a tejer y a hablar de las vivencias de sus comunidades, de sus pesares y sentimientos. “Fuerza de Mujeres Wayuú ha sido nuestro mejor ejercicio de resiliencia”, cuenta Jackeline, “de manera sarcástica, en ese ambiente de conflictos y violencia, decimos que nos hemos reclutado. La una se ha llevado a la otra. Pero lo hablamos desde el vocablo de la paz: nosotras hemos reclutado mujeres para la paz”.

 

Karmen recuerda que la primera motivación para organizarse fue la de buscar justicia por la memoria de sus muertos. Estaban comprometidas con la necesidad de contar y mostrar lo que pasaba en sus tierras a principio de los 2000: asesinatos, desapariciones, desplazamientos y masacres que nunca fueron contadas. Durante los primeros cinco años del milenio, en La Guajira se dio la expansión de un grupo paramilitar y la violencia adquirió proporciones nunca antes vistas en la región.

Mülo’u —como Epaya’a y la mayoría de miembros de la organización— sufrió esa violencia muy cerca. En el 2004 paramilitares desaparecieron a su tío, que en realidad era como su hermano, y a su familia le tomó cuatro años recuperar los restos. Hija de una autoridad Wayuú, lleva la valentía en la sangre.

Mülo’u dice que ella es una mujer a la que el sistema la obligó a empoderarse, “y cuando digo ‘obligado’ es porque ni siquiera lo hice por mí misma, lo hice también para ser ejemplo de otras mujeres y decir: sí se puede, sí estamos en la capacidad de abanderar espacios, sí podemos visibilizar. La tarea, en ese sentido, es poner un pare a todas las vulneraciones que viven las mujeres”.

Cada una de las integrantes de Mujeres Wayuú, lastimosamente, podría contar una historia parecida. Por eso para ellas ha sido tan importante recorrer la Alta, Media y Baja Guajira con la Escuela de Formación “Mujeres Indígenas y Otras Formas de Sabiduría”, enseñándole a las comunidades cómo pueden hacer justicia por sus muertos y exigir la restitución de los derechos que ya les han violado.

La Escuela empezó en el 2009 y ya son cientos de mujeres y hombres los que se han beneficiado de los talleres. Como explica Mülo’u, por medio del proceso la organización ha ido creciendo de la mano de las comunidades: “Para mí ha sido muy complaciente ver mujeres que nos dicen: ‘hoy Cerrejón quería hacer una consulta previa y les dijimos: ¿dónde están los documentos? ¿dónde está el aval del Ministerio?’. También otras que nos dicen: ‘estoy haciendo parte de un proceso y mi esposo se queda con los niños’. Este tipo de cosas que, antes, eran obstáculos. Entonces pienso: la gente sí se está empoderando”.

Los talleres se realizan en toda la Guajira colombiana. Foto: Cortesía Fuerza de Mujeres Wayuú.

El camino no ha sido fácil. Al principio, se les acusaba de querer cambiar la cultura, de intentar transgredir sus límites y, a forma de ofensa, de ser feministas. “Eso significaba para nosotras un estigma. Era como «uy, no, ¿somos feministas? Comparable con qué, ¿con terroristas?», recuerda Karmen.

La etiqueta, y también el temor que provocaba hablar de lo que los paramilitares estaban haciendo, llevó a que algunas comunidades ni siquiera las recibieran. “Nosotras —menciona Karmen— llegábamos y nos echaban. La gente tenía temor de denunciar porque pensaba que, si lo hacían, los paramilitares iban a llegar a asesinarlos. Además, nos veían como unas ‘locas, feministas’ intentando cambiar la cultura”.

En una ocasión, una comunidad luego de echarlas regó agua sobre sus huellas en la arena. En la cultura Wayuú, esto es prácticamente un destierro, un aquí no vuelvan. Días antes, tres personas habían sido asesinadas allí y para ellas era importante hacerles saber que podían exigir justicia. En ese momento no las aceptaron, pero hoy esa misma comunidad forma parte del proceso.

También hay ahora mujeres que se formaron en Fuerza de Mujeres Wayuú que no tienen miedo a decir que son feministas. Karmen lo declara: “¿Cómo no voy a ser feminista si yo defiendo a la Madre Tierra?”.

Mujeres Wayuú
La organización ha recibido apoyo de donantes y otros aliados internacionales que reconocen a sus integrantes como defensoras y movilizadoras de su comunidad. Foto: Cortesía Fuerza Mujeres Wayuú.

Una defensa internacional

A Karmen Ramírez la llamaban a su celular, le decían qué ropa tenía puesta y le describían lo que harían con ella en los espacios en los que denunciaba el conflicto armado y los problemas ambientales de La Guajira. Como los hostigamientos eran constantes, se fue del país en el 2009 y siguió su defensa desde afuera. En Suiza conoció a quien ahora es su esposo. Dice que es una refugiada del amor: “En él me refugié para no ser asesinada en Colombia”.

Paradójicamente Glencore, la multinacional dueña de Cerrejón, tiene sede en ese país. A la empresa suiza se le ha relacionado ya en el pasado con grupos paramilitares en Colombia. De hecho, un exlíder paramilitar declaró que se reunió con un funcionario de Cerrejón para discutir el asesinato de miembros del sindicato, otros han dicho que vigilaban el territorio de la mina.

Sabiendo que la batalla es desigual, como dice Jakeline, Fuerza de Mujeres ha llevado su trabajo de incidencia a instancias internacionales. En Suiza, Karmen y otras mujeres indígenas de diferentes partes del mundo, también afectadas por Glencore, han hecho movilizaciones contra la compañía. Además, se han reunido con organizaciones de ese país para contarles sobre lo que la llegada de la empresa a sus territorios ha significado para su gente.

En 2015, la organización realizó un observatorio para documentar la situación del pueblo Wayuú.

Estas acciones fueron un punto clave de incidencia para que, en noviembre de 2020, en Suiza se realizara un referendo por la Iniciativa de Responsabilidad Empresarial, acción impulsada por organizaciones de la sociedad civil que buscaba conseguir que las empresas registradas en su país rindan cuentas sobre la violación de derechos humanos e impactos ambientales en otros territorios.

A pesar de que la iniciativa ganó el referendo con 50,7% de los votos, esta no fue puesta en vigor por falta de unanimidad de los cantones suizos. Sin embargo, continúa el trabajo por tener más acciones como estas.

La defensora Rosa Juliana Ramos resalta que “lo envidiable y maravilloso” de Fuerza de Mujeres es que por su nombre, “uno asumiría que se van a dedicar a defender solo el tema de las Wayuú. Pero no, la Fuerza es una organización que está siempre a la defensa de todas las comunidades”.

Fuerza Mujeres recibe el apoyo de diversas organizaciones internacionales. Foto: Cortesía Fuerza Mujeres Wayuú.

Lo que aún queda

Cuenta Mülo’u que un día, recorriendo una ranchería, escuchó de la boca de un vigilante del Cerrejón que a las integrantes de Fuerza de Mujeres las llamaban “Las X20”. Recuerda que les dijo: “A nosotros, desde la mina, nos monitorean y nos preguntan si las X20 andan por aquí, si las X20 ya pasaron, si tienen reunión y con quiénes se reúnen”. Nunca han querido hacer señalamientos directos, pero sienten que detrás de sus amenazas no están solo los grupos armados.

Epaya’a recuerda que las amenazas contra su vida empezaron cuando se decidió a defender el Ranchería de los impactos de la minería. Ya son más de 10 años de estar esquivando a la violencia que les ha traído la defensa de su río y ni el miedo las ha detenido. “Me ha impulsado a seguir en la defensa de los derechos humanos que sé que las cosas pueden cambiar. El hecho de que hay mucha gente que espera que los apoyen, los asesoren y les haga saber que hay esperanza. Sigo por esos lugares a los que no llega el gobierno nacional, en los que pasa de todo y parece que no pasara nada”, afirma.

Coincidencia o no, tanto integrantes de Fuerza Mujeres Wayuú como de otras organizaciones han recibido amenazas justo en momentos en que se expresan en contra de la minera. Un caso sucedió en 2019, cuando varios líderes y lideresas fueron nombrados en panfletos de las “Águilas Negras”, días antes de una audiencia pública en la que hablarían en contra del desviamiento del arroyo El Bruno.

A través del trabajo de Fuerza Mujeres, alrededor de 1000 mujeres y hombres de La Guajira han sido capacitados en derechos humanos y ambientales. Foto: Cortesía Fuerza Mujeres Wayuú.

Sobre las amenazas, Cerrejón sostiene que “ha fortalecido sus procesos de debida diligencia para rechazar públicamente los casos, ofreciendo apoyo a las personas amenazadas que así lo deseen y solicitando a las autoridades que adelanten las investigaciones que permitan responsabilizar a los autores, para asegurar la vida y dignidad de estas personas.”

El guajiro es un pueblo y las de Fuerza son mujeres que se han visto forzadas a cambiar sus formas de vida y su cultura. Comunidades desplazadas o reasentadas para darle paso a la minería, como las de Tamaquito o Tabaco, han tenido que dejar sus casas con patios abiertos y cultivos para mudarse a conjuntos residenciales que no hubiesen querido ver.

Epaya’a, como las demás, está convencida de que la vida de su pueblo sería mucho más digna sin la minería. “Si el Cerrejón no hubiera llegado nunca, el territorio sería igual que antes: uno muy productivo, de gente agrícola que tenía ganadería y una mejor calidad de vida”, termina. Por eso, su pedido es claro: “No queremos más diálogo. Queremos que se vayan”.

* Imagen principal: ilustración de Kipu Visual.

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Artículo publicado por Thelma gomez
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